Presentación de la apertura de la oficina satélite del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Pasto

Reciban todos un cordial saludo a nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes en el marco de la instalación formal de nuestra Oficina Satélite en Pasto.

Desde hace varios años nuestros oficiales de derechos humanos observadores han dado seguimiento a la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el departamento. Estos observadores estuvieron basados en nuestra Oficina Regional de Cali.

Una presencia directa en el departamento nos permite una mejor calidad de observación, dada las serias violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que estamos observando en el Departamento de Nariño.

La situación del Departamento es grave.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está muy preocupado por las múltiples formas de violencia y violaciones que sufre la población del departamento a raíz del conflicto armado interno y del narcotráfico.

Además, gran parte de la población Nariñense vive en pobreza.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2010, el departamento cuenta con un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de 43.79% ubicándolo en el puesto 21 de 33 departamentos del país.

Derecho internacional humanitario

En relación con el conflicto armado interno, nuestra oficina observa que todas las partes del conflicto armado están cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros FARC-EP y ELN.

La Oficina se muestra particularmente preocupada por la infracción al principio de distinción en la conducción de hostilidades por los grupos guerrilleros, especialmente las FARC-EP, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas, entre otros municipios en El Charco, Santa Barbara-Iscuandé, Ipiales y Tumaco.

Registramos ataques sistemáticos contra la población y bienes civiles, tales como amenazas de muerte, masacres, asesinatos selectivos y reclutamientos y utilización de menores de edad atribuidos a las FARC-EP y al ELN.

También hemos recibido varias denuncias relacionadas con amenazas contra dirigentes indígenas y afrodescendientes, sobre restricciones en cuanto a la libertad de circulación y movimiento y sobre desplazamientos masivos e individuales – a veces atribuidos a la guerrilla, a veces a grupos que surgieron después de la desmovilización de las AUC.
Por ejemplo, el desplazamiento de al menos 484 indígenas Awá que se produjo a principios de julio en la zona rural de Barbacoas como consecuencia de enfrentamientos entre grupos guerrilleros y los Rastrojos.

Además, las FARC-EP tendrían el propósito de desarticular procesos organizativos de comunidades afrodescendientes en la Costa Pacífica nariñense, violando su derecho de asociación y obstaculizando su trabajo legítimo en defensa de los territorios colectivos.

Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de las acciones de los grupos guerrilleros de forma “generalizada, sistemática y habitual”. En este sentido, el uso por las FARC de un menor de edad para atacar la estación de policía del Charco en marzo de 2010, constituye una infracción grave al DIH.

La siembra de minas antipersonal continúa causando grandes daños a la población civil en municipios como Tumaco, Ipiales, Ricaurte, Barbacoas y Cumbitara.

En lo que va el año, la Oficina tuvo conocimiento de al menos ocho víctimas en resguardos indígenas, entre ellos dos menores de edad. También en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco, se han registrado varios incidentes con minas antipersonal causados por las FARC-EP, lo cual constituye una clara infracción al DIH.

Preocupa, además, que tanto las FARC-EP como el ELN han seguido tomando rehenes y que aún no han liberado todos los rehenes en su poder.

Reiteramos con toda firmeza nuestra condena a la práctica de la toma de rehenes, que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario.

Exigimos a los grupos armados ilegales que,
– de manera inmediata, liberen sin condiciones a todas las personas secuestradas,

– no cometan ataques contra la población civil ni desplazamientos forzados o
confinamientos;

– que cesen el reclutamiento y la utilización de niños y niñas,

– que se abstengan de cometer actos de ejercer violencia sexual, y

– que detengan la colocación de minas antipersonal.

En cuanto a la fuerza pública, la Oficina continuó observando la presencia de unidades militares y de Policía en los alrededores o en el interior de bienes civiles, incluyendo casas y escuelas.

Asimismo, son de preocupación las numerosas denuncias recibidas de comunidades que alegan abusos, especialmente del Ejército. La Oficina tuvo conocimiento de señalamientos hechos por militares en contra de defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y dirigentes indígenas y afrodescendientes. Señalando personas como simpatizantes de grupos guerrilleros los expone y pone en riesgo su integridad física y moral.

A pesar de las prohibiciones nacionales y de las recomendaciones internacionales, la Oficina continuó recibiendo información sobre la participación de niños y niñas en campañas cívico-militares.

Reiteramos una vez más el llamado a todos los actores armados a aceptar y acatar plenamente el derecho internacional humanitario.

La Oficina insta a la Policía, al Ejército y a la Infantería de Marina con jurisdicción en Nariño de respetar plenamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En el marco de sus obligaciones, la Oficina hace un llamado a que brinden una protección efectiva a la sociedad civil, particularmente a personas vulnerables como dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.

Accionar de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares

La situación de violencia que vive la población civil de Nariño se agudiza por la violencia que generan los grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares.

Observamos esta problemática en el Departamento de Nariño, entre otros en los municipios de Cumbitara, Policarpa, Tumaco, El Charco y Olaya Herrera.

El móvil fundamental de estos grupos es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas. En ese sentido, ejercen un fuerte control social en algunas zonas del departamento – entre otros en Cumbitara y Policarpa – y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada.

Sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política, a veces utilizan terminología y parafernalia propia de organizaciones paramilitares, así como su modus operandi.

Entre los actos violentos cometidos por grupos como los Rastrojos, las Rondas Campesinas y las Águilas Negras observamos asesinatos, amenazas, maltratos físicos y verbales, extorsiones a gran escala, hurto de bienes, desplazamientos forzados individuales y colectivos, actos de violencia sexual, explotación de niños y niñas y actos de tortura.

Nos preocupa sobre manera la situación de la población rural y de los líderes comunitarios que viven en zonas de dominio o influencia de los grupos post-desmovilización.

La oficina ha observado actos de extrema crueldad contra la población en varios municipios de Nariño.

En varias ocasiones, grupos post-desmovilización condujeron “juicios públicos” en las veredas y obligaron a sus víctimas a llevar etiquetas que indican las supuestas razones de su castigo.

Existen varias denuncias de tortura pública, en donde las víctimas fueron duramente golpeados con machetes, amenazados de ser descuartizados y obligados a trabajos forzosos.

En otros casos, las víctimas fueron desnudadas, violadas o sometidas a tratos denigrantes como el de tener que comer defecaciones animales.

LA oficina conoce comunidades enteras que están confinadas o donde los grupos post-desmovilización prohíben cualquier movilización después de las 5 de la tarde.

Todos estos casos son casos recientes, casos que ocurrieron hace pocos meses.

La Oficina condena fuertemente los actos violentos cometidos por miembros de grupos que surgieron después de la desmovilización de los grupos paramilitares.

Estos actos crean un clima de miedo y terror entre la población. Cada amenaza de estos grupos afecta profundamente la legitima labor de los líderes sociales y de la población comunitaria. Un líder me dijo “Cada amenaza me hace vibrar en las entrañas y siento un profundo temor por mi familia.”

Expreso nuestro apoyo y solidaridad con la población civil y particularmente con los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes indígenas y afrodescendientes y funcionarios y funcionarias públicos que realizan sus funciones y que se oponen a dichos grupos a pesar de las presiones y los maltratos sufridos.

Llamamos a las autoridades Colombianas de incrementar sus esfuerzos en combatir y judicializar estos grupos.

Ante denuncias recibidas por la oficina sobre una presunta connivencia de estos grupos con integrantes del Ejército y de la Policía recomendamos a las autoridades que intensifiquen su lucha contra la corrupción y que garanticen mejor la protección de la población ante los actos de violencia perpetrados por estos grupos.

Situación de Defensores de Derechos Humanos

Los líderes comunitarios, los líderes indígenas y afrocolombianos que viven en zonas de conflicto no son los únicos grupos poblacionales vulnerables en Nariño.

Los defensores y defensoras de derechos humanos, los maestros y hasta la Iglesia Católica están sujetos a actos de violencia y amenazas.

Permítanme referirme a algunos ejemplos de los últimos meses.

El 2 de junio del año en curso fue divulgado un panfleto amenazante firmado por el “Comando Urbano de los Rastrojos”, citando a varias organizaciones sociales y de derechos humanos de Nariño, entre otras la Escuela de Derecho Propio de los Pastos, Fundepaz y la UNIPA.

He puesto en conocimiento de la Policía departamental nuestra preocupación por esta amenaza, pidiendo el rápido esclarecimiento y judicialización de los autores.

Solo recientemente, el 27 de julio, fue asesinado el rector de la Institución Educativa Faustino Arias Reinel del corregimiento de La Guayacana. El móvil de este asesinato esta aún bajo investigación y nuestra Oficina está dando estrecho seguimiento a este caso.

Otros educadores han denunciado amenazas de muerte, desplazamientos y extorsiones.

Como mencione, instituciones tan respetables como la Iglesia Católica no están ajenas a esta situación.

La Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco recibió nueve amenazas de muerte entre 2008 y 2010. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía pero según la Diócesis hasta el momento no han sido esclarecidos.

Situaciones como estas y muchas otras nos hacen recomendar a las autoridades civiles y militares a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las y los defensores y defensoras de derechos humanos, de los maestros, de los líderes comunitarios y de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Sugerimos, por ejemplo, que las autoridades departamentales establezcan lo antes posible una plataforma efectiva para defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento.

En este sentido saludamos la propuesta de la Gobernación de re-activar el Comité Departamental de Derechos Humanos.

Creo que es importante abrir un espacio de interlocución entre estado y sociedad civil que puede realizar un estrecho seguimiento a compromisos estatales frente a la difícil situación de DDHH y DIH que vive el Departamento.

Quiero expresar también la esperanza de nuestra oficina, que se asignen los recursos necesarios al Plan Departamental de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para una implementación efectiva de dicho plan.

Asimismo reiteramos nuestra recomendación, que el Gobierno nacional priorice las medidas necesarias para que tanto el Plan de Salvaguarda Awá como las medidas cautelares emitidos hace pocos meses por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo Awá sean concertados.

Hago un llamado a la Fiscalía de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que se esclarezcan los motivos y la autoría detrás de amenazas en contra de defensores de derechos humanos, incluyendo las amenazas en contra de dirigentes indígenas y afrodescendientes.

Al mismo tiempo recomendamos ampliar los recursos financieros y humanos de la Fiscalía para que tenga los medios necesarios para poder realizar su trabajo adecuadamente.

Quisiera también reconocer algunos esfuerzos realizados por la Fiscalía en combatir la impunidad en Nariño.

Saludamos la reciente condena de un integrante de las FARC-EP y coautor de la masacre de cuatro indígenas Awá en el resguardo Tortugaña-Telembí en febrero de 2009.

También reconocemos la eficiente labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Cali después de la masacre perpetrada contra 12 indígenas Awá en el resguardo Gran Rosario en agosto de 2009.

La Oficina apoyó al Fiscal a lo largo del proceso judicial que en Noviembre de 2010 llevo hacia la condena de tres miembros de la banda de “Los Cucarachos” como autores de la masacre. Sin embargo, la Oficina lamenta que el presunto autor principal de la masacre y comandante de “los Cucarachos” aún sigue libre e insta a la policía del Departamento capturarlo lo antes posible.

La oficina satélite de Pasto

Este difícil panorama de derechos humanos y derechos humanitario internacional en Nariño nos ha llevado a abrir una oficina satélite en Pasto.

Esta Oficina se encuentra a cargo de Satya Jennings. Ella es una excelente colega que tiene todo mi apoyo y a quién agradezco mucho su desempeño y sus esfuerzos.

También quisiera agradecer muy especialmente el apoyo que durante estos meses nos ha brindado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, y en particular Luis Sztorch, su jefe en Pasto.

En el marco del mandato de la oficina, recibiremos quejas y denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario e intervenimos ante las autoridades cuando corresponde.

Estas denuncias se manejan siempre bajo protocolos de absoluta confidencialidad y nos ayudan a realizar nuestra labor de observación del a situación de los DDHH y el DIH en el Departamento.

Otra función muy importante de nuestra oficina será el acompañamiento de las comunidades y de los lideres amenazados y afectados por el conflicto armado y la
violencia.

Nuestra presencia visible en los municipios y veredas puede tener un efecto disuasivo y de protección para la población.

En este contexto la coordinación de misiones a terreno con otras agencias internacionales será importante. Agradezco a las organizaciones humanitarias internacionales que conforman la mesa humanitaria de Nariño la excelente cooperación y coordinación lograda.

En el marco de nuestras capacidades prestaremos también asistencia técnica y facilitaremos procesos comunitarios en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo relacionado con el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolomobianas a ser consultados sobre cualquier acto relacionado con sus territorios.

Este año el Alto Comisionado facilita un amplio proceso participativo comunitario con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en cinco regiones sobre sus expectativas hacia la consulta previa como un posible insumo para una nueva legislación en este campo. En el marco de este proceso participativo, pronto se llevará a cabo un foro con pueblos indígenas y uno con comunidades afrodescendientes en Nariño.
Finalizo mi intervención agradeciendo a las autoridades departamentales y a la sociedad colombiana, y en particular a los nariñenses, su apoyo, su solidaridad, su confianza y su colaboración con nosotros.

Muchas gracias por su atención.