Distr. GENERAL E/CN.4/1999/39/Add.1 6 de enero de 1999 ESPAÑOL Original: INGLÉS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
55º período de sesiones
Tema 11 b) del programa provisional
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, EN PARTICULAR LAS QUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DESAPARICIONES Y LAS EJECUCIONES SUMARIAS
Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Informe de la Relatora Especial, Sra. Asma Jahangir, presentado en cumplimiento de la resolución 1998/68 de la Comisión de Derechos Humanos
Adición
Situaciones por países
(…)
Introducción
1. En la presente adición al informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se describen las situaciones imperantes en 62 países y se hace una reseña de las actividades llevadas a cabo por la Relatora Especial entre el 3 de noviembre de 1998 y el 15 de noviembre de 1997. La presente adición contiene también en resumen las respuestas recibidas de los gobiernos a sus comunicaciones, y las observaciones pertinentes de la Relatora Especial.
2. Debido a las limitaciones impuestas a la extensión de los documentos, la Relatora Especial se ha visto obligada a reducir considerablemente los detalles de las comunicaciones enviadas y recibidas. En consecuencia, no fue posible atender las peticiones de los gobiernos de que sus respuestas se publicaran íntegramente. Además, las respuestas de distintas fuentes a los pedidos de la Relatora Especial, si bien de gran importancia para su labor, sólo se mencionan brevemente en el informe.
3. En el presente informe, las fechas incluidas entre paréntesis indican la respuesta de los gobiernos y la transmisión de llamamientos urgentes. Las fechas en que la Relatora Especial transmitió las notas sobre presuntas violaciones del derecho a la vida, vale decir el 27 de mayo de 1998, 18 de septiembre de 1998, 8 de octubre de 1998 y 23 de octubre de 1998, no figuran en el informe.
I. PAÍSES
(…)
Colombia
58. La Relatora Especial continuó recibiendo gran número de denuncias de la violación del derecho a la vida en Colombia durante el período que se examina. La mayoría de estas denuncias se referían a violaciones de derechos humanos por grupos paramilitares, lo que indica que, a pesar de las intenciones declaradas del Gobierno, la situación no ha cambiado apreciablemente desde el último informe. Los informes siguen sosteniendo que las poblaciones civiles son los objetivos más frecuentes de ambos lados del conflicto civil en curso.
Comunicaciones enviadas
59. La Relatora Especial transmitió ocho llamamientos urgentes al Gobierno de Colombia, solicitándole que adoptara las medidas necesarias para proteger la integridad física y el derecho a la vida de las siguientes personas, objeto de amenazas de muerte por miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, salvo que se indique lo contrario:
a) Activistas de los derechos humanos:
i) Respecto de todos los activistas de los derechos humanos en el país, tras el presunto asesinato del Dr. Eduardo Umana Mendoza, conocido abogado y especialista en derechos humanos. Según se dice fue muerto en Bogotá el 18 de abril de 1998 por dos hombres y una mujer no identificados, presuntamente relacionados con grupos paramilitares (23 de abril de 1998);
ii) María Eugenia Cárdenas, su familia y otros miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES) en el departamento de Caldas, tras el presunto asesinato de José María Cárdenas. Este era primo de María Eugenia Cárdenas y según se dice fue muerto el 3 de diciembre de 1997 en la ciudad de Riosucio por dos hombres armados, con uniformes militares. Las fuentes afirman que en el pasado miembros de la familia Cárdenas han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, hecho que parece estar vinculado con la postura de la Sra. Cárdenas como directora de ASFADDES en Riosucio (10 de diciembre de 1997);
b) Poblaciones indígenas: Florentino Domico, Teofan Domico, Delio Domico Jarupia, Luis Carlos Domico y Juan de Dios Domico Jarupia, dirigentes de la comunidad indígena en la zona de Kiraparado, Río Sinu, Resguardo Karagabi. Según se informa, las tropas paramilitares entraron en la población buscando a estas personas y amenazaron con matarlas tras matar según se informa, a otro dirigente de la comunidad, Alonso Domico Jarupia (16 de septiembre de 1998);
c) Campesinos:
i) Un grupo de 70 familias desplazadas, actualmente residentes en Rancho La Miel, departamento de Tolima, presuntamente amenazadas de un ataque de miembros de las fuerzas paramilitares por cooperar según se dice con grupos de la guerrilla que actúan en la zona. Según las fuentes, estas familias fueron obligadas a abandonar sus residencias en Rancho Bellacruz, departamento de César, en 1996, tras las amenazas de grupos paramilitares. La Relatora Especial estaba también preocupada por la seguridad de las organizaciones locales de derechos humanos que trabajan con estas familias (25 de mayo de 1998);
ii) Los residentes de Paratebueno, municipio de Medina, departamento de Cundinamarca, objeto, según se informa, de amenazas de un ataque de miembros del grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (19 de mayo de 1998);
iii) Jesús Emilia Tuberquía, Emilio Antonio Tuberquía (de 16 años de edad), Jesús Arnulfo Tuberquía (de 14 años de edad), Joaquín Graciano, así como residentes de la comunidad de San José de Apartado, municipio de Apartado, departamento de Antioquia, que se dice fueron amenazados de muerte por hombres fuertemente armados, que vestían uniforme paramilitar, por ayudar presuntamente a grupos de la guerrilla que actúan en la zona. Según las fuentes, desde marzo de 1997, 30 miembros de esta comunidad han sido muertos por miembros de las fuerzas paramilitares (25 de febrero de 1998);
d) Testigos:
i) Carlos Vera Correa, Marleny Taborda y Arcadio Ferney Bolívar, así como residentes en la ciudad de Carmen de Atrato, departamento del Chocó, que según se informa fueron objeto de amenazas de muerte tras declarar como testigos sobre las muertes de otros residentes, a saber, Rubén Darío Maya, Jhon Fredy Álvarez Valderrama, Jaime Ramírez Palacio y Gildardo Taborda, muertos todos ellos en diciembre de 1997 y enero de 1998 por miembros de los grupos paramilitares. Según se denuncia, el personal paramilitar dijo a los residentes de Carmen de Atrato que estaban preparando 70 nuevas tumbas en el cementerio local porque estaban a punto de llevar a cabo una operación de "limpieza social" en la zona. Además, se informó de que se había dicho a varios residentes que los matarían si no abandonaban la zona (26 de enero de 1998);
ii) Alfonso Mora León, Dolores Moncaleano de Mora y Clara Inés Gómez, según se informa, amenazados de muerte tras el inicio de investigaciones penales sobre las muertes de sus hijos, que se supone murieron a manos de funcionarios policiales tras haber sido detenidos y torturados en 1996 en Bogotá. Las fuentes dijeron que Alfonso Mora León y Dolores Moncaleano de Mora recibían en un principio protección dentro del programa de protección de testigos, pero tuvieron después que irse de Bogotá en 1997 tras habérseles dicho que los matarían si testificaban contra las partes acusadas de estos homicidios (29 de septiembre de 1998).
60. La Relatora Especial transmitió también al Gobierno quejas relativas a violaciones del derecho a la vida de las siguientes personas:
a) Muertos por grupos paramilitares:
i) Menores: Alfa Delia Higuita Tuberquía, de 14 años de edad, y Luz Helena Valle Ortiz, de 17 años de edad, muertas el 7 de junio de 1997 cerca de Vereda Arenas Altas, San José de Apartado, mientras regresaban a su hogar. Se dice que ambas muchachas fueron muertas a tiros después de llevarlas a una zona de difícil acceso en el bosque; se dijo después que habían sido combatientes de la guerrilla muertas en combate. Alfa Delia Higuita Tuberquía estaba embarazada de tres meses. En otro incidente, Angie Carolina (de 5 años de edad) fue, según se denuncia, muerta el 4 de mayo de 1998 durante un ataque a Puerto Elvira, Mapiripán;
ii) Defensores de los derechos humanos: Luis Alberto Munera, Carlos Rojo Uribe, Rosa Mejía, Ofelia Rivera, Jairo Pérez y Alberto Silva, muertos, al parecer, el 1.º de agosto de 1997 en Remedios, junto con otras dos personas no identificadas. Cinco de estas personas fueron aparentemente muertas a tiros, mientras que Luis Alberto Munera, miembro del Comité de Derechos Humanos del Noroeste de Antioquia, y Carlos Rojo Uribe, antiguo alcalde de Remedios, fueron llevados a las afueras del distrito de Marmajito, municipio de Segovia, donde fueron torturados y muertos;
iii) Dirigentes comunitarios: Joaquín Correa, Hernando de Jesús Arenas y Baudilio Vélez, supuestamente muertos el 17 de agosto de 1997 en Granja Villa Rocío; Rosmira Gallego, maestra miembro de la asociación de maestros de Antioquia, muerta junto con otras personas no identificadas el 23 de marzo de 1998 en El Jordán, San Carlos; Carlos Enrique Castañeda, presidente del Grupo de Acción Comunitaria del vecindario de Santa Marta y presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Empresarios, muerto el 31 de marzo de 1997 cerca de Segovia después de haber sido supuestamente amenazado de muerte; Leonardo Tibaquíra, de 18 años de edad, supervisor de la Cooperativa Inai-Sue en Tenjo, departamento de Cundinamarca, muerto el 15 de noviembre de 1997 durante un presunto ataque a la cooperativa en el curso del cual se ordenó a todos los miembros de ésta que abandonaran sus hogares;
iv) Otros: Hernán Fabián Cuéllar, Jorge Suárez, Alejandro Sánez, Carlos Bernal, Pedro Julio Rico, Wilson Bernal y Jorge Peladura, muertos según se dice junto con otras diez personas no identificadas en Puerto Alvira, Mapiripán, durante un ataque a su aldea; Frieleth Varón, enfermera, presuntamente muerta el 3 de mayo e 1998 en Dagua, Valle, por secuestradores que supuestamente le pidieron que viniera a cuidar una persona enferma; Gilberto Ramírez Giraldo y Miguel Ramírez Giraldo, según se denuncia muertos el 10 de abril de 1997 en Altas Arenas, Apartado; José Antonio Graciano y Jairo Graciano, muertos según se informa el 13 de abril de 1997 en Apartado tras haber sido secuestrados en la estación de autobuses y torturados; Rubén Darío Maya, según se informa muerto el 5 de diciembre de 1997, Jhon Fredy Álvarez Valderrama, presuntamente muerto el 30 de diciembre de 1997, Jaime Ramírez Palacio, según se denuncia muerto el 1.º de enero de 1998 y Gildardo Taborda, presuntamente muerto el 3 de enero de 1998 en la ciudad de Carmen de Atrato, Chocó; Edilberto Areiza, Ricaurte Monroy, Luis Albeiro Avendaño, Ananías Guisao, Florentino Guisao, Milton David, Ángel Montoya, Oscar Valderrama y Herminio Palomeque Mosquera, muertos según se dice entre el 22 de noviembre y el 1.º de diciembre de 1997 en Dabeiba; Casimiro Soto Ardila y Amoar Bello Martínez, que se denuncia fueron muertos el 2 de marzo de 1998 en Pueblito Mejía;
b) Muertos por miembros de las fuerzas militares:
i) Menores: Diomar Ortíz, de 16 años de edad, muerto según se informa el 11 de noviembre de 1997 cerca de Pávez. Las fuentes dicen que su cuerpo fue luego presentado como el de un combatiente de la guerrilla muerto en combate;
ii) Pueblos indígenas: Bernabela Riondo Pachecho y Santiago Palo, miembros de la comunidad zenu de Bajo Grande en San Andrés de Sotavento, presuntamente muertos tras haber sido secuestrados el 2 de noviembre de 1997. Sus cuerpos fueron posteriormente hallados en la comunidad indígena de Achiote, municipio de Sanpues, Córdoba;
iii) Otros: José del Rosario y José Salvador Ortíz, según se informa muertos el 11 de noviembre de 1997 cerca de Pávez; Rodrigo Casto Murillo, presuntamente muerto el 28 de octubre de 1997 cerca de Confinas; Gilma Rosa Duarte, Juan Canas y Clara, que se dice fueron muertos el 17 de junio de 1997 en Los Mandarinos, Río Grande; Darío Góez, que se informa fue muerto el 9 de mayo de 1998 en Arenas Altas;
c) Muertos por grupos armados no identificados:
i) Defensor de los derechos humanos: Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente de Antioquia para la Protección de los Derechos Humanos, según se informa muerto el 27 de febrero de 1998 en Medellín, cuando cuatro hombres entraron en su oficina y le dispararon. Las fuentes afirmaron que había sido anteriormente amenazado de muerte por sus actividades en materia de derechos humanos, en particular la denuncia de matanzas cometidas por miembros de grupos paramilitares;
ii) Político: Hugo Luis Salcedo García, candidato a alcalde en Ovejas, según se dice muerto el 31 de agosto de 1997 camino de su hogar de regreso de un acto político en Almagra.
Comunicaciones recibidas del Gobierno
61. Durante el período que se examina, la Relatora Especial recibió numerosas comunicaciones del Gobierno de Colombia referentes a anteriores comunicaciones enviadas (1.º y 29 de octubre de 1997; 4, 5 y 18 de noviembre de 1997, 30 de enero de 1998, 10 y 23 de febrero de 1998; 19 y 27 de marzo de 1998; 16 y 21 de abril de 1998, 8 y 19 de mayo de 1998; 3, 9 y 16 de junio de 1998; 7 y 14 de julio de 1998, 5 de agosto de 1998 y 16 de septiembre de 1998). A continuación se resumen estas comunicaciones:
a) El Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial acerca de las investigaciones iniciadas y las actuaciones judiciales practicadas en relación con los siguientes casos y llamamientos urgentes transmitidos por la Relatora Especial; Heli Gómez Osorio; Wilson Patiño Agudelo; Doris Torres, Álvaro Pérez, José Esteban Domínguez, Ender Domínguez y Nicolás Arrieta; Juan Carlos Herrera Pregonero, Fabián Mauricio Gómez y Andrés David Escobar; José Estanislao Amaya Paez; José David; Elías Zapata, Eliodoro Zapata, Alberto Valle, Félix Antonio Valle y Carlos Torres; Cipriano García; César Tulio Díaz Blanquicet, Jorge Cáceres Villegas y Daniel Hoyos; Rubén Antonio Villa, Antonio Villa, Miguel Haya (o Miguel Layos Castañeda) y Guillermo Serna; Wilson Simanca Acosta, Jairo Jaramillo Zapata, Robinson Acevedo Chamorro y Wilson García Carrascal; Leonardo Panesso y Bernardo Panesso; César Pérez; Nazareno de Jesús Rivera; Alfonso Callejas Robles; Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno; Jorge Conde; Fidel Suescún, José Pitalúa, Perica y Edilberto Jiménez; Medardo Ducuara Leyton; Carlos Andrés Gutiérrez, Guillermo Taborda, Mauricio Valencia Acevedo, Salvador Hernández Holguín, Ricardo Arredondo Montoya, Carlos Alberto Osorio Valdez, Jesús Daniel Querubín, Baltasar Muñoz Restrepo, Reynal Antonio Galeano Velásquez y Giraldo Olarte; Belén Torres y Raúl Emilio Ramos; Jorge Eliecer Marín Trujillo; Enrique Bendía y Ricardo González; Ronald Valencia, Sinia Blanco, Francisco Catumare, José Ronald Valencia, Hernán Gallego, Omar Patiño Vaca y Eliecer Martínez Vaca; Alfonso Manuel Mendozy Barrios; Diego León Yarce, Martha Vélez y Suhey Montoya; Juan Coronel, Johnt de Jesús Bayona; Jairo Beller Buitrago y Abimelet Parra; Samuel Berreto Rocha, Israel Herrera Díaz, Jorge Herrera Romero y Jorge Barreto Herrera; Darío Covas Contreras, Diomedes Zapata, Rebeca Villarreal y Baldomero Vergara; Laurentino Avendaño y Ferney Delgado; Reinal Valencia y Gelmer Porras; Antonio Angarita y Carmen Ángel Clavijo; Everto Antonio Herrera y Juan López; Gilberto José Márquez Murillo y Argemiro Manuel Padilla Benitez; Luis Enrique Salgado, Emiro Tovar, Ovidio Castillo, Daniel Salgado, Feder Rivera y Denny Ruiz; Jesús Eudoro Orjuela Trujillo; José María Cárdenas; Alfonso Bonilla; Gilberto Arvelaez Jiménez; Fray Jesús Martiney, Fray Bernardo Villegas y Fray Diego Fernando García; Argemiro Padilla Banirey y Gilberto Margiey Murillo; Javier Alberto Barriga Vergel; Ramón Villegas y Luis Alfonso Ascanio; Bertina Calderón, Domingo Tovar Arrieta, Daniel Rico, Luís Eduardo Galindo, Sady Manosalva, César Martínez, Luis Fernando Escobar, Germán Roncancio y Aida Abella; Hernando Cuadros, Darío Lotero, Luis Hernández y Sánchez; Guillardo Franco; Eduardo Umana Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo; Carlos Mario Calderón, Elsa Constanza Alvarado y Carlos Alvarado Pantoja; Jaime Laguna y Edinson Donado; Nelson Fernando Lombana; José Miller Chacón, Henry Millán y Manuel Cepeda Vargas; Frieleht Varón; Hernán Fabián Cuéllar, Jorge Suárez, Alejandro Sanez, Carlos Bernal, Pedro Julio Rico, Wilson Bernal, Jorge Peladura y Angie Carolina; Miguel Ramírez Giraldo; José Antonio Graciano y Jairo Graciano; Rubén Darío Maya, Jhon Fredy Álvarez Valderrama, Jaime Ramírez Palacio y Gildardo Taborda; la población de Paratebueno; Hugo Roberto Martínez Díaz, Salvador León Amaya y Pablo Emilio Pena Amaya; Manuel Herrera Sierra; Bernabela Pacheco y Santiago Polo Guevara; Luis Alberto Munera, Carlos Rojo Uribe, Rosa Mejía, Ofelia Rivera, Jairo de Jesús Pérez y Alberto Silva; Rodrigo Castro Murillo; y Carlos Enrique Castañeda;
b) En un documento titulado "Políticas generales del Gobierno de Colombia en materia de lucha contra los grupos de "justicia privada" y atención a desplazados por la violencia", el Gobierno afirmaba su empeño en terminar con la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la impunidad de que gozaban los grupos de "justicia privada", conocidos también como fuerzas paramilitares, así como sus intenciones de ayudar a sus poblaciones desplazadas. El documento afirma que aunque los grupos paramilitares han traído cierto orden a Colombia, su existencia y métodos no son aprobados por el Gobierno. Algunas de las iniciativas adoptadas en las que se refleja esta postura son: la creación en 1994 de una Junta Nacional de Derechos Humanos, en parte con el objetivo de actuar como instrumento judicial contra el "paramilitarismo"; la oferta de una recompensa por la captura de Carlos Castaño, jefe del grupo paramilitar conocido como "Grupo de Autodefensa Campesinos de Córdoba y Urabá" y el nombramiento por el Presidente de dos expertos para establecer contacto con estos grupos y consultarles acerca de un posible proceso de paz. El Gobierno asegura que ha adoptado medidas para poner coto a las violaciones de los derechos humanos en Colombia mediante su reconocimiento del problema del desplazamiento interno de grandes números de su propia población, debido al conflicto entre la guerrilla, los paramilitares y los militares. La mayoría de las personas desplazadas son mujeres y menores de 25 años de edad. El Gobierno cita diversos programas en curso para ayudar a estas personas a que regresen voluntariamente a sus hogares y reconoce que estos grupos son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos (4 de noviembre de 1997);
c) Acerca del caso comunicado por la Relatora Especial en 1996 y 1997 de familias del Rancho Bellacruz, departamento de César, que fueron atacadas por grupos paramilitares y obligadas a reasentarse, el Gobierno colombiano envió dos comunicaciones en las que se detallaba la ayuda oficial y la protección del Estado que estas familias recibían bajo la supervisión de la Junta Nacional de Derechos Humanos. La comunicación indicaba que, si bien muchas de estas familias permanecen en instalaciones temporales, bajo protección policial y militar, la meta del Gobierno es reasentarlas pronto voluntariamente en su zona de origen (21 de abril de 1998 y 9 de junio de 1998);
d) Respondiendo a las sugerencias formuladas por los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y torturas durante su visita en 1994, el Gobierno presentó un documento en el que se pormenorizan las medidas que adopta para garantizar la independencia de la judicatura; privar a los tribunales militares de competencia en los delitos de desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones; poner fin a la impunidad, desalentar la existencia de grupos paramilitares; y proteger los derechos de los grupos particularmente vulnerables. Los grupos que el Gobierno pone de relieve en su informe son los defensores de los derechos humanos, las mujeres, los menores, las poblaciones afrocolombianas e indígenas y las personas desplazadas. El documento se refiere además a los problemas de la protección de antiguos guerrilleros que han dejado sus armas y los testigos, especialmente en los procesos iniciados contra traficantes de drogas y militares. También se aborda la cuestión de "limpieza social", en el contexto de cómo esta práctica afecta a los niños de la calle (3 de junio de 1998).
Observaciones
62. La Relatora Especial agradece al Gobierno de Colombia las numerosas respuestas a sus comunicaciones y lamenta que la falta de recursos haga imposible el seguimiento de todas las comunicaciones. Resulta desalentador para la Relatora Especial observar el grado de impunidad de que gozan los militares y los grupos paramilitares en el país. Los grupos de traficantes de drogas contribuyen también apreciablemente a esta cultura de la violencia y la impunidad. El sistema de tribunales militares, así como la práctica observada de utilizar testigos anónimos, no hacen más que exacerbar estos problemas. Es alarmante la especial vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el país, como lo son las situaciones de las poblaciones internamente desplazadas y de los grupos indígenas.
63. No obstante, queda claro que el Gobierno de Colombia demuestra su voluntad de cooperar con el mandato de la Relatora Especial, a pesar de las dificultades internas con que se enfrenta. Esta cooperación se manifiesta por la presencia de las Naciones Unidas en el país, las respuestas de Colombia a las denuncias y la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 1998. En este espíritu de cooperación, la Relatora Especial insta al Gobierno de Colombia a formular una política coherente en materia de derechos humanos y de apoyo al sistema, con miras a poner fin a la impunidad de que actualmente gozan los militares y los grupos paramilitares. Alienta asimismo las conversaciones de paz entre todas las facciones en el actual conflicto del país e insta a que estas partes intervengan en la elaboración de la política sobre derechos humanos.
