Es un verdadero honor poder compartir con ustedes esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En nombre de nuestra Representante en Colombia, Juliette de Rivero, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quiero transmitirles el más atento saludo, y agradecer a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a USAID, la oportunidad de unirnos en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El pasado 10 de diciembre, se dio el banderazo de la salida de un año de reflexión en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 2023 cumplirá 75 años de adoptada.
La DUDH fomenta un sentido de humanidad común que compartimos por igual todas las personas, más allá de las diferencias individuales y ha dado lugar a leyes e instituciones nacionales, regionales e internacionales para ayudar a realizar todos los derechos: económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Fue la primera vez que la comunidad internacional se puso de acuerdo en un conjunto de valores comunes y reconoció que los derechos son inherentes a cada ser humano y no son una concesión del Estado. Como son nuestros, para gozarlos y ejercerlos, el Estado no los puede arrebatar ni trangredir. Por el contrario debe prevenir cualquier violación, garantizarlos y protegerlos de manera que esa declaración tome vida.
Bajo esta idea fundamental, quisiera referirme a tres temas esenciales, que se abordarán durante esta jornada. En primer lugar, la labor esencial que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos, en segundo lugar, esa obligación de prevención de violaciones de derechos humanos, y finalmente, la esencialidad de los derechos humanos en la construcción de una paz duradera.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, no es un documento inerte. Sigue inspirando movimientos de cambio en pro de un mundo más igualitario e inclusivo que beneficie a todas las personas.
Pero especial mención merecen las personas defensoras de derechos humanos, quienes dan vida a este documento con cada una de sus luchas y reivindicaciones. Especial reconocimiento merecen los y las defensoras de derechos humanos en Colombia, quienes, muchas veces a pesar de amenazas, ataques, estigmatizaciones, continúan con su labor arriesgando mucho, o lamentablemente, sacrificándolo todo. La sociedad civil colombiana, ha sido por décadas, un ejemplo de resiliencia, entereza, compromiso, sacrificio, creatividad, inteligencia y valentía.
Lamentablemente, durante 2022, la Oficina ha documentado 89 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, es decir, que la Oficina no solo ha documentado su labor de defensa, sino que además, la información con la que cuenta, ofrece una base razonable para creer que ese asesinato se dio con ocasión de su labor de defensa. Tenemos 31 casos más de este año, en proceso de verificación.
Estas cifras son motivo de profunda preocupación, por la magnitud de la situación que presentan, y sin perder de vista que una sola muerte de un defensor, una sola, ya es demasiado.
La Oficina ha saludado y apoyado técnicamente la elaboración del Plan de Emergencia para la Protección de defensores y defensoras y firmantes del acuerdo de paz. Es esencial trabajar en la protección de personas defensoras y en la prevención de violaciones en su contra en el marco de ese plan.
En julio pasado, la Oficina publicó un informe sobre violencia territorial, con un conjunto de recomendaciones al nuevo gobierno. En el informe, se da cuenta del impacto de la violencia en los derechos humanos de las comunidades, particularmente de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y confinamientos, la violencia sexual y basada en género, el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, el uso de artefactos explosivos, entre otras.
La Oficina reconoce que buena parte de la violencia es ejercida por grupos armados no estatales y grupos criminales. El Estado tiene una obligación y un papel fundamental de hacer frente a esas violaciones, entendiendo que esa responsabilidad estatal en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, no disminuye la responsabilidad directa de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales por los actos que cometen, que deben ser debidamente investigados y sancionados
En ese sentido, saludamos el trabajo para avanzar en la adopción de una política de desmantelamiento en el Marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
En el informe recomendó el desarrollo de una estrategia de protección de civiles, priorizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y consolidar el Estado de Derecho en las zonas más afectadas por la violencia, reforzando la presencia y capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los mecanismos de control en los territorios.
Quisiera destacar la necesidad de instalar la mesa nacional de garantias y fortalecer el funcionamiento de las Mesas Territoriales para poder avanzar en estos propósitos, así como trabajar en la implementación de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría también desempeña un rol fundamental, en el ejercicio de su mandato disciplinario frente a las autoridades que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Finalmente, el texto de la Declaración Universal reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El reconocimiento de esa dignidad, compartida por todas las personas, es esencial para la construcción de la paz. No solamente de quienes se sientan en la mesa de negociación, sino también para quienes, en los territorios, han sufrido de múltiples maneras, el conflicto. El respeto y la protección de los derechos humanos es el camino más firme para asegurar una paz duradera.
Muchas gracias.
Intervención de Montserrat Solano Carboni, Representante Adjunta, en Cartagena en el Día de los Derechos Humanos
