Declaración del Presidente en nombre de la Comisión de Derechos Humanos
54 periodo de sesiones
1998
1. La Comisión de Derechos Humanos acoge el hecho de que la Oficina Permanente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá, durante su primer año de trabajo haya disfrutado de la cooperación de las instituciones del Estado y Gobierno y que haya podido conducir sus actividades en Colombia sin impedimento alguno. También acoge el hecho de disponer de un informe analítico y detallado sobre la situación de derechos humanos en Colombia, por la Oficina Permanente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá, así como el documento de observaciones del Gobierno de Colombia.
2. La Comisión toma nota de la disponibilidad del Gobierno de Colombia, tal como lo expresa en su documento de observaciones, de dar plena importancia y seriedad a las conclusiones y recomendaciones del informe y, sobre esta base, insta al Gobierno de Colombia a que avance, con el apoyo de la Oficina, en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe tan pronto como sea posible.
3. La Comisión acoge la renovación del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que extiende el mandato de la Oficina Permanente en Bogotá hasta el 30 de Abril de 1999. La Comisión considera de la mayor importancia el trabajo que la Oficina ha venido realizando en la promoción del respeto de los derechos humanos, el cual puede facilitar la reconciliación entre los Colombianos y la búsqueda de la paz. Considera que la Oficina, cuya tarea es la de asesorar a las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas y la promoción y protección de los derechos humanos, así como observar las violaciones de derechos humanos en el país, desempeña una función vital para focalizar la situación de los derechos humanos en Colombia. La Comisión espera que las actividades de la Oficina de Derechos Humanos en Bogotá siga contribuyendo a mejorar la situación de derechos humanos en Colombia, y a promover un clima de confianza entre el Gobierno y todos los sectores involucrados en el conflicto, alentando un proceso de diálogo constructivo que incluye a las ONG y demás sectores de la sociedad civil y a prevenir las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
4. Al tiempo que alienta la labor de la Comisión Especial creada por el Gobierno de Colombia para el análisis, seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos, la Comisión considera que la aplicación de esas recomendaciones ha avanzado, en particular las de los relatores temáticos y los grupos de trabajo, pero que aún no es suficiente para mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia.
5. En este contexto, la Comisión está altamente preocupada por la gravedad y la escala de las violaciones de derechos humanos y los ataques al derecho internacional humanitario reportados por la Oficina en Bogotá.
6. La Comisión está sumamente preocupada por la persistencia e intensificación del conflicto armado interno, el cual entraña cada vez más serios y continuos abusos y violaciones de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario principalmente por parte de los "paramilitares" (también conocidos como "grupos de autodefensas") y las guerrillas, así como de ciertos agentes estatales.
7. La Comisión insta a todas las partes a que realicen serios esfuerzos para negociar una conclusión pacífica al conflicto armado interno. En este contexto, reconoce las acciones del Gobierno de Colombia, de muchas instituciones estatales y de numerosas organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el proceso de paz. Merece lugar destacado en este campo particularmente la creación del Consejo Nacional de Paz, los diez millones de sufragios por la paz depositados por los ciudadanos colombianos atendiendo la convocatoria del movimiento no gubernamental "Mandato por la Paz", la autorización del Gobierno a los gobernadores regionales para promover acuerdos humanitarios con los grupos guerrilleros y la creciente apertura de Colombia a la participación internacional en la búsqueda de soluciones negociadas a la confrontación armada.
8. La Comisión reconoce el conjunto de importantes políticas y medidas adoptadas y puestas en marcha por el Gobierno de Colombia en el campo de la protección y defensa de los derechos humanos y su voluntad de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá, los relatores especiales y los grupos de trabajo de la Comisión, así como su disponibilidad de continuar y reforzarlas. No obstante lo anterior, sigue altamente preocupada por el hecho de que la situación de violencia endémica y de conflicto armado interno que afecta a muchas regiones del país haya resultado en graves consecuencias para los derechos humanos.
9. La Comisión subraya el análisis de contexto del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá, según el cual los dos eventos políticos más relevantes en Colombia en 1997, por su incidencia en la situación de derechos humanos, consistieron en el proceso electoral que culminará en junio de 1998 con la elección de un nuevo Presidente y el amplio debate de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de obtener una salida pacífica al presente conflicto armado interno.
10. La Comisión reconoce que el Gobierno ha dado pasos en la aplicación de las normas humanitarias en el conflicto y acoge su continua cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la facilitación de sus actividades humanitarias en el país.
11. La Comisión está altamente preocupada por la creciente y perjudicial contribución de los grupos "paramilitares" en la situación de violencia cada vez mayor en muchas partes de Colombia y en el deterioro del conflicto armado interno y por su implicación en más de la mitad de los crímenes violentos atribuidos a las partes en conflicto. Esto se refleja particularmente en el número de alarmantes matanzas de no combatientes y en el dramático incremento en el número de desplazados internos. La Comisión está igualmente preocupada por el hecho de que miembros de los grupos "paramilitares" actúan algunas veces conjuntamente o con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas o de policía.
12. La Comisión acoge la reducción del número de violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas y de policía, pero está preocupada porque las medidas adoptadas por las autoridades no hayan logrado aún garantizar que cualquier apoyo a las actividades de los grupos "paramilitares" sea investigado y castigado. Toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades investigativas del Estado para acabar con los grupos "paramilitares" e insta a todas las autoridades a que intensifiquen al máximo estas medidas hasta que los resultados sean plenamente satisfactorios, incluyendo la institución de procedimientos legales contra cualquier agente que coopere con los "paramilitares".
13. La Comisión espera que las Fuerzas Armadas de Colombia conviertan en realidad la atención manifestada a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá de apartar del servicio a todos los miembros de sus filas que estén implicados en crímenes de lesa humanidad.
14. La Comisión condena las prácticas terroristas y demás actos violentos perpetrados por los grupos guerrilleros que violan el derecho internacional humanitario. Pide a los grupos guerrilleros que respeten las normas del derecho internacional humanitario y, especialmente, condena los asesinatos y todos los ataques a la población civil, las matanzas indiscriminadas, el secuestro y las amenazas de ejecutar a nacionales y extranjeros, la toma de rehenes, el amplio uso de minas antipersonal y el reclutamiento de niños.
15. Del mismo modo, la Comisión condena el sabotaje electoral emprendido por los grupos guerrilleros mediante el secuestro y el asesinato de candidatos a cargos públicos de elección popular, así como el asesinato de varios alcaldes que no han cedido a sus presiones. Insta a los grupos guerrilleros a dejar en libertad a los alcaldes que mantienen en su poder y les permitan ejercer, en democracia, el mandato otorgado por los ciudadanos que los eligieron. Al mismo tiempo, por razones humanitarias, insta a los grupos guerrilleros a dejar en libertad a la totalidad de soldados que mantienen en su poder y a todas las personas que han secuestrado contraviniendo el derecho internacional humanitario, incluyendo a los 30 colombianos y los seis ciudadanos extranjeros que se encuentran cautivos en poder del grupo guerrillero FARC.
16. La Comisión acoge las recomendaciones de la Corte Constitucional Colombiana del 7 de noviembre que impone controles estrictos a las armas que poseen los "Servicios Especiales de Seguridad y Vigilancia" (llamados grupos "Convivir"). También acoge las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia para reglamentar el establecimiento y funcionamiento de éstos, particularmente en lo que se refiere a la prohibición de su establecimiento en zonas de conflicto. Además, alienta el desmantelamiento de los que no cumplen esta reglamentación. Pide al Gobierno de Colombia que garantice los recursos necesarios para controlar de cerca las actividades de todos los grupos de esta índole, con el fin de garantizar sy control efectivo y asegurar que permanezcan dentro de la ley.
17. La Comisión reconoce los avances legislativos hechos en Colombia cuyos más recientes ejemplos son la ratificación de la Convención Interamericana contra la Tortura y las normas que regulan el reclutamiento de menores de 18 en el servicio militar obligatorio.
18. La Comisión pide al Gobierno de Colombia que promueva la conclusión del proceso de reforma de la justicia penal militar, de conformidad con las sucesivas recomendaciones hechas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, excluyendo de las cortes militares las graves violaciones de derechos humanos y en particular los crímenes de lesa humanidad, separando las funciones del ejecutivo y del judicial e introduciendo los procedimientos de indemnización penal (la parte civil).
19. La Comisión pide la urgente aprobación y adopción del proyecto de ley que tipifica las desapariciones forzadas y el genocidio e incrementa las penas para la tortura, y la adopción de otras medidas más eficaces para prevenir y acabar con los actos de desapariciones forzadas de conformidad con el Artículo 3 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de conformidad con las recomendaciones hechas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
20. La Comisión reconoce el hecho de que se haya presentado ante el Congreso un proyecto de ley para establecer la abolición del sistema de justicia regional.
21. La Comisión pide al Congreso colombiano que apruebe lo ante posible para su debida aplicación los proyectos de ley mencionados en los tres párrafos precedentes.
22. La Comisión sigue preocupada por el inaceptable nivel de impunidad en particular en lo que concierne a los abusos por parte de agentes estatales que siguen supeditándose a la jurisdicción de las cortes militares. Pide al Gobierno de Colombia que adopte medidas para tratar este problema con carácter urgente. Acoge los importantes avances realizados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la cual ha asumido un importante número de casos de graves violaciones a los derechos humanos, investigando y procesando a agentes estatales, guerrilleros y miembros de grupos "paramilitares", responsables de violaciones a los derechos humanos y del derecho humanitario.
23. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a que fortalezca y refuerce su apoyo, a través de todas las instituciones del Estado, a todos aquellos que promueven la defensa de los derechos humanos. Está altamente preocupada por el incremento evidente de las amenazas que pesan sobre muchos defensores de derechos humanos, tal como lo demuestran inter alia el asesinato de los dos investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular en mayo de 1997, y el asesinato del Presidente de la Comisión de Derecho Humanos de Antioquia en febrero. También está sumamente preocupada por que algunos miembros de organismos de inteligencia del Estado conciban a los defensores de derechos humanos como aliados de los grupos guerrilleros y que, en ocasiones, busquen que éstos sean investigados por las autoridades judiciales mediante el uso de testigos vinculados a tales organismos. Pide al Gobierno de Colombia que dé especial importancia a la seguridad de los trabajadores de derechos humanos. Toma nota de la adopción en julio de 1997 de la Directiva Presidencial sobre el reconocimiento del trabajo de los defensores de derechos humanos y de otras medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar esta situación y para proteger a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
24. La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia para tratar los problemas de los desplazamientos internos de un gran número de ciudadanos, lo que es ampliamente sintomático del conflicto interno. Sin embargo, sigue altamente preocupada por el creciente número de personas desplazadas internas en Colombia lo que llama a una firme acción por parte de las autoridades colombianas, ojalá en coordinación con organismos internacionales. Toma nota con satisfacción de todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia para proveer soluciones a esta problemática y espera que éstas medidas sean establecidas e implementadas efectivamente. En este contexto, acoge el reciente entendimiento entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados para establecer una oficina de enlace en Bogotá. Urge al Gobierno de Colombia a que continúe buscando medios eficaces para prevenir tales desplazamientos, a que tome todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las personas desplazadas internas y a que garantice la seguridad de las organizaciones que los apoyan.
25. La Comisión pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que durante le próximo periodo de sesiones le presente un informe detallado de actividades que contenga el análisis de la Oficina sobre la situación de derechos humanos en Colombia, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la operación de la oficina permanente en Bogotá.
