Situación de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes en el Pacífico de Colombia

Intervención de Juliette de Rivero, Representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Saludo a las/los Comisionadas/Comisionados, a las autoridades del Estado, a las autoridades étnico-territoriales, a las representantes de la Sociedad Civil, y otros participantes en este evento.

Agradezcoa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la invitación para participar en esta audiencia.

Mi nombre es Juliette de Rivero. “Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad de Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.”

El Pacífico colombiano es una de las regiones más biodiversas del planeta.

Sus características ambientales son determinantes para la pervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes.

También es una de las regiones con los mayores índices de pobreza multidimensional de Colombia, con los mayores rezagos de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, marcada por una baja presencia de las instituciones del Estado.

En el 2021 hemos observado un incremento en la violencia en el pacífico, particularmente por el avance y la expansión del control territorial de Grupos Armados No Estatales y las disputas territoriales que la acompañan.

Hasta el 31 de octubre pasado, nuestra oficina había documentado el homicidio de 45 personas defensoras de derechos humanos en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y en el Departamento de Chocó. En los municipios del litoral del Pacífico Colombiano hemos documentado 9 casos de homicidio y estamos verificando otros 9 casos. También hemos verificado 10 masacres en el departamento de Nariño, 2 en Cauca, 4 en el Valle de Cauca y una en Choco y estamos verificando otras 22.

El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la violencia basada en género, las extorciones, el uso de minas antipersonales en el territorio, las amenazas, las desapariciones y los homicidios selectivos son algunas formas de violencia, que se encuentran entre las causas del alto número de poblaciones afrodescendientes desplazadas en la región. También incrementa el número de comunidades confinadas. Los Grupos Armados No Estatales imponen normas de comportamiento, restricciones a la movilidad, caza, pesca y acceso a zonas de cultivo y prohíben las comunicaciones, afectando en nivel de vida e incluso el acceso a la alimentación de las comunidades. El ambiente de zozobra y sospecha en el que viven las comunidades rurales y urbanas deteriora el tejido social de pueblos afrodescendientes e indígenas.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha observado que el impacto de la violencia en la vida comunitaria y el goce de los derechos humanos individuales y colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes acrecienta el riesgo de su eliminación física y cultural y amenaza su equilibrio ambiental.

La violencia se dirige a las autoridades comunitarias, debilitando la estructura social, desincentivando los liderazgos e imposibilitando la transmisión de conocimiento entre generaciones. Impacta el proyecto de vida de mujeres y niñas. La violencia de género incluye distintas formas de violencia sexual, que muchas veces queda silenciada por miedo a represalias.

La violencia también se vive en los grandes centros urbanos de Quibdó, Tumaco y Buenaventura donde los grupos se pelean barrios y asesinan jóvenes.

Estamos preocupados por el caso de Abencio Caicedo y Edionson Valencia García, líderes comunitarios de la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí, quienes desaparecieron el pasado 28 de noviembre, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Expresamos un rechazo rotundo a todas estas formas de violencia ejercida por los grupos armados.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un importante número de alertas tempranas para el Pacífico colombiano, donde se incluyen los factores de riesgo para las comunidades afrodescendientes. El reto radica en la implementación efectiva de sus recomendaciones y en la adopción de estrategias integrales de prevención de la violencia.

Pese a que las fuerzas de seguridad han aumentado la presencia en los territorios del Pacífico y han conseguido capturas y acciones militares exitosas en contra de los Grupos Armados no Estatales, la débil presencia integral del Estado, es uno de las principales barreras para lograr la efectiva protección de las comunidades. Las entidades territoriales locales no cuentan con recursos económicos, logísticos, ni humanos para atender de manera efectiva las necesidades sociales y económicas de la población y la coordinación entre las entidades municipales, departamentales y nacionales no es lo suficientemente efectiva para garantizar la seguridad de las comunidades.

Como estrategia de autoprotección las comunidades y sus autoridades han explorado formas de organización como reforzar las guardias indígenas y cimarronas. Permanecer en el territorio a pesar del alto costo sobre sus derechos. También, junto con la iglesias y organizaciones de la sociedad civil, han hecho llamados por acuerdos humanitarios para el respeto del Derecho Internacional Humanitario. Hemos acompañado misiones que han puesto en evidencia la situación de derechos humanos.

Es necesario fortalecer la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para implementar las recomendaciones de las Alertas Tempranas y fortalecer y, en su caso, reactivar las Mesas Territoriales de Garantías como un espacio de interlocución efectivo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil en el nivel local.

Se debe priorizar la implementación del Decreto 660 sobre protección colectiva de comunidades de manera participativa para fortalecer los mecanismos de autoprotección.

En relación con la lucha en contra de la impunidad, es importante seguir fortaleciendo el trabajo y el acceso a los territorios de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de la desarticulación de las estructuras generadoras de la violencia. Y a nivel nacional, reactivar la Comision Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como mandato adoptar una política de desmantelamiento de grupos generadores de violencia y su implementación.

Más allá de estas acciones puntuales es fundamental redoblar las acciones para la implementación del Acuerdos de Paz, particularmente en lo relativo a los planes de desarrollo territorial en el pacífico, en los cuales las comunidades afrodescendientes e indígenas participaron activamente para definir su propia concepción de desarrollo.

La Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombiaconfía en que esta audiencia sirva para que sociedad civil, las comunidades afrodescendientes, los autoridades étnico territoriales y el Gobierno de Colombia puedan encontrar caminos para trabajar de manera conjunta, y respetando la consulta previa, el abordaje de los factores que generan actualmente los altos niveles de violencia en el Pacífico colombiano.

Muchas gracias