BOGOTÁ (9 de agosto de 2024) – El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha elogiado hoy el compromiso de Colombia de aplicar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, pero declaró que el país sufre de problemas estructurales de larga data que se traducen en violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto empresarial.
Las expertas afirmaron que el gobierno colombiano debe dar prioridad a la implementación de leyes y políticas en empresas y derechos humanos para la protección de las personas y el medio ambiente. Este llamamiento es especialmente urgente en vista de la persistente presencia de grupos armados no estatales y el deseo del gobierno de acelerar la transición energética.
«La omnipresencia del conflicto armado en Colombia sigue aumentando los riesgos para los derechos humanos y perpetuando los daños. Exige una acción inmediata tanto del gobierno como de las empresas para intensificar los esfuerzos de protección de los derechos humanos», declaró el Grupo de Trabajo al término de su visita oficial al país.
En una declaración, las expertas reconocieron que los numerosos problemas de derechos humanos observados en el país tienen su origen en el modelo económico de larga duración en el país, centrado en la explotación de recursos naturales a gran escala, que ha marginado sistemáticamente a grupos como los Pueblos Indígenas, las Comunidades Afrodescendientes y las personas campesinas. Como lamentaba un defensor de derechos humanos, «el signo del dólar cambia la forma en que vivimos nuestras vidas”. Según el Grupo de Trabajo, el gobierno debe proteger a estos grupos en situación de riesgo crítico y evitar que sean dejados atrás.
«Colombia ha avanzado en la protección constitucional de los derechos humanos y la adopción de los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes. Pero persisten problemas importantes, como el cumplimiento por parte de las empresas de las decisiones judiciales relativas a los derechos fundamentales», afirmaron las integrantes del Grupo de Trabajo, Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong.
Durante su visita, las expertas encontraron una serie de desafíos, incluyendo cuestiones relacionadas con la transición energética y con la persecución de personas defensoras de derechos humanos. Estos retos fueron planteados de manera consistente en reuniones con representantes del gobierno, sociedad civil, sindicatos, grupos étnicos, incluidos los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como con empresas privadas, estatales y de capital mixto.
«Queda un largo camino por recorrer para hacer plenamente efectivos los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos«, señalaron las expertas. «Colombia necesita una transición justa, basada en la protección y el respeto de los derechos humanos, especialmente de las personas más marginadas».
El Grupo de Trabajo expresó alarma por la estigmatización e invisibilidad que sufren los Pueblos Indígenas y comunidades Afrodescendientes, señalando cómo las prácticas empresariales irresponsables han exacerbado su discriminación y exclusión. En el caso de los Pueblos Indígenas, estas prácticas pueden aumentar su riesgo de extinción física y cultural.
Las expertas destacaron la inadecuada protección de las personas defensoras de derechos humanos, junto con las barreras a las que se enfrentan las víctimas a la hora de acceder a recursos efectivos por abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Estas realidades facilitan la persecución de líderes y lideresas sociales y representantes sindicales, creando un efecto amedrentador que inhibe la rendición de cuentas de las empresas y pone en peligro los esfuerzos de la justicia transicional.
“Instamos encarecidamente al gobierno de Colombia a entablar un diálogo social con todas las partes interesadas para generar confianza y fortalecer el tejido social, que es fundamental para que Colombia alcance una paz sostenible.”
Durante su visita, el Grupo de Trabajo recorrió Bogotá y los departamentos de Putumayo, La Guajira y Antioquia, y recibió documentación desde otras regiones.
El Grupo de Trabajo presentará un informe final sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025.
FIN
El Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son la Sra. Fernanda Hopenhaym (Presidenta), la Sra. Pichamon Yeophantong, el Sr. Robert McCorquodale, el Sr. Damilola Olawuyi y la Sra. Lyra Jakulevičienė.
El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos no forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Prestan sus servicios a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (resolución 17/4), constituyen la norma mundial autorizada de actuación para salvaguardar los derechos humanos en un contexto empresarial, aclarando lo que se espera de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar los impactos sobre los derechos humanos derivados de la actividad empresarial.
ONU Derechos Humanos, página de país – Colombia
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con la Secretaría del Grupo de Trabajo:
En Colombia (durante las fechas de la visita): tel. +57 321 2841580; correo electrónico Krizel Patolot Malabanan (krizel.malabanan@un.org) y Mariana Ahualli (mariana.ahualli@un.org) CC: hrc-wg-business@un.org
En Ginebra: hrc-wg-business@un.org
Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org).
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts
Para obtener más información y cualquier solicitud de los medios de comunicación, póngase en contacto con:
Para consultas de prensa relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte a Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts
______________________
Colombia: Experts urgently call on Government and businesses to intensify efforts to protect human rights of groups at critical risk
BOGOTA (9 August 2024) – The Working Group on Business and Human Rights today commended Colombia’s commitment to implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights but declared that Colombia suffers from long-standing structural problems that have led to serious human rights violations and abuses in the context of business operations.
The experts said the Colombian Government needed to prioritise the implementation of laws and policies addressing business-related human rights abuses for the protection of people and the environment. This call is especially urgent in view of the continued presence of illegal armed groups and the Government’s desire to accelerate energy transition.
“The pervasiveness of armed conflict in Colombia continues to escalate human rights risks and perpetuate harm. It requires immediate action from both the Government and businesses to intensify efforts to protect human rights,” the Working Group said at the end of their official visit to the country.
In a statement, the experts acknowledged that many human rights challenges in the country were rooted in the country’s long-standing economic model, focused on large-scale natural resource exploitation, which has systematically marginalised groups such as Indigenous Peoples, Afro-descendant communities, and peasants. As one human rights defender lamented, “the dollar sign changes the way we live our lives.” The Government must protect these groups at critical risk and prevent them from being left behind, the Working Group said.
“Colombia has made progress on constitutional human rights protections and the adoption of relevant international human rights instruments. But significant issues persist including the compliance of businesses with judicial decisions concerning fundamental rights,” said Working Group members Fernanda Hopenhaym and Pichamon Yeophantong.
During their visit, the experts encountered a series of challenges, including those relating to the energy transition and the persecution of human rights defenders. These issues were consistently raised in meetings with representatives of the Government, civil society, trade unions, ethnic minorities, including Indigenous Peoples and Afro-descendants, as well as with private, State-owned and mixed capital business enterprises.
“There is a long road ahead to fully realise the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, the experts remarked. “Colombia needs a just transition, one that is predicated on the protection of and respect for human rights, especially for those most marginalised”.
The Working Group expressed alarm over the stigmatisation and invisibility suffered by Indigenous Peoples and Afro-descendant communities, pointing out how irresponsible business practices have exacerbated their discrimination and exclusion. In the case of Indigenous Peoples, such practices have the potential to heighten their risk of physical and cultural extinction.
The experts highlighted inadequate protection of human rights defenders, together with the barriers that victims face in accessing effective remedies for business-related human rights abuses. These realities facilitate the persecution of social leaders and trade union representatives, creating a chilling effect that inhibits corporate accountability and jeopardises transitional justice efforts.
“We strongly urge the Government of Colombia to engage in social dialogue with all stakeholders to build trust and strengthen the social fabric that is pivotal to Colombia’s attainment of sustainable peace.”
During their visit, the Working Group visited Bogota and the departments of Putumayo, La Guajira, and Antioquia, and received documentation from other regions.
The Working Group will present a final report on the visit, including its findings and recommendations, to the Human Rights Council in June 2025.
ENDS
The Working Group on human rights and transnational corporations and other business enterprises was established by the UN Human Rights Council in June 2011. Its current members are: Ms. Fernanda Hopenhaym (Chairperson), Ms. Pichamon Yeophantong, Mr. Robert McCorquodale, Mr. Damilola Olawuyi and Ms. Lyra Jakulevičienė.
The Working Group is part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent human rights monitoring mechanisms. The Working Group reports to the Human Rights Council and to the UN General Assembly. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. The experts are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.
The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, unanimously endorsed by the UN Human Rights Council in 2011 (resolution 17/4), provide the authoritative global standard for action to safeguard human rights in a business context, clarifying what is expected by governments and companies to prevent and address impacts on human rights arising from business activity.
UN Human Rights, country page – Colombia
For additional information and media requests please contact the Working Group Secretariat:
In Bogota (during the dates of the visit): tel. +57 321 2841580 email Krizel Patolot Malabanan at krizel.malabanan@un.org and Mariana Ahualli at mariana.ahualli@un.org CC: hrc-wg-business@un.org
For media inquiries related to other UN independent experts please contact Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)
Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter @UN_SPExperts.
08-09-2024 - Expertas llaman con urgencia al gobierno y las empresas a intensificar esfuerzos para proteger los derechos humanos de grupos en situación crítica
