En primer lugar, me permito agradecer a las personas y entidades que participan hoy en este foro, pensado para oír ideas y unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción en Colombia, bajo un enfoque de DD.HH. En esa causa, es indispensable el compromiso expresado por el Gobierno Nacional y la concurrencia de la academia, las agencias de Naciones Unidas, los órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos, el ministerio público, los órganos de control e investigación del Estado y la sociedad civil.
ONU-DD.HH entiende la corrupción como un obstáculo estructural para la realización de los Derechos Humanos y, a la vez, ha identificado el potencial que tienen los Derechos Humanos para la superación de la corrupción. El enfoque de ONU-DD.HH sobre la lucha contra la corrupción se basa en el marco legal internacional de derechos humanos. Desde esta perspectiva, los Estados tienen el deber de proteger a los titulares de derechos de las violaciones de derechos humanos causadas por la corrupción y de establecer un sistema eficaz de prevención, sanción y reparación.Desde este enfoque holístico, centrado en las víctimas, deben integrarse los principios de derechos humanos en el diseño de la estrategia.
Desde el punto de vista práctico, es necesario destacar la forma como ONU-DD.HH cooperó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para combatir la corrupción y la impunidad, con miras a contribuir a la consolidación del estado de derecho y al fortalecimiento del sistema de justicia. La CICIG y la ONU-DD.HH, por ejemplo, apoyaron reformas constitucionales y legales, llamando la atención sobre los derechos y la jurisdicción de los pueblos indígenas y las garantías de independencia judicial. Si bien muchos esfuerzos para combatir la corrupción se centraron en los enjuiciamientos penales de los perpetradores, el enfoque basado en los derechos humanos destacó también los derechos de las víctimas.
ONU-DD.HH en Guatemala prestó atención a la situación de personas involucradas en investigaciones que estaban amenazadas o en riesgo, incluidas defensoras de derechos humanos, periodistas, autoridades judiciales, víctimas y testigos.La interacción entre los mecanismos internacionales de derechos humanos y la CICIG contribuyó a profundizar la comprensión de los desafíos incluidas las redes que contribuyeron a la desigualdad y la exclusión de los sectores de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad.
La ONU-DD.HH en Colombia ha contribuido a mostrar la forma como la corrupción priva a muchas comunidades de inversión social y socava los esfuerzos del Estado por garantizar todos los derechos humanos, profundizando las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales[1].
Durante 2018, ONU-DD.HH ha recibido información que indica que entre las hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación con respecto a los homicidios de algunos defensores de derechos humanos está la participación de las víctimas en investigaciones o denuncias relacionadas con la corrupción en el nivel local[2].
En las Observaciones finales sobre al sexto informe periódico de Colombia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación porque las medidas tomadas por el Estado colombiano para combatir la corrupción no son lo suficientemente efectivas[3].
A raíz de dicha preocupación el Comité recomendó al Estado parte abordar de manera prioritaria las causas subyacentes de la corrupción y acelerar la adopción las medidas legislativas y administrativas necesarias para su combate efectivo incluyendo la protección adecuada de las personas denunciantes. Asimismo, lo instó a llevar a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre todos los casos de corrupción.
Para el cumplimiento de dicha recomendación el Estado puede contar con el apoyo de ONU-DD.HH. Asimismo estaremos apoyando la labor de la sociedad civil en el empeño de construir estrategias efectivas contra la corrupción.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2018/11/FORO_CORRUP_PALABRAS_ONUDH_2018.pdf
