Distr.GENERAL 5 de enero de 2000 – Original: ESPAÑOL
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN
Informes periódicos que los Estados Partes debían presentar en 1998
COLOMBIA*
ÍNDICE
I. GENERALIDADES 1 – 69
A. Diagnóstico 1 – 27
B. Políticas para la atención a la niñez 28 – 55
C. Algunos avances 56 – 69
II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 70 – 443
Artículos 2 y 3 71 – 77
Artículo 4 78 – 86
Artículos 5, 9 y 18 87 – 100
Artículos 6, 7 y 8 101 – 112
Artículos 10, 11 y 22 113 – 116
Artículos 12, 13, 14, 15 y 16 117 – 123
Artículos 17, 29, 30 y 31 124 – 157
Artículo 28 158 – 201
Artículos 19, 34, 35, 36 y 39 202 – 224
Artículos 20, 25 y 27 225 – 263
Artículo 21 264 – 269
Artículos 23, 24 y 26 270 – 289
Artículo 32 290 – 359
Artículo 33 360 – 403
Artículos 37 y 40 404 – 408
Artículo 38 409 – 433
Artículo 42 434 – 443
Lista de anexos 99
I. GENERALIDADES
A. Diagnóstico
1. Colombia ha dedicado durante las últimas décadas especial atención al desarrollo de la niñez y ha emprendido diversas acciones en los campos normativo e institucional, orientadas a modificar las condiciones de inequidad e inaccesibilidad a los servicios promocionales, preventivos y de atención a la niñez.
2. Como resultado de estas acciones, entre las cuales se destacan las campañas de inmunización masiva, la expansión de los hogares comunitarios de bienestar, el Plan para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil y el Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria, la situación de la niñez mejoró significativamente.
3. Entre 1960 y 1992 la tasa de mortalidad en los menores de 5 años disminuyó de 132 a 32‰, en tanto que la tasa de mortalidad infantil de menores de un año se redujo de 82 a 30‰.
4. La cobertura neta de la educación primaria se elevó del 50% en 1950 al 85% en 1994. Por su parte, en el período 1965-1989 la desnutrición global disminuyó de 21,1 a 10,1%, en tanto que la desnutrición crónica se redujo de 31,9 a 16,6% y la desnutrición aguda pasó de 3,9 a 2,9%.
5. Pese a estos avances, al iniciarse el actual mandato presidencial, en 1994, se encontraron los siguientes indicadores. En junio de 1995 se estableció que el 41% de la población infantil
-es decir 5,9 millones- se encontraba en situación de pobreza y que el 15,6% -esto es 2,2 millones- se hallaba en la miseria; en muchos casos, los riesgos sociales para la población infantil se habían agudizado por las situaciones familiares particulares.
6. El 26,7% de los hogares se encontraban en pobreza y el 10,4% en situación de miseria, con un número promedio de personas de 5,4 y 5,9 respectivamente, que superaba ampliamente el promedio nacional de 4,5 personas por hogar.
7. Asimismo, se establecieron tasas de desempleo mayores en los hogares pobres y sus ingresos equivalían apenas a una quinta parte del ingreso de los hogares que pueden satisfacer sus necesidades básicas. Estas circunstancias hacen que los niños de los hogares pobres estén más expuestos a problemas de salud, discapacidades, desnutrición, desescolarización, maltrato, abandono y abuso sexual y acentúan el riesgo de que conviertan la calle en su hábitat permanente y entren en conflicto con la ley penal.
8. Por otra parte, se determinó que las familias colombianas han experimentado cambios en su estructura, funciones, responsabilidades, papeles sociales y valores. El proceso de cambio ha generado una tendencia a la reducción de su tamaño, la disminución progresiva de la familia extensa, la reducción de la fecundidad, el aumento de las tasas de divorcio y de uniones sucesivas, el aumento de las familias uniparentales y una mayor igualdad ante las responsabilidades y roles masculinos y femeninos, entre otros.
9. De igual manera, se observó que la estructura familiar se diferencia según las regiones y subregiones, la localización urbana y rural, los estratos sociales y las etnias, de tal forma que no se puede hablar de un modelo único de familia sino de múltiples tipos de familias.
10. El grupo de población infantil permanece en alto riesgo de muerte y enfermedad, aún mayor en las regiones marginadas del país y en los grupos sociales postergados. En este sentido se determinó que las principales amenazas contra la salud de los niños son las enfermedades asociadas con la fase perinatal, las enfermedades infecciosas respiratorias e intestinales, el trauma y la violencia, los problemas de salud oral y las enfermedades de los órganos de los sentidos.
11. Al Gobierno le causó especial preocupación la incidencia del bajo peso al nacer, responsable del 38% de la mortalidad perinatal y de cerca del 50% de la mortalidad infantil, así como el alto número de accidentes de niños en edad preescolar y escolar.
12. De otra parte, se pudo observar que la disminución del período promedio de lactancia materna afectaba significativamente el estado nutricional e inmunológico del lactante. Se determinó igualmente que la desnutrición del infante y del niño en edad preescolar está asociado principalmente con deficiencia de caloría y proteínas y se manifiesta en retardo del crecimiento físico y de la capacidad de aprendizaje; a este grupo se han dirigido tradicionalmente las principales líneas de acción nutricional. Sin embargo, la magnitud y severidad de los problemas nutricionales del grupo de edad escolar, que varían según las regiones geográficas del país, requieren el fortalecimiento de los programas dirigidos a este sector de la población. Las carencias de micronutrientes, especialmente yodo, hierro y vitamina A, constituyen importantes problemas nutricionales y de salud pública.
13. La deficiencia de hierro, la más común, afecta a los niños y también a las mujeres embarazadas. El bocio endémico y el cretinismo han reaparecido en el país debido a la comercialización de la sal no yodada y a la ausencia de un efectivo sistema de vigilancia y control.
14. Para entonces, los principales programas de prevención y nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), beneficiaban a 1,2 millones de menores de 7 años, equivalente al 50% de los niños en situación de pobreza y miseria, y a 1,8 millones de niños entre 7 y 14 años, esto es al 66% de la población más pobre en este grupo de edad.
15. Por su cobertura y focalización, los hogares comunitarios de bienestar constituyen el programa de prevención de mayor alcance, entre las acciones gubernamentales a favor de la población infantil más pobre. Hasta junio de 1995, los hogares comunitarios proporcionaban la infraestructura para la protección, cuidado y nutrición de cerca de 900.000 niños cada año.
16. Este programa ha generado procesos de liderazgo femenino, de organización y participación comunitaria y ha estimulado el mejoramiento de las viviendas donde se desarrolla el programa. No obstante, las deficiencias encontradas en los hogares eran notorias. La dieta diaria suministrada presentaba bajo aporte calórico y déficit en nutrientes básicos.
17. En materia de espacios locativos, el 43% de los hogares desarrollaban el programa en condiciones de hacinamiento y el 23% en hacinamiento crítico.
18. Asimismo se determinó que, pese a los esfuerzos realizados para universalizar la educación primaria y ampliar la cobertura de la educación secundaria, el objetivo de una educación básica universal, consagrado en la Constitución de 1991, distaba de ser una realidad.
19. La educación preescolar ha sido un privilegio de los niños pertenecientes a los estratos más favorecidos, y miles de niños en situación de pobreza no tienen acceso a este nivel por escasez de cupos o ausencia total de oportunidades.
20. La dificultad más grave identificada fue la baja retención del estudiante en el sistema educativo, particularmente entre los niños de bajos ingresos. Por otra parte, 2.4 millones de niños y jóvenes entre 12 y 17 años, no estaban escolarizados, siendo la cobertura de la educación particularmente baja en zonas rurales y en los grupos de población de menores ingresos.
21. El país ha tenido un déficit importante de información respecto a los niños en circunstancias especialmente difíciles. El precario número de denuncias y el subregistro hacen que los datos con que se cuenta sean producto de investigaciones, encuestas y aproximaciones realizadas por las diferentes instituciones responsables de la atención de estos menores y no de registros sistemáticos o encuestas permanentes. Se sabe, sin embargo, que a millones de niños se les vulneran gravemente sus derechos. Miles de ellos son maltratados, abandonados u obligados a vivir en la calle y a trabajar.
22. En 1991 se registraron 25.000 muertes de menores de 18 años, de las cuales el 37% ocurrieron por causas violentas. En 1992 se estimó en 2 millones el número de niños maltratados (850.000 severamente), y en 1993 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró un promedio diario de 18,2 lesiones personales, 5 abusos sexuales y 5 necropsias en menores de 18 años. En ese mismo año, la encuesta sobre salud mental y consumo de sustancias psicoactivas registró una prevalencia de maltrato infantil del 15%.
23. En 1993, el ICBF atendió 35.000 menores bajo la categoría de menores abandonados o en peligro (expósitos, abandonados, maltratados, explotados y/o discapacitados). En ese entonces, estimaba que en 1995 podían existir 15.000 menores de la calle y que el 60% de los que deambulaban en las ciudades no tienen otra alternativa que vivir en las calles.
24. Estudios de 1994 sobre trabajo infantil señalan que 1 millón de menores de 14 años trabajaban y que los menores entre 12 y 17 años que también lo hacían suman cerca de 2 millones. Las actividades que desarrollaban corresponden en un 80% a la economía informal, y muchos se encontraban desempeñando trabajos de alto riesgo. En 1994, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concedió 25.572 permisos para trabajar a menores entre 12 y 17 años, lo que implica que sólo se brindaron garantías y condiciones laborales mínimas al 1,2%.
25. Un gran número de niños debe afrontar las consecuencias de la violencia política. En 1994 se calculó que el número de familias desplazadas, víctimas de la violencia, era alrededor de 108.000, en las que había 169.000 niños de 1 a 10 años y 200.000 menores de 11 a 20 años.
26. De acuerdo con el censo nacional de población de 1993, el número total de personas que presentaban alguna discapacidad era de 593.546 y se estima que el 40,6% de ellos son menores de 18 años, es decir 240.912.
27. Desde 1992, corresponde al ICBF la protección y atención a los menores entre 12 y 18 años que se encuentran en conflicto con la justicia. En 1993, de los 19.251 menores que fueron llevados a los juzgados por infracciones a la ley penal, 13.616 se atendieron en instituciones y programas en medio abierto. Los restantes fueron reintegrados a su familia, previa amonestación a los padres o representantes legales o imposición de algunas restricciones a la conducta del joven. Se identificaron 32.400 procesos judiciales activos en los cuales se vincula como autor o partícipe de una infracción a la ley penal a menores de 18 años.
B. Políticas para la atención a la niñez
28. Luego de conocer el crítico diagnóstico sobre la niñez, el Gobierno del Presidente Ernesto Samper sometió a la consideración y aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el programa "El Tiempo de los Niños" en el cual está consagrada la política de atención a niños y niñas, dirigida especialmente a aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza o en situaciones especialmente difíciles, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar la efectividad de sus derechos a la supervivencia, protección, desarrollo y participación.
29. El Tiempo de los Niños ha tenido como contexto "El salto social", que constituye el plan de desarrollo impulsado por el presente Gobierno. Este programa busca consolidar la profunda transformación que viene experimentando el país y garantizar que su resultado final sea una sociedad mas pacífica y equitativa, cimentada sobre un proceso de desarrollo económico dinámico y sostenible, cuya meta final es, por lo tanto, formar un nuevo ciudadano colombiano más productivo en lo económico; más solidario en lo social; más participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los derechos humanos y, como resultado, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes, consciente y defensor de la naturaleza y orgulloso de su nacionalidad.
30. Se partió del presupuesto de que las acciones dirigidas a la niñez requieren un desarrollo intersectorial que convoca a las instituciones estatales, a las entidades territoriales, a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que buscan fortalecer las estructuras familiares y comunitarias de los grupos de población con mayores déficits sociales, procurando que no se produzca la "transmisión intergeneracional de la pobreza".
31. La Constitución Política de 1991 estableció el principio de responsabilidad concurrente entre el Estado, la sociedad y la familia frente a la efectividad de los derechos del niño. De la misma manera se estableció el proceso de descentralización que hace que el poder político y administrativo del Estado esté cada vez más cerca de la población.
32. Como resultado de estas consideraciones, el Gobierno Nacional llevó a cabo el Pacto por la Infancia, estableció como prioritarios los derechos humanos de los niños y niñas -dentro de los cuales dio especial atención a la situación de los menores afectados por el conflicto armado-, creo la figura del Oidor de los Niños, atendió la problemática de los menores trabajadores, la difícil situación de los niños y niñas pobladores de la calle y el tráfico y explotación de menores. De igual modo, en cumplimiento del compromiso adquirido, convocó la Cumbre Regional por la Infancia de América Latina y el Caribe, que se realizó en la ciudad de Cartagena entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 1998.
Pacto por la Infancia
33. En desarrollo de la política definida en El Tiempo de los Niños, el Gobierno lanzó el Pacto por la Infancia como estrategia de planeación y elemento fundamental de la política social en favor de la niñez. En él toman parte activa y decidida las instituciones de los gobiernos central, regional y local, los organismos no gubernamentales, las empresas privadas y demás organizaciones que trabajan por el bienestar de la niñez, así como la comunidad y, en general, todos los estamentos de la sociedad.
34. El Pacto por la Infancia contribuye al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la niñez partiendo de tres principios o ejes básicos:
– generación de un cambio cultural a través de la sensibilización, el conocimiento y la capacitación de la población en torno a los derechos de los niños y la niñas;
– creación de instancias desde el Gobierno que, como en el caso de la figura del Oidor de los Niños, velen por el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en todas las instituciones y estamentos del Estado; esta figura asegura la prevalencia de los derechos de la niñez en todas las acciones y programas que se emprenden;
– Desarrollo de Planes de Acción en Favor de la Infancia (PAFI) en los ámbitos nacional, departamental y municipal, con el fin de multiplicar esfuerzos de inversión y programación que garanticen la permanencia y continuidad de los programas en torno a la niñez.
Los derechos humanos de los niños y las niñas
35. La protección de los derechos humanos de los niños y niñas hace parte de la política integral que en materia de derechos humanos adelanta el Gobierno Nacional, vinculada estrechamente al programa El Tiempo de los Niños.
36. Desde esa perspectiva se han adelantado acciones como la definición de un marco legal de protección de los derechos humanos y del menor, apoyado en el fortalecimiento de la cooperación con los organismos intergubernamentales de derechos humanos y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en virtud de los pactos y tratados que ha suscrito.
Menores vinculados al conflicto armado
37. Frente a la situación de los niños y niñas afectados por el conflicto armado, el Gobierno ha considerado de capital importancia la humanización del conflicto y la búsqueda de acuerdos humanitarios de alcance inmediato para librarlos del combate y evitar que sean víctimas de la guerra.
38. Diversas instituciones relacionadas con la niñez trabajaron en la creación del Programa de Atención y Capacitación Laboral o Formación Profesional, en el diseño de un programa especial de educación básica y media y llevaron a cabo el Programa para la Reinserción, proyectos dirigidos a los menores de 18 años desvinculados del conflicto.
39. Igualmente se ha venido atendiendo a menores víctimas de minas antipersonales o "quiebrapatas", a menores desplazados por la violencia interna y a víctimas del secuestro.
Oidor de los Niños
40. En desarrollo de los propósito enunciados, el Gobierno ha establecido la figura del Oidor de los Niños para garantizar el cumplimiento de los compromisos frente a la infancia, como también la protección de los derechos de los niños y su aplicación, de acuerdo con la Constitución, el Código del Menor y los Pactos Internacionales ratificados por Colombia.
Los menores trabajadores
41. El Gobierno formuló en 1995 el Plan Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, cuyo objetivo central es prevenir la vinculación laboral precoz.
42. Los programas definidos contemplan acciones de tres tipos: prevención de la vinculación, rescate de los menores que son explotados económicamente o que se ocupan en actividades que dificultan su permanencia en el sistema educativo o que atentan contra su desarrollo, y prestación de asistencia transitoria para que durante el proceso de desvinculación del mercado laboral o del mejoramiento de sus condiciones, reciban un apoyo para garantizar el ejercicio de sus demás derechos.
Menores pobladores de la calle}
43. Para enfrentar la situación que padecen los menores pobladores de la calle, se ha formulado el Plan de Acción para la Prevención y Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes Habitantes de la Calle, con el propósito de lograr mayor conciencia y participación de la instituciones y de la sociedad.
44. Además, a partir del modelo impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la oficina de la Primera Dama de la Nación viene desarrollando el proyecto "Análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de los niños de la calle".
Tráfico y explotación de menores
45. En cuanto al tráfico de menores, el Gobierno ha creado un Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Trafico de Mujeres, Niñas y Niños. Sus objetivos son: revisar las políticas que se desarrollen para combatir este tipo de tráfico y proponer la adopción de programas y medidas para prevenirlo y reprimir la explotación, abuso y tráfico sexual de mujeres, niñas y niños; recomendar acciones, convenios o tratados que se requieran para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños; coordinar el diseño e implantación de un sistema de información y procesamiento de datos de las actividades y desplazamientos de las redes criminales nacionales e internacionales; proponer la utilización de mecanismos de difusión para la prevención de acciones delictivas en la comisión del tráfico de mujeres, niñas y niños.
Cumbre Regional por la Infancia de América Latina y el Caribe
46. Colombia convocó a la Cumbre Regional por la Infancia de América Latina y el Caribe en cumplimiento del compromiso adquirido durante el Foro Internacional sobre los Derechos del Niño, efectuado en París en 1995 de impulsar en la región el desarrollo de acciones a favor de los derechos de los niños. El certamen abordó los cuatro problemas más apremiantes frente a la situación de los niños: violencia intrafamiliar, erradicación del trabajo infantil, explotación sexual infantil y niños en el conflicto armado.
47. A esta Cumbre asistieron primeras damas de la región y contó con el apoyo de varios organismos internacionales relacionados con el tema de la infancia, como UNICEF, UNESCO, OIT, BID, Interpol y OEA, a través del Instituto Interamericano del Niño. También fue respaldado por la Fondation pour L'Enfance.
48. Ante la magnitud que cada uno de estos problemas representa dentro de la realidad de los países, el objetivo de la Cumbre se orientó a concretar un plan de acción que permita enfrentarlos con responsabilidad, como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
49. La Cumbre permitió concluir sobre la necesidad de establecer diagnósticos para focalizar las políticas, programas y acciones; fortalecer el intercambio de experiencias exitosas de intervención mediante la cooperación horizontal, de modo que la información internacional pueda facilitar la acción de la justicia, así como el desarrollo de una legislación internacional más estricta.
50. Las primeras damas firmaron un acta de compromiso en la cual enfatizaron la necesidad de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, los compromisos adquiridos, declaraciones, resoluciones y acuerdos, así como de tomar las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que se requieran para impedir el avance de los problemas que afectan a la niñez. En esta acta se acordó impulsar la cooperación entre los Estados y la sociedad civil para prevenir estas problemáticas y reforzar el papel de la familia en la protección de la niñez; promover acciones de desarrollo, gestión de proyectos para atención integral, impulsar el fortalecimiento de las legislaciones nacionales, promover la coordinación entre las instituciones del Gobierno y las organizaciones civiles, continuar el impulso al desarrollo de políticas para la eliminación de la pobreza, de fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida, de fortalecimiento de los sistemas de educación y salud y el apoyo a la familias en sus funciones productivas y de crianza.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
51. Adicionalmente a estos programas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que tiene como función la protección y el desarrollo armónico de la familia, la protección del menor de edad, así como la garantía de los derechos de los mismos, trazó una serie de políticas para el período 1994-1998, cuyo desarrollo y cumplimiento podrá evaluar el Comité en el presente informe.
52. Tales políticas, en lo que corresponde a los niños, se han orientado desde un enfoque holístico, que parte del reconocimiento de la familia como concepto integral y del municipio como protagonista de la política social y de la participación de la sociedad civil. El desarrollo de las mismas se adelanta a través de tres grandes programas de inversión, contemplados en El Salto Social, como son:
– movilización en torno a la niñez;
– protección, desarrollo y bienestar de la niñez;
– programas especiales para menores en situación irregular.
Objetivos de la política dirigida a la niñez
53. Los objetivos de la política dirigida a la niñez son:
– contribuir al desarrollo integral de los niños más pobres y vulnerables, a través de su vinculación a los principales programas de nutrición, salud y educación, fomentando la responsabilidad y la participación de las familias y la comunidad en las acciones que conduzcan al bienestar de los menores;
– mejorar la calidad de los servicios que actualmente se prestan a los niños más pobres, impulsando su descentralización y estableciendo alianzas efectivas con organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil;
– lograr cambios en las actitudes y prácticas individuales, familiares e institucionales, para la prevención y atención del maltrato, el abandono, el abuso y explotación sexual infantil, para la erradicación de los trabajos de alto riesgo y la desestimulación del trabajo infantil, así como para la inserción de los niños de la calle en estructuras familiares o comunitarias;
– crear una cultura en favor de la niñez que reconozca las diferencias y la diversidad de la población más joven y comprometa a la familia, al Estado y a los diferentes sectores de la sociedad con su supervivencia, desarrollo, protección y participación, para satisfacer sus necesidades básicas, lograr su desarrollo armónico e integral y aprovechar al máximo su potencial.
54. En desarrollo de los objetivos del Salto Social, se diseñó el Pacto por la Infancia como una estrategia de trabajo conjunto entre instituciones públicas, la sociedad y la familia, en una serie de procesos participativos para responder por el bienestar de la niñez. En esencia, conjuga la voluntad del Gobierno y de la sociedad civil, la formulación técnica de planes de acción, la articulación de la oferta pública y privada en cuanto a programas de atención a la niñez y la puesta en marcha de sistemas de seguimiento y veeduría para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, dentro del marco de la política social del Gobierno.
55. El propósito es despertar la conciencia social sobre las condiciones de la infancia; confirmar y activar el compromiso del Estado, la sociedad y la familia para mejorar esas condiciones; promover procesos de planeación que impliquen una articulación de acciones entre los sectores involucrados y el logro de los objetivos; y contribuir al desarrollo integral de la niñez.
C. Algunos avances
56. Estas políticas gubernamentales, acompañadas de un importante esfuerzo financiero, han revertido en logros fundamentales -como se podrá apreciar a lo largo del informe- de los cuales nos permitimos resaltar los siguientes.
57. La decisión política de privilegiar el gasto social, reflejada en el incremento de la inversión en el sector, permitió que el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas se redujera del 32,7% al 27% en 1997 (1,4 millones menos de personas pobres por NBI). De igual modo reflejó una mayor participación en el gasto social dentro del Presupuesto General de la Nación, equivalente a un 49%. Este aumento en la inversión también se observa en los avances registrados en materia de atención a la niñez en los últimos cuatro años.
58. Durante este cuatrienio, la niñez ha participado en lo social con el 17%, equivalente a $1,3 billones. En este período los programas más representativos han participado así: hogares de bienestar 61%, protección y desarrollo de la niñez 16% y menores en situación irregular 12,4%.
59. Los programas descritos anteriormente están en su mayoría en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que durante estos cuatro años ha llegado a atender a 6,8 millones de usuarios, cifra que representa el 76,2% de los menores de 7 años y el 83,7% de los menores entre 7 y 18 años que requieren asistencia. Cabe anotar que en los programas de protección, como producto del mejoramiento en los procesos de identificación de los usuarios, se ha ampliado sustancialmente la cobertura.
60. Por otra parte, el presupuesto de la nación destinado a la educación tuvo durante el período 1994-1998 un incremento del 178%, pasando de $2,01 billones en 1994 a $5,6 billones en 1998, lo cual significó una participación promedio del 20,2% en el total del Presupuesto General de la Nación. La participación del gasto educativo en el PIB durante este período se incrementó en 0,87%, al pasar de 3,48% a 4,35%. Tal esfuerzo financiero se tradujo en importantes logros tanto en la ampliación de la cobertura como en un mejoramiento en la calidad educativa.
61. Durante los últimos cuatro años se ampliaron las oportunidades de educación a más de 1.700.000 niños y jóvenes. De esos cupos, aproximadamente 1.120.000 se deben a la acción del Gobierno Nacional, mientras que algo más de 580.000 corresponden al esfuerzo de la educación privada, financiada en parte con subsidios del Estado.
62. Tal como se podrá observar de manera más detallada en el informe, la cobertura educativa se ha visto incrementada de la siguiente manera: para el total nacional entre 1993 y 1997 la tasa de promoción de la primaria pasó de 81,8% a 83,5%, mientras que la de secundaria pasó de 78,5% a 84,2%.
63. La tasa de deserción para el período 1993-1997, en el total nacional, para primaria y secundaria, pasó de 7,4 a 6,4% y de 7,0 a 3,0% respectivamente. La tasa de repetición se comportó de manera similar: para el nivel nacional en primaria pasó de 10,8 a 10,0% y en secundaria pasó de 14,5 a 12,8%.
64. En materia de erradicación del trabajo infantil se han obtenido también logros significativos, tanto en la desvinculación de los menores al sector laboral y la disminución de las jornadas de aquellos que continúan vinculados, como en la atención de sectores específicos, especialmente críticos por las condiciones de riesgo.
65. Como se verá de manera más detallada en el informe, entre 1992 y 1996 la tasa específica de participación de los jóvenes de 14 a 17 años pasó de 31,2 a 25,9%, disminuyendo en un 17%, en tanto la tasa específica de participación laboral tradicional de los jóvenes de 12 a 13 años bajó de 12,8 en 1992 a 9,9% en 1996, descendiendo en un 22,7%.
66. En relación con la jornada laboral, de las 38 horas que los hombres de 12 a 13 años laboraban en 1992, se pasó a 32 en 1996 y en el caso de las mujeres del mismo grupo de edad, se pasó de 39 a 36 horas semanales. En el caso de los jóvenes trabajadores de mayor edad se observan también descensos en la intensidad laboral en la mayor parte de los grupos observados. Así, para las mujeres de 14-15 años, el número de horas/semana trabajadas descendió de 44,6 a 39,8.
67. Especial atención ha prestado el Gobierno de Colombia a la situación de los niños trabajadores en las minas de carbón. Mediante programa adelantado por Ecocarbón -Ministerio de Minas y Energía- se ha logrado al día de hoy desvincular de esta labor y ofrecerles alternativas de educación, y de apoyo económico a sus familias, a 753 de los 1.124 menores trabajadores en el sector, es decir, al 67% de ellos. El objetivo del programa es desvincular de estas actividades a la totalidad de los menores a más tardar en 1999.
68. En cuanto a nutrición, aunque no podemos contar aún con las cifras consolidadas para 1998, podemos informar que entre 1989 y 1995, la desnutrición infantil ha disminuido de la siguiente manera: desnutrición global 1989: 10,10%, 1995: 8,4%; desnutrición crónica 1989: 16,6%, 1995: 15,0%; desnutrición aguda 1989: 2,9%, 1995: 1,4%.
69. En relación con la erradicación de la violencia contra los niños, los indicativos son también favorables. En 1991 el índice de maltrato infantil era del 15%; esta cifra se reduce para 1996 al 5,36%. En tanto que en 1991, el 37% de las muertes de menores de 18 años fueron por causas violentas, para 1995 los decesos por causas violentas de los niños entre 5 y 14 años fue del 12,62% y por accidentes del 18,82%.
II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
70. En el presente capítulo el Comité encontrará las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de promover y asegurar el bienestar de las niñas y los niños de Colombia y avanzar en la plena vigencia de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículos 2 y 3
Respeto por los derechos del niño, aplicación de la Convención sin distinción alguna y protección y bienestar de los niños
71. En relación con el respeto de los derechos establecidos en la Convención sobre la prohibición de cualquier forma de discriminación, así como la obligación de tener en cuenta en toda circunstancia el interés superior del niño, nos permitimos remitir al honorable Comité el primer informe de Colombia ante el Comité de los Derechos del Niño, presentado en 1993.
72. En el marco de la acción gubernamental es de obligatorio cumplimiento el precepto constitucional que establece que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás", mandato constitucional que se encuentra incorporado dentro del Código del Menor vigente, que en su artículo 20 dice:
"Las personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidad en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor."
73. El ordenamiento jurídico de nuestro país establece que los padres de los niños deben responder por su crianza, educación, cuidado personal y garantizar su desarrollo armónico e integral. En el cumplimiento de tales obligaciones por parte de padres o tutores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ejerce las funciones de consultoría, orientación, asesoría, conciliación y protección de los niños en una primera instancia, por intermedio de los Defensores de la Familia. Esta acción se lleva a cabo a través de la atención que se brinda en centros zonales (203 en total) de las 33 regionales en que se ha dividido el país para la prestación de estos servicios.
74. Cuando faltan de manera absoluta o temporal los padres o responsables, el Estado, a través del ICBF, brinda protección por medio de los programas en medio institucional, medio familiar y medio abierto.
75. El ICBF ofrece atención a todos sus beneficiarios, a través de un programa denominado Proyecto Preventivo. Este proyecto tiene como objetivo principal propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del niño, del joven y de la familia mediante el desarrollo de acciones integradas de carácter preventivo, la participación activa de usuarios, una adecuada organización de la comunidad y el fortalecimiento del proceso de autogestión. El Proyecto Preventivo, a través de los programas destinados a la atención de la niñez, ha beneficiado durante los últimos cuatro años principalmente a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica, así:
Beneficiarios del Proyecto Preventivo
| Año | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Atención complementaria al escolar y adolescente | 2.038.795 | 2.115.103 | 2.062.897 | 2.582.183 |
| Protección al menor a través de Hogares Comunitarios de Bienestar | 1.289.190 | 1.291.605 | 1.322.850 | 1.418.220 |
| Intervención nutricional maternoinfantil | 287.283 | 299.111 | 293.191 | 275.746 |
| Protección al menor de 7 años | 174.904 | 177.674 | 173.952 | 163.342 |
| Distribución de bono alimentario para niños en edad preescolar | 0 | 82.812 | 85.310 | 86.420 |
| Asistencia integral al joven a través de clubes juveniles | 0 | 12.675 | 35.455 | 41.295 |
| Total | 3.790.172 | 3.978.980 | 3.973.655 | 4.567.206 |
76. Con el fin de asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o protección de los niños cumplan con las normas y los niveles de calidad exigidos, en 1997 se efectuó el proceso de selección y contratación de instituciones prestadoras del servicio público de protección por una vigencia inicial de dos años, lo que permitió escoger las instituciones que cumplen con los más altos requisitos técnicos, financieros, humanos, de servicios básicos y planta física para garantizar servicios que respondan a las necesidades cubiertas. En la actualidad se adelanta la construcción de un instrumento claro y preciso para efectuar la supervisión a las instituciones contratadas bajo el proceso de contratación y licitación pública.
77. Adicionalmente se han establecido contratos con la Fundación Antonio Restrepo Barco, cofinanciados por el UNICEF, para definir los "estándares de calidad y optimización del proceso de protección a la niñez y a la adolescencia", y asegurar la continuidad del proceso de "autoevaluación y fortalecimiento de instituciones de protección y rehabilitación". De esta manera se contribuye a la construcción de objetivos claros en la protección institucional alrededor de los derechos de los niños.
Artículo 4
Medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos de los niños
78. En desarrollo de la Constitución Política de 1991 y las políticas trazadas por el actual Gobierno, el marco jurídico e institucional para la atención al menor se ha visto ampliado con posterioridad al informe anterior, por lo que se considera relevante darlo a conocer al Comité, con el fin de facilitar el estudio del presente documento.
79. En el ámbito jurídico se resaltan los siguientes avances:
a) Ley Nº 173 de 1994, mediante la cual Colombia adhirió al Convenio de La Haya sobre Secuestro Internacional de Menores. Se preparó y actualmente se tramita el proyecto de decreto reglamentario, con el fin de obtener una mayor cooperación de las autoridades tanto judiciales como administrativas, señalar términos perentorios, competencia, funciones y aspectos procedimentales, que permitan una diligente aplicación del Convenio.
b) Igualmente, el ICBF expidió la resolución 1399 de 18 de mayo de 1998, por la cual se establece el procedimiento interno para la aplicación del Convenio de La Haya sobre Secuestro Internacional de Menores, y diseñó un formulario de solicitud de aplicación del Convenio para la atención de los usuarios cuando se actúe como autoridad requerida en función del mencionado Convenio.
c) Ley Nº 294 de 16 de julio de 1996 sobre violencia familiar. El objeto de la ley, es desarrollar el artículo 4, inciso 5) de la Carta Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia con el propósito de asegurar a ésta su armonía y unidad. La ley crea un procedimiento, mediante el cual la víctima o cualquier otra persona puede pedir una medida de protección ante los jueces de familia. Este procedimiento es breve y eficaz y consagra unas medidas encaminadas a proteger a la familia maltratada. Se crean también nuevos tipos penales:
– Artículo 22, maltrato intrafamiliar físico o psíquico que no constituya otro delito;
– Artículo 23, agravante para lesiones personales;
– Artículo 24, maltrato mediante restricción de la libertad;
– Artículo 25, violencia sexual entre cónyuges;
– Artículo 26 y 27, agravantes.
Esta ley adscribe al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la función de diseñar políticas, planes y programas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar.
d) Ley Nº 311 de 12 de agosto de 1996, "por la cual se crea el Registro Nacional de Protección Familiar y se dictan otras disposiciones". Se entiende por Registro Nacional de Protección Familiar la lista en la cual se incluirán los nombres con sus respectivos documentos de identidad y lugar de residencia si fuere conocida de quien, sin justa causa, se sustraiga de la prestación de los alimentos debidos por ley a sus hijos menores y a los mayores de edad que por circunstancias especiales así lo ameriten, como el que adelanta estudios o está incapacitado física o mentalmente.
e) Ley Nº 375 del 4 de julio de 1997 o Ley de la juventud. Tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud. Para los fines de esta ley se entiende por joven toda persona entre los 14 y los 26 años.
f) Ley Nº 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones. Los principios que inspiran esta ley se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional. Reconoce el derecho a la asistencia y protección necesarias a las personas con limitaciones severas y profundas, en consideración a la dignidad que les es propia. La aplicación de esta ley ha conllevado un trabajo puntual del ICBF en 23 regionales y 9 agencias, incluidos los 204 centros zonales de todo el país.
g) Ley Nº 418 de 1997, por la cual se establecen algunos principios para la convivencia ciudadana. En su articulado contempla aspectos relacionados con la incorporación al servicio militar obligatorio al finalizar los estudios secundarios -como lo contemplan las normas jurídicas colombianas a través de la Ley Nº 48 de 1993.
h) Decreto Presidencial Nº 859. Crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador.
i) Resolución de la Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Establece conductas para sus afiliados, orientadas a prevenir y erradicar la participación de los niños, niñas y jóvenes en el trabajo.
j) Resolución 0061 del 30 de mayo de 1997, de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se designaron como Oidores de los Niños a los procuradores delegados del menor y la familia a nivel departamental, y a los personeros en el ámbito municipal.
80. En el marco institucional se han establecido las siguientes nuevas instancias:
a) El Oidor del Niño. Esta figura nueva en el contexto mundial pretende actuar como instancia del Gobierno para el Gobierno, con el fin de que en cada uno de sus programas y acciones se garantice a nivel preventivo el cumplimiento de los compromisos frente a la infancia, la protección de los derechos de los niños y las niñas y la aplicación preferencial de los mismos tal como lo ordena nuestra Constitución, el Código del Menor y los Pactos Internacionales ratificados por Colombia. Sus funciones son: sensibilizar y concientizar las instituciones estatales en la búsqueda de mecanismos que permitan a la niñez un mayor bienestar; establecer que los planes, programas y proyectos del Estado conduzcan a los objetivos previstos dentro de esta política. También debe identificar, coordinar y optimizar las acciones y la información sobre los logros y deficiencias en el cumplimiento de las tareas a favor de la infancia, facilitando un consenso que asegure la prioridad en la atención a la niñez. Por último, al Oidor le corresponde identificar los derechos que están siendo más vulnerados, para reordenar las prioridades en los programas de atención. A la fecha existen oidores en todos los departamentos del país y desempeñan estas funciones los jefes de planeación y de las oficinas jurídicas de los departamentos. Además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un oidor en todas y cada una de sus oficinas regionales.
b) Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud, las Mujeres y los Ancianos. Se trata de una nueva instancia institucional, encargada de adelantar acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, adscrita a la Defensoría del Pueblo.
c) Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia a los Derechos de la Niñez. En coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Educación Superior (FES) establecieron desde 1992 un Convenio de trabajo interinstitucional para promover, divulgar, velar y ejercer los derechos humanos de las niñas y niños del país. El sistema de seguimiento y vigilancia le permite a la Defensoría del Pueblo conocer de manera oportuna y de fuente confiable, información local, regional y nacional sobre el cumplimiento en la atención a los derechos de la niñez, hacer recomendaciones a las autoridades y a particulares, iniciar investigaciones de carácter sociojurídico y técnico y trazar las políticas que enmarcan la defensa de los derechos de las niñas y niños. Sobre los resultados de las investigaciones se han publicado cuatro boletines.
d) Sistema Nacional Contra el Maltrato Infantil. Se estableció a finales de 1997 bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para la Política Social. A partir de los desafíos existentes, busca formalizar la coordinación interinstitucional incluyendo entidades con cobertura nacional y competencias a favor de la niñez. Busca también la construcción de un sistema de información único sobre los casos de maltrato infantil en Colombia. Así como revisar la legislación existente y agilizar y cualificar el proceso administrativo de la denuncia y la atención de los casos.
e) Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Se creó a través del Decreto Nº 1974 de 31 de octubre de 1996 con la tarea de revisar las políticas y proponer la adopción de programas y medidas para prevenir y reprimir estos delitos. Recomienda acciones, convenios o tratados para fortalecer la cooperación internacional en este sentido.
81. Su acción ha permitido consolidar redes de apoyo internacional a nivel policial y crear una metodología para sistematizar la base de datos sobre los casos que se investigan, sensibilizar a la opinión pública, funcionarios públicos y autoridades frente a estos delitos y frente a la Ley Nº 360, que amplia las penas por infringirlos, mejorar los sistemas de atención a las víctimas por medio de la creación de líneas directas y realizar jornadas de apoyo a víctimas de delitos sexuales.
82. La gestión del Comité consiguió agilizar los trámites legislativos para la aprobación de cuatro convenios relacionados y adelantar el estudio de exposición de motivos para tres proyectos de ley que aprueban otras tres convenciones.
83. El Comité sugirió adoptar el Plan de Acción Hemisférico propuesto por Colombia en la Cumbre de Presidentes de las Américas y votar en bloque por la aprobación de la Convención Internacional contra el Tráfico de Migrantes Ilegales, ante la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas.
84. Ha diseñado dos cartillas sobre prevención, remedio y sanción del tráfico de personas y proyecta elaborar una tercera.
85. Por otra parte, en relación con el presupuesto de la nación destinado a la educación, durante el período 1994-1998 tuvo un incremento del 178%, pasando de 2,01 billones de pesos en 1994 a 5,6 billones en 1998, lo cual significó una participación promedio del 20,2% en el total del Presupuesto General de la Nación.
86. La participación del gasto educativo en el PIB durante este período se incrementó en 0,87%, al pasar de 3,48% a 4,35%.
Artículos 5, 9 y 18
Derechos y deberes de los padres
87. En relación con los derechos, deberes y obligaciones que otorga el ordenamiento constitucional y jurídico a los padres, nos permitimos remitir al honorable Comité al primer informe presentado por Colombia en 1993. En relación con otras formas de familia ampliada y comunitaria (remitirse al VIII y IX informe sobre medidas adoptadas para la eliminación de toda forma de discriminación racial), presentados el 10 de junio de 1998.
88. El Instituto de Bienestar Familiar, además de las acciones de intervención que realiza en casos de familias en crisis y en riesgo que se reseñarán más adelante, cuenta con un amplio Programa de Divulgación y Difusión de Acciones orientadas a proteger y fortalecer la familia, a través del cual se difunden mensajes con valor, contenidos educativos formativos y de sensibilización, que incorporan los derechos humanos y la equidad de género, a través de medios masivos de comunicación social y medios de comunicación alternativa, de cobertura nacional, regional o local, para contribuir al fortalecimiento de la familia y la sociedad colombiana.
89. El artículo 44 de la Constitución Política determina que uno de los derechos fundamentales del niño es el de tener una familia y no ser separado de ella. La Corte Constitucional ha desarrollado a través de sus pronunciamientos este derecho, con el fin de darle efectividad.
90. Por su parte, el Código del Menor expresa que el niño debe estar al cuidado de su familia, familiares, tutores o representantes, pero que cuando éstos no puedan hacerse cargo de esta obligación, el Estado, con carácter subsidiario puede asumir esta responsabilidad.
91. Ya en el primer informe de Colombia se señalaban en la parte V, "Entorno Familiar y otro tipo de tutela" las consideraciones relacionadas con la presencia de los padres, su responsabilidad, la separación familiar, la reunión de sus miembros cuando se presentan rupturas, la carencia de un medio familiar, etc.
92. Para que los padres cumplan adecuadamente sus obligaciones el ICBF adelanta actividades preventivas y de apoyo que se fundamentan en la educación para la vida en familia, escuelas de padres, refuerzo de valores, jornadas y campañas de divulgación de los derechos y deberes parentales.
93. Cuando los padres no pueden cumplir sus obligaciones, el ICBF, por medio de los Defensores de la Familia, adelanta acciones de tipo extrajudicial que buscan, por medio de la acción de los Defensores de Familia, solucionar las dificultades por medio de la conciliación; en los casos en que no se logra un acuerdo, el Instituto inicia acciones civiles presentando las demandas pertinentes ante los jueces de familia o promiscuos de familia, en representación del interés superior del menor.
94. En estos casos de incumplimiento de la obligación, el Estado, por medio del ICBF, brinda protección a los menores adelantando acciones de resguardo, acogiéndose al Código del Menor, Parte Primera, artículos 29 a 128.
95. En el evento en que el menor deba ser separado de sus padres el ICBF asume su protección.
96. En relación con la reunión de la familia, el Código del Menor, título V, artículos 337 a 348 -transcritos en el informe inicial, párrafo 114- dispone lo pertinente a los permisos de los menores para salir del país. De este modo se garantiza que quienes acompañan a los menores sean personas autorizadas.
97. La protección de los niños y niñas en el exterior está también a cargo del ICBF, en coordinación con las embajadas y consulados de Colombia en el extranjero, como lo señala el artículo 328 del Código del Menor vigente.
98. En los casos en que la separación del menor de sus padres obedece a situaciones irregulares -como el abandono, la ausencia temporal o absoluta de las personas responsables, según la ley, la incapacidad moral o mental de las mismas, la no reclamación en un plazo razonable a un menor en un centro de atención hospitalaria u otro tipo de institución a donde hubiere ingresado, abuso sexual o maltrato físico, manifestación de graves problemas de comportamiento o desadaptación social o existencia de graves desavenencias entre los padres, que amenacen su salud mental y física-, corresponde al ICBF, a través del Defensor de Familia del lugar en que se encuentre el menor, declarar la situación irregular o de peligro, con el fin de asumir su protección inmediata.
99. El Defensor de Familia adelanta el procedimiento de protección y las medidas aconsejables para cada circunstancia, que incluyen:
– prevención o amonestación a los padres o a las personas de quienes dependa el menor;
– la atribución de su custodia o cuidado personal al pariente más cercano que se encuentre en condición de ejercerlos;
– la ubicación en un núcleo familiar;
– la atención integral en un centro de protección especial;
– La iniciación de los trámites de adopción del menor declarado en situación de abandono. (Esta medida es la única que no puede ser ordenada en el auto de apertura de la investigación.)
100. El artículo 42 de la Constitución Política establece los principios rectores de la familia colombiana, siendo la igualdad de derechos y deberes uno de sus pilares. El artículo 250 y siguientes del Código Civil consagran las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones entre padres e hijos y la igualdad entre ambos padres en lo que atañe a sus derechos y deberes. Los artículos 133 y siguientes del Código del Menor se refieren a la obligación alimentaria con los menores de 18 años. La inasistencia alimentaria fue elevada a la categoría de delito (art. 263, Código Penal).
Artículos 6, 7 y 8
Derechos del niño a la vida, la nacionalidad y la identidad
101. Las medidas de protección al derecho intrínseco a la vida y a los derechos a la identidad, la nacionalidad y la familia, otorgados por la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico colombiano, fueron reseñados en el primer informe presentado al Comité.
102. Proteger el derecho a la vida de los niños y las niñas ha sido una preocupación permanente del Gobierno, lo cual implica un compromiso encaminado a salvaguardar uno de nuestros bienes más preciados y el futuro de la nación. Consciente de ello, el Gobierno ha buscado que a lo largo y ancho del territorio colombiano la posibilidad de vivir sea plena.
103. Esta consideración fue fundamental en el planteamiento de la política definida en El tiempo de los niños y como resultado la asistencia y protección a los menores y a su vida se llevó a cabo a través de la Política Integral de Derechos Humanos y del Pacto por la Infancia.
104. Estos proyectos, a los que ya se ha hecho referencia, desglosan cada una de las acciones adelantadas para garantizar el derecho a la vida de los niños y niñas y su protección.
105. Así queda establecido en los programas de atención a los menores relacionados con la exclusión de los niños del conflicto armado y de la atención y apoyo a aquellos que se desvinculan de los grupos armados irregulares y a las víctimas, a los niños y niñas desplazados, a los menores habitantes de la calle, a los niños y niñas víctimas del secuestro y del tráfico de personas.
106. De igual modo hace parte sustancial de los programas que el Gobierno puso en marcha en materia de salud -prevención del embarazo en adolescentes, prevención de enfermedades, mejoramiento de las condiciones de vida-, de seguridad -por medio del programa para la erradicación del trabajo infantil-, de educación -mayor conocimiento de sus derechos, sensibilización y conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de los niños y niñas.
107. Por otra parte, con el objeto de avanzar en la protección del derecho del niño a ser inscrito después de su nacimiento, a tener un nombre, una identidad y una nacionalidad, se adelantó en 1997 una Campaña Nacional de Registro Civil y Tarjeta de Identidad. El desarrollo de este programa alcanzó las comunidades más alejadas en el territorio nacional. Actualmente se desarrolla una segunda campaña que cubrirá a los niños indígenas y cuyas primeras jornadas empezaron en enero de 1998.
108. Con la ejecución de las campañas citadas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pretende obtener el mayor número de inscripciones de nacimiento, documento que se considera vital en cuanto permite a los menores carentes de registro civil nacer a la vida jurídica.
109. Con el apoyo del UNICEF, la Registraduría Nacional del Estado Civil editó un manual de orientación para la inscripción de menores de comunidades indígenas. Esta misma campaña se amplió a la zona de frontera con Ecuador, donde se distribuyó un manual editado con el apoyo del UNICEF y el ICBF, por parte de Colombia, y el Instituto Nacional del Niño y la Familia y la Registraduría Nacional de Estado Civil, por parte del Ecuador.
110. De igual manera, dentro del plan de modernización del sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Salud implantaron los nuevos formatos de antecedentes -Certificado de Nacido Vivo y Certificado de Defunción- como documentos necesarios para llevar a cabo las inscripciones de nacimiento y defunción. Con ello se busca, entre otras cosas, unificar los certificados médicos y, de este modo, contrarrestar la suplantación y la falsificación de documentos de identidad.
111. Respecto del derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, se han cualificado los procesos de investigación de paternidad y maternidad, en aquellos eventos en que los padres no se hayan responsabilizado de sus hijos. Para ello se vienen aplicando pruebas genéticas de paternidad de DNA en todo el país, a través de la conformación de macrorregiones.
112. Es así como la costa atlántica cubre los departamentos de Guajira, San Andrés, Atlántico, Bolívar, César, Córdoba y Sucre, por medio de un contrato entre el ICBF y laboratorios de entidades públicas sin ánimo de lucro, como la Universidad de Cartagena; Antioquia y Chocó son atendidos por la Universidad de Antioquia; el laboratorio de la Universidad del Valle cubre el Valle del Cauca; la Universidad Sur Colombiana atiende Huila, Tolima y Caquetá; los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander y Casanare están a cargo de la Universidad Industrial de Santander; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cubre el Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca; Cauca, Nariño y Putumayo están a cargo de la Universidad del Cauca, y la Universidad Tecnológica de Pereira atiende los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. El ICBF actualiza las prácticas científicas de dichas pruebas a través de la supervisión y la asesoría.
Artículos 10, 11 y 22
Unidad familiar, traslados ilícitos y refugiados
113. Tal como se indicó en el anterior informe, la legislación colombiana regula adecuadamente los permisos concedidos a los menores de 18 años para salir del país de acuerdo con lo establecido por el Código del Menor, especialmente en los artículos 337 y 338. Allí se establece que compete al Defensor de Familia conceder el permiso para salir del país a los niños cuyas circunstancias así lo requieren (Código del Menor, art. 337 y ss.).
114. Por otro lado, Colombia es Parte de la Convención de La Haya sobre Secuestro Internacional de Menores, del 25 de octubre de 1980, la cual fue aprobada por la Ley Nº 173 de 1994 y entró en vigencia en nuestro país el 1º de marzo de 1996.
115. Colombia, asimismo, como Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y de su Protocolo de 1966, se ha comprometido a la garantía y protección de los derechos que hacen referencia a la protección de las personas refugiadas, entre ellos los menores.
116. Para atender las solicitudes de asilo y refugio se creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado. Desde 1993 esta Comisión ha concedido refugio a 75 personas nacionales de diversos países.
Artículos 12, 13, 14, 15 y 16
Libertades de opinión, expresión, pensamiento, conciencia, religión y asociación
117. Los preceptos constitucionales y legales que garantizan los derechos a la libre expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libre asociación, a la protección de la vida privada, se encuentran consignadas en el primer informe de Colombia ante el Comité.
118. Del mismo modo, se remite al honorable Comité al VIII y IX informe sobre medidas adoptadas para la eliminación de toda forma de discriminación racial presentado por Colombia, en el que se complementa este aspecto.
119. Frente a la realización del derecho de los niños a la libertad de pensamiento, se señalaba en el primer informe que este es uno de los derechos menos reconocidos dentro del contexto cultural colombiano, debido a que, en muchos casos, el niño no es considerado como alguien capaz de interpretar el mundo y sus experiencias a partir de sí mismo y de sus vivencias, sino que está sujeto a la concepción y criterios de sus padres, familiares y demás adultos que lo rodean. Consciente de ello, el Gobierno Nacional ha desarrollado a través de sus diversas instancias, una amplia campaña de sensibilización en los medios masivos de comunicación, con el fin de crear una conciencia en tal sentido, con base en lo dispuesto en el artículo 10 del Código del Menor, transcrito en el anterior informe.
120. Asimismo, y en desarrollo de lo establecido en la Ley general de educación, se ha dado un importante impulso a la democratización de las estructuras de poder, y por tanto a la participación de la escuela, mediante la institucionalización del gobierno escolar, de la figura del personero estudiantil y de la creación colectiva del Manual de Convivencia Escolar, en el 90% de los establecimientos educativos de primaria y secundaria del país, colegios públicos y privados (ver anexos).
121. A esto habría que agregar los diversos programas y campañas adelantados por el Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de sensibilizar y crear una conciencia sobre la necesidad de poner fin al conflicto armado en nuestro país. El programa "La paz de los mil días", la campaña "Jóvenes gestores de paz", y la "Movilización bolivariana por la paz y la vida, contra la violencia desde la escuela", buscan convertir los centros educativos en auténticos centros de paz en los días que restan de este siglo, mediante la promoción y realización de prácticas de convivencia y actos de solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa. Los actos de paz que se realizan cada día en las instituciones escolares son sencillas manifestaciones de convivencia, solidaridad, amor y respeto, que pretenden despertar en los escolares sentimientos, virtudes y valores propios de la convivencia pacífica, la democracia y los derechos humanos.
122. Sobre las garantías otorgadas al menor en todo procedimiento judicial o administrativo, nos permitimos remitir al honorable Comité al anterior informe presentado por Colombia, así como al texto que sobre el particular se incluye más adelante.
123. Por su parte, el ICBF, en desarrollo del programa de formación en valores para la convivencia familiar ha realizado a través de los medios masivos de comunicación social y de procesos educativos no formales en los 204 centros zonales, las siguientes acciones:
– Formación de 2.500 multiplicadores, en torno al proyecto "Los niños de Colombia viajan por Colombia", el cual busca fortalecer la identidad nacional y el respeto a la diversidad étnica de nuestro país.
– Formación de 3.300 multiplicadores, en 33 ciudades en torno al proceso educativo denominado "En Colombia florece el amor", el cual busca generar procesos de reflexión alrededor de los principios de convivencia: respeto, tolerancia, comprensión, aceptación, libertad y amor.
– Realización y emisión de un seriado de televisión, el cual, a través de 16 programas de 30 minutos emitidos por una cadena de televisión nacional y en horario familiar, busca generar reflexión desde las familias sobre el compromiso de ser padres, la relación padres e hijos, el manejo del conflicto y los principios de convivencia. Este material se distribuyó a cada uno de los 204 centros zonales para ser trabajados en videoforos con grupos comunitarios.
– Movilización nacional, "Los niños por la paz": actividades cívicas realizadas en 33 regionales en el mes de octubre de 1997 con hogares comunitarios de bienestar, jardines infantiles, educadores familiares, entre otros.
– Creación de la figura del Educador familiar. Actualmente el ICBF cuenta con un total de 402 educadores en 14 regionales, que atienden a cerca de 18.000 grupos familiares. Su función es generar procesos educativos para la convivencia pacífica desde los grupos familiares, educar para el manejo del conflicto y hacer realidad los derechos humanos en la vida cotidiana de la familia.
– Escuelas de padres. El ICBF cuenta actualmente con un total de 820 escuelas de padres en todo el país.
Artículos 17, 29, 30 y 31
Acceso a la información, desarrollo de la personalidad, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, descanso, esparcimiento y atención a las minorías
Políticas para la juventud
124. Se impulsó la promulgación de la Ley Nº 375 de 1997, tras un gran movimiento de concertación, no sólo entre el Gobierno y el Congreso, sino entre ambos y más de 6.000 movimientos y grupos juveniles que participaron ampliamente en la redacción del texto aprobado.
125. Con el fin de fortalecer la gestión local con respecto a los jóvenes, se instruyó a todos los alcaldes del país sobre el proceso de institucionalización, de coordinación interinstitucional y de gestión para integrar en los planes de desarrollo la política local de juventud. En este contexto se crearon 20 Concejos Municipales de Juventud.
126. En el marco de los objetivos establecidos y con el fin de responder a las necesidades planteadas por este grupo poblacional, se desarrollaron los siguientes programas.
Desarrollo productivo juvenil
127. Con el propósito de ampliar y mejorar las oportunidades de vinculación laboral de la juventud se diseñó una propuesta de formación para el trabajo y se desarrolló una estrategia de capacitación, beneficiando en esta forma a 5.000 jóvenes. También se realizaron convenios y asesorías con entidades dedicadas a este sector del orden nacional con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y organizaciones del sector privado.
Juventud y prevención de drogas
128. Frente al consumo de sustancia psicoactivas en amplias áreas de la población juvenil del país, el programa promovió acciones para la prevención del consumo en aquellos escenarios de mayor riesgo, particularmente urbanos. En este sentido se impulsaron 27 Casas de la Juventud en 14 ciudades, se apoyaron proyectos de iniciativas juveniles en 10 ciudades, beneficiando de esta forma a 50.000 jóvenes no escolarizados; también se desarrollaron los proyectos de red de formación de educadores para la "Prevención del uso indebido de drogas" y "La inserción de la prevención en el currículo", beneficiando a 200.000 estudiantes, 5.000 docentes, 50.000 padres de familia y 200 entidades educativas. En estos dos proyectos se invirtieron recursos por 2.050 millones de pesos.
129. A su vez el Ministerio de Comunicaciones lleva a cabo el proyecto enlace, orientando a la creación de espacios de comunicación para la superación del problema de la droga. Como resultado publica el Boletín Red, dirigido a instituciones relacionadas con el tema y a los jóvenes y adolescentes. En él se divulgan mecanismos de prevención de la dependencia de sustancias psicoactivas y estrategias para vencer el problema de la drogadicción.
Turismo juvenil y medio ambiente
130. Este proyecto se consolidó como una estrategia de formación en el respeto, la convivencia, la valoración de la naturaleza y el aprecio por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Gracias a la inversión de 276 millones de pesos se dieron al servicio siete albergues turísticos en las ciudades de Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, San Agustín y Villavicencio, en los cuales fueron atendidos 100.000 jóvenes.
Tarjeta joven
131. Para que la juventud pueda obtener descuentos, ofertas y ventajas en el uso y adquisición de bienes y servicios en las áreas de arte, cultura, deporte, comercio, turismo, salud y educación, se creó el programa de Tarjeta joven. Alcanzó una cobertura de 300.000 jóvenes, tuvo una asignación presupuestal de 1.909 millones de pesos y fue definitivamente instituido por la Ley de la juventud.
Proyecto nacional de educación sexual
132. Con el propósito de contribuir al crecimiento y desarrollo integral de la sexualidad de la niñez y de la juventud, tanto en el medio escolar como en espacios no escolarizados, se implementaron estrategias de formación y afianzamiento de los procesos de autoestima, autonomía, convivencia y salud, logrando con ello que los conocimientos, actitudes y comportamientos sexuales se vivan en forma más auténtica, responsable, gratificante y ética. De este programa se beneficiaron 1 millón de estudiantes, 2.000 docentes y 3.000 instituciones educativas públicas. En su diseño y desarrollo el Gobierno Nacional invirtió recursos por 1.000 millones de pesos.
Programa de organización y participación juvenil
133. El programa permitió el fortalecimiento de las diferentes experiencias organizativas de la juventud y la promoción de los diferentes mecanismos que la Constitución de 1991, la Ley de la juventud y el Gobierno Nacional han creado para consolidar en la sociedad civil las manifestaciones y la participación juveniles. El cubrimiento total del programa fue de 150.000 jóvenes en todo el país.
Centros de información juvenil
134. Para que los jóvenes accedan a información que les permita participar en los diferentes espacios de la sociedad y para fomentar la consecución de nuevas oportunidades de desarrollo integral para los jóvenes, se viene implementando este programa en las ciudades de Medellín, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Pereira, Riohacha y Bucaramanga. Estos centros de información han sido diseñados para beneficiar con su servicio a una población de 2 millones de jóvenes.
Proyectos de servicios integrados para jóvenes
135. Con el fin de integrar la oferta sectorial para los jóvenes, se inició una experiencia piloto con 16 municipios preseleccionados (Pasto, Popayán, Cali, Palmira, Medellín, Manizales, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Santa Marta, Cartagena, Quibdó, Florencia, Ibagué y Sogamoso) de los cuales serán elegidos ocho para crear un modelo de servicios integrados para jóvenes en el nivel local, específicamente en medios urbanos y rurales.
Educación en democracia y derechos humanos
136. En la búsqueda del desarrollo integral de los niños y jóvenes se han establecido varios programas transversales al plan de estudios formal.
Educación para la democracia
137. Se busca contribuir a la formación de una cultura democrática en las escuelas a partir de la generación de procesos de reflexión crítica y concertación en torno a valores, conocimientos, actitudes y comportamientos cotidianos presentes en todos los espacios de la institución escolar; promover la construcción de elementos de análisis y reflexión éticos y políticos sobre una cultura de la democracia, que permita aportar desde el aula la formación de seres humanos tolerantes, participativos, solidarios, autónomos y respetuosos de los derechos humanos; promover y apoyar la construcción, análisis y revisión de manuales de convivencia a través de los pactos de aula; y desarrollar estrategias pedagógicas que permitan la comprensión y resolución pacífica del conflicto. Se vincula igualmente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y, dentro de éste, con los mecanismos de participación que establece la Ley Nº 115 de 1994.
138. En los cuatro últimos años se han realizado acciones de asistencia técnica, investigación y elaboración de materiales, como: seguimiento e interventoría a las 12 experiencias piloto sobre Democracia en la escuela, realizadas en los departamentos de Boyacá, Santander, César y en la capital de la República, Santa Fe de Bogotá, a través de las cuales se beneficiaron 4.340 estudiantes, 4.932 padres y madres de familia y 178 docentes; realización de dos investigaciones: "Tutela y educación" y "Presencia y concepciones de democracia en textos escolares"; elaboración de seis documentos sobre prensa-escuela, prensa, radio y tecnología, la pedagogía en el uso de los medios, creación de cuatro cuentos sobre la paz y convivencia y la producción de un vídeo sobre tolerancia.
139. Se trabajó con la Registraduría Nacional del Estado Civil, como se mencionó anteriormente, en la elaboración de cartillas sobre registro de menores indígenas y registro de menores en áreas de frontera; se trabajó conjuntamente con la Presidencia de la República en el tema de los derechos de los niños y jóvenes en el marco del PEI. Se realizaron talleres en 28 departamentos, también se adelantaron "conversatorios" con docentes, directivos docentes y supervisores sobre el manual de convivencia, pactos de aula y personeros. Se participó en la organización y realización del Encuentro Nacional de Personeros y Representantes Estudiantiles en el marco del Foro-Feria Siglo XXI. También se prestó asesoría y apoyo al desarrollo de talleres para la atención a los niños, jóvenes y adultos desplazados de las comunidades de Pavarandó Turbo y Mutatá.
Educación en valores
140. La Ley general de educación o Ley Nº 115 de 1994, estableció una nueva área fundamental y obligatoria dentro del Plan de Estudios: Educación ética y en valores humanos. Para el desarrollo de esta área ha sido necesario realizar una gran convocatoria a docentes y expertos nacionales y extranjeros, con quienes, a través de un trabajo participativo, se ha logrado la formulación de los lineamientos que servirán de base a las regiones y a las instituciones escolares para la elaboración de su currículo. En la etapa siguiente este documento se llevará a las regiones para su discusión y la conformación de equipos técnicos encargados de la capacitación a los docentes de la investigación en el aula y de la elaboración de materiales de apoyo.
Enseñanza de la Constitución y democracia
141. La formación del ciudadano centrada en la Constitución Política del país (Educación Cívica) es un componente del área de Ciencias Sociales que por su importancia se ha convertido en aspecto transversal del currículo. Se ha culminado la etapa de elaboración de los lineamientos y se entra en la fase de su socialización y capacitación de docentes.
Educación ambiental
142. Este programa, iniciado en 1991, se ha concentrado en la conceptualización y establecimiento de estrategias que tienen en cuenta las características sociales, culturales y naturales del país. Su propósito ha sido incidir directamente en la formación de las personas y los colectivos sociales con el fin de promover una relación adecuada con el ambiente, en el marco de un desarrollo humano sostenible.
143. Específicamente busca apoyar la participación de la comunidad educativa; formar educadores dinamizadores regionales y locales; formar multiplicadores regionales; producir y distribuir materiales de apoyo didáctico; conformar un equipo de trabajo para brindar asistencia técnica a las diferentes entidades territoriales; promover la concertación, planeación y evaluación conjunta a nivel interinstitucional e intersectorial; promover el análisis y el manejo de diagnósticos ambientales regionales y locales; sistematizar permanentemente los procesos que se van a desarrollar en las regiones a través de proyectos ambientales escolares; detectar los elementos de formación ambiental factibles de generalizar y ubicar aquellos estrictamente particulares, con el fin de reformular permanentemente los lineamientos generales de la política nacional de educación ambiental.
144. Hasta la fecha han generado diferentes proyectos entre los cuales se pueden mencionar: Colectivos ambientales escolares, Propuesta experimental de educación ambiental para las grandes ciudades; proyecto TSS1 UNESCO para la definición de lineamientos de política nacional de educación ambiental; propuesta para la inclusión de la educación ambiental en el servicio militar obligatorio; proyecto "Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas urbanas"; proyecto "Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y pequeño urbanas del país".
145. Como realizaciones del programa se mencionan: elaboración y concertación del Decreto Nº 1743 de 1994 que reglamenta la educación ambiental; capacitación a través de seminarios, talleres, conferencias, acompañamiento y asistencia técnica a proyectos significativos y otras actividades locales; seguimiento del proceso de proyectos escolares a través de las experiencias piloto que permiten observar avances significativos en materia de educación ambiental; creación de la Red Nacional de Educadores y Dinamizadores de Educación Ambiental; consolidación del proyecto "Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y pequeño urbanas del país"; producción y publicación de materiales pedagógicos sobre el tema ambiental, como: La Trama de la Vida, La Tierra Herida, El Retorno a la Tierra, La Dimensión Ambiental un reto para la educación en la nueva sociedad, Taller de la Tierra (Hipótesis Gaia), Penca de Sábila -Una Alternativa para la Educación Ambiental, la Dimensión Ambiental en la Escuela (Tomos I y II), Historia y Proyecciones de la Educación Ambiental en el Ministerio de Educación, Reconozcamos Nuestra Ciudad de Bogotá, Reconozcamos nuestra Cartagena, Reconozcamos nuestra Medellín. Tiempos de Vida para una Educación Humanizante.
Información y medios de comunicación
146. En el propósito de mejorar la calidad de la educación y permitir un mayor acceso a la información, el sistema educativo colombiano viene realizando la incorporación de las nuevas tecnologías y el bilingüismo en la educación pública.
147. El Programa Nacional de Informática y Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) permitirá a los alumnos y profesores del bachillerato técnico oficial desarrollar habilidades y destrezas computacionales, mejorar el dominio del inglés, ampliar las posibilidades de aprendizaje en otras áreas y acceder a la información científica y técnica más avanzada del mundo, a través de la autopista del conocimiento.
148. El programa consiste en la instalación en los colegios de un aula de informática de última tecnología, conformada por 15 microcomputadoras con multimedia y un servidor, conectados a la red local y a la red Internet, con su respectivo mobiliario. Además se instala software educativo como el software en inglés.
149. En una primera etapa el Ministerio de Educación Nacional destinó, en dos fases, 37.103 millones de pesos para 756 aulas, en igual número de colegios técnicos oficiales, ubicados en cerca de 430 municipios del país. En estos establecimientos estudian más de 500.000 jóvenes de escasos recursos.
Una nueva televisión educativa
150. También como resultado de un trabajo sistemático de incorporación de las nuevas tecnologías a la educación y del estudio de la televisión como medio para mejorar su calidad y ampliar el acceso al conocimiento, se puso en servicio el programa "Espacio Maestro" por la cadena Señal Colombia (canal cultural del Instituto Nacional de Radio y Televisión). Son 30 horas semanales de las mejores series de producción nacional e internacional, para niños y jóvenes desde el preescolar hasta la universidad.
151. Igualmente, se culminó la segunda etapa de la serie "Rincón del Cuento", dirigida a motivar el interés de la población infantil por la lectura. Esta serie ha sido seleccionada para concursar en los mejores encuentros de televisión infantil a nivel mundial.
152. Del mismo modo, el Ministerio patrocinó la realización de la serie "Tierra Posible", encaminada a capacitar a los educadores del país en el campo de los derechos humanos. La serie está compuesta por 30 capítulos que han sido presentados en varias muestras de televisión a nivel internacional.
153. Finalmente, desde 1997 se ha presentado el informativo de televisión "Comunidad Educativa" por la cadena Señal Colombia. Se trata de un espacio creado para que los colombianos puedan apreciar lo que ocurre específicamente en el campo de la educación. En "Comunidad Educativa" tienen cabida todas las personas que participan del proceso educativo: los gobernantes, los maestros, los padres de familia, los estudiantes, las asociaciones gremiales.
Proyecto Comunicación para la infancia
154. Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones adelanta el proyecto "Comunicación para la infancia" con el apoyo de UNICEF y de la Agencia Colombiana de Cooperación. El objetivo básico es el diseño y la ejecución de estrategias de comunicación que redunden en beneficio de la niñez colombiana y estimulen en los adultos el respeto por sus derechos. Nos permitimos remitir al honorable Comité al documento "Programa de comunicación para la Infancia", anexo a este informe.
Programas de comunicación del ICBF
155. A la vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realiza actualmente las siguientes acciones a través de los medios masivos de comunicación:
– Premio Bienestar Familiar Carlos Lleras Restrepo a los Mensajes con Valor. Busca reconocer los mensajes escritos, visuales, auditivos o audiovisuales que promueven valores a través de los diferentes medios de comunicación.
– Publicación de diez ejemplares coleccionables de la revista Estimulación Adecuada, a través del diario El Espectador, con un tiraje de 156.000 ejemplares por edición y con circulación nacional, la cual tiene como objetivo fortalecer los procesos de educación no formal en torno a un adecuado ambiente familiar.
– Publicación de 12 ejemplares coleccionables de la revista La Familia, a través del diario El Espectador, con un tiraje de 156.000 ejemplares por edición y con circulación nacional. Incluye temas variados referentes a familia, formación de valores, y procesos de reflexión.
– Emisión de 10 programas de la serie "Cuestión de Amor", por una cadena de televisión nacional. Enfoca temas como la estimulación adecuada, el escolar y el adolescente y manejo del conflicto.
– Teleconferencias: transmisión de 8 teleconferencias sobre temas de interés cívico, educativo, de hora y media de duración cada una. Se invita con anticipación a la audiencia potencial a participar en el programa.
– Se ha venido impulsando un proyecto en las instituciones de protección "Ludomática: ambientes lúdicos, creativos y colaborativos como ventana al mundo para niños y niñas del Programa de Protección", en colaboración con la Universidad de Los Andes, la Fundación Rafael Pombo, el cual se adelanta en la regional ICBF Santa Fe de Bogotá. El propósito es proyectarlo hacia otras regionales, una vez validada la fase piloto.
156. La institución busca, actualmente, la elaboración y puesta en marcha de ambientes educativos, apoyados en micromundos lúdicos, creativos o cooperativos que permitan reconstruir creativamente el potencial humano de niños y niñas y de los miembros de las organizaciones vinculadas al Programa de Protección.
157. En relación con los derechos de los niños de origen indígena a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma, nos permitimos remitir al honorable Comité a los informes octavo y noveno de Colombia relativos al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en los cuales se podrán apreciar los avances en el cumplimiento de esta preceptiva.
Artículo 28
Derecho a la educación
158. El Estado colombiano reconoce el derecho del niño a la educación con el fin de que se pueda ejercer progresivamente en condiciones de igualdad de oportunidades. La Constitución colombiana, artículo 27, señala que la educación constituye un derecho fundamental y que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. En consonancia con tal mandato el Gobierno Nacional desarrolla programas enfocados hacia el aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación secundaria. Estos programas se desarrollan tanto en el ámbito nacional como en los diferentes niveles territoriales.
159. El plan de desarrollo educativo de este período, denominado "Salto Educativo: la educación, eje del desarrollo del país", estableció cuatro estrategias para universalizar la educación:
1. Una institución educativa centrada en el estudiante, como instrumento básico para mejorar la calidad;
2. Un nuevo modelo de organización administrativa del sector, centrado en la organización escolar;
3. Un sistema de asignación de recursos vinculado a resultados;
4. Una mayor cobertura y equidad.
160. El Plan Decenal de Educación (1996-2005) constituye el mejor instrumento para garantizar la continuidad de las políticas y acciones educativas. Alrededor de él se ha generado una cultura de la participación de todos los estamentos de la sociedad involucrados y, por ende, de la comunidad educativa.
161. En el mismo sentido de El Salto Educativo, el Plan Decenal establece diez grandes metas que tienen que ver fundamentalmente con el mejoramiento de la calidad y el aumento de la cobertura del servicio educativo.
162. Para lograr los objetivos y las metas de estos planes, durante el período se han desarrollado los siguientes programas.
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
163. Es el eje de todos los programas de mejoramiento de la calidad educativa. Se constituye en un proceso permanente de desarrollo humano e institucional que busca crear ambientes propicios para "crecer y ser, aprender y transformar, integrando intenciones y acciones dentro de una organización viva y dinámica que busca, primordialmente, mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa". Es un espacio de diálogo, construcción, reflexión y concertación. Actualmente se desarrolla en el 90% de los centros educativos del país.
164. En la búsqueda de estos propósitos se ha brindado asesoría permanente y apoyo a las 36 secretarías de educación de los Departamentos, se fortalecieron 577 instituciones débiles en la formulación de sus proyectos, se otorgó un estímulo de 5,8 millones de pesos a cada una de las 200 instituciones con PEI sobresaliente, se identificaron 204 experiencias muy destacadas que han sido presentadas a nivel nacional como modelos, se publicaron 40.000 ejemplares de los siguientes documentos: Reflexión sobre los Proyectos Educativos Institucionales y Guía para la construcción de planes operativos, Lineamientos del PEI, Proceso de construcción del PEI y Guía de Evaluación del PEI.
Promoción de la educación activa
165. Para apoyar este proceso se determinó inicialmente la necesidad de entregar textos en las aulas, por cuanto cumplen un papel de primer orden dentro de las poblaciones más pobres.
166. Se distribuyeron en las escuelas oficiales en 1996, 3,5 millones de cartillas para lenguaje; en 1997, 15,2 millones de juegos de textos de Ciencias Naturales y Sociales por un valor de 15,6 millones de pesos. Esta distribución ha beneficiado a 7 millones de niños.
167. Igualmente se está culminando la distribución de 50.000 baúles didácticos llamados "Jaibaná" -que quiere decir sabio en el lenguaje embera por un valor de 9.598 millones de pesos, a un costo unitario de 191.960 pesos, el cual ha sido distribuido a 42.978 escuelas (35.909 rurales y 7.069 urbanas), en 1.072 municipios del país. El baúl contiene ayudas educativas, juegos didácticos y material pedagógico, elementos que serán vitales en el proceso de aprendizaje de más de 4 millones de niños de la educación primaria oficial:
Centros de recursos educativos
A partir de 1994 el Ministerio de Educación Nacional propuso a las entidades territoriales adoptar los "Centros de Recursos Educativos (CRE)" en las modalidades de Centros de Recursos Educativos de los Planteles (CREP) y Centros de Recursos Educativos Municipales (CREM) como estrategia que les permitirá racionalizar las inversiones y optimizar el uso de los materiales educativos.
Para acceder a recursos financieros para la implementación de esta estrategia, las entidades territoriales, en el marco del Sistema Nacional de Cofinanciación a cargo del Fondo de Inversión Social (FIS), debieron formular proyectos de inversión con los cuales se cofinanció el costo de la adquisición de los materiales para la dotación de los 827 CRE, por un valor de 19,5 millones de pesos que se suman a los recursos de cofinanciación.
Fortalecimiento del preescolar
168. Este proceso se inició con el establecimiento del Grado Cero en las escuelas públicas.
169. En 1997, después de un amplio análisis de la situación de este nivel, se elaboró y promulgó el Decreto Nº 2247 que recoge la normatividad sobre todos los aspectos concernientes a dicho grado.
170. Este programa promueve y desarrolla acciones de cualificación y perfeccionamiento de los equipos de preescolar departamentales, municipales y distritales y de los docentes y directivos docentes vinculados con la educación preescolar; establece convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a favor de la calidad de vida de los niños preescolares; motiva a las entidades territoriales para que promuevan, estimulen y apoyen la educación preescolar en sus planes de desarrollo.
171. En el marco de las acciones de asistencia técnica y apoyo financiero realizadas, se logró la implementación del grado obligatorio de preescolar -Grado Cero o Transición- mediante proyectos de cofinanciación con el FIS, en 750 municipios de 32 departamentos y 4 distritos especiales. De este modo se atendió a 221.531 alumnos en 7.433 aulas.
172. También se fortalecieron los procesos de construcción de la lengua escrita y oral en 28 instituciones con Grado Cero, se reforzó el proceso de construcción del PEI en 12 instituciones y se generaron espacios de socialización sobre experiencias de integración de niños con discapacidades al aula regular desde transición hasta noveno grado de básica.
173. Se publicaron los siguientes documentos: Propuesta Curricular para el Grado Cero: Marcos Político, Conceptual y Pedagógico; La Construcción de la Lengua Escrita y El Conocimiento Matemático en Grado Cero; y Hacia la Comprensión del Nivel de Educación Preescolar desde el Espíritu de la Ley General de Educación.
Mejoramiento de los índices de eficiencia interna
174. Los indicadores de eficiencia interna han mejorado de manera importante con aumento de la promoción y una disminución de la repetición y la deserción. Para el total nacional entre 1993 y 1997 la tasa de promoción de la primaria pasó de 81,8 a 83,5%, mientras que la de secundaria pasó de 78,5 a 84,2% en el mismo período. En 1997 la tasa de promoción por sector oficial y no oficial era del 81,5% y del 91,4%, respectivamente, lo que representó un crecimiento de 1,8 puntos en el sector oficial y de 1,5 puntos en el no oficial respecto de 1993; para secundaria la tasa de promoción aumentó en 3,2 puntos en el sector oficial, pasando de 77,7 a 80,9%, el sector no oficial creció en 3 puntos, pasando de 82,2 a 85,2%.
175. La tasa de deserción para el período 1993-1997, en el total nacional para primaria y secundaria pasó de 7,4 a 6,4% y de 7,0 a 3,0%, respectivamente. Este mismo análisis por sectores determinó que para primaria la disminución fue de 1,1%, tanto en el sector oficial como en el no oficial, manteniendo así una tasa de 7,4 y 2,6%, comparativamente. En secundaria la tasa de deserción en el sector oficial pasó de 6,4 a 5,2% y en el no oficial pasó de 5,2 a 3,4%.
176. Respecto a la tasa de repetición, ésta se comportó de manera similar a la tasa de deserción: para el nivel nacional en primaria la tasa pasó de 10,8 a 10,0% y en secundaria pasó de 14,5 a 12,8% entre 1993 y 1997; por sectores el cambio fue similar al ocurrido para el total nacional en los dos niveles educativos.
Aumento del tiempo dedicado al aprendizaje
177. La extensión de la jornada escolar en las instituciones de la educación básica será gradual y estará sujeta a la decisión del gobierno escolar, de acuerdo con las metas del PEI. Esta ampliación será posible gracias a medidas como el incremento progresivo de 3,5 a 6 horas de clase, y a actividades educativas en los espacios escolares libres, en instalaciones deportivas y culturales, en los centros de recursos educativos municipales, así como en laboratorios de idiomas y de informática.
Mejoramiento profesional y social de los educadores
178. Dentro de la política de mejoramiento profesional del educador, se reglamentó, a partir del Decreto Nº 0709 de 1996, la constitución de los Comités Territoriales de Capacitación, una de cuyas funciones es diseñar, ejecutar y evaluar los planes periódicos de capacitación a los docentes, de acuerdo con las necesidades regionales, locales e institucionales y con las políticas y programas nacionales de desarrollo educativo.
179. Se inició, en el marco del Plan Decenal, la estructuración del sistema nacional de formación y de desarrollo integral de los educadores, dentro del cual se estableció una reglamentación para la transformación de las escuelas normales en normales superiores; se entregó el instrumento para asegurar la calidad en la formación de los educadores a través de la formulación de condiciones básicas para la creación y funcionamiento del programa académico de pregrado y postgrado en educación; se creó y consolidó un fondo financiero como apoyo a la actualización y profesionalización de docentes al servicio del Estado, a través del cual se han capacitado en lenguaje 20.420 docentes de básica primaria; en matemáticas 4.080 docentes de básica secundaria; se ha apoyado la iniciación de la formación en pregrado de 15.000 educadores y formación avanzada a 4.600; se entregaron incentivos por valor de 19.600 millones a 32.667 maestros pertenecientes a igual número de escuelas; se inició el programa de construcción de sedes sociales, recreacionales y de capacitación, con el fin de contribuir al mejoramiento de bienestar social y de calidad de vida de los docentes; se les mejoró sustancialmente el sueldo para aproximar a estos trabajadores al salario profesional.
Institucionalización de la evaluación educativa
180. La Ley general de educación, asumiendo la obligación constitucional de velar por la calidad de la educación y reconociendo la importancia de la evaluación en un país en proceso de descentralización, ordena la creación de un sistema nacional de evaluación que oriente las políticas y planes de mejoramiento de la educación.
181. Entre las acciones desarrolladas se cuentan:
Diseño y aplicación de una muestra nacional de planteles y estudiantes de básica primaria y secundaria
Comprende la evaluación de aprendizaje de los niños y jóvenes en una muestra de 240.000 estudiantes de tercero y quinto de primaria y de séptimo y noveno de secundaria; la autoevaluación institucional; la evaluación de la docencia y de los docentes; y el examen de ingreso de los educadores al servicio del Estado.
Mediante la aplicación de estas pruebas de logros cognitivos se evaluaron en 1997 las áreas de matemáticas y lenguaje y los factores asociados. Previamente a la aplicación fue necesario diseñar un marco teórico e instrumentos de factores asociados para rector y plantel, docentes, estudiantes y padres de familia. La aplicación se hizo a 100.000 niños de los grados tercero y quinto de educación básica en el calendario A; 7.000 docentes de estos grados; 3.000 instituciones educativas, 3.000 rectores y 100.000 padres.
Evaluación institucional
En 1997 se elaboró y envió a todas las instituciones educativas del país la Guía de autoevaluación y mejoramiento institucional destinada a orientar a los establecimientos escolares en el proceso de evaluación de la gestión escolar.
Divulgación de resultados
Se han publicado y distribuido entre 50.000 instituciones escolares del país documentos para maestros en las áreas de lenguaje y matemáticas, documentos sobre factores asociados al logro para los grados tercero y quinto, resultados en las áreas de matemáticas y lenguaje.
Institucionalización de la promoción escolar continua y flexible
La evaluación con referencia a logros implica una promoción continua y flexible, es decir, que se puede hacer dentro de un mismo grado o de un grado a otro, al final del año se puede anticipar o aplazar y, por tanto, deja sin sentido los conceptos tradicionales de "pérdida de año", "habilitación" y "repetición" de grado; sólo estará regulada por la obtención de los logros establecidos en el PEI. Una promoción continua y flexible implica mayor compromiso de los agentes educativos (directivos, docentes, estudiantes y padres), a quienes no exime de las responsabilidades que cada uno debe asumir para garantizar la calidad de la educación. No es una fórmula de aplicación mecánica y, por el contrario, presenta la ventaja de modificar la actitud proclive a la expulsión de los estudiantes, cambiándola por la aplicación de diferentes refuerzos y la oportunidad de realizar esfuerzos adicionales.
182. Para aclarar a los docentes, directivos docentes y estudiantes la interpretación del nuevo enfoque de la evaluación, el Ministerio de Educación elaboró y distribuyó en 1997 100.000 ejemplares del libro La Evaluación en el Aula y Más Allá de Ella, enviado a las secretarías de educación y a todas las instituciones educativas del país.
La institución escolar
183. Eje de la reforma educativa, requiere del apoyo de las autoridades educativas locales, regionales y nacionales. En este sentido, el proyecto de fortalecimiento de la escuela se ha dado a través de:
Otorgamiento de incentivos a las instituciones escolares
En 1996 mediante evaluación realizada por las propias comunidades educativas fue seleccionada la mejor institución escolar de cada núcleo educativo; cada una recibió la suma de 10 millones de pesos en total se beneficiaron 1.928 establecimientos por un valor total de 1.280 millones de pesos. Los recursos se destinarán al mejoramiento de la infraestructura, implementación de la dotación escolar y a financiar acciones de actualización de los docentes.
Proyecto de mejoramiento del ambiente del aula
A partir de 1997, el Gobierno Nacional, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación -a través del fortalecimiento de las instituciones escolares y en desarrollo de los programas previstos en el Salto Educativo- apoya a cada una de las escuelas oficiales urbanas de primaria con un aporte de 5,8 millones de pesos del presupuesto nacional; tal apoyo permitirá la adquisición de equipos y materiales educativos a través del Fondo de Servicios Docentes, seleccionados por el respectivo consejo directivo del "Listado indicativo de equipos y materiales educativos elegibles", elaborado por el Ministerio de Educación Nacional. Los beneficios alcanzados por el proyecto se pueden evaluar desde una perspectiva cualitativa en los logros alcanzados en las instituciones escolares, secretarías de educación y contralorías departamentales, gracias al proyecto. En términos cuantitativos, hasta abril de 1998 se atendieron un total de 3.994 escuelas urbanas de primaria con una inversión de 23.165.200.000 pesos.
Fondos de Servicios Docentes
Con el propósito de brindar apoyo a las instituciones escolares en la gestión de los Fondos de Servicios Docentes, se han elaborado manuales de presupuesto y contabilidad de dichos fondos, los cuales se han dado a conocer a grupos de directores en cinco talleres realizados hasta la fecha.
Desarrollo de normas técnicas para el diseño de edificios escolares, mobiliario escolar y presentación de textos
El Ministerio de Educación Nacional firmó convenios con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) para el desarrollo de diez normas para la producción de mobiliario, cinco normas sobre infraestructura escolar y tres sobre presentación de textos escolares.
Ampliación de la cobertura educativa
184. Se han ampliado las oportunidades de ingreso y permanencia en el sistema escolar, creando cupos, otorgando subsidios, aplicando políticas orientadas a reducir el fracaso escolar, ampliando la infraestructura en planteles y realizando contratos de prestación de servicios con entidades sin ánimo de lucro para la creación de cupos escolares.
185. Durante los últimos cuatro años se ampliaron las oportunidades de educación a más de 1,7 millones de niños y jóvenes. De esos cupos, aproximadamente 1.120.000 se deben a la acción del Gobierno nacional, de los departamentos, de los distritos y municipios, mientras que algo más de 580.000 corresponden al esfuerzo de la educación privada, financiada en parte con subsidio del Estado.
Evolución de la población matriculada por nivel educativo y sector 1994-1998
| Nivel educativo y sector | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Crecimiento 1994-1998 |
| Preescolar total | 613.459 | 779.923 | 919.680 | 1.021.056 | 1.116.063 | 502.604 |
| Oficial | 283.295 | 384.859 | 453.862 | 503.891 | 564.975 | 281.680 |
| No oficial | 330.164 | 395.064 | 465.818 | 517.165 | 551.088 | 220.924 |
| Primaria total | 4.808.414 | 4.908.918 | 5.011.767 | 5.117.023 | 5.224.747 | 416.333 |
| Oficial | 3.821.442 | 3.880.664 | 3.941.037 | 4.002.590 | 4.065.350 | 243.908 |
| No oficial | 986.972 | 1.028.254 | 1.070.730 | 1.114.433 | 1.159.397 | 172.425 |
| Secundaria total | 3.485.938 | 3.668.666 | 3.861.055 | 4.063.621 | 4.276.904 | 790.966 |
| Oficial | 2.287.029 | 2.423.540 | 2.568.123 | 2.721.254 | 2.883.433 | 596.404 |
| No oficial | 1.198.909 | 1.245.126 | 1.292.932 | 1.342.367 | 1.393.471 | 194.562 |
| Total tres niveles | 8.907.811 | 9.357.507 | 9.792.502 | 10.201.700 | 10.617.714 | 1.709.903 |
| Oficial | 6.391.766 | 6.689.063 | 6.963.022 | 7.227.735 | 7.513.758 | 1.121.992 |
| No oficial | 2.516.045 | 2.668.444 | 2.829.480 | 2.973.965 | 3.103.956 | 587.911 |
186. Igualmente, para fortalecer el mejoramiento de la cobertura y calidad educativas el Gobierno ha contraído o está en vías de contraer una serie de créditos con la banca multilateral.
Plan de universalización de la educación básica primaria. Crédito Birf 3010 – Co
187. Coherente con la política social del Estado, en 1997, el Ministerio de Educación Nacional optó por un segundo crédito con el Banco Mundial, denominado Plan de Universalización; los costos del programa alcanzarían los 169,2 millones de dólares, 59% con crédito -Gobierno central 34%, departamentos 1%, municipios 6%-. Firmado en 1989, el plan debería culminar en 1995; sin embargo, debido a diferentes circunstancias, le fueron concedidas tres prórrogas, la última de las cuales venció en marzo de 1998.
188. En relación con el propósito de mejorar la calidad de la educación, uno de los resultados directos más importantes que encontró la evaluación realizada al plan es la incidencia positiva que generó la distribución durante su vigencia de casi 25 millones de textos, de pupitres que beneficiaron a 1.286.000 alumnos (el 25% de la educación oficial), de 570.000 paquetes de útiles escolares y de estantes, archivadores y juegos didácticos.
189. En cuanto a cobertura, se calculó una tasa de crecimiento promedio ponderado anual de 3,15% en el período 1990-1994. Suponiendo el mismo comportamiento del sector en los siguientes tres años (1995-1997), se tendría un crecimiento total de 22,0% para 1990-1997, superando en 2,02 puntos la meta propuesta por el Plan de Universalización (ACR, 20%).
190. Es importante destacar la expansión de la metodología Escuela Nueva en las zonas rurales y haber llegado a zonas deprimidas y aisladas con elementos básicos en el mejoramiento de la calidad de la educación.
191. Alrededor del 80% de la inversión del plan recayó en el mejoramiento de las condiciones ambientales y pedagógicas de los alumnos, que se ha identificado como uno de los factores claves para desestimular la deserción y la repitencia escolar.
192. La evaluación confirma también que el plan cumplió con el objetivo de enfocarse esencialmente en las escuelas rurales, urbano marginal e indígena.
193. En relación con este programa, el UNICEF expresó que "es una prueba de que la educación no convencional y flexible puede conducir a los niños rurales a la escuela y mantenerlos en ella" y lo expuso como modelo para los demás países.
Programa de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación secundaria (PACES). Crédito Birf 3683 – Co
194. Su objetivo es ampliar la cobertura, mejorar la calidad y fortalecer administrativamente la educación secundaria y media e incentivar a los gobiernos regionales y municipales en apoyo de las metas de desarrollo educativo en 86 municipios y 4 distritos focalizados. Se ejecuta mediante la financiación que permite el desarrollo de los Planes Educativos Municipales (PEM) y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).
195. La focalización de municipios se determinó desde el diseño del programa (1992-1993) y obedeció a los criterios de mayor cobertura en educación básica primaria y, por lo tanto, mayor demanda de la educación secundaria, situación que se presentaba en las grandes ciudades y los municipios cercanos.
196. El valor del programa es de 150 millones de dólares, con una financiación del Banco Mundial de 90 millones de dólares de los EE.UU. y la contrapartida de 60 millones de dólares de los EE.UU. El contrato de préstamo se firmó el 9 de agosto de 1994 y entró en vigencia el 28 de marzo de 1995; la fecha de terminación es el 31 de diciembre del año 2000.
197. En los tres años de ejecución se han financiado 89 proyectos de ampliación y construcción de plantas físicas, aumentando la oferta estatal en 9.395 cupos y se han mejorado las condiciones locativas de 285 planteles beneficiando a 16.686 alumnos ya matriculados.
198. Veinticuatro mil setecientos setenta y tres alumnos de estratos 1 y 2 han accedido a la educación secundaria y a la educación media en colegios privados mediante subsidios; 399 instituciones educativas oficiales han recibido recursos para el desarrollo del PEI, con el fin de elevar la calidad de la educación, mediante la adquisición de textos, insumos educativos, capacitación de docentes, mejoramiento de plantas físicas, desarrollo de la comunidad educativa y mejoramiento de la administración de los planteles; finalmente, se han vinculado al trabajo con las entidades territoriales 10 universidades u organizaciones no gubernamentales, con el fin de fortalecer institucionalmente los niveles municipales e institucionales de la prestación del servicio educativo.
Programas de fortalecimiento de la gestión educativa y elaboración de una política y estrategia de desarrollo de la educación en el sector rural
199. Se encuentran en etapa de negociación con el Banco Mundial y de formulación técnica de la propuesta.
Avances legislativos en materia de educación
200. Por la Ley Nº 30 de 1992 se organiza el servicio público de la educación superior. En su marco se ha desarrollado un cuerpo normativo que busca concretar sus objetivos.
201. Por la Ley Nº 115 de 1994 se expide la Ley general de educación. En la búsqueda de avances para la aplicación de esta ley se han desarrollado durante el período 30 decretos y resoluciones reglamentarias, entre los cuales cabe destacar:
Decreto Nº 196 de 1995, relacionado con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, destinado al saneamiento de las deudas prestacionales a cargo de las entidades territoriales.
Decreto Nº 804 de 1995. Proporciona orientación curricular para la atención educativa a grupos étnicos, acordes con sus características culturales e inculcando el respeto de su diversidad lingüística; define criterios para la formación de etnoeducadores y su vinculación al servicio público educativo.
Decreto Nº 1719 de 1995. Establece normas y procedimientos para la preparación y formulación del Plan Decenal de Desarrollo Educativo.
Decreto Nº 114 de 1996. Instituye el reglamento general para la prestación del servicio educativo no formal, a través del ofrecimiento de programas en los campos, laboral, académico, de participación ciudadana y comunitaria y de preparación para la validación de niveles y grados propios de la educación formal.
Decreto Nº 2082 de 1996. Señala reglas generales para la prestación del servicio educativo a personas con limitaciones o con capacidades excepcionales, teniendo en cuenta sus particularidades.
Resolución 2343 de 1996. Adopta los lineamientos generales de procesos curriculares del servicio público educativo y establece los indicadores de logros curriculares para la educación formal, por áreas del conocimiento. De igual modo define la formación para cada uno de los niveles y ciclos de la educación.
Decreto Nº 2247 de 1997. Señala los mecanismos administrativos y pedagógicos para organizar el nivel preescolar; desarrolla orientación curricular para la definición de los planes de estudio y la evaluación de los aprendizajes; prohíbe la utilización de exámenes para el ingreso a las instituciones que ofrezcan la educación preescolar.
Decreto Nº 2368 de 1997. Dicta normas en relación con el proceso de evaluación que deben adelantar todos los establecimientos privados de educación formal, como requisito para la autorización de tarifas de matrículas y pensiones.
Artículos 19, 34, 35, 36 y 39
Protección a toda forma de abuso y explotación física, mental o sexual, secuestro, venta o trata de niños, recuperación física y psicológica de víctimas menores y su reintegración social
202. El Código del Menor vigente -o Decreto 2733/89-, establece los procedimientos orientados a brindar protección a un menos que se encuentre en las situaciones descritas en los artículos 19, 34, 35, 36 y 39 de la Convención.
203. Estas normas ponen en cabeza del Defensor de Familia la facultad de tomar las medidas de protección, previo el proceso administrativo pertinente y las sanciones establecidas en el Código Penal (ver anterior informe).
204. En cumplimiento de sus funciones, el ICBF ofrece atención integral a los niños en medio familiar, abierto e institucional con las especificaciones técnicas que aquí se reseñan.
| Población | Acción – resultado |
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1. Niñez y adolescencia sin familia o puesta en peligro |
– Instituciones de protección contratadas vigencia 1997 Internado = 5.814 cupos para 8.721 niños. Costo: $ 16.079.286.000 Seminternado = 1.896 cupos para 2.844 niños. Costo: $ 2.887.364.000 – Hogares sustitutos 6.894 cupos para 13.788 niños. Costo: $ 12.912.885.000 |
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2. Niñez y adolescencia víctima de maltrato |
– Redes de prevención del maltrato 220 redes puestas en operación |
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3. Niñez y adolescencia explotada sexualmente |
– Servicios contratados, en diferentes etapas del proyecto. 623 cupos para 13.293 niños y jóvenes Costo: $ 1.124.782.000 |
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4. Niñez y adolescencia víctima del conflicto armado |
– Concertación con entidades – Diseño del proyecto – Elaboración del plan de contingencia para desvinculación de 2.000 niños Atención de usuarios a través de instituciones y hogares de protección e instituciones de reeducación. |
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5. Niñez y adolescencia víctima de desplazamiento forzado |
– Actualización de diagnósticos regionales – Capacitación de funcionarios – Ampliación de coberturas de programas preventivos y de protección para atención de niños y familias – Suministro de alimentos – Vinculación de grupos del proyecto de intervención psicosocial en los asentamientos – Inversión en 1996-1998: $ 3.410.300.000 |
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6. Niñez y adolescencia trabajadora |
– Atención de 1.200 jóvenes en ocho casas de atención sociolaboral; 165 unidades de atención en medio abierto para atender 19.128 niños. Total de la inversión: $ 5.224.800.000 |
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7. Niñez pobladora de la calle |
– Atención de 15.192 menores de/y en la calle con una inversión de $ 768.796.000 |
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8. Niñez y adolescencia discapacitada, en situación de abandono y de peligro |
– Instituciones de rehabilitación 4.431 cupos de 108 instituciones Costo: $ 11.646.758.000 – Hogares sustitutos especiales – 1.945 hogares para atender 2.293 niños. Costo: $ 4.769.293.000 |
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9. Niñez y adolescencia consumidora de SPA |
– 16 unidades de atención en drogadicción, 513 cupos. Costo: $ 1.389.458.000 |
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10. Jóvenes en conflicto con la ley |
– Instituciones de reeducación y otros servicios de atención 26.034 menores atendidos. Costo: $ 16.760.801.000 |
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11. Adolescente embarazada |
– Unidades de atención 8 instituciones para 566 jóvenes, a través de 283 cupos Costo: $ 772.407.000 |
205. Adicionalmente, el ICBF ejecutará en 1998 una investigación contratada con el Centro Nacional de Consultoría con el fin de realizar una medición cualitativa y cuantitativa de la frecuencia del maltrato infantil. (Esa acción responde a la recomendación Nº 10 del Comité.)
206. Se han realizado igualmente investigaciones sobre los siguientes temas: Estudio sobre niñez y conflicto armado; Estudio sobre estructura familiar, Estudio sobre reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural. También se adelantó una Encuesta sobre la situación de la infancia y adolescencia en coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el Ministerio de Salud y la Fundación para la Educación Superior.
207. En relación con la erradicación del flagelo de la prostitución infantil, se elaboró el Plan de acción en favor de los derechos de la infancia explotada sexualmente y contra la explotación sexual infantil.
Comité interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños
208. Con el propósito de erradicar el tráfico y la trata de seres humanos se conformó el Comité Interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños, a través del Decreto Nº 1974 de 31 de octubre de 1996, presidido por el Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro, del cual hacen parte las entidades del Gobierno y del Estado que tienen relación con el tema y el director de la Interpol en Colombia; a las sesiones de este Comité asiste como invitado permanente el Oidor de los Niños.
209. A partir de la conformación de este Comité se ha iniciado un estudio exploratorio orientado a describir tipologías delincuenciales dentro de esta modalidad, difícil de definir universalmente. Este estudio incluye un análisis jurídico de la normatividad colombiana sobre tráfico de personas, así como las convenciones, pactos, acuerdos y demás instrumentos internacionales adoptados por Colombia.
210. Desde su inicio, el Comité ha logrado consolidar redes de apoyo internacional a nivel policial, a través de los servicios de Interpol y ha propuesto una metodología para sistematizar la base de datos sobre los casos que se investigan. Ha asumido la tarea de sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades frente a estos delitos y frente a la Ley Nº 360 que amplía las penas por infringirlos. Ha buscado mejorar los sistemas de atención a las víctimas y, como resultado, las instituciones que atienden a las personas que son víctimas de estos delitos han creado líneas directas.
211. Por otra parte, el Comité ha sugerido la adopción del Plan de acción hemisférico propuesto por Colombia en la Cumbre de Presidentes de las Américas que se llevará a cabo en abril de 1998 en Chile. De igual modo ha insinuado votar en bloque por la aprobación de la Convención Internacional contra el Tráfico de Migrantes Ilegales, propuesta por la delegación de Austria en Viena ante la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas durante su octavo de período de sesiones en el primer semestre de 1998.
212. La acción del Comité permitió agilizar los trámites legislativos para la aprobación del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena, de 1949, y la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, de 1994. También consiguió que se presentara al Congreso la exposición de motivos al Proyecto de ley Nº 87 de 1997, por la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores.
213. Igualmente, por su intervención, se estudia la exposición de motivos para tres proyectos de ley que aprueban la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, de 1989; el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, y la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores, de 1980.
214. Por otra parte, el Comité ha promovido la realización de jornadas nacionales de sensibilización de funcionarios de los organismos de seguridad y, por recomendación suya, el Instituto de Seguros Sociales realizará jornadas de apoyo a víctimas de delitos sexuales.
215. El propósito para 1998 es diseñar una tercera cartilla sobre prevención, remedio y sanción del tráfico de personas.
Por una Colombia sin prostitución
216. En la misma dirección, la Policía Nacional adelanta actualmente el programa "Por una Colombia sin prostitución", cuyo objetivo primordial es la eliminación progresiva de la prostitución infantil, a través de acciones educativas en el ámbito familiar y comunitario, generando procesos de desarrollo humano y social con menores vinculados a la prostitución y sus familias, que permitan el rescate de valores, potencialidades y derechos, a través de programas de atención integral.
217. Este operativo se efectúa a nivel nacional, con participación de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, el ICBF, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y algunas organizaciones no gubernamentales. Se desarrolla en dos etapas: fase preventiva o de información y fase operativa o de ejecución.
218. El programa está arrojando excelentes resultados y generando una buena respuesta por parte de la comunidad. El programa realiza: controles a establecimientos públicos, identificando a menores de edad y dejándolos a disposición de los organismos de protección; campañas de educación social y comunitaria; fortalecimiento y desarrollo de acciones de acercamiento con la población que ejerce la prostitución, mediante programas educativos y de capacitación, encaminados al mejoramiento de sus condiciones de vida y remisión a los programas liderados por el Estado.
219. Por su parte, el ICBF, dando cumplimiento a la Ley Nº 360, ha puesto en funcionamiento un centro piloto de atención a menores víctimas de abuso sexual, que proporciona atención integral e inmediata por parte de todas las instancias estatales con competencia en los casos de abuso sexual. El centro piloto está ubicado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Se proyecta conformar nuevos centros similares en otras ciudades.
220. En los centros educativos de todo el país el Ministerio de Educación Nacional adelanta los proyectos de Educación en Población (1992-1998) y de Educación Sexual (desde 1994), los cuales han contribuido a la información y formación de niños y jóvenes en los temas relacionados con salud sexual y reproductiva (especialmente orientado a la prevención del embarazo en adolescentes), como también sobre equidad de género y derechos sexuales. Durante el período se realizaron 300 talleres de formación a jóvenes y adultos multiplicadores. Se publicaron y distribuyeron a nivel nacional 50.000 folletos sobre prevención del embarazo adolescente, 150.000 manuales sobre educación en población para padres de familia, docentes y directivos, y prevención del embarazo adolescente. Se construyeron 150 subproyectos de prevención del embarazo en 150 instituciones educativas que servirán de base para la implementación de nuevas experiencias.
221. Por otra parte, a través del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal se creó una figura que pretende detener la problemática del secuestro. Desde 1993 desarrolla programas de atención psicosocial a niños y niñas que han sido víctimas de secuestro o que están relacionados con el secuestro de familiares. Este programa se adelanta en varias capitales de departamentos.
222. Igualmente proyecta un plan de prevención del secuestro de niños y niñas que se lleva a cabo en coordinación con el área de atención psicológica.
Acciones para erradicar la prostitución infantil
(agosto 1996 – julio 1997)
| Departamento | Establecimiento registrado | Medida aplicada al establecimiento | Denuncia contra el administrador y/o propietario | Menores encontrados | Rango de edad | Medida aplicada a los menores | Total menores reincidentes | |||||
| Cierre por siete días | Cierre por treinta días | Cierre definitivo | Niños | Niñas | 7 a 14 | 15 a 18 | A disposición ICBF | Entrega a familiares | ||||
| Amazonas | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Antioquia | 91 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | 4 | 20 | 17 | 7 | ||
| Arauca | 45 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| Atlántico | 109 | 25 | 3 | 1 | 43 | 76 | 32 | 87 | 53 | 66 | 31 | |
| Bolívar | 56 | 8 | 3 | 3 | 17 | 3 | 17 | 10 | 10 | |||
| Boyacá | 39 | 14 | 1 | 30 | 42 | 14 | 58 | 48 | 24 | 48 | ||
| Caldas | 76 | 8 | 1 | 6 | 2 | 21 | 4 | 19 | 5 | 18 | ||
| Caquetá | 40 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 10 | |||
| Decas | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Cauca | 33 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
| César | 49 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Córdoba | 36 | 11 | 1 | 18 | 7 | 25 | 9 | 16 | ||||
| Cundinamarca | 73 | 10 | 1 | 6 | 14 | 5 | 15 | 3 | 17 | 3 | ||
| Chocó | 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Guajira | 49 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Degun | 3 | |||||||||||
| Guaviare | ||||||||||||
| Huila | 370 | 142 | 21 | 1 | 1 | 187 | 192 | 10 | 339 | 90 | 259 | 76 |
| Magdalena | 74 | 7 | 4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 21 | 9 | 14 | ||
| Meta | 49 | 5 | 3 | 3 | 20 | 2 | 21 | 11 | 12 | |||
| Nariño | 65 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Norte de Santander | 64 | 16 | 1 | 3 | 5 | 37 | 7 | 35 | 23 | 19 | ||
| Putumayo | 25 | 8 | 2 | 8 | 13 | 17 | 3 | 27 | 9 | 21 | 1 | |
| Quindío | 77 | 42 | 50 | 54 | 45 | 59 | 5 | 99 | 4 | |||
| Risaralda | 53 | 4 | 2 | 6 | 19 | 2 | 23 | 11 | 14 | |||
| Santander | 57 | 14 | 2 | 1 | 3 | 40 | 2 | 41 | 31 | 12 | ||
| San Andrés y provincia | 35 | |||||||||||
| Sucre | 39 | 1 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Tolima | 59 | 7 | 1 | 4 | 3 | 19 | 3 | 19 | 9 | 13 | ||
| Uraba | 30 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Valle | 153 | 13 | 4 | 18 | 41 | 6 | 53 | 23 | 36 | |||
| Vaupés | 5 | |||||||||||
| Vichada | 16 | 5 | 20 | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Bogotá | 169 | 28 | 19 | 80 | 35 | 45 | 70 | 95 | 20 | 61 | ||
| Cali | 226 | 10 | 7 | 1 | 17 | 81 | 10 | 88 | 35 | 63 | 3 | |
| Valle de Aburrá | 133 | 13 | 9 | 15 | 31 | 9 | 37 | 22 | 24 | |||
| Esbol | 49 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 13 | |||
|
Total |
2.508 | 418 | 91 | 3 | 51 | 506 | 883 | 217 | 1.172 | 567 | 822 | 268 |
223. Existe otro programa, el de investigación, judicialización y rescate de niños y niñas secuestrados, concertado con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad y el Ejército Nacional.
224. En 1993 se aprobó la Ley Nº 040, del 19 de enero, conocida con el nombre de Estatuto nacional contra el secuestro. Esta ley legisla sobre la tipología de los secuestros, las facultades de las instituciones de seguridad y sobre las modificaciones al Código Penal en relación con la duración de la pena del delito de secuestro. En 1994 se promulgó la Ley Nº 173, del 22 de diciembre, que aprobó el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya en 1989, el cual permite el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado Parte. En 1996 se aprobó la Ley Nº 282, del 6 de junio, para "erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión", el cual creó el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y Demás Atentados contra la Libertad Personal, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal y unas disposiciones especiales para el castigo efectivo de este delito.
