Palabras de la señora Carmen Rosa Villa al recibir la Orden de los Derechos Humanos

Señor Defensor del Pueblo, colegas, amigos, señoras y señores:

En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en el mío propio, agradezco a la Defensoría del Pueblo el otorgamiento de esta condecoración, que recibo con mucho orgullo al concluir mis siete años de trabajo en este país, al cual seguiré siempre unida en el recuerdo y en la solidaridad.

Me honra portar sobre el pecho la Orden de los Derechos Humanos, en primer término, porque la institución de la cual ella proviene es uno de los más importantes logros de la Constitución Política de 1991, adoptada hace 15 años por el pueblo colombiano con el noble propósito de convertir el respeto por la dignidad de la persona humana en la piedra angular de su organización política. Bien se ha dicho que esta Carta Política considera la persona como el sujeto, la razón y el fin de sus principios, valores y reglas. Ello la ha convertido en normativa modelo para el constitucionalismo latinoamericano, sobre el cual ejerce hoy una significativa influencia.

Con el Defensor del Pueblo a la cabeza, la Defensoría colombiana ha cumplido desde 1992, con solicitud, eficiencia e imparcialidad, la tarea de promover y proteger los derechos humanos en ejercicio de la magistratura propia del “Ombudsman”. Ese cometido merece, sin duda, el aplauso de todos los colombianos y el firme apoyo de la comunidad internacional.

Pero también me resulta honroso recibir la Orden de los Derechos Humanos porque ella se me confiere como reconocimiento a la misión que desde abril de 1997 cumple en Colombia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cuyo servicio me encuentro. Para los directivos y para los funcionarios de la Oficina esta condecoración es un honroso estímulo moral, que nos alienta a proseguir con entusiasmo los cometidos propios de su naturaleza y de su finalidad. Para nosotros es muy significativo saber que contamos con el aprecio y con el respaldo de la Defensoría del Pueblo.

Durante sus nueve años de permanencia en Colombia la Oficina cree haber cumplido sus funciones en los términos de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia señalados por el mandato que le fue conferido en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1996, suscrito para su establecimiento en el país por el Gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas. Con la condecoración hoy impuesta la Defensoría del Pueblo hace público, ante el Estado y ante la sociedad civil, que el ministerio defensorial comparte con nosotros esa percepción.

Como bien lo expresa el Acuerdo de 1996[1], la Oficina no está en Colombia para suplantar las competencias de los órganos nacionales a los que la normativa interna otorga facultades de control, investigación y juzgamiento. La Oficina ha venido para observar, para asesorar, para asistir, para cooperar y para difundir, pero sabe muy bien que nadie puede reemplazar a los colombianos en la adopción y el desarrollo de las políticas y de las medidas para superar eficazmente las situaciones dolorosas que se dan “en el contexto de violencia y conflicto armado”[2] hoy afrontado por el país. Sólo a los colombianos compete afrontar directamente las dificultades y resolver los problemas que en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario han dificultado hasta ahora el logro de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo. En esa labor, desde luego, tendrán siempre el concurso y el apoyo de la comunidad internacional y, particularmente, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante mis largos años de permanencia en Colombia he tenido interlocución constante con centenares de servidores públicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y voceros de la sociedad civil. Ello me ha permitido apreciar con cuánta dedicación trabajan muchos colombianos por hacer de su país una comunidad justa, pacífica y tolerante, regida por los principios del Estado social de derecho y de la democracia participativa. El recuerdo de su labor comprometida y generosa siempre me acompañará.

Próxima ya a partir de Colombia, no me queda sino agradecer la acogida, la hospitalidad y la amistad que me dieron aquí muchos de sus ciudadanos. De ellos y de ustedes, señor Defensor y queridísimos colegas y amigos, me despido con la reflexión de Antonio Machado:

“Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.
(…)

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino
sino estelas en la mar…”[3].

Muchas gracias.

NOTAS:

1 Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 29 de noviembre de 1996, V,7.,f).
2 Acuerdo IV,5.
3 ANTONIO MACHADO, Cantares.