Situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia

En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos agradezco la invitación realizada por Amnistía Internacional para participar en este significativo acto de lanzamiento del informe “Colombia: cuerpos marcados crímenes silenciados”.

Desde su instalación en Colombia, en 1997, la Oficina ha dado una especial atención a la problemática de las mujeres y de las niñas, y a la situación de sus derechos.

Dentro de sus actividades ha revisado diferentes casos de violaciones de los derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario con perspectiva de género. Es decir que la Oficina ha efectuado un análisis y una evaluación de diversas situaciones observando específicamente como afectan a las mujeres y a las niñas.

La Oficina ha dado prioridad a la observación y al análisis del impacto del conflicto armado sobre los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

En diferentes oportunidades, la Oficina ha manifestado su preocupación por la naturaleza sistemática que en el país parecen tener los actos de violencia y de discriminación contra las mujeres y las niñas.
A pesar de los avances legislativos y del fortalecimiento en las políticas del Estado a favor de la igualdad de género, persisten aún en Colombia desigualdades entre hombres y mujeres en áreas tales como: la participación política, y el acceso, la disponibilidad, la calidad y la permanencia de los derechos a la salud, el trabajo y la educación.
En la sociedad colombiana continúan existiendo estereotipos y patrones socioculturales de conducta de hombres y de mujeres que generan diferentes formas de discriminación y de violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Esta situación se ve agravada por el conflicto armado interno que enfrenta el país.

Estas preocupaciones además han sido recogidas en los distintos informes, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, presentados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

El Alto Comisionado, por ejemplo, señaló, en su informe correspondiente al año 2002 que “la situación de los derechos de la mujer, a pesar de algunos avances legislativos, siguió afectada por la discriminación, la inequidad, la exclusión, la violencia intrafamiliar y sexual, y la trata de personas…”

La Oficina ha recordado con frecuencia al Estado que los derechos de las mujeres y de las niñas hacen parte integral del derecho internacional de los derechos humanos y tienen que ser reconocidos y garantizados con aplicación de los principios universales de dignidad, autonomía, inviolabilidad, indisponibilidad, integridad, seguridad y libertad.

En distintos espacios, la Oficina ha expresado su preocupación por el impacto negativo que tiene el conflicto armado interno sobre los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres. En este contexto particular se incrementa además la instrumentalización de la mujer y se acentúa su injusta condición de inferioridad y subordinación frente al hombre.

Cabe citar como ejemplo del efecto negativo del conflicto armado interno sobre los derechos de las mujeres y de las niñas, las diversas formas de violencia ejercidas por parte de los distintos grupos armados (grupos paramilitares, grupos guerrilleros y Fuerza Pública).

Entre los tipos de violencia se incluyen la violación y la esclavitud sexual, los abortos forzados, el uso obligatorio de métodos anticonceptivos y otras formas de violencia sexual como la desnudez forzada. También son graves las amenazas a las mujeres y a sus organizaciones, realizadas por los grupos armados ilegales, particularmente, los grupos paramilitares, la imposición de trabajos domésticos forzados y de códigos de conducta. Esta situación, además de reflejar los estereotipos sexistas y los perjuicios culturales existentes en la población, impide el goce de los derechos de las mujeres y dificulta la participación de éstas en las esferas públicas.

El conflicto armado interno afecta especialmente a las mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas y desplazadas quienes, en muchas ocasiones, sufren discriminación múltiple por motivos de sexo, de origen étnico y por su condición de vulnerabilidad. Estas situaciones también incrementan las condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza.

El Alto Comisionado señaló, en su informe correspondiente al año 2003 , “las diversas formas de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado continuaron afectando sus derechos. La Oficina en Colombia recibió denuncias de violaciones sexuales por parte de los grupos paramilitares y de miembros de la Fuerza Pública, así como de esclavitud sexual por parte de la guerrilla (…)”.

Quiero llamar la atención por el aumento de las denuncias de violación sexual y otras formas de violencia sexual, por parte de los distintos grupos armados registrado por la Oficina durante el presente año.

Cabe recordar que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Estado colombiano, ha tipificado como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable o que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.

Pero el conflicto armado no sólo victimiza a las mujeres que hacen parte de la población civil, sino a muchas de las que son incorporadas, por su propia voluntad o por la fuerza, a los grupos armados al margen de la ley. En el seno de esos grupos las mujeres son frecuentemente discriminadas y violentadas

El Alto Comisionado ha señalado, al respecto, en su último informe: “los derechos de las mujeres que participan en las hostilidades, en especial los derechos sexuales y reproductivos, se ven particularmente afectados por el abuso de poder al interior de los grupos armados ilegales. Asimismo, persiste en las FARC-EP el uso obligatorio de métodos anticonceptivos y la práctica forzosa del aborto”.

La situación de las mujeres y las niñas en Colombia también ha sido recogida en el Informe de Misión a Colombia de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer , señora Radhika Coomaraswamy, quien visitó el país en el año 2001.

En su informe la Relatora Especial “recibió testimonios de jóvenes reclutadas y empleadas por los grupos armados como esclavas sexuales, combatientes, informantes, guías y mensajeras. Se dice que los grupos de guerrillas han secuestrado a jovencitas para que sirvan de pareja a sus jefes. También se tienen informes de haber llevado con engaño a las FARC a jovencitas de las que luego se abusó. El denominado «reclutamiento» se hace por la persuasión, ya que son pocas las alternativas. También se dice que los grupos de autodefensa o paramilitares han secuestrado a muchachas que han usado como esclavas sexuales; es difícil que se hagan denuncias oficiales, ya que quienes han escapado viven en el temor”.

Debemos señalar que no siempre se reconoce el impacto del conflicto armado sobre los derechos de las mujeres y de las niñas. Hay diversas causas que ocasionan esta situación, entre ellas, la falta de información sobre el tipo de violencia que afecta a las mujeres y a las niñas; el desconocimiento por parte de hombres y de mujeres de la gravedad de estos hechos y el miedo, el pudor o la desconfianza hacia el sistema judicial por parte de las víctimas. La ausencia de información, de denuncia y de reconocimiento por parte de las autoridades estatales de la gravedad de estos crímenes genera en muchas ocasiones la no judicialización de los mismos.
Es así como los autores de estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario gozan de completa impunidad y las víctimas de estos crímenes no son reparadas por los daños y perjuicios sufridos.

La invisibilización de esta grave situación explica a su vez la precariedad de las acciones y planes preventivos por parte de las autoridades del Estado.

El Alto Comisionado, en su reciente informe, señaló además que “frente a esta situación, son insuficientes las respuestas proporcionadas por el Estado en materia de protección, prevención, investigación y sanción de esos hechos. Es de especial preocupación los casos de violaciones sexuales que se encuentran en la justicia penal militar.”

Por su parte el Comité contra la Tortura, en sus conclusiones y recomendaciones sobre el informe presentado por Colombia, en noviembre de 2003, expresó su preocupación por “la inadecuada protección contra la violencia y otras formas de violencia sexual, que pretendidamente se utilizarían con frecuencia como formas de tortura y malos tratos, [así como] (…) por el hecho de que el nuevo Código Penal Militar no excluye específicamente de la jurisdicción militar los delitos de carácter sexual.”

La Oficina ha reiterado, en diversas ocasiones, su preocupación por los casos de violaciones de los derechos humanos, en particular los casos de violencia sexual, que han sido asumidos o que continúan en la justicia penal militar. Esta situación afecta gravemente la independencia e imparcialidad judicial y contribuye a perpetrar la impunidad.

La Oficina considera esencial que el Estado enfrente esta problemática y adopte las medidas necesarias, adecuadas y específicas que contrarresten y disminuyan los graves efectos del conflicto armado sobre las mujeres y las niñas. También se requiere por parte del Estado un mayor compromiso en la prevención, en la protección de los derechos de las mujeres, en la investigación de estos hechos, en la sanción a los responsables y en la reparación a las víctimas.

La Oficina ha reiterado, en distintas ocasiones, al Gobierno colombiano que dentro de las políticas de paz, incluya la problemática específica de las mujeres y dé respuestas integrales y efectivas a sus necesidades al examinar las distintas alternativas de reconciliación, justicia y reparación.

Cabe recordar que el Alto Comisionado en su último informe se refirió también a la necesidad de realizar mayores esfuerzos en la ejecución y efectividad de la política para la mujer. La participación de las mujeres y sus organizaciones es fundamental para potenciar los resultados en ese campo.

Para poder asegurar la participación plena, activa y libre de las mujeres se hace necesario implementar la recomendación de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer en su informe sobre Colombia que dice: “El Estado debería prestar un mayor apoyo y protección a las organizaciones de derechos humanos que se ocupan de cuestiones de derechos de la mujer o de asuntos de la mujer”.

Quiero destacar la preocupación de la Oficina por las amenazas ejercidas por los grupos armados ilegales, en particular los paramilitares, contra las organizaciones de mujeres. Asimismo, señalar la incidencia negativa de estas amenazas en los procesos organizativos y democráticos de las mujeres y en el derecho de éstas a participar, de manera igualitaria, en los espacios públicos y en los procesos encaminados a la búsqueda de la paz.

La Oficina considera fundamental que los programas y mecanismos de protección del Estado den respuestas adecuadas a las necesidades de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de sus integrantes para que puedan continuar trabajando en la promoción y defensa de sus derechos.

La Oficina otorga un gran valor a las iniciativas y a los aportes de las mujeres, y sus organizaciones, que están orientados a construir conjuntamente con el Estado, los mecanismos específicos destinados a hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres víctimas, a prevenir nuevas violaciones y a luchar contra la invisibilización y la impunidad.

Para terminar quiero recordar la recomendación del Alto Comisionado, incluida en su reciente informe, al Gobierno colombiano de incorporar en la elaboración del Plan de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario un enfoque integral de género que deberá ser concertado con amplios sectores de la sociedad, incluyendo a las mujeres. Uno de los desafíos más importantes en la promoción de una verdadera cultura de los derechos humanos en el país es alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres. Las medidas que el Estado adopte para modificar los estereotipos y patrones socioculturales que discriminan a las mujeres contribuirán también a obtener este propósito.

Quiero aprovechar, por último, este espacio para felicitar a las organizaciones no gubernamentales y, en especial, a las organizaciones de mujeres por la valerosa labor que desempeñan en la protección, promoción y defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, en particular en el marco del conflicto armado interno que vive el país. Deseo destacar especialmente la importancia de los informes elaborados por la mesa de trabajo “mujer y conflicto armado”. Gracias a sus esfuerzos, Colombia y la comunidad internacional, conocen la realidad que viven los colombianos y las colombianas.