El experto en derechos humanos de la ONU señaló que, a nivel internacional, especialmente en las políticas financieras y económicas, hay pocas, si es que hay alguna, directrices para la toma de decisiones basadas en los derechos.
«A nivel nacional», agregó, «las mujeres, las minorías, las comunidades indígenas y rurales y las personas desplazadas internas, una vez más, no están en la mesa de negociación sobre cuestiones que tendrán un impacto profundo y duradero en la economía mundial y que causarán un importante retroceso en la agenda del desarrollo sostenible».
Alfarargi pidió a todos los gobiernos que permitan a las personas y grupos desfavorecidos, marginados y vulnerables a participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones. «Esto es esencial para superar las desigualdades estructurales y la discriminación, asegurar su lugar como actores clave en el desarrollo de los países y asegurar la distribución equitativa de los beneficios».
El experto instó a los Estados y a las instituciones financieras internacionales a garantizar que los enfoques participativos, que lleguen a todos los segmentos interesados de la sociedad, se desarrollen y se financien adecuadamente, para asegurarse de que cada decisión sobre las medidas de recuperación alcance el objetivo correcto y cumpla con el compromiso de no dejar a nadie detrás.
«Los Estados donde la necesidad es mayor, en particular los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países afectados por las sanciones, deberían recibir un apoyo internacional específico para establecer procesos participativos», indicó.
Los gobiernos y los actores internacionales deberían comenzar, tan pronto como sea posible, a recopilar datos adecuados sobre el impacto de la crisis del COVID-19, dijo el experto. “Los datos deben desglosarse al menos por género, edad, discapacidad, ingresos, raza y etnia. Estos datos desglosados son necesarios para evaluar con precisión la situación, hacer visibles las desigualdades e identificar a los que se han quedado atrás”.
“Sólo con base en dichos datos podemos desarrollar políticas basadas en evidencia que se dirijan específicamente a los más necesitados. La recopilación de esos datos debe basarse en los principios de participación, consentimiento informado y auto identificación”, dijo el Relator Especial.
FIN
Mr. Saad Alfarargi fue nombrado Relator Especial sobre el derecho al desarrollo por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2017.
