Primer Encuentro Regional Virtual de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos del Magdalena Medio

Buenos días, un saludo para todas las personas presentes en este Primer Encuentro Regional Virtual de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos del Magdalena Medio.

Nuestro agradecimiento especial por la invitación al doctor Rodrigo González Márquez, Defensor del Pueblo, regional Magdalena Medio;a la doctora Ángela Sánchez, Directora Nacional de Promoción y Divulgación de derechos humanos;al doctor Álvaro Pinzón Quiñonez, Profesional Especializado, Regional Magdalena Medio.

Un saludo a las personeras y personeros municipales y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que nos acompañan.

Y un saludo especial a las Defensoras y Defensores de derechos humanos, organizaciones y comunidades, líderes/as sociales, miembros de juntas de acción comunal y periodistas de los municipios de la región Magdalena Medio.

Mi nombre es Montserrat Solano, y soy Representante Adjunta de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Nos reúne hoy la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en circunstancias que jamás hubiésemos pensado. Se me ha pedido que explique la labor y misión de la oficina en Colombia, pero no podemos obviar que este día nos encuentra en circunstancias que se nos imponen por una pandemia que ha impactado la realidad de cada uno de nosotros y la humanidad entera, pero particularmente a quienes viven en una situación de mayor vulnerabilidad.

Por ello, y de previo a explicar la labor de la Oficina y nuestro mandato, quisiera compartir con ustedes el mensaje de nuestra representante, Juliette de Rivero, con motivo del Día de los Derechos Humanos.

“El Día de los Derechos Humanos de este año cae en un momento que nunca olvidaremos como humanidad. El Covid-19 ha irrumpido en nuestro mundo y lo ha trastocado.

Es una tragedia que presenta a su vez una extraordinaria oportunidad para reconstruir este mundo y mejorarlo.

La pandemia nos invita a sincerarnos sobre las realidades en el país, en particular, frente a la discriminación y la desigualdad.

Este reconocimiento de la discriminación y la desigualdad es el que permitirá que podamos construir una sociedad más inclusiva con mayor acceso a la salud, a un ambiente sano, a la educación, al agua potable, a la alimentación y al empleo, con libertad de expresión y derecho a la reunión pacífica.

Este Día de los Derechos Humanos es un llamado a la acción.

Para cumplir esa tarea debemos aceptar las lecciones que la crisis nos ha proporcionado.

Quiero reconocer los esfuerzos del Estado y del Gobierno colombiano para atender la pandemia e incluir las directrices que fueron emitidas por los órganos internacionales.

El llamado a la acción este día es para continuar con mayor fuerza incorporando en la respuesta al Covid-19 los derechos humanos.

El Estado colombiano tiene una institucionalidad fuerte y reconocida a nivel mundial. La pandemia es la oportunidad para que toda la institucionalidad del Estado pueda llegar de forma integral a zonas rurales del país en las que no está completamente, y en las que se hace necesario proteger a la población, que sufre por la violencia, representada en homicidios, amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados como los que viven en los últimos días las comunidades embera del Chocó.

El Covid-19 nos permite mirar con un retrovisor y revisar qué debemos cambiar, qué debemos continuar o qué debemos reforzar para que todas las personas en el país puedan vivir mejor.

Un ejemplo de cómo reconstruir para mejorar nos lo pueden dar las experiencias de diálogo social en varias regiones en Colombia, y el cumplimiento de los acuerdos firmados en zonas del país con comunidades vulnerables, muchas de ellas afrodescendientes, indígenas y campesinas.

Continuar el diálogo social, incrementar la participación de ciudadanas y ciudadanos en la formulación de acciones y políticas públicas, y cumplir con los compromisos adquiridos en diferentes acuerdos le permitirá a Colombia profundizar la democracia, ampliar el espacio cívico y alcanzar una garantía efectiva de todos los derechos humanos.

No puedo finalizar esta intervención sin hacer un reconocimiento en el Día de los Derechos Humanos a la valentía, la fortaleza y la resiliencia de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, y de las comunidades en las que ellas y ellos defienden derechos humanos.

Este año recibimos información en nuestra Oficina relacionada con el asesinato de 113 personas defensoras de derechos humanos. La pandemia no evitó sus muertes violentas. Debido a las restricciones de la pandemia hemos verificado 53 de estos casos y seguimos verificando 60 más. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones no gubernamentales también manejan cifras sobre este grave crimen en Colombia.

Sabemos el alto riesgo que es defender derechos humanos en el país, por eso -además de condenar estos crímenes que rompen el tejido social y debilitan la democracia-, nos comprometemos a trabajar al lado de las autoridades para incidir en la prevención de los homicidios y la protección de la vida de los y las defensoras y de sus comunidades.

Debemos actuar: mediante la acción conjunta y la voluntad del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional podemos lograr protección para las personas más vulnerables. Sigamos el ejemplo de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, y luchemos con determinación para poner fin a la violencia y garantizar los derechos humanos para todas las personas.”

Precisamente, en esa laborar para garantizar los derechos humanos, contribuye la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la principal entidad de Naciones Unidas en derechos humanos y representa el compromiso del mundo para la promoción y protección de todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 48/141 que estableció el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se concreta el día de hoy en las siguientes acciones:

• Promocionar y proteger todos los derechos humanos: Nos pronunciamos objetivamente frente a las violaciones de derechos humanos y ayudamos a elaborar las normas que se emplean para evaluar el progreso en materia de derechos humanos en el mundo.
• Ayudar a empoderar a las personas: Nuestras actividades de investigación, educación y promoción contribuyen a una mayor concienciación y compromiso por parte de la comunidad internacional y del público sobre las cuestiones de derechos humanos. Esto significa que miles de personas de todas las regiones del mundo son empoderadas para reclamar sus derechos.
• Ayudar a los gobiernos: Con nuestras presencias sobre el terreno, ayudamos a evitar abusos y contribuimos a mitigar las situaciones que pueden desembocar en un conflicto. Nuestra supervisión y análisis alimentan la toma de decisiones sensibles y la programación del desarrollo. También ofrecemos desarrollo de capacidades y asesoramiento jurídico a miles de personas, apoyando el desarrollo y la promulgación sensata de leyes y políticas en todo el mundo.
• Formular una perspectiva de derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas: Integramos los derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas para asegurar que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos —los tres pilares del sistema de las Naciones Unidas— estén interconectados y se refuercen mutuamente.

En 1996, luego de que se discutió el establecimiento de un mandato especial para un relator especial para Colombia, el Estado colombiano solicitó que en su lugar se estableciera una oficina permanente del Alto Comisionado en el país. Ese mismo año se firmó un acuerdo y se estableció la oficina al año siguiente.

Este acuerdo se ha ido renovando y tiene un mandato específico que, básicamente consiste en:

• Brindar asesoría y asistencia en la definición e implementación de normas y políticas de derechos humanos, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
• Brindar cooperación, asesoría y asistencia técnica en materia de derechos humanos a todas las ramas del poder público, incluidos los organismos de control del Estado colombiano.
• La Oficina obtiene información sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el territorio nacional y puede informar y asesorar a las autoridades competentes y hacer recomendaciones para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
• La oficina también asesora a las personas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer sus capacidades en temas de derechos humanos.
• La Oficina da seguimiento e informa sobre la situación de derechos humanos en Colombia, para lo cual mantiene interlocución con todos los organismos competentes –civiles y militares del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Además, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto le otorga a la oficina las funciones de:

• Incluir en el informe anual un punto sobre la implementación de los Acuerdos.
• Acompañar la implementación de los derechos de las víctimas.
• Y funciones que tienen que ver con la seguridad de los miembros de las FARC, como participar como invitada en la Comisión de Garantías de Seguridad
• Acompañar la implementación de las garantías de seguridad individuales y colectivas de los miembros de las FARC.
• Participar como invitada permanente en la mesa técnica para el plan estratégico de seguridad y protección de las FARC.
• Colaborar, previa solicitud en verificación e implementación de las sanciones impuestas por la JEP.

Dado nuestro mandato y los principios que nos rigen, el día de hoy, el estar con ustedes hoy, es muy significativo, en una actividad que buscar reconocer a las defensoras y defensores, y líderes sociales cuya vocación y entrega por la protección y defensa de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad se vuelve hoy más crucial, y que como plantea en su mensaje nuestra Representante debe ser ejemplo para todos nosotros.

En un contexto en el que las desigualdades han salido a relucir, cobra nueva vigencia el primer postulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

El enfoque en la dignidad humana continúa proporcionando una sólida base para los conceptos de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero tampoco podemos olvidar la segunda frase de ese artículo como reconocimiento de la solidaridad, fraterna, que en medio de las crisis por la Covid-19, nos llama a tender la mano a quienes, no obstante, una misma dignidad, se encuentran en una posición de vulnerabilidad, hoy acrecentada por la pandemia.

Por eso, hoy reconocemos a quienes hacen prueba de esa fraternidad, a quienes asumen, con vocación, la defensa de derechos humanos en el Magdalena Medio.

Precisamente aprovechar estas reflexiones para expresar la importancia que para la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tienen los y las defensoras de derechos humanos, y la relevancia de acompañarlos, no solo para que el Estado cumpla con la obligación de proteger su integridad física, sino también de la integridad de su labor.

Las personas defensoras de derechos humanos actúan de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos; fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, impulsando el desarrollo, la lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias.

Su papel es central para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos.

Algunos realizan su actividad de tiempo completo, otros se convierten en defensores por accidente o convicción, luchando contra alguna injusticia o por sus propios derechos.

En el derecho internacional los defensores y defensoras de derechos humanos se definen principalmente por sus actividades.

Su labor está reconocida y respaldada por laDeclaración de los defensores de los derechos humanos, un instrumento que contiene una serie de principios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos consagradas en otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que refiere el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Este instrumento reitera el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades, actos u omisiones, imputables a los Estados o a terceros y que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En tanto política de Estado debe incluir mucho más que medidas físicas (digital, psicosocial, etc.) de resguardo en reacción a amenazas particulares contra los defensores. La protección integral implica una respuesta integrada por diferentes entidades del Estado que requiere que se investiguen las fuentes de las agresiones, se sancione a los responsables, se repare a las víctimas y se implementen medidas de no repetición que erradiquen las condiciones estructurales que auspician el riesgo.

Lamentablemente, ese riesgo en Colombia es real, y se materializa de la manera más cruel en más de un centenar de defensores y defensoras asesinados este año mencionados por nuestra representante, en amenazas y hostigamiento.

Quiero finalizar mi intervención del día de hoy reiterando el llamado a la acción de nuestra Representante inspirados, por la vocación y entrega de los defensores y las defensoras de derechos humanos de Colombia, y del Magdalena Medio.

Muchas gracias