Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Conversatorio ¿Hacia dónde va el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas?

“Aprendimos que desaparecidos
Se escribe con tristeza,
Se escribe con desesperación,
Pero que también se lucha con amor”

Domy Montañez madre de Nydia Erika Bautista
Un saludo especial a los familiares de víctimas de desaparición forzada, a las organizaciones y a las instituciones que se articulan en el espacio de «Semana de las Mariposas Invisibles» en la ciudad de Cali: Fundación Guagua, Corporación para el Desarrollo Regional -CDR-, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Valle, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca y el Comité Internacional de la Cruz Roja Subdelegación Cali. Este espacio de articulación entre familiares de víctimas y sus organizaciones, organizaciones de derechos humanos, instituciones estatales y organismos internacionales, ha impulsado acciones para sensibilizar a la sociedad sobre la desaparición de personas.

Es un honor para mí, como Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participar en el conversatorio: ¿Hacia dónde va el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas? Este espacio es una ocasión para dignificar la memoria de las personas desaparecidas y reivindicar sus proyectos de vida; así mismo, es una oportunidad para honrar las acciones de exigibilidad de derechos que han emprendido los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones acompañantes.

La desaparición forzada de personas constituye en sí misma la negación de la existencia de la persona. Esta violación de derechos humanos vulnera los derechos de la persona desaparecida, de su familia y la comunidad. En consecuencia afecta los valores más profundos de la sociedad^[1]. La angustia permanente derivada de la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido, genera profundos impactos físicos y psicológicos para sus familiares[2].

La certeza sobre el paradero de las personas desaparecidas es el elemento imprescindible para la garantía del derecho a saber[3]; piedra angular del derecho a la verdad. De allí, se deriva para los Estados el deber de búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas, con el fin de satisfacer el derecho de las familias y otros afectados a conocer el paradero de su ser querido.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -CED-, la búsqueda, localización, liberación de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la restitución del cuerpo, se interpreta como un deber autónomo e independiente^[4] para los Estados Partes. Este deber conlleva la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas y efectivas; incluyendo mecanismos judiciales y extrajudiciales.

Los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la desaparición forzada establecen que la búsqueda[5] debe regirse por una política pública integral que incluya medidas orientadas a la: 1) búsqueda; 2) el esclarecimiento de las ya ocurridas; 3) medidas de protección para las víctimas y sus familiares; 4) medidas complementarias que garanticen que no se van a volver a presentar las desapariciones. En ese sentido, la Oficina observa que las herramientas adoptadas por el Estado a través de los planes nacionales de búsqueda en su conjunto, constituyen un marco estratégico para la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto y fuera de él. En esa perspectiva, se deben adoptar todas las medidas necesarias para su implementación adecuada con enfoque territorial y siempre garantizando la participación efectiva de las víctimas.

Un elemento clave en el análisis, son los pronunciamientos y la jurisprudencia de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos que han destacado el deber de búsqueda y localización mediante sus decisiones y recomendaciones.

El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas, ha resaltado que los mecanismos adoptados para la búsqueda, localización, identificación y entrega de personas tiene un rol crucial para satisfacer los derechos de los familiares a saber la verdad sobre el destino de sus seres queridos desaparecidos[6].

Por su parte, La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha señalado que: “la investigación y judicialización penal no es incompatible con la adopción de diferentes mecanismos adecuados y efectivos para localizar el paradero de las personas desaparecidas, por lo que ambas medidas pueden complementarse mutuamente”^[7].

Los pronunciamientos de órganos de tratado y de los sistemas regionales para la protección de los derechos humanos resaltan la importancia de impulsar esfuerzos extrajudiciales y judiciales que garanticen, de una parte, la investigación y sanción de los responsables y por otra, la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas. En particular, porque los avances judiciales no necesariamente impactan del mismo modo los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

En el caso colombiano, la Oficina observa como una oportunidad inédita la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que contribuye aliviar el sufrimiento de los familiares desparecidos. Al respecto, la Unidad junto con las demás autoridades concernidas con la búsqueda, deben seguir avanzando de manera articulada en la implementación de los planes de búsqueda y otras herramientas institucionales para tal fin.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará desarrollando esfuerzos para construir puentes de dialogo entre las autoridades y las organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de derechos humanos a nivel nacional y regional. La construcción de confianza anclada en el cumplimiento de los compromisos adquiridos constituirá la mejor contribución al esfuerzo emprendido por las organizaciones para lograr la garantía de sus derechos.

Muchas gracias