155. El Comité tomó nota de la reforma de la Constitución y las considerables reformas jurídicas que se habían introducido con miras a proteger los derechos humanos. Acogió con agrado las medidas legislativas y la elaboración de programas orientados a mejorar la situación económica, social y educacional de la población indígena. Llegó también a la conclusión de que los planes del Gobierno para la conservación de la región del Amazonas podían redundar en beneficio de la población indígena.
156. Sin embargo, el Comité tomó nota de que anteriormente se habían iniciado proyectos y programas análogos sobre la situación económica y social de los pueblos indígenas y, en consecuencia, el Comité había esperado que se le informara acerca de sus resultados.
157. En general, el informe carecía de datos sobre la efectiva situación económica, social y educacional de la población indígena. En el informe siguiente debía figurar información sobre la situación económica, social y educacional de los grupos indígenas en comparación con el resto de la población únicamente sobre la base de ese tipo de datos el Comité estaría en condiciones de evaluar exactamente la situación de la población indígena. Además, el Gobierno de Colombia debía incluir información sobre la situación real de la comunidad negra, respecto de la cual no se había presentado suficiente información hasta la fecha.
158. El Comité reiteró su preocupación de que el artículo 4 de la Convención no se recogía debidamente en el derecho penal nacional.
159. El Comité expresó preocupación por la continuación de la violencia en Colombia. Como ya lo había señalado el Comité de Derechos Humanos, las medidas que había adoptado el Gobierno de Colombia no parecían ser suficientes hasta la fecha para proteger debidamente la vida, la salud y los bienes de los ciudadanos, y, en especial, de los miembros de la población indígena.
(Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ONU. A/47/18, párrs. 155-159)
