Juntos lo hacemos posible. Solidaridad y Resiliencia Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Palabras introductorias, agradecimientos y mensajes clave

Quiero dar un saludo muy especial para la Consejera Presidencial, Dra. Nancy Patricia Gutiérrez y a todo el equipo de colaboradores y colaboradoras que han organizado este segundo ciclo de Juntos lo Hacemos Posible. Para la oficina es un gusto acompañar las reflexiones sobre los derechos económicos sociales y culturales en el contexto del COVID-19 y los desafíos post-pandemia.

Desde la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia estamos convencidos de que respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es el camino para erradicar progresivamente las desigualdades y construir sociedades más participativas e inclusivas. Es esta nuestra visión mundial basada en los principios y estándares de derechos humanos: Cuando todo el mundo puede ejercer y reclamar sus derechos humanos, nadie se queda atrás. Los derechos humanos no son sólo el camino correcto, sino la manera inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible[1].

Con estos antecedentes, quisiera aprovechar la atenta invitación para participar en este espacio para compartir con ustedes tres mensajes que estimo de especial importancia:

1. Como ha señalado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: el COVID-19 no discrimina, sus impactos en derechos humanos sí. Las respuestas que se brinden para la garantía de derechos deben, por lo tanto, tener en cuenta el impacto negativo diferenciado sobre ciertos grupos.

1. No puede haber desarrollo sin garantía de todos los derechos humanos. No existe jerarquía entre los derechos, que además son interdependientes e interrelacionados. Cuando un derecho es afectado, necesariamente otros serán socavados otros derechos conexos.

1. Problemas complejos requieren respuestas integrales. Para nosotros el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos es una gran oportunidad de reactivar la economía con un enfoque de derechos humanos. La concurrencia de múltiples sectores a resolver el problema es una clave y si además estos sectores guardan un adecuado respeto a los derechos humanos y aplicación de la debida diligencia, para el caso de las empresas, entonces estaremos por el camino más seguro. Los programas de “Juntos lo hacemos posible” han convocado numerosos actores a hablar de derechos humanos, a referirse al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad y equidad de género, a la participación o al medio ambiente, que son, quizá, los grandes retos en estos momentos.

Igualdad y no discriminación en un contexto de impactos diferenciados

Para entender los impactos diferenciados en derechos humanos que genera el COVID debemos partir del principio y derecho a la igualdad y no discriminación, piedra angular sobre la que se basan los derechos humanos, y es aquí donde el desempeño del Estado es crucial, pues es el principal responsable de garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio.

Ahora, para hablar de igualdad y no discriminación en términos prácticos, debemos partir de reconocer, identificar y localizar en el territorio a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Son a estos grupos a los que la pandemia impacta de manera diferencial, es decir, les impacta más gravemente por condiciones de vulnerabilidad pre existentes.

Esta altísima vulnerabilidad que hoy es más evidente, por ejemplo, de los grupos étnicos y campesinos, requiere que se redoblen los esfuerzos para la protección de sus derechos y supervivencia, incluyendo su derecho a la participación, sea mediante la consulta previa o en en otros espacios que puedan definirse según corresponda.

Las mujeres también se han visto comparativamente mucho más afectadas. Como explica el Relator Especial sobre la deuda externa y su impacto en los DDHH: “El sistema económico actual es, en su mayor parte, sostenido por la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral”^[2],características que hoy se profundizan debido a la doble o triple jornada laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado y domésticas, a las que se suma la violencia doméstica.

Por su lado, niños y niñas ven afectado su derecho a la educación, al juego y el esparcimiento, a la alimentación y a vivir una vida libre de violencia.

Esta pandemia nos ha mostrado con claridad la gran desigualdad entre los países, así como dentro del propio territorio de un país. Este espacio de diálogo es, sin duda, una posibilidad de encontrar una solución conjunta a un problema complejo; una solución que no puede provenir solo de Bogotá, sino que debe ser construida desde y con los territorios.

Desarrollo sostenible y derechos humanos

Estamos ante una crisis de salud, pero también frente a una crisis económica, financiera y social. Es claro que habrá un incremento de la pobreza y la desigualdad. La pérdida de ingresos afecta a todas las personas, pero afecta más duramente a aquellos estratos de población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el COVID-19 dejará 4,4% más de personas pobres (un total de 28,7 millones de personas adicionales) con respecto al 2019, y la pobreza extrema aumentaría 2,6% (15,9 millones de personas adicionales)[3]. Sin duda afectará también a la clase media. Según Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, 45 millones de personas caerán de la clase media a la pobreza en Latinoamérica y el Caribe[4].

Como ha dicho la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “el COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades y ciudadanos particulares. Este el momento de ejercer la solidaridad y la cooperación para hacer frente al virus y atenuar las repercusiones, a veces involuntarias, de las medidas adoptadas para frenar su propagación”^[5]. El COVID-19 “es un test a nuestros principios y nuestra humanidad”^[6].

Los niveles de desigualdad se han vuelto insostenibles. Para hacer realidad la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan poner fin a la pobreza y el hambre; garantizar el acceso a servicios de salud y de educación de calidad; promover el trabajo decente, la igualdad de género y el crecimiento económico; y que instan a una acción por el clima, necesitamos no dejar nadie atrás.

Al reflexionar sobre cómo alcanzar estos objetivos ante esta crisis, se abre la oportunidad histórica de replantearnos el modelo de desarrollo que tenemos y avanzar hacia el modelo de desarrollo que deseamos. Necesitamos sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas, por ejemplo, a través de un ingreso básico de emergencia y ayudas contra el hambre. Necesitamos sistemas tributarios más justos, que alivien las cargas de ciudadanos/as en la pandemia y ofrezcan un nuevo horizonte de desarrollo. Necesitamos promover la creación de empleos decentes; fortalecer la sostenibilidad ambiental; reforzar los mecanismos de protección social teniendo en cuenta las necesidades, carencias y discriminaciones específicas que sufren grupos específicos. Y también necesitamos reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho[7].

Mientras persista la pandemia del COVID-19 es preciso que en la toma de decisiones participe el gobierno, pero también las comunidades, empresas y sindicatos. Estado y empresas tienen un rol muy importante que jugar y las alianzas público-privadas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumen hoy una importancia sin precedentes. Todos debemos ser parte de la solución.

Políticas Públicas y agenda post-COVID: Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

La Consejería Presidencial enfrenta hoy el gran reto de liderar la agenda de derechos humanos en el contexto de pandemia y post-pandemia. Como líderes y lideresas, es preciso tener visión, pensar a largo plazo y no solo en lo inmediato. Atender los síntomas urgentes, pero teniendo claridad que más importante es remover las causas. Quien ejerce el liderazgo debe tener claridad de mejor futuro posible y anticiparse a obstáculos para estar en capacidad de enfrentarlos. Si se mira más allá, no solo en lo que sucede ahora, tendremos más oportunidades de emerger de la crisis y de hacerlo más fuertes que antes^[8].Para nosotros, Juntos lo Hacemos Posible, nos da la oportunidad de mirar más allá de lo inmediato.

“Nadie va a salvarse por sí solo”^[9] ha señalado Michelle Bachelet. Hoy es el momento de pensar entre todos ¿qué tipo de economía queremos luego del COVID 19? ¿Cómo logramos, por ejemplo, una economía más inclusiva, que garantice derechos laborales? ¿Qué queremos mejorar del sistema político cuando acabe la pandemia? ¿Cómo podemos hacerlo más democrático y participativo en la toma de decisiones? ¿Qué tipo de desarrollo queremos cuando acabe el COVID-19? ¿Qué debemos hacer para preservar la biodiversidad y tomar acción contra el cambio climático? Y es que si hay algo que sí sabemos de este virus, es que está directamente relacionado con eso dos aspectos^[10].

Estado y empresas son tal vez los agentes más poderosos en cuanto a su capacidad para contribuir a la promoción de derechos humanos y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, construidos sobre el principio de “no dejar a nadie atrás”. Al final del día – ha dicho la Alta Comisionada de DDHH – no es salud o economía. Son ambos^[11].

Por ello la importancia de diseñar un plan de trabajo conjunto, compartido, capaz de orientar tanto sector público como privado, hacia una reactivación económica efectiva y respetuosa de derechos humanos. Para lograr este objetivo, un Plan Nacional Acción sobre Empresas y Derechos Humanos resulta fundamental.

Un plan de esta naturaleza debería, por un lado, incorporar medidas concretas que hagan efectivas las obligaciones estatales de respetar, proteger y garantizar derechos humanos, por ejemplo, apoyando a los/as ciudadanos y a las empresas, de todos los tamaños, a tener liquidez y promover el trabajo decente. Debería también apoyar a los trabajadores autónomos formales y repensar de manera innovadora como reducir la informalidad. Asimismo, debería promover se sumen fuerzas con las empresas para que no sólo fortalezcan su compromiso con los derechos humanos, sino que haga uso de su prestigio e influencia para contribuir con este mayor respeto a los derechos humanos más allá de sus propias operaciones. Por último, tanto el sector público como privado deberían comprometerse con ofrecer mecanismos de acceso a reparación, puesto que, sin duda, el COVID-19 plantea y planteará vulneraciones de derechos que deberán ser debidamente atendidas.