La situación de la niñez colombiana en el marco del conflicto armado

Estimadas Señoras y Señores,

Es un gran honor para mí poder dirigirme a ustedes el día de hoy, 20 de noviembre de 2009, celebrando, junto con el resto del mundo, uno de los aniversarios más importantes en la historia de los derechos humanos: 20 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En estos 20 años, la Convención se ha convertido en el instrumento de derechos humanos más reconocido en el planeta: 193 países la han ratificado, incluidos todos los miembros de las Naciones Unidas, con las únicas excepciones de los Estados Unidos de América y Somalia.

Su impacto en el mundo es inmenso.

La Convención, y sus protocolos facultativos constituyen el marco legal, político y filosófico de referencia para más de 2.200 millones de seres humanos menores de 18 años.

La Convención ha trascendido y revolucionado la forma tradicional de concebir al niño y a la niña: dejan de ser meros objetos de protección y cuidado y pasan a ser sujetos activos de derechos.

Además la Convención convirtió el estándar del “interés superior del niño” en un principio de derecho internacional, lo cual, a mi criterio, constituye el principio rector más importante de este instrumento internacional de derechos humanos. Así, su Artículo 3.1 proclama:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

En lo personal, puedo afirmar que la Convención sobre los Derechos del Niño marcó mi desarrollo personal y profesional como ningún otro texto lo ha hecho.

Desde que asistí a las primeras capacitaciones sobre la Convención en Ginebra, a comienzos de los años 90, pasando por los trabajos académicos fortaleciendo el enfoque de derechos en políticas públicas y programas de desarrollo a los que tuve ocasión de contribuir desde UNICEF, hasta mi función actual, como Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño siempre fue una guía, motivación e inspiración principal en mis quehaceres.

Puedo confesar que también influyó en la forma en la que he educado, y aún educo, a mis cuatro hijos e hijas, y lo que me motivó a ser un padre más consciente de sus derechos, haciéndome más consecuente sobre mis responsabilidades paternales.

Parece que igual que me pasó a mí, la Convención tocó los corazones y el intelecto de muchas personas en las más diversas culturas y sociedades del mundo. En menos de dos décadas, la Convención ha generado un cambio paradigmático en la percepción de la niñez y la exigibilidad de sus derechos.

En mis viajes, mis visitas a muchas sociedades y mi trabajo profesional en muchos países, no he visto ningún país en el que las personas e instituciones que laboran por y con la niñez y adolescencia, no reconozcan algo poco común hace dos décadas: que los niños y niñas tienen derechos.

Infortunadamente, esto no quiere decir que los derechos de la niñez se respeten a cabalidad.

De hecho, la brecha entre las aspiraciones de los artículos de la Convención y su cumplimiento real sigue siendo excesivamente grande en muchos países del mundo.

Por eso, durante el transcurso de las dos décadas pasadas, la Convención de los Derechos del Niño fue completada por dos protocolos: el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado el 18 de enero de 2002 y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado el 12 de febrero de 2002.

Tal “expansión” recogió las necesidades de protección de niños y niñas del impacto de la guerra y de las diferentes formas de explotación, que se habían agudizado en los años pasados, y refleja la atención especial de la comunidad internacional hacia estos problemas.

Colombia fue uno de los primeros Estados de Latinoamérica que ratificó la Convención, el 28 de enero de 1991. Al hacerlo elevó el estándar de 15 años como edad mínima para el reclutamiento en fuerzas armadas, a 18, adelantándose a lo que luego establecería el Protocolo Facultativo sobre la niñez en conflictos armados.

Colombia ratificó el 11 de noviembre de 2003 el Protocolo Facultativo relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía y el 25 de mayo de 2005, el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

El proceso para adecuar la legislación interna, sin embargo, no fue fácil. No fue sino hasta el 8 de noviembre de 2006, cuando se promulgó la Ley de Infancia y de la Adolescencia, que este proceso culminó.

Hoy podemos decir que la Convención y la Ley de Infancia y Adolescencia han contribuido a una mayor y más eficaz protección para niñas, niños y adolescentes colombianos.

El cumplimiento de los derechos de la niñez en Colombia indudablemente tiene muchos aspectos fundamentales, importantes y relevantes en cuanto a salud, nutrición, educación, participación y fortalecimiento de la familia. Enfrentar los retos y mejorar la situación de la niñez colombiana es una obligación estatal pero también una responsabilidad de la sociedad entera.

Con motivo del vigésimo aniversario de la Convención, quiero destacar la importante labor en la realización de los derechos de niños y niñas colombianos desempeñada por instituciones gubernamentales y estatales, especialmente la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales, religiosas y del sector privado, periodistas, líderes comunitarios y cooperación internacional.

Esta mañana quisiera resaltar en especial la preocupación de las Naciones Unidas sobre la situación de niños y niñas que viven en zonas de guerra y conflicto, ya que su sufrimiento a nivel mundial ha alcanzado dimensiones dramáticas, y el impacto que el conflicto armado interno colombiano está teniendo en las generaciones jóvenes del país.

Los cálculos y estimaciones de la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Niños y el Conflicto Armado, revelan estadísticas mundiales espeluznantes de la última década: más de 2 millones de niños y niñas perdieron la vida; más de 6 millones de niños y niñas resultaron heridos, lesionados, discapacitados o mutilados; más de 13 millones de niños y niñas se convirtieron en víctimas del desplazamiento interno forzado y 10 millones más en refugiados. También se estima que anualmente hay cerca de 10.000 niños y niñas que caen víctimas de minas antipersonal; que un número similar es víctima de delitos sexuales cometidos durante el conflicto; que más de un millón de niños y niñas se quedan huérfanos por causa del conflicto; y que más de 10 millones de niños y niñas han sido traumatizados.

Infortunadamente, este terrible panorama global también afecta a la niñez colombiana.

Desde mi punto de vista, confrontar, mitigar y prevenir el impacto del conflicto armado interno en la vida de las niñas y los niños, de las y los adolescentes colombianos constituye el reto principal, tal vez el más urgente, para la plena realización de sus derechos.

Después de una década de observar la situación colombiana en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, la Oficina que tengo el honor de dirigir ha comprobado que muchos niños y niñas colombianos enfrentan duras realidades. A lo largo de los 12 años de nuestra presencia en el país hemos observado que incontables niñas y niños colombianos han pagado un alto precio en medio de la violencia y los enfrentamientos. Y aunque el país ha hecho progresos en seguridad y protección de la niñez, hay todavía muchos niños y niñas que continúan sufriendo el impacto del conflicto armado interno.

Profundamente preocupada por la situación, la Oficina ha recordado en numerosas ocasiones que:

“[…] la población infantil siguió siendo víctima del conflicto armado, en especial por el reclutamiento forzado de miles de niños y niñas, la toma de rehenes, el desplazamiento, homicidios, masacres, torturas, minas antipersonal y las consecuencias de las infracciones al derecho humanitario en contra de sus familias y comunidades.”

La lista de infracciones y violaciones es muy larga: desde casos de violencia sexual perpetrados por todas las partes del conflicto, especialmente contra las niñas, hasta la ocupación de bienes civiles, como casas privadas, escuelas y puestos de salud, pasando por la utilización de niños y niñas en actividades de inteligencia, el reclutamiento, el desplazamiento y adolescentes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

En medio de todas las dificultades y los pesares del conflicto, sobre todo las niñas y niños indígenas y afrocolombianos se han convertido en la población infantil más vulnerable del país. Ellos y ellas sufren en forma desproporcionada las consecuencias del conflicto armado y especialmente el desplazamiento.

Por ejemplo, no es casualidad, que entre las víctimas de las recientes masacres en contra del pueblo Awá estén tantos niños y niñas, 9 de 31 víctimas fatales.

También es importante señalar que la vinculación de niños y niñas con el conflicto, en especial el reclutamiento, ha merecido un especial interés por parte del derecho internacional y, por lo tanto, también de nuestra Oficina.

Durante el año 2009, mi Oficina ha observado algunos casos preocupantes de reclutamiento y vinculación de niños con grupos armados ilegales. Mi Oficina resalta y condena con vehemencia el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por parte de grupos armados ilegales como las FARC-EP y el ELN. Un ejemplo concreto, es el pronunciamiento escrito del frente sexto de las FARC-EP, del 6 de mayo de este año, en el que se amenaza al Cabildo Indígena y a la Alcaldía de Jambaló, Cauca, con reclutar a niños y niñas. Esto parece confirmar que el reclutamiento de niños y niñas es política de este grupo armado ilegal.

También me permito resaltar que mi Oficina también observa con enorme preocupación la creciente vinculación de niños, niñas y jóvenes a grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares y bandas de narcotráfico.

Precisamente Medellín es una de las ciudades más afectadas por este fenómeno, aunque ciertamente no es el único lugar del país donde este crimen está sucediendo.

Tenemos información de que estos grupos y bandas obligan a niños y niñas a colaborar con sus actividades y los amenazan con la muerte si no lo hacen. Los niños y niñas son obligados, entre otros, a consumir droga, a transportar armas, a servir de campaneros, a cobrar extorsiones y vender droga, e incluso, a participar en acciones de sicariato y a participar en los enfrentamientos entre grupos y bandas. Es importante mencionar que las mujeres y las niñas son obligadas en algunos casos a ingresar al negocio de la prostitución y a servir de esclavas sexuales para los cabecillas de estos grupos y bandas.

La Oficina recuerda que el derecho penal internacional considera el reclutamiento de menores como un crimen de guerra, tal como se refleja en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De hecho, en enero de este año, la Fiscalía de Corte Penal Internacional inició el juicio en contra de Thomas Lubanga Dilo, líder de la Unión de Patriotas Congoleños, por cargos de reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años. Que el primer juicio de esta Corte sea sobre reclutamiento es un mensaje claro e inequívoco de tolerancia cero con esta práctica, que no puede ni debe quedar en la impunidad.

En este marco internacional, también hay que destacar que el 26 de diciembre de 2008, el Gobierno aceptó voluntariamente el proceso de aplicación de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad. Esto incluye el establecimiento de un mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre la situación de la niñez en el conflicto armado, liderado por las Naciones Unidas, en particular en lo referente a su reclutamiento y utilización, muerte y mutilación, actos graves de violencia sexual, secuestro, ataques a escuelas y denegación de acceso humanitario.

Se conformó un Equipo Especial, integrado por varias agencias y oficinas del Sistema de Naciones Unidas, tres organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, responsable de la implementación del mecanismo de la Resolución del Consejo de Seguridad. Este Equipo ha contribuido fundamentalmente al primer informe del Secretario General sobre la niñez y el conflicto armado en Colombia, fechado el 28 de agosto.

En este informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, reconociendo los esfuerzos realizados por el Gobierno, hizo varias recomendaciones para la consideración del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre este tema, destinadas a reforzar las medidas de protección de los niños, niñas y adolecentes afectados por el conflicto armado.

A esto se suman los compromisos voluntarios del Estado colombiano relacionados con la protección de la niñez en el marco del Examen Periódico Universal y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos en este marco, que necesitan ser implementados a cabalidad.

Ante toda esta situación tan difícil de la niñez en el conflicto armado, quiero saludar y reconocer los enormes esfuerzos del Gobierno y de la sociedad civil colombiana en materia de prevención y protección de los niños y las niñas afectados o en riesgo.

En diciembre de 2007, el Gobierno, frente a la magnitud del problema del reclutamiento de niños y niñas, creó la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley. Esta Comisión ha desempeñado una función importante de coordinación de las acciones de 10 instituciones gubernamentales. En el año 2008, la Comisión prestó apoyo técnico a las autoridades y comunidades de 50 municipios en 26 departamentos y en 2009 estas tareas se ampliaron a más de 100 municipios.

Además de este esfuerzo, tenemos destacar la importante labor llevada a cabo por alcaldes y personeros, que monitorean la situación y elaboran diagnósticos, incluidos los de Medellín, los de la región del Sumapaz, en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, los municipios de Icononzo y Carmen de Apicalá, así como en el municipio de Pajuil en el departamento de Caquetá. Hoy, al menos 61 municipios tienen una política para la prevención del reclutamiento.

La sociedad civil, por su parte, ha realizado un trabajo importantísimo de cabildeo y de cooperación, desarrollando proyectos de apoyo práctico para niños y niñas afectados por el conflicto. Experiencias como la Red de Protección Especial, el premio “Mejores Prácticas en Políticas y Programas de Juventud en América Latina y el Caribe” o la reciente publicación del libro “El delito invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia”, son prueba del rol importante que la sociedad civil colombiana está asumiendo en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia colombiana.

También merece una referencia especial la labor de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría ha expresado de manera continúa su preocupación por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por actores armados.

Creemos que una colaboración estrecha y eficaz entre la Defensoría, los personeros y alcaldes municipales es uno de los retos en los próximos años para enfrentar el reclutamiento.

Finalmente, la Oficina reitera su llamado al Estado colombiano a no desmayar en los esfuerzos para lograr la prevención del reclutamiento de la niñez y atender a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas del conflicto armado interno.

La Oficina demanda de los grupos armados al margen de la ley que cesen todo acto de reclutamiento de personas menores de 18 años y liberen inmediatamente y sin condiciones a todos los niños y niñas en su poder.

Muchas gracias por su atención.