Presidente de la República,Altos Representantes del Estado y Gobierno de Colombia,
Excelentísimos Embajadores, Embajadoras y Representantes de la comunidad internacional,
Colegas de las Naciones Unidas,
Querida Guenay, Aryan y Mayra,
Señoras y Señores.
El árbol que plantamos está acompañado de una placa que resume el significado del acto que hoy nos reúne en Casa Nariño: “Este árbol simboliza el derecho de las víctimas a una restitución de tierras segura y digna”.
El árbol nos lo regaló el Jardín Botánico de Bogotá, contribuyendo así a una campaña nacional que auspiciamos conjuntamente con nuestros colegas de ACNUR a favor de la política de restitución de tierras.
Pensábamos, ¿Cuál podría ser el lugar más adecuado para plantar y ver crecer este árbol?
Ante el gran compromiso del Presidente Santos y su Gobierno con los derechos de las víctimas y la restitución de tierras, pregunté al Presidente si estaría dispuesto a recibir este árbol en Casa Nariño. Su respuesta inmediata fue: “¡Claro que sí!”
Quisiera recordar que nuestra Oficina apoyó resueltamente el proceso de construcción de la llamada Ley de Víctimas que se venía desarrollando en el Congreso de la República desde octubre de 2007 hasta su archivo definitivo en mayo de 2009.
En ese entonces lamentamos la pérdida de una gran oportunidad.
La Alta Comisionada, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2009 indicó que una ley de esta naturaleza:
“Podría ayudar a colmar los vacíos en los procesos de reparación judicial y administrativa, incorporar mecanismos de restitución de bienes muebles e inmuebles, incluyendo tierras transferidas a terceros o testaferros, y considerar la reparación por violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, explicitando atención diferencial por edad, etnia y género.”
El impulso dado, política y socialmente, a una nueva Ley de Víctimas, personalmente radicada por el Presidente de la República, con postura firme de no excluir a las víctimas de agentes del Estado y la puesta en marcha de un proceso de restitución de tierras, abren un nuevo puente prometedor entre las víctimas del país y del Estado.
Sr. Presidente:
Nos impresionó fuertemente cuando Usted dijo durante la presentación del proyecto de ley: «Lo digo claramente: si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si sólo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República….»
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora y apoya esta postura a favor de las víctimas y así lo sostiene en su reciente Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010.
En este Informe, la Alta Comisionada también recomienda con urgencia que el Gobierno proteja de forma integral a todas las personas que participan en el proceso de restitución de tierras: las víctimas y sus representantes, así como los funcionarios estatales, tanto del gobierno como del organismo judicial.
Quisiera subrayar la importancia del deber de protección que el Estado tiene durante los procesos de verdad, reparación y justicia.
Esta responsabilidad es inextinguible, irrenunciable e indelegable e incluye la obligación de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, cometidas incluso por particulares.
Tal responsabilidad, que reconocemos no es ilimitada, se contempla internacionalmente cuando concurren tres circunstancias:
(i) Conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato;
(ii) Un individuo o grupo de individuos determinado; y
(iii) Posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.
En la actual coyuntura, en la que se están implementando mecanismos de restitución de tierras, como parte de la reparación, el deber estatal de prestar una “protección integral” cobra especial importancia.
Ayer fue radicada la ponencia del proyecto de ley.
Nos satisface mucho que los honorables Senadores ponentes reconozcan en la ponencia la necesidad de fortalecer la protección integral del proceso de restitución de tierras, como había señalado la Oficina.
La protección integral, como refleja la ponencia, exige que el Estado, especialmente los Ministerios de Defensa, del Interior y Justicia, de Agricultura y la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, juntos con las organizaciones locales de víctimas, hagan sólidos análisis de riesgos en las zonas de restitución e implementen rápidamente medidas de mitigación de riesgos.
La ponencia además señala los siguientes elementos fundamentales para la implementación de programas de protección integral:
– La seguridad,
– La protección diferencial y ajustada a las circunstancias de cada víctima,
– El apoyo y la participación de las organizaciones comunitarias y de víctimas y
– La necesidad de una estrategia de comunicación.
Compartimos plenamente el concepto de protección integral que los honorables Senadores introducen al proyecto de ley.
Al mismo tiempo reiteramos la necesidad de que los análisis de riesgo y las medidas de protección se tomen previamente a los procesos de restitución para lo cual sugerimos que se instalen espacios ágiles de coordinación nacional y regional.
Además sería imperativo que se refuerce la lucha contra la impunidad. Cualquier amenaza o atentado a la vida, seguridad o propiedad de las víctimas o contra los funcionarios públicos que participen en procesos de restitución debe ser investigado pronta y prioritariamente. Las personas encontradas culpables deberían ser procesadas y sancionadas en un procedimiento de urgencia. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación debería pensar en la formación de un equipo ágil de fiscales que acompañe los análisis de riesgo y las medidas de mitigación en los procesos de restitución de tierras. El efecto disuasivo y preventivo de las intervenciones judiciales frente a los posibles atacantes del proceso de restitución es esencial. Acciones rápidas y contundentes por parte de la justicia colombiana deberían formar parte del “paquete” de una protección integral.
Nuestro árbol igual que el proceso de restitución de tierras necesita mucho cuidado y mucha protección para poder crecer bien. Pero una vez que logre pasar por las primeras fases difíciles de crecimiento, se convertirá en un representante impresionante de la vida y la tierra: tendrá 18 metros de altura.
Estamos seguros de que las futuras generaciones que gobiernen en el Palacio Presidencial o que visiten la Casa Nariño mirarán este árbol con mucho respeto y admiración ya que representa el enorme esfuerzo de Colombia a favor de la vida, los derechos y la dignidad.
Señor Presidente,
Para terminar, quiero agradecerle su compromiso con los derechos humanos, su apoyo a nuestro trabajo y la excelente colaboración que tenemos con su Gobierno.
Valoramos muy positivamente que Usted reconoció este fin de semana nuestro empeño en presentar ante el país y la comunidad internacional un informe anual que da cuenta en lo más objetivo posible de los retos que enfrenta Colombia en derechos humanos y del esfuerzo que las instituciones estatales emprenden para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia social.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos así como muchos países y organizaciones internacionales están a su lado para acompañar y apoyar estos esfuerzos.
Muchas gracias por su atención.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2011/03/po1101.pdf
