SÍNTESIS DE LAS DISCUSIONES Y RELATORIA DEL SEMINARIO NACIONES UNIDAS SOBRE REGLAMENTACION DE LA LEY DE VÍCTIMAS

La protección de las víctimas se consideró no solo como elemento esencial para la eficacia y efectividad de la implementación de la Ley, si no como un elemento sine qua non para el ejercicio de derechos.
Las discusiones de la mesa partieron de un cierto escepticismo en cuanto a la capacidad de las autoridades para asegurar la protección de las víctimas y sus organizaciones, así como de todos y todas las intervinientes en los procesos previsto en la Ley, sobre todo, en aquellas zonas en las que la presencia de grupos armados ilegales es constante e intrusiva. Se reafirmó que la responsabilidad por la seguridad tiene que corresponder sin ambigüedades a las autoridades. El hecho de que la necesidad obligue a comunidades, víctimas y sus organizaciones a adoptar medidas de autoprotección, no puede eximir a las autoridades de tal responsabilidad. Por supuesto, es importante que la ciudadanía en general sea consciente de que la protección de los derechos de los demás tiene que ser exigida por todas y todos y que no solo debe ser un reclamo de quienes están expuestos al riesgo. Es un derecho y como tal debe ser exigido.

Con relación a los arreglos institucionales que exige la implementación de la Ley de Víctimas, que incluyen desde crear instituciones nuevas hasta reestructurar entidades existentes o asignar nuevas responsabilidades, los representantes de la sociedad civil que participaron en el evento destacaron la importancia de asegurar que el cumplimiento de las funciones derivadas de la ley de víctimas incorpore el enfoque de derechos y se oriente hacia la gestión de servicios enmarcados en la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación.

En el marco de esta mesa, se discutió el proceso de restitución de manera amplia, sugiriendo la necesidad no solo de entregar tierras, sino de incorporar los medios adecuados para que las víctimas puedan realmente hacer productiva la tierra devuelta o compensada. Esto incluiría ayudas para asegurar la generación de ingresos (créditos fáciles y blandos, proyectos productivos adecuados a los contextos y a la condición de las víctimas), así como la reactivación de la producción (con facilidades de transporte y movilidad) y medidas que tiendan a asentar a la población en las tierras (como educación, salud o vivienda). Se hizo especial hincapié en que los servicios sociales y económicos no se consideren por su naturaleza medidas de reparación, pero sí que sean parte del paquete en el marco de los procesos de restitución.

Ante el abanico tan grande que implica el tema de la reparación en el Ley de Victimas, las discusiones se centraron en la indemnización por vía administrativa y judicial, las garantías de no repetición y el programa de reparación colectiva.
En general hubo consenso sobre la importancia de una ruta única de acceso a todas las medidas de reparación, siempre y cuando se incluya una visión diferenciada según la violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario sufrida, y la condición de la victimas (por género, familiar, edad, origen étnico o situación de discapacidad). En este sentido, se expresó preocupación por el proceso de adecuación de las bases de datos existentes en un registro único, y por la necesidad de hacer actualizaciones y evitar la re victimización en este proceso.
El Gobierno tiene la obligación de reglamentar dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la Ley “el trámite, procedimientos, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas” (artículo 132).

En esta mesa se resaltó la importancia de asegurar un proceso de transición y empalme cuidadoso, que permita recoger el trabajo adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en las regiones, así como el trabajo de su Grupo de Memoria Histórica. También se recogió la importancia de que el nuevo Centro de Memoria Histórica previsto en el artículo 146 cuente con los recursos financieros necesarios, tanto a nivel central como a nivel regional, y que pueda cumplir sus funciones con independencia y autonomía.

La rehabilitación y la atención psicosocial, como uno de los componentes de la reparación integral, y la obligación del Gobierno Nacional de crear un programa de rehabilitación con medidas individuales y colectivas, centraron la reflexión en esta mesa.
Hubo un reconocimiento del número importante de organizaciones no gubernamentales con un conocimiento acumulado sobre la incorporación del enfoque psicosocial en la prestación de servicios. Estas organizaciones expresaron sin excepción su disponibilidad para compartir su experiencia y apoyar al Ministerio de la Protección Social en el diseño y en la implementación de este programa.

Las organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos de las mujeres y enfoque de género se refirieron a los elementos que se deberían tener en cuenta para garantizar la transversalidad del enfoque de género en todo el proceso de reparación y aportaron un gran número de ideas concretas muy valiosas para ser tenidas en cuenta en cada uno de los programas, que transmitiremos de manera detallada posteriormente.
Entre estas ideas que surgieron, me permito ahora resaltar la necesidad de incluir estrategias de difusión e información para las víctimas de violencia sexual y estrategias de formación para los funcionarios y funcionarias que reciben víctimas de este delito, en las cuales se incorporen los elementos desarrollados por la Corte Constitucional. Esto debe incluir las garantías de confidencialidad, el trato digno, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo cuando corresponda, la asesoría jurídica y el apoyo psicosocial.

En el marco de las discusiones de esta mesa, se puso de manifiesto el reto de reglamentar la participación. Se concibió el reto más allá de lo establecido en la Ley en el Título VIII con respecto a las Mesas de Participación (artículo 193).
Como elementos a tener en cuenta en este sentido, se destacaron la importancia de participar en el diseño, implementación y seguimiento al cumplimiento de la ley, planes, proyectos y programas. En este sentido, la participación no consiste en la mera información, ni en la validación de iniciativas y esfuerzos una vez concebidos, sino en la construcción colectiva de las propuestas. Por ello reiteramos nuestra convicción de que es necesario que las víctimas y sus organizaciones participen en el proceso de reglamentación que se está desarrollando en la actualidad.