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Pronunciamientos

Palabras en el acto de instalación de la V Plenaria Nacional de la Asamblea permanente de la Sociedad Civil por la Paz

By 12 de octubre de 2006diciembre 15th, 2021No Comments
Intervención del señor Juan Pablo Corlazzoli
Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, me es grato saludar a todos los participantes en el acto de instalación de la V Plenaria Nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, y agradecer a los organizadores de este acto la invitación a tomar la palabra en el mismo. La Oficina que dirijo sigue con gran atención y respeto el desarrollo de todas las actividades emprendidas por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de los derechos humanos y de la paz.

Entre la paz y los derechos humanos existe una relación profunda y vigorosa, que ha sido objeto, a lo largo de la historia, de la consideración de teólogos, filósofos, políticos y juristas. A la puerta de la paz sólo puede llegarse recorriendo el camino marcado por las exigencias de justicia que surgen de los atributos jurídicos inalienables del ser humano. Como atinadamente lo expresa el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el respeto por esos derechos es el fundamento sobre el cual se apoya la paz en el mundo.

En los últimos años se ha desarrollado en el seno de la comunidad internacional una intensa reflexión sobre la tarea de promover, en todos los ámbitos, el respeto y el conocimiento de los derechos universales, indivisibles e interdependientes de todos los miembros de la familia humana. Fruto de esa reflexión es la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la cual se adoptó, con fecha 9 de diciembre de 1998, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. En el artículo 5º de este instrumento se reconoce el derecho de toda persona a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales cuya finalidad sea la promoción y la protección de los derechos humanos.

Actos como el que hoy nos congrega, son el reflejo del esfuerzo desplegado por la sociedad civil colombiana en la búsqueda de soluciones políticas y jurídicas para poner fin a la ya prolongada situación de conflictividad bélica, para lograr que los miembros de los grupos armados ilegales hagan dejación de las armas y retornen a la vida ciudadana, para asegurar a las víctimas de crímenes atroces el reconocimiento integral de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, para obtener una paz perdurable y para sentar las bases de la reconciliación nacional. Este esfuerzo siempre ha tenido el reconocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su Oficina en Colombia.

La V Plenaria Nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz se reúne pocos días después de que el Gobierno colombiano ha hecho pública su voluntad de convenir con el grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) las condiciones propicias para establecer una “zona de encuentro” que sirva como espacio para la negociación de un “acuerdo humanitario” con esa organización, y para el inicio de un proceso de paz con la misma.

La Alta Comisionada y su Oficina en Colombia han recibido con profundo interés el anuncio gubernamental. Como se recordará, en varios de sus informes sobre la situación del país la Alta Comisionada ha instado a los grupos armados ilegales a liberar, de inmediato y sin condiciones, a todas las personas tomadas como rehenes, y a reconocer, sin limitaciones, las garantías establecidas por el derecho internacional humanitario a las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto. En esos informes la Alta Comisionada también ha exhortado al Gobierno de Colombia y a los grupos armados ilegales a iniciar diálogos y negociaciones que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera, señalando que en aquellos se debe dar prioridad a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Por su parte, en el mes de abril del año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reiteró su apoyo al Gobierno de Colombia en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno, con la participación directa de los grupos armados ilegales que estén dispuestos a cesar todas las hostilidades y a desarrollar un proceso de paz constructivo y significativo.

Ante las expectativas hoy abiertas en materia de acuerdo humanitario y proceso de paz, las organizaciones de la sociedad civil tienen, con arreglo a lo dispuesto por la Constitución colombiana, el derecho y el deber de participar activamente en aquellos espacios que lleguen a crearse para canalizar observaciones y recomendaciones orientadas a poner fin a la guerra, a recuperar la convivencia pacífica y a fortalecer la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho.

Escenario privilegiado para escuchar y debatir propuestas en torno de la solución política negociada del conflicto armado será, sin duda, esta reunión, a la cual acuden diversas organizaciones del país y del exterior vinculadas por el propósito común de conjurar la violencia y procurar el acercamiento entre los contrarios. Como lo demuestran experiencias históricas recientes, del seno de la sociedad civil surgen siempre valiosas iniciativas para alcanzar aquellos consensos cuyo establecimiento permite el desarrollo de procesos de paz en los cuales resultan adecuadamente armonizados la justicia y el perdón.

Mientras llega la hora de la paz, la sociedad civil debe continuar exigiendo a cuantos toman parte directa en las hostilidades el respeto por los derechos humanos y la observancia estricta del ordenamiento internacional humanitario. La existencia de un conflicto armado jamás podrá invocarse como excusa o justificación de actos de ferocidad, barbarie o terrorismo perpetrados contra miembros de la población civil, o contra personas que depusieron las armas o quedaron fuera de combate.

Al reiterar el apoyo de la Alta Comisionada y de su Oficina en Colombia a la importante tarea cumplida por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, formulo los más cordiales votos por el éxito de las deliberaciones de esta nueva plenaria nacional.

https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2006/10/po0689.pdf


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