Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluye visita a Colombia
10 de octubre de 2008
El día de hoy concluye la visita del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas a la República de Colombia, atendiendo a una invitación del Gobierno. La visita tuvo lugar del 1 al 10 de octubre de 2008 e incluyó las ciudades de Arauca, Bogotá y Cali.
La delegación estuvo presidida por la Sra. Manuela Carmena Castrillo (España), Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo e integrada por el Sr. Roberto Garretón (Chile), miembro del Grupo. Acompañaron a la delegación funcionarios de la Secretaría del Grupo de Trabajo en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Grupo de Trabajo sostuvo reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo la señora Vice-Ministra de Relaciones Exteriores, el señor Vice-Ministro de Justicia, el señor Vice-Ministro de Defensa y otros altos funcionarios de dichos Ministerios y del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; con magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), así como con magistrados y jueces de distintos niveles; con el señor Fiscal General de la Nación; con el Procurador General de la Nación, con autoridades del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Defensoría del Pueblo. En los Departamentos de Arauca y Valle del Cauca, el Grupo de Trabajo sostuvo reuniones con autoridades departamentales, magistrados y jueces, así como con el Gobernador de Arauca, el Jefe de la Décimo-Octava Brigada del Ejército Nacional en Arauca y el Director de la Policía Nacional de Cali.
Asimismo, el Grupo de Trabajo se reunió con representantes de agencias de las Naciones Unidas en Colombia, con abogados en ejercicio en las tres ciudades visitadas; con organizaciones no gubernamentales nacionales y locales; académicos y familiares de personas en detención. El Grupo desea expresar su agradecimiento al Gobierno de Colombia por la colaboración prestada durante la misión así como durante la preparación de la misma. Agradece también la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En Arauca, el Grupo de Trabajo visitó la cárcel de dicha ciudad y el Hogar de Paso del Menor Infractor. En Bogotá, el Grupo de Trabajo visitó el establecimiento carcelario La Picota; la Sala de Detención Transitoria de la Fiscalía; la Sala de Detenidos del DAS; la Clínica de la Vírgen de la Paz y la Escuela de Trabajo El Redentor para Adolescentes Infractores. En Cali, el Grupo de Trabajo visitó los establecimientos carcelarios de Villa Hermosa y Palmira así como una estación de Policía. El Grupo de Trabajo realizó entrevistas privadas y sin testigos con aproximadamente 150 detenidos y entrevistas colectivas con alrededor de 400 detenidos.
El mandato que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha atribuido al Grupo de Trabajo es el de promover la observancia de las normas enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relacionadas con la privación de la libertad de todas las personas en cualquier país del mundo.
Las consideraciones que el Grupo de Trabajo hace a continuación son previas a las que recogerá el informe que efectuaremos más adelante y se refieren esencialmente a los aspectos más determinantes atinentes a la privación de la libertad. Estas observaciones no olvidan la dramática situación de violencia que ha sufrido y sufre el país desde hace varias décadas a consecuencia de la actividad criminal de los grupos armados al margen de la ley, así como de algunas actuaciones ilícitas llevadas a cabo fundamentalmente en el pasado por fuerzas del ejército y de la policía. Aunque hemos apreciado con júbilo que ha habido una importante disminución de la violencia, gracias a la recuperación del control del Estado en las zonas más vulnerables, sigue existiendo un número inaceptable de homicidios, secuestros y masacres sobre la población civil.
Precisamente por ello, consideramos que es de gran importancia que las políticas establecidas por el Estado observen de forma rigurosa todos los derechos humanos. Nos consta que el ordenamiento jurídico del Estado colombiano desde la Constitución de 1991 comprende todo un sistema de garantías que ha permitido el desarrollo de importantes políticas encaminadas a la consolidación de la cultura de derechos humanos. No obstante, siguen existiendo importantes denuncias de violaciones de derechos humanos que obligan al constante esfuerzo para su definitiva erradicación. Precisamente por ello, consideramos que es de gran importancia que el Estado, en lo que se refiere al mandato del Grupo, cumpla con las exigencias establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos respecto a la forma en la que puede privarse de la libertad a quienes así lo merezcan, así como con todas las normas sobre el debido proceso que han de tenerse en cuenta para establecer las responsabilidades derivadas de actos criminales.
Durante las visitas efectuadas a los centros carcelarios y a las estaciones de policía, así como en las conversaciones mantenidas con las diversas autoridades y otros actores reflejados arriba, observamos que se han puesto en marcha todo un conjunto de medidas en el país, tanto legales como de gestión, que han permitido garantizar que los agentes de la Policía, cuando detienen a quien comete un delito “in fraganti“ o como consecuencia de una orden judicial, pongan a estas personas a disposición de las autoridades judiciales dentro de las 36 horas siguientes a su captura o detención, lo que significa un logro importantísimo.
El Grupo de Trabajo aprecia la iniciativa de constitución de los centros de servicios judiciales, que reúnen en un mismo lugar a la policía judicial, la fiscalía, los juzgados de control de garantías y la defensoría. Ello facilita obviamente el cumplimiento de los plazos perentorios de 36 horas establecido por la Ley 906.
Sin embargo, la facultad de detención administrativa de los agentes de la Policía Nacional no se ha determinado con la precisión y el rigor que exige el respeto del derecho a la libertad individual. Aunque el Código Procesal Penal establece que los agentes de policía sólo podrán detener a una persona con una orden de juez competente o cuando se trate de un delito en flagrancia, algunos agentes de policía interpretan que están facultados a detener personas por otros motivos que resultan amplios e imprecisos y que no están sujetos a control judicial. Es el caso de las detenciones motivadas por alto grado de excitación, ebriedad o de personas que representan un riesgo para ellos mismos o para los pobladores. Esto ha provocado en muy frecuentes ocasiones que los agentes de policía conduzcan a las estaciones de policía a diversos ciudadanos, por lo general socialmente vulnerables, sin justificación legal y, lo que es más grave, sin mantener un registro de dichas capturas ni del período en que estas personas estuvieron en detención.
Sería conveniente que una nueva norma legal precisase con claridad las facultades de detención de la policía en estos casos, precisando que los agentes policiales no están facultados para detener personas con simples fines de comprobación de identidad o por razones de protección de la persona detenida.
Esta actuación irregular de los cuerpos de policía facilita el que, en zonas rurales próximas a donde aún subsisten actividades guerrilleras, se produzcan detenciones injustificadas en el marco de esos conflictos que puedan llegar a utilizarse por personas no identificadas como justificación o cobertura de muertes en combate de presuntos subversivos.
El derecho internacional de los derechos humanos considera que una detención es arbitraria cuando carezca de base legal que justifique la privación de libertad; cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; o cuando la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial sea de tal gravedad que confiera a la privación de libertad un carácter arbitrario. En ese aspecto observamos que aunque la implantación del sistema penal acusatorio y el proceso oral significan sin duda, un avance extraordinario en materia de garantías contra las detenciones arbitrarias, nos preocupa que continúen produciéndose dilaciones importantes en los procedimientos, no sólo en aquellos conforme a la nueva Ley 906, sino particularmente en los que se iniciaron de acuerdo con la Ley 600.
Con relación a las detenciones múltiples o numerosas en las zonas rurales del país, el Grupo de Trabajo considera que éstas pueden permitir la violación de las normas establecidas en los instrumentos de derechos humanos referentes al juicio justo. La mayor parte de ellas se han producido y se siguen produciendo, aunque en menor número, conforme a la legislación establecida en la Ley 600, ya que, incluso en aquellas que se han producido en 2007 y 2008, se refieren en su totalidad a hechos acaecidos con anterioridad a estas fechas.
Estas detenciones se basan principalmente en testimonios procedentes de los miembros desmovilizados de las guerrillas y de las autodefensas – nombre con que a veces se alude a los grupos paramilitares- los cuales se refieren a hechos ocurridos en el pasado y normalmente expresados en testimonios muy genéricos y poco precisos. Esto ha provocado que en un número importante de casos, gran parte de los detenidos sean liberados en los primeros momentos de la investigación o transcurridos los plazos procesales de detención, sobreseídos o absueltos al llegar a la fase del conocimiento del juez competente.
Los procedimientos mencionados arriba se tramitan conforme a lo establecido en la Ley 600, procedimiento que no presenta las mismas garantías que contiene el actual régimen procesal acusatorio. En el procedimiento de la Ley 600, no existe una clara división entre la acusación y la decisión de privar al sindicado de la libertad, pues aunque cabe la excepción de la invocación de la irregularidad de la detención, ya sea por hábeas corpus, tutela o control de legalidad, su propia excepcionalidad dificulta el necesario contraste que exige la privación de libertad por un organismo independiente al que la acordó. Asimismo, hemos recibido informaciones de que el recurso de hábeas corpus continúa siendo interpretado de manera restrictiva.
Además, en algunos Departamentos, tales como Arauca, hasta la entrada en vigor del nuevo procedimiento el primero de enero de 2008, los juzgados competentes habían sido trasladados a la ciudad de Bogotá y en la actualidad la mayor parte de sus procedimientos comprenden además del delito de rebelión, el de terrorismo, por lo que resulta competente la fiscalía especial de terrorismo que también se encuentra ubicada en Bogotá. La ubicación de los organismos de conocimiento presenta dificultades objetivas en el ejercicio de defensa para los sindicados, lo que afecta el derecho a la igualdad de armas. De igual forma también cuestiona el derecho a la defensa, el que la unidad de la fiscalía encargada de dichas investigaciones, denominada Estructura de Apoyo, se encuentra ubicada al interior de la Décimo-Octava Brigada del Ejército Nacional lo que, sin perjuicio de la independencia orgánica de ambas unidades, dificulta el acceso de los testigos de los acusados.
El Grupo de Trabajo ha podido apreciar con gran satisfacción la importancia de la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional en el desarrollo de los derechos humanos y de la labor que realizan los jueces de control de garantías, así como los jueces de ejecución de penas. Sin embargo, considera que la carga de trabajo de estos últimos parece excesiva, ya que algunos tienen a su cargo un número de expedientes muy elevado. Ello les impide muchas veces visitar los establecimientos carcelarios y tener un contacto directo con los detenidos.
Las debilidades que hemos apreciado en la observancia de los procedimientos de privación de la libertad exigen la vigilante actividad de jueces y tribunales quiénes han de garantizar el cumplimiento de todas las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico, y precisamente por ello, nos preocupa que el Poder Judicial atraviese en estos momentos un paro judicial que le impide desarrollar en la forma que sería precisa su función institucional.
Finalmente, el Grupo de Trabajo quisiera añadir que el recurso a la detención preventiva sea considerado en todos los procedimientos como un recurso excepcional y que se trate de evitar la privación de libertad de personas cuya culpabilidad no ha sido todavía demostrada en juicio.
Por último, en el marco de la Semana de la Dignidad y Justicia de las Personas Privadas de Libertad, la cual se está celebrando a petición de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante la presente semana, el Grupo de Trabajo quisiera resaltar las siguientes consideraciones sobre los centros visitados. El Grupo de Trabajo apreció elementos positivos en la política penitenciaria del Estado entre los que destacamos los comités de derechos humanos compuestos por presos elegidos por los ellos mismos y la función del cónsul de derechos humanos. El Grupo destaca también la adecuada tenencia de registros en los centros carcelarios y su conexión en una red informática que permiten determinar en cada momento la situación penal de los detenidos. Por lo general, el Grupo de Trabajo no recibió quejas de maltrato de los detenidos por parte de las autoridades penitenciarias. Sin embargo, el Grupo se muestra preocupado por el alto grado de hacinamiento observado en los centros carcelarios de la Picota, Villa Hermosa, Palmira y en la cárcel de Arauca. Asimismo, algunas personas entrevistadas señalaron que no tienen acceso a la luz del día en los pabellones en donde se encuentran, que no pueden salir a los patios. En otros casos, algunas personas que padecen de problemas de salud alegaron que no reciben atención médica especializada que requieren, lo que vulneraría los Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.
El informe sobre esta visita será considerado por el Grupo de Trabajo durante su quincuagésimo-tercer período de sesiones que se celebrará en Ginebra en noviembre próximo y será presentado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009.
El Grupo de Trabajo fue establecido en 1991 por la antigua Comisión de Derechos Humanos para investigar alegaciones de privación arbitraria de la libertad. Su mandato fue ampliado en 1997 para incluir la cuestión de la detención administrativa de inmigrantes y de requirentes de asilo. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato del Grupo y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 6/4 adoptada el 28 de septiembre de 2007.
El Grupo de Trabajo ha realizado misiones de investigación en Angola, Argentina, Bahrein, Belarús, Bhutan, Canadá, China, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Honduras, Indonesia, Irán, Letonia, Mauritania, México, Nepal, Nicaragua, Noruega, Perú, Sudáfrica, Turquía y Viet Nam. Sobre la cuestión específica de la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo ha visitado Australia, Rumania y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes nombrados según el principio de distribución geográfica equitativa que rige en las Naciones Unidas. Además de la Sra. Manuela Carmena (España) y del Sr. Roberto Garretón (Chile), está compuesto también por la Sra. Shaheen Sardar Ali (Pakistán); el Sr. Aslan Abashidze (Federación de Rusia) y el Sr. Malick Sow (Senegal), quien es su Vice-Presidente.
Mayor información sobre el Grupo de Trabajo puede ser encontrada en el Folleto N° 26: El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf)
Para dudas o consultas, contactar a press-info@ohchr.org
(English version follows)
UN Working Group on Arbitrary Detention concludes visit to Colombia
The United Nations Working Group on Arbitrary Detention concludes today its visit to Colombia, which took place from 1 to 10 October 2008, at the invitation of the Government. During its visit, the Group visited Arauca, Bogota and Cali.
The delegation was headed by Mrs. Manuela Carmena (Spain), Chairperson-Rapporteur and included Mr. Roberto Garretón (Chile), member of the Group. Officers from the Secretariat of the Working Group at the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights accompanied the members.
The Working Group met with several authorities of the Executive Power, including the Vice-Minister of Foreign Affairs, the Vice-Minister of Justice, the Vice-Minister of Defense and other high level officials from these Ministries and from the Presidential Programme for Human Rights and International Humanitarian Law; magistrates of the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice and the Supreme Judicial Council (CSJ) as well as other judges and magistrates; the Prosecutor General; the Inspector General, authorities of the Armed Forces, the National Police and the Department of Administrative Security (DAS); the National Prison Institute (INPEC), and the Office of the Ombudsman. Meetings were also held with local authorities, magistrates and judges of the Departments of Arauca and Valle del Cauca, as well as with the Governor of Arauca, the Head of the Eighteenth Brigade of the National Army in Arauca and the Director of the National Police in Cali.
The delegation also met with representatives of United Nations Agencies in Colombia, practicing lawyers in the three cities visited and various national and local non-governmental organizations; academics and family members of persons in detention. The Working Group would like to express its gratitude to the Government of Colombia for its collaboration during the mission as well as during its preparation stages. The Group would also like to thank the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Colombia and the United Nations Development Programme for its cooperation.
In Arauca, the Working Group visited the prison and the Temporary Home for Juvenile Offenders. In Bogota, the Working Group visited “La Picota” prison, the Transitory Detention Ward of the Prosecutor’s Office, the Detention Ward of the DAS, the Centre for Psychiatric Internment “Virgen de la Paz” and the Facility for Adolescent Offenders “El Redentor”. In Cali, the Working Group visited the “Villa Hermosa” and “Palmira” prisons and a police station. Private interviews without witnesses were held with approximately 150 persons deprived of their liberty and collective interviews were held with close to 400 persons deprived of their liberty.
The mandate given to the Working Group by the United Nations Human Rights Council is to promote the observance of the norms stated in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights related to the deprivation of liberty of all persons throughout the world.
The considerations the Working Group makes at this time include some of the provisions which will be further developed in the report and which refer specifically to the most determining aspects concerning the deprivation of liberty. These observations do not ignore the dramatic situation of violence which has been felt and is felt in the country, dating back several decades, as a consequence of the criminal activities of armed groups acting outside the law, as well as of certain illicit actions carried out primarily in the past by the armed forces and the police. Although we rejoice in the decrease in the level of violence, thanks to the recuperation of territorial control by the State in the most vulnerable areas, there is still an unacceptable number of homicides, kidnappings and massacres inflicted upon the civilian population.
Bearing in mind this situation, the Working Group considers of utmost importance that state polices should rigorously protect all human rights. We are aware that the legal ordinances of the Colombian State since the adoption of the 1991 constitution encompass a system of guarantees that has allowed for the development of important policies towards the consolidation of a human rights culture. However, there are still important accusations of human rights violations which require the constant effort to achieve its definite eradication. Precisely for these reasons, we consider that it is of the utmost importance that the Government, with regards to those policies which fall within the Working Group’s mandate, comply with the regulations established in international human rights instruments relating to the manner by which a person may be deprived of his or her liberty and the norms regarding due process that should be taken into account when establishing responsibilities resulting from criminal acts.
During the visits to prisons and police stations, as well as during the conversations held with different authorities and other actors mentioned above, the Working Group observed that several legal and administrative measures put in place in Colombia guarantee that police agents, after detaining a person “in fraganti” or as a consequence of a judicial order, place them before a judge during the 36 hours following the detention, which is an important achievement.
The Working Group also values the initiative to create judicial services which bring together in one place the judicial police, the prosecutor, the courts for the control of guarantees and the ombudsman’s office. This obviously facilitates the compliance with the term of 36 hours established through Law 906.
However, the power to carry out administrative detentions given to agents of the National Police has not been determined with the precision and rigor required by individual freedom. Although the Code on Criminal Procedures states that police agents may only detain a person with a warrant issued by a competent judge, or in situations of flagrant crimes, some police agents interpret this as a power to detain persons for other reasons which are broad and imprecise and are not subject to any judicial control. This has been seen in detentions based on high degrees of excitement, inebriation or on the apparent risk the detainees pose upon themselves or to those around them. This has resulted in frequent cases where police agents detain individuals in police stations, particularly those who are socially vulnerable, without a legal justification, and even more serious, without maintaining a registry of these detentions or of the duration of the detention.
It would be important to have a new, precise legal norm which clarifies the power of police officers to detain in these cases, specifying that police agents are not authorized to detain persons with the goal of verifying their identity or for the detainee’s own protection.
These irregular actions by the police have facilitated unjustified detentions in rural areas where guerrilla activities still subsist, and which can be used by unidentified persons as a justification or cover-up as a death in combat of alleged subversives.
International human rights law considers that a detention is arbitrary when it is impossible to invoke any legal basis justifying the deprivation of liberty, when the deprivation of liberty results from the exercise of the rights or freedoms guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights and when the total or partial non-observance of the international norms relating to the right to a fair trial is of such gravity as to give the deprivation of liberty an arbitrary character. In this respect, we observed that although the introduction of the accusatory and oral procedures represent extraordinary progress for the protection against arbitrary detentions, we are worried that important delays are taking place not only in those processes initiated in accordance with the new Law 906, but rather those which are initiated in accordance with Law 600.
Regarding multiple or numerous detentions in rural areas of the country, the Working Group considers that these may allow for the violation of the norms established in international human rights instruments concerning fair trials. These detentions have primarily taken place and still take place, although in smaller proportions, according to the procedures established in Law 600, given that, even those that have taken place in 2007 and 2008 refer to acts which took place in preceding dates.
These detentions are primarily based on the testimonies provided by demobilized members of the guerrillas and self-defense groups, a name attributed sometimes to paramilitary groups. They refer to acts which took place in the past and are normally expressed in generic and imprecise testimonies. This has produced a situation where most of the persons deprived of their liberty are released during the first moments of the investigations or within the procedural limits for detention, their cases are stayed, or they are acquitted when presented before a competent judge.
All the proceedings mentioned above are processed in the context of Law 600, which does not present the same guarantees contained in the new accusatorial system. In the process concerning Law 600, there is not a clear division between the accusation and the decision to deprive a person of his or her liberty, because although a plea on the irregularity of a detention can be presented exceptionally, whether through a habeas corpus, a writ of amparo or control of legality, its exceptionality makes the contrast by an independent body, necessary in a deprivation of liberty, very difficult. In addition, the Working Group received reports that petitions for habeas corpus are still being interpreted in a restrictive manner.
In addition, in some departments, such as in Arauca, until the entry into force of the new procedure on 1 January 2008, the competent federal judges had been transferred to Bogota. Currently, because most of the proceedings include, aside from the crime of rebellion, that of terrorism, which lie within the competency of the specialized prosecutor, and are therefore transferred to Bogota. The location of these institutions presents objective difficulties for the exercise of the defense of the accused, which affects the right to equality of arms. Likewise, the right to defense is also questioned as the unit of the Prosecutor’s Office responsible for these investigations, or Support Structure, is located inside the facilities of the Eighteenth Brigade of the National Army. Without prejudice to the organic independence of both units, this presence makes access difficult for the witnesses of the accused.
The Working Group has been able to assess with great satisfaction the importance of the jurisprudence issued by the Constitutional Court concerning human rights developments, and the work of the judges responsible for the initial control of guarantees and the judges for the execution of sentences. However, the Working Group considers that the workload of the latter seems excessive, as the number of files for which they are responsible is very high. This prevents them from visiting prisons often and having direct contact with those deprived of their liberty.
The weaknesses that we have assessed in the observance of procedures for the deprivation of liberty require the vigilant activity by judges and courts, who should guarantee compliance with all guarantees established in the legal ordinances. It is precisely for this reason that we are concerned about the judicial strike, which impedes it from developing its work in the precise manner required by its institutional duties.
The Working Group would also like to add that the use of preventive imprisonment may be considered as an exceptional recourse in all processes and that the deprivation of liberty of persons whose guilt has not been proven in trial can be prevented.
Finally, in the framework of the Dignity and Justice for Detainees Week, celebrated this week upon the request of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Working Group would like to highlight some considerations relating to the centres visited. The Working Group considers certain elements of the penitentiary policies as very positive. In this sense, we would like to highlight the human rights committees comprised of detainees elected among themselves, and the post of the human rights consul. The Working Group would also like to highlight the maintenance and interconnected network of the registry in penitentiaries, which allow for the determination of the criminal situation of each person deprived of their liberty at all times. In general, the Working Group did not receive complaints of ill-treatment by the penitentiary authorities. However, the Group is concerned over the high rate of overcrowding observed in La Picota, Villa Hermosa, Palmira and Arauca prisons. In addition, some of those persons interviewed stated that they have no access to the light of day in their respective wards and that they are not allowed to go to the courtyard. In other cases, people who suffer from health problems indicated that they do not receive the required specialized medical attention, in contravention to the provisions found in the Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
A report on the visit will be considered by the Working Group at its 53rd session to be held in November 2008 in Geneva, and will be presented to the Human Rights Council in March 2009.
The former Commission on Human Rights established the Working Group in 1991 to investigate allegations of arbitrary deprivation of liberty. Its mandate was extended in 1997 to cover the issue of administrative custody of immigrants and asylum-seekers. The Human Rights Council assumed the Working Group’s mandate and extended it for a further three-year period by resolution 6/4 adopted on 28 September 2007.
The Working Group has carried out fact-finding missions to Angola, Argentina, Bahrain, Belarus, Bhutan, Canada, China, Ecuador, Equatorial Guinea, Honduras, Indonesia, Iran, Latvia, Mauritania, Mexico, Nepal, Nicaragua, Norway, Peru, South Africa, Turkey and Viet Nam. Concerning the issue of immigrants and asylum seekers, it has visited Australia, Romania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
The Working Group is composed of five independent experts appointed according to criteria governing equitable geographical distribution at the United Nations. In addition to Ms. Carmena (Spain) and Mr. Garretón (Chile), it is also composed of the following members: Ms. Shaheen Sardar Ali (Pakistan); Mr. Aslan Abashidze (Russian Federation) and Mr. Malick Sow (Senegal), the Working Group’s Vice-Chairman.
For further information on the Working Group’s mandate, please consult Fact Sheet N° 26: The Working Group on Arbitrary Detention, published by the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights:
(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf)
For inquiries and media requests: press-info@ohchr.org
