Intervención en el foro «Jornadas académicas sobre la prisión en Colombia»

En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les doy la bienvenida a las Jornadas académicas sobre la prisión en Colombia. Deseo agradecer el apoyo y las facilidades prestados por la Universidad Nacional para realizar esta actividad.

Las Jornadas académicas que hoy comienzan buscan servir de espacio de reflexión sobre la administración penitenciaria y carcelaria en Colombia bajo el enfoque de derechos humanos. Durante estos tres días, se disertará desde el conocimiento académico e institucional, y también desde la experiencia de quienes de una u otra forma han vivido el mundo de la prisión.

Las jornadas pretenden contribuir con insumos para que el Estado logre establecer una política criminal y penitenciaria integral, garantista, democrática e incluyente, de forma tal, que permita la articulación de acciones coordinadas con las distintas instancias estatales y con la sociedad civil.

Con base a su mandato, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viene realizando diversas actividades tendientes a promover y proteger los derechos de las personas privadas de libertad.

En 2001, la Oficina presentó un informe sobre los centros de reclusión en el país. Dicho informe evidenció, al igual que lo había hecho la Corte Constitucional colombiana en la sentencia 606 de 1998, la existencia de un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas, referentes a varios aspectos de personas privadas de la libertad.

Dentro del mandato de asesoría que la Oficina en Colombia tiene se concertó en el año 2002, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, el convenio para el desarrollo del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional: derechos humanos y situación carcelaria”.

El objetivo de este proyecto, que está en plena ejecución, es contribuir al fortalecimiento de las entidades estatales en su capacidad para dar cumplimiento a su obligación de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. El proyecto cuenta con la co-financiación de la Comisión Europea.

En el mismo sentido nuestra Alta Comisionada formuló algunas recomendaciones en su más reciente informe anual.

Alentó a la Defensoría a que ejerza permanentemente su control sobre los establecimientos carcelarios y penitenciarios.

La Alta Comisionada recomendó al Ministerio del Interior y Justicia y al INPEC que integren de manera efectiva las normas de derechos humanos en sus reglamentos y prácticas, y en los programas de formación de sus funcionarios, y implementar las recomendaciones formuladas por la Oficina en el marco del proyecto ya mencionado. También exhortó al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a que garantice el acceso a los centros de reclusión de los abogados defensores.

La cooperación entre las instituciones gubernamentales, los órganos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones de la sociedad civil, y los organismos internacionales es fundamental para avanzar de forma propositiva y coordinada en el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario del país.

Es indispensable que todos los actores nacionales e internacionales, públicos y privados, conozcan las circunstancias que rodean a la persona privada de libertad.

Es pertinente destacar algunos datos básicos sobre la situación carcelaria.

Actualmente hay 69,500 internos e internas en el país, 65,000 hombres y 4,500 mujeres.

La capacidad carcelaria es de 49,800 cupos. Eso significa un alto grado de hacinamiento que alcanza aproximadamente al 39%. Dentro de este cuadro existen diferencias regionales implicando que en tres de las regiones del INPEC el grado de hacinamiento supera el 50%.

También se pueden mencionar los casos de La Modelo en Bogotá, Villahermosa en Cali y Bellavista en Medellín donde el hacinamiento es mayor al 200%.

De los 69,500 internos, 27,500 no han sido condenados. 25,800 tiene solamente condena en primera instancia. Del total de la población carcelaria sólo 16,000 tienen sentencia condenatoria firme.

A estos datos se agrega la inadecuada, y en ciertos casos inexistente, separación de los internos por categorías (sindicados de condenados; baja, mediana y alta seguridad).

Los datos mencionados demuestran una situación de preocupación.

Además, hay que añadir otros problemas y retos pendientes referentes a la salud, a la educación, a el trabajo y al trato a los internos, entre otros.

En materia de sanidad y servicios de salud en las cárceles y penitenciarías, se carece de medicamentos y de personal médico suficiente, existen múltiples casos de cirugías y traslados represados. Las personas con VIH/SIDA se ven doblemente afectadas por estas carencias.

La situación de las raciones de alimentos no suficientes y muchas veces de una deficiente calidad tampoco ayuda.

El trabajo y la educación son pilares fundamentales para la resocialización. Sin embargo, la mayoría de los internos carecen de actividades laborales y educativas efectivas que les permitan fortalecer sus capacidades dentro de la cárcel para contar con mayores oportunidades fuera de ella.

Otro pilar fundamental, para la resocialización, es que exista un tratamiento penitenciario y de atención especializada. Hoy en día, hay limitaciones y problemas al respecto. Esto perjudica seriamente, en muchos casos, a las personas en situación especial de vulnerabilidad.

De otro lado, cabe recordar que, de acuerdo con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el personal de custodia y vigilancia debe tener una capacitación adecuada. Hoy en día hace falta mejorar esta capacitación. No hay que olvidarse que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia.

También hay que asegurar que el personal de vigilancia y custodia tenga condiciones laborales apropiadas en materia de salario, horas de trabajo, seguridad, entre otros. Hoy en día este no es el caso.

Todos somos concientes de que la crisis carcelaria no depende solamente de quienes administran la prisión. Una serie de factores inciden en la problemática. Entre estos está la ausencia de una política criminal que aborde mejor las circunstancias que tienden a producir diferentes formas de la criminalidad. No es aconsejable pensar que con más cárceles se solucionan los problemas.

Los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución política de Colombia y las leyes del país constituyen límites precisos al ejercicio de la autoridad, como también obligaciones ineludibles para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Le compete al Estado regirse por sus obligaciones legales y los compromisos internacionales adquiridos.

La Oficina considera que la puesta en marcha, dentro de poco, del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria podría permitir que se comience a abordar la crisis carcelaria en forma integral. Esperamos que esto de lugar a un paso cualitativo hacia la generación de planes y programas orientados a lograr cambios programáticos en la prevención del delito y la respuesta a las conductas consideradas delictivas.

Los aspectos brevemente mencionados, y otros a los que no se han hecho referencia, muestran que hay una serie de retos pendientes para fortalecer el Estado de Derecho y fielmente aplicar sus principios.

Si bien es cierto que el Estado es el garante de las personas privadas de libertad, también lo es, que la construcción de un estado de derecho respetuoso de la dignidad de la persona es una tarea que a todos nos implica y compromete.

Deseamos que foros como el que hoy inauguramos constituyan espacios para lograr un mayor entendimiento de la realidad de la prisión. El reconocimiento de la realidad es un pre-requisito para poder avanzar hacia acuerdos entre los distintos actores. Estos necesitan aunar esfuerzos y asumir sus respectivas responsabilidades a fin de lograr progresos significativos en el sistema carcelario y penitenciario.

Invito a todos los participantes a estas jornadas a contribuir de manera abierta y constructiva al análisis y pensamiento sobre la prisión en Colombia. Estamos seguros de que de esta forma todos, autoridades estatales, organizaciones no gubernamentales, investigadores y estudiantes, obtendrán insumos y herramientas relevantes para el necesario proceso de mejorar sustancialmente la situación actual.

Como señalan los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1990: Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos.