Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Mesa por la Protección a la Vida

Buenos Días. Un saludo para todas y todos los asistentes a la Mesa por la Protección a la Vida de líderes, lideresas, y defensores/as de DDHH. Desde la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia resaltamos la iniciativa de la Procuraduría General de la Nación en realizar este espacio de diálogo entre instituciones, líderes y lideresas sociales en el departamento de Córdoba, en la búsqueda de medidas efectivas y adecuadas para la protección de los derechos de los defensores y defensoras en la región y a nivel nacional.

Desde la Oficina promovemos la importancia de la labor de los defensores y defensoras de DDHH, como lo señala la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos, comunidades e instituciones de promover y proteger los DDHH y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.

Promover y defender derechos humanos en Colombia es una actividad de alto riesgo. Existe un contexto que se caracteriza, por la poca o débil presencia del Estado en zonas rurales. El departamento de Córdoba registra un índice de pobreza multidimensional de 36.7%, ubicándose en la octava a nivel nacional, si se tiene en cuenta que la media nacional es del 19.6%[1]. Existe una falta de acceso a los servicios básicos adecuados.

Tal situación, más la presencia de grupos de crimen organizado y generadores de violencia agudizan más el riesgo de la labor de los defensores y defensoras.

Nuestra Oficina, con su presencia territorial en la Región Caribe, conoce y da seguimiento a las graves afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de la acción de estos grupos que buscan el control territorial y social.

Esto ha traído como consecuencia homicidios selectivos y ejemplarizantes, amenazas a líderes/as sociales, comunitarios e indígenas; extorsiones, desplazamientos masivos e individuales, reclutamiento forzado, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes, restricciones y límites a la libertad de circulación, y enfrentamientos con interposición de la población civil.

Reitera esta Oficina el llamado al Gobierno a aumentar las acciones de prevención y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos. A llevar a cabo investigaciones prontas, independientes e imparciales y sanciones a los perpetradores y determinadores de estos hechos.

También es indispensable avanzar en la socialización, impulso y articulación institucional de la ruta de protección colectiva, donde se identifiquen y evalúen los factores de riesgo que afectan los derechos humanos de los grupos, comunidades y organizaciones. ONU Derechos Humanos reconoce la labor de la Unidad Nacional de Protección en el marco de la implementación de medidas de protección y la importancia de ir más allá de las medidas materiales y de la asignación de esquemas individuales.

La Oficina de la Alta Comisionada reitera su compromiso de continuar con el seguimiento de la situación de los DDHH en el departamento y el resto del Caribe, y a mantener la asistencia técnica para mejorar la protección de las personas defensoras, así como acompañar espacios seguros y propicios para su esencial labor.