Ante la crisis de COVID-19, todas las personas somos vulnerables. El virus ha demostrado que no discrimina, pero muchas personas refugiadas, las desplazadas forzadas, las apátridas y las migrantes están en mayor riesgo.
Tres cuartas partes de las personas refugiadas y muchas de las migrantes del mundo se encuentran en regiones en vías de desarrollo donde los sistemas de salud ya están sobrepasados y poco capacitados. Muchas de ellas viven en campamentos superpoblados, asentamientos, refugios improvisados o centros de recepción, donde carecen de acceso adecuado a servicios de salud, agua potable y saneamiento.
La situación de las personas refugiadas y migrantes detenidas en lugares de detención formales e informales, en condiciones de hacinamiento y condiciones insalubres, es particularmente preocupante. Teniendo en cuenta las consecuencias letales que tendría un brote de COVID-19, deberían ser liberadas sin demora. Los niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin una base legal suficiente deben ser puestos en libertad de inmediato.
Esta enfermedad solo puede controlarse si existe un enfoque inclusivo que proteja los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Las personas migrantes y las refugiadas son desproporcionadamente vulnerables a la exclusión, el estigma y la discriminación, especialmente cuando están indocumentados. Para evitar una catástrofe, los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los derechos y la salud de todos. De hecho, proteger los derechos y la salud de todas las personas ayudará a controlar la propagación del virus.
Es vital que todos, incluidos todas las personas migrantes y refugiadas, tengan garantizado el mismo acceso a los servicios de salud y se incluyan efectivamente en las respuestas nacionales al COVID-19, incluidas la prevención, las pruebas y el tratamiento. La inclusión ayudará no solo a proteger sus derechos, sino que también servirá para proteger la salud pública y frenar la propagación mundial de COVID-19. Si bien muchas naciones protegen y acogen a las poblaciones de refugiados y migrantes, a menudo no están equipadas para responder a crisis como Covid-19. Para garantizar que los refugiados y los migrantes tengan acceso adecuado a los servicios nacionales de salud, los Estados pueden necesitar apoyo financiero adicional. Aquí es donde las instituciones financieras del mundo pueden desempeñar un papel de liderazgo en la disponibilidad de fondos.
Si bien los países están cerrando sus fronteras y limitando los movimientos transfronterizos, existen formas de gestionar las restricciones fronterizas de una manera que respete el derecho internacional de los derechos humanos y las normas de protección de refugiados, incluido el principio de no devolución, a través de la cuarentena y controles de salud.
Más que nunca, dado que COVID-19 representa una amenaza global para nuestra humanidad colectiva, nuestro enfoque principal debería ser la preservación de la vida, independientemente de su estatus. Esta crisis exige un enfoque internacional coherente y efectivo que no deje a nadie atrás. En este momento crucial, todos debemos reunirnos en torno a un objetivo común, luchar contra este virus mortal. Muchas personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes tienen habilidades y recursos que también pueden ser parte de la solución.
No podemos permitir que el miedo o la intolerancia minen los derechos o comprometan la efectividad de las respuestas a la pandemia mundial. Estamos todos juntos en esto. Solo podemos vencer a este virus cuando todos y cada uno de nosotros estamos protegidos.
