Y es vital asegurarse que nadie se quede atrás –la salud de todas las personas depende de ello.
En algunos países de América Latina las protestas sociales en demanda de derechos básicos han sido enfrentadas con un excesivo uso de la fuerza. Ese fue el caso en Honduras, Colombia y Venezuela en manifestaciones recientes contra la escasez de alimentos, agua y medicamentos, así como la falta de transparencia sobre la situación.Mi Oficina también ha recibido informes de arrestos y detenciones como formas de aplicación estricta de las medidas de cuarentena. Recordemos que las personas privadas de la libertad, incluyendo en las prisiones, están en muy alto riesgo de contaminación, dado que el distanciamiento físico en esos lugares es difícil de lograr.
En El Salvador, se han denunciado casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Muchas personas que supuestamente estaban incumpliendo la cuarentena han sido arrestadas y detenidas en condiciones de hacinamiento durante periodos prolongados, ignorando los fallos reiterados de la Corte Suprema sobre tales medidas. Un procedimiento similar también se ha visto en otros países de la región con más de 11.000 arrestados o detenidos en Guatemala, 35.000 en República Dominicana y 50.000 en Perú.
Aunque todas estas son tendencias preocupantes también hemos visto medidas positivas en la región.
En Perú, la Corte Suprema ha pedido a los jueces que utilicen la detención preventiva solo en circunstancias excepcionales. México ha adoptado una ley que permite la liberación anticipada de prisioneros. Y luego de la asesoría e incidencia de mi Oficina en Bolivia y Chile, ambos países están cooperando en la entrada de nacionales a Bolivia.
Continuaremos trabajando con nuestras contrapartes en la región para apoyar los esfuerzos basados en derechos humanos con el fin de responder a la crisis.
Amigos,
La pandemia de la COVID-19 también representa un alto riesgo para las mujeres y las niñas no debido a una vulnerabilidad inherente, sino por la preexistencia de la discriminación y la inequidad.
En América Latina, esto es particularmente evidente para las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las mujeres con VIH, y con orientación sexual e identidad de género diversa.
Para proteger mejor a todas las personas, la respuesta a la COVID-19 debería considerar experiencias y necesidades específicas de género.
Como en pasadas emergencias de salud, la actual crisis ha estado acompañada por un aumento de la violencia de género.
Este flagelo se ha observado en varios países del mundo, especialmente en lugares donde las cuarentenas, el autoaislamiento y otras medidas restrictivas han sido adoptadas.
Para las víctimas, el acceso a asistencia puede ser difícil debido al confinamiento con el abusador o porque tales servicios también tienen el riesgo de estar menos disponibles.
La situación no es diferente en América Latina, una región donde los niveles de violencia de género, incluyendo feminicidios, están entre los más altos del mundo.
Mi Oficina ha recibido preocupantes informes.
En Brasil, la Defensora Pública para los Derechos de las Mujeres de Río de Janeiro, indicó que los casos de violencia doméstica se han incrementado en un 50% durante el periodo de cuarentena.
En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, las llamadas a una línea directa de apoyo se han incrementado en un 60% desde que comenzó la cuarentena.
En Perú, los centros de emergencia y las líneas directas de mujeres trabajan con capacidad limitada, dejando muchos casos sin atención.
Para abordar la problemática, los servicios de apoyo deben declararse esenciales y permanecer abiertos; deben establecerse sistemas accesibles para alertar a las autoridades y proteger a las víctimas; y las víctimas deben estar informadas sobre los servicios disponibles.
Es alentador ver algunas medidas importantes que ya se están tomando.
En Argentina, una campaña del Gobierno permite a las mujeres buscar rescate en farmacias, incluso por teléfono, usando un código que alerta que están en peligro.
Y en Costa Rica, el Gobierno lidera una campaña informativa, la cual cuenta con el apoyo de mi Oficina, y les dice a todas las mujeres: #NoEstásSola
Saludo estos ejemplos, entre muchos otros.
Queridos amigos,
El impacto total de la COVID-19 en las economías globales y nacionales aún no se ha sentido.
Sin embargo, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pandemia provocará la mayor depresión de la actividad económica en la historia de la región: una caída del -5.3% en 2020. Esta situación afectará a todos, pero una vez más las mujeres se verán especialmente afectadas.
En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres están altamente concentradas en sectores informales y con bajos salarios.
Casi el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico.
En Bolivia, Guatemala y Perú, por ejemplo, el 83% de las mujeres están empleadas en el sector informal y sin protección social.
Las mujeres indígenas están representadas desproporcionalmente en la economía informal. Su acceso al sustento está en riesgo y la amenaza de hambre se está volviendo muy real.
Sumado a todo esto, ellas enfrentan barreras para acceder a los cuidados de salud e información. Al vivir en áreas rurales, algunas mujeres indígenas y afrodescendientes no tienen acceso a internet, electricidad ni transporte público.
Mi Oficina también ha recibido informes sobre la disponibilidad limitada de información sanitaria en idiomas indígenas.
Esta situación está afectando particularmente a las mujeres adultas mayores.
Además, las mujeres en América Latina realizan el 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Con las escuelas cerradas, están bajo más presión con riesgos para su salud y su bienestar.
En la región, ellas representan la mitad del personal médico y más del 80% de las enfermeras, el porcentaje más alto del mundo
Como cuidadoras en el hogar y en los hospitales, las mujeres corren el riesgo desproporcionado de infección.
Además, los sistemas de salud sobrecargados, la reasignación de recursos y la escasez de insumos médicos podrían socavar la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas.
Por ejemplo, he recibido informes de Honduras sobre el impacto negativo de la pandemia en la atención prenatal y postnatal.
En Guatemala, las parteras indígenas, que desempeñan un papel crucial en sus comunidades, carecen de productos básicos para combatir la COVID-19, incluidos alcohol, gel y jabón.
Amigos,
Aunque los desafíos planteados por la COVID-19 en América Latina son realmente serios, vemos que varias prácticas prometedoras provienen de la región.
Por ejemplo, para abordar el impacto económico de la pandemia, las autoridades de Costa Rica han tomado medidas para proteger los derechos laborales de las mujeres y reducir las obligaciones para proyectos que incluyen jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes y personas mayores y con discapacidad.
En Bolivia, el gobierno otorgó permisos de licencia especiales para proteger los salarios de ciertos grupos, incluidas las mujeres embarazadas y los padres solteros con niños menores de 5 años.
Mi Oficina está apoyando varios esfuerzos de respuesta en diferentes países de la región. Algunos ejemplos incluyen:
Brindar apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales que trabajan para la defensa legal de las mujeres privadas de la libertad en El Salvador; trabajar con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres, en coordinación con el Gobierno para facilitar acceso a información sobre cuidados de salud en Panamá; y lanzando una campaña de redes sociales #MujeresYCovid19 en Guatemala, la cual provee una plataforma a mujeres expertas, activistas y a otras personas para reflexionar y expresar preocupaciones.
Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, las mujeres y sus organizaciones no están representadas igualmente en el diseño de respuestas frente a la COVID-19.
Los Estados tienen la obligación de tomar medidas específicas para asegurar que los derechos de las mujeres y las niñas estén protegidos durante la crisis.
Por supuesto, los derechos de todos tienen que ser protegidos. Pero tal y como hemos dicho, mientras el virus no discrimina, sus impactos sí, y las mujeres y las niñas son desproporcionadamente afectadas.
Mi Oficina ha emitido directrices con respecto a este tema que incluyen, por ejemplo: garantizar que las trabajadoras de salud tengan acceso adecuado a equipos de protección personal y que todas las mujeres tengan acceso a atención médica, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; para promover la igualdad de responsabilidades en el cuidado; y declarar los servicios relacionados con la violencia de género como esenciales, como mencioné antes.
También hemos enfatizado sobre la importancia de los incentivos económicos sensibles al género y sobre las redes de seguridad social que deberían alcanzar y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Amigos,
La pandemia está exponiendo el impacto dañino de la desigualdad en todas las sociedades.
Seamos claros: la igualdad de género no es una opción, ni puede descartarse en tiempos de crisis. Es esencial para sociedades pacíficas, justas y resistentes, como lo reconoce la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
