COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57º PERÍODO DE SESIONES
Tema 11 b) del programa provisional
LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DESAPARICIONES Y LAS EJECUCIONES SUMARIAS
Informe de la Relatora Especial, Sra. Asma Jahanhir, presentado en cumplimiento de la resolución 2000/31 de la Comisión
Adición
Resumen de los casos transmitidos a los Gobiernos y de las respuestas recibidas
INTRODUCCIÓN
1. En la presente adición al informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se describe la situación imperante en 63 países y se exponen las actividades que ella llevó a cabo del 13 de diciembre de 1999 y al 15 de diciembre de 2000. La presente adición también contiene un resumen de las respuestas recibidas de los Gobiernos a sus comunicaciones y las observaciones pertinentes de la Relatora Especial.
2. Debido a las limitaciones impuestas a la extensión de los documentos, la Relatora Especial se ha visto obligada a reducir considerablemente los detalles de las comunicaciones enviadas y recibidas. En consecuencia, no fue posible atender las peticiones de los Gobiernos de que sus respuestas se publicaran íntegramente. Por la misma razón, las respuestas de distintas fuentes a los pedidos de la Relatora Especial, si bien de gran importancia para su labor, solamente se mencionan brevemente en el informe.
RESUMEN DE LOS CASOS TRANSMITIDOS Y DE
LAS RESPUESTAS RECIBIDAS
A. PAÍSES
(…)
Colombia
61. Durante el período de que se informa, la Relatora Especial siguió recibiendo un gran número de alegaciones de violación del derecho a la vida en Colombia. Quiere señalar que, a pesar de que la mayoría de ellas se refieren a actos de extrema violencia cometidos por grupos paramilitares, también comprenden violaciones del derecho a la vida atribuidas al cuerpo de seguridad del Estado. La Relatora Especial quedó horrorizada ante los actos cometidos el 5 de mayo de 2000, pretendidamente por paramilitares y militares, en Vereda de la Pica, departamento de Antioquia, en donde murieron seis menores.
Llamamientos urgentes
a) Acciones de grupos paramilitares
Activistas en pro de los derechos humanos
62. El 22 de febrero, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras conocer que, el 19 de febrero, a las 7.30 horas, alrededor de 20 hombres armados y uniformados habían llegado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Allí habrían irrumpido en varios locales asesinando a José Ubaldo Quintero, Edgar Mario Urrego Osorio, Luis Eduardo Ciro Arestizábal, Alonso Jiménez y Albeiro Montoya. La fuente informó de que varios testigos habrían identificado divisas pertenecientes a la Brigada XVII en los uniformes de los paramilitares. Se informa de que miembros de la Brigada XVII habrían sido vistos en una granja cercana a San José de Apartadó llamada La Guantinaja, en la comunidad de Caracolí, momentos antes de los hechos. En este contexto, la Relatora Especial se remitió al llamamiento urgente transmitido al Gobierno de Colombia con fecha 13 de abril de 1999 en que ponía en conocimiento del Gobierno el peligro que corrían las vidas de los habitantes de la Comunidad de Paz de San Juan de Apartadó después de haber sido informada de diversas acciones llevadas a cabo, presuntamente por grupos paramilitares, en la zona y que habrían causado la muerte de diversas personas.
63. El 27 de marzo, la Relatora Especial fue informada de los asesinatos el 22 de marzo de Otoniel Bautista Mantilla y Ricardo Antonio Goes Restrepo, miembros de la comunidad de desplazados de Turbo, por un grupo paramilitar. En un llamamiento urgente, la Relatora Especial informó al Gobierno de Colombia de que dos hombres armados habrían asesinado a Otoniel Bautista Mantilla en su domicilio en presencia de su mujer y su hija tras haber pedido su documento de identificación personal Ricardo Antonio Goes Restrepo habría sido asesinado por dos hombres pertenecientes, según afirmó la fuente, al mismo grupo paramilitar a la salida del velatorio de Otoniel Bautista Mantilla. Las dos víctimas trabajaban en el proceso de retorno de los desplazados de la comunidad de Turbo hacia sus casas en la cuenca del río Caraica, departamento del Chocó. La comunidad de desplazados se encuentra en Turbo desde febrero de 1997, cuando miles de habitantes del departamento del Chocó fueron forzados a huir debido a los ataques de los grupos paramilitares en la zona. La Relatora Especial mostró su preocupación ante el hecho de que, a pesar de la fuerte presencia militar en la zona, los desplazados de Turbo continúan siendo amenazados y sus líderes asesinados por grupos paramilitares, quienes estarían interrumpiendo el retorno pacífico de los desplazados.
64. El 17 de abril, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia referente a las amenazas de muerte recibidas por Pablo Javier Arenales, miembro de la Corporación Regional de Derechos Humanos (CREDHOS), de Barrancabermeja, departamento de Santander. Pablo Javier Arenales habría recibido diversas amenazas de muerte desde que en marzo de 1999 dos hombres armados intentasen acabar con su vida. La Relatora Especial puso en conocimiento del Gobierno que el 9 de abril Pablo Javier Arenales había recibido varias llamadas telefónicas durante las cuales un hombre, que se identificó como miembro del Grupo Paramilitar Autodefensas del Magdalena Medio, le dijo que lo mataría si en 24 horas no abandonaba la región.
65. El 19 de junio, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras haber sido informada de las amenazas de muerte recibidas por Rocío Campos, defensora de los derechos humanos y trabajadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos-Detenidos (ASFADDES). Según las informaciones recibidas por la Relatora Especial, Rocío Campos había recibido diversas llamadas telefónicas en su casa de Barrancabermeja, departamento de Santander, durante las que le hacían escuchar una grabación con disparos. En otras ocasiones los autores de las llamadas hicieron, según afirmó la fuente, alusión al hermano de Rocío, Daniel Campos, quien fue secuestrado junto con otras 30 personas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998 y cuyo paradero se desconoce. El 17 de julio la Relatora Especial transmitió información adicional respecto a las amenazas sufridas por Rocío Campos y otros miembros de la organización ASFADDES.
66. El 31 de agosto de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente en relación a las amenazas de muerte que habría recibido Mónica Madero Vergel, secretaria de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) con sede en Barrancabermeja, departamento de Santander. Según las informaciones recibidas Mónica Madero Vergel habría recibido varias llamadas telefónicas en las que una voz anónima la habría amenazado de muerte. Se informa que CREDHOS habría denunciado en varias ocasiones las presuntas conexiones entre miembros del ejército y diversos grupos paramilitares. La fuente informó de que las amenazas estarían directamente ligadas a las denuncias anteriormente citadas. La Relatora Especial llamó la atención del Gobierno hacia informaciones recibidas referentes a la existencia de una lista que habría hecho circular un grupo paramilitar en el departamento de Santander en la que aparecerían alrededor de 500 nombres de personas, defensores de los derechos humanos en su mayoría, en la que se les acusaba de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla y se les habría declarado objetivo militar.
67. El 26 de octubre de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente en relación con Nelson Retrespo, Ignacio Arango, Juan Carlos Muñoz, Fredy Vélez y Wilfer Bonilla, miembros del Instituto Popular de Capacitación de Colombia (IPC) que habrían sido objeto de amenazas de muerte. Según la fuente, el 9 de octubre de 2000, en las oficinas del IPC en Medellín se recibieron tres llamadas telefónicas de personas que dijeron ser miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) afirmando que habían declarado como "objetivo militar" a las personas mencionadas. Asimismo, la fuente informa de que en 1999 el IPC fue objeto de dos ataques. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 28 de enero de 1999 cuatro miembros de esta institución habrían sido secuestrados por un grupo paramilitar y el 29 de agosto de 1999 un artefacto explosivo habría sido activado contra la sede de dicha institución.
Abogados
68. El 23 de mayo de 2000, la Relatora Especial transmitió, conjuntamente con el Relator Especial sobre la independencia de abogados y magistrados un llamamiento urgente relativo al caso del abogado de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, quien trabaja para el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en Bogotá y habría sido incluido en una lista preparada por un grupo paramilitar. De acuerdo con las informaciones recibidas, antes de la aparición de la lista, el Sr. Uribe habría sido calificado de colaborador de la guerrilla en un informe del Servicio de Inteligencia de Colombia. Se alega que viene siendo objeto de acoso continuo por algún tiempo, destacando el Relator Especial sobre la independencia de abogados y magistrados que con anterioridad habría sido enviada una correspondencia concerniente a su situación.
Dirigentes políticos y sindicalista
69. La Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente el 26 de enero de 2000 al Gobierno de Colombia en relación con los secuestros de Hurberney Giraldo y José Evelio Gallo, miembros del partido Corriente de Renovación Socialista (CRS). Según las informaciones recibidas por la Relatora Especial Hurberney Giraldo y José Evelio Gallo habían sido secuestrados junto con otros dos asociados de la misma formación política por miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) el día 23 de enero en la granja La Galleta, departamento de Antioquia.
70. El 4 de julio de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente conjuntamente con el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión referente a Roberth Cañarte Montealegre, sindicalista que supuestamente fue secuestrado por miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Según la información recibida por los Relatores Especiales, fue secuestrado el 29 de junio de 2000 al suroeste del departamento del Valle del Cauca después que habría sido amenazado de muerte pretendidamente por miembros de dicho grupo paramilitar.
71. El 9 de agosto de 2000, la Relatora Especial transmitió, conjuntamente con el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, un llamamiento urgente en relación con el presunto hostigamiento y amenazas contra Gerardo González, Secretario de Asuntos Agrarios e Indígenas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca (SINPEAGRICUN) y miembro del Consejo Consultivo dependiente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con la información, el 5 de mayo de 2000 se habría publicado un panfleto informando de una próxima ofensiva paramilitar en Bogotá para ejecutar a varias personas, entre ellas Gerardo González. Asimismo, en agosto de 1999 su nombre habría aparecido en una lista del "Ejército Rebelde Colombiano", amenazándolo de muerte. En años anteriores, habría tenido que abandonar la región donde vivía por las constantes amenazas de las que habían sido objeto tanto él como su familia.
72. La Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia el 4 de octubre de 2000, al ser informada de que el 19 de septiembre de 2000 un hombre armado habría intentado matar a Ricardo Herrera, líder del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI). Como consecuencia de dicho ataque, Omar Noguera habría resultado muerto. La fuente informa de que Ricardo Herrera habría recibido con anterioridad repetidas amenazas de muerte. En este contexto, Alexander López, otro de los líderes de dicho sindicato, se habría visto obligado a abandonar su zona de residencia tras el descubrimiento de presuntos planes de acabar con su vida.
Campesinos
73. El 10 de febrero de 2000, la Relatora Especial fue informada de que miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían llevado a cabo el 7 de febrero una incursión en San José de Ité, departamento de Antioquia, donde habían amenazado con masacrar a las poblaciones cercanas de La Congoja, Campo Bijao y Puerto Nuevo de Ité. Como consecuencia del ataque, unas 400 personas habrían abandonado las citadas poblaciones. Durante el ataque de las AUC, Gabriel Castañeda y José Ignacio Suárez, granjeros de la población de San José de Ité, habrían sido asesinados. Se informó también de que un hijo de José Ignacio Suárez había sido secuestrado por dicho grupo paramilitar y que se temía por su vida. La Relatora Especial informó mediante un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia de que, a pesar de las continuas denuncias del peligro que corrían los habitantes de la zona e incluso de la importante presencia allí de las fuerzas armadas de Colombia, la fuente aseguró que no se había tomado ninguna medida para proteger a dichas poblaciones. A la luz de estas denuncias, la Relatora Especial expresó su temor ante el peligro que corrían las vidas de los residentes en La Congoja, Campo Bijao y Puerto Nuevo de Ité.
74. El 14 de marzo, la Relatora Especial expresó su preocupación al Gobierno de Colombia al conocer que, en la madrugada del 5 de marzo, un grupo de 150 hombres armados que se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) irrumpió violentamente en el corregimiento San Luis Beltrán del Municipio de Yondó, departamento de Antioquia. Los agresores habrían sacado a ocho personas de sus casas y las habrían conducido a la plaza central de la población. Allí, con una lista en la mano, habrían seleccionado a siete que fueron ejecutadas en presencia de sus familiares y vecinos. Entre ellos habrían asesinado a los campesinos Pedro Chacón, Pastor Chacón, Juan Evangelista Chacón, Dagoberto Méndez, Leonel Pedroso Villareal, Oscar Mauricio Pedroso Villareal y Pedro Chacón Albarracín. En su retirada, los paramilitares se habrían llevado a dos personas. La Relatora Especial mostró su preocupación ante el hecho de que, a pesar de las continuas denuncias del peligro que corrían los habitantes de la zona e incluso de la importante presencia allí de las fuerzas armadas de Colombia, la fuente había asegurado que no se había tomado ninguna medida para proteger a los campesinos de la zona. A la luz de estas denuncias, se teme que la vida y la integridad física de los campesinos residentes en la zona puedan seguir en peligro.
75. El 15 de marzo, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras ser informada de que, del 16 al 19 de febrero, 350 hombres del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían llevado a cabo una incursión en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, y en el de El Salado, departamento de Bolívar. Los paramilitares habrían atravesado diversas localidades, entre ellas San Pedro, Canutalito, Canutal, Flor del Monte, Bajo Grande, El Cielito, Palmarito y Cienagueta, en la jurisdicción de Ovejas, y luego el corregimiento de El Salado. A su paso por las citadas localidades, los paramilitares habrían asesinado a 18 personas en las veredas de Ovejas y a 36 en El Salado. La Relatora Especial fue informada de que en El Salado, los paramilitares habrían trasladado a un grupo de personas a una cancha de baloncesto, donde al tiempo que bebían y cantaban los habrían ido torturando hasta provocar la muerte de 36 personas. Según las informaciones recibidas por la Relatora Especial, las víctimas presentaban mutilaciones, heridas de arma de fuego, heridas de arma corto-punzante y destrucción de la bóveda craneana. Entre las víctimas se encontraba una menor de 6 años de edad, quien según testigos presenciales habría sido atada con un palo y le habrían cubierto el rostro con una bolsa de plástico que le causó la muerte por asfixia. La Relatora Especial pidió al Gobierno de Colombia que tomase las medidas necesarias para evitar que este tipo de hechos se repitiese y le recordó sus obligaciones para conseguir el respeto al derecho a la vida.
76. El 12 de abril, miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían llevado a cabo una incursión contra los habitantes de El Tarra y Tibú, municipios situados al norte de la provincia de Santander, el 6 de abril. Se informa de que como consecuencia de dicha incursión al menos 20 personas habrían resultado muertas. La fuente sostiene que los paramilitares fueron buscando a los individuos cuyos nombres aparecían en una lista que llevaban en la mano y los fueron ejecutando. A pesar de las continuas denuncias del peligro que corrían los habitantes de la zona e incluso de la importante presencia allí de las fuerzas armadas de Colombia, la fuente aseguró que no se tomó ninguna medida para que estos hechos lamentables no ocurriesen. A la luz de estas denuncias y remitiéndose a la comunicación que la Relatora Especial había enviado al Gobierno de Colombia el 25 de agosto, la Relatora Especial trasladó su más profunda preocupación ante el peligro que corren las vidas de los habitantes de la zona al ser informada de que, a pesar de la fuerte presencia de unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia en la zona, esta clase de hechos se había vuelto a repetir.
77. El 1º de mayo, la Relatora Especial conjuntamente con el Representante del Secretario General sobre los desplazados internos, transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia expresando su preocupación por los hechos ocurridos del 21 al 26 de abril, cuando un grupo de unos 400 paramilitares habría llegado al corregimiento Cerro Azul, en el Municipio de San Pablo, área del Magdalena Medio. Los paramilitares se habrían llevado en su retirada a María Estrada, Jesús Flórez Estrada, Orlando Badilla y a otros dos campesinos. La fuente afirmó que los paramilitares, junto con los anteriormente citados, habrían dejado el lugar en un helicóptero en dirección de San Blas. La Relatora Especial y el Representante del Secretario General expresaron su preocupación por el paradero de las personas citadas. Como consecuencia de la acción de dicho grupo paramilitar, alrededor de 160 campesinos se habrían visto obligados a trasladarse a la vereda San Juan Alto. La Relatora Especial y el Representante del Secretario General informaron al Gobierno de que los paramilitares estaban impidiendo, según la fuente, el paso de alimentos y medicinas hacia este sector, por lo que los campesinos desplazados permanecerían en total indefensión, con grave riesgo para sus vidas. La fuente informó también de que los paramilitares mantendrían además secuestrados a 25 campesinos en el caserío de Cerro Azul, obligándoles a transportarles agua y a prepararles alimentos. La Relatora Especial y el Representante del Secretario General llamaron la atención del Gobierno de Colombia hacia la situación en la que se encuentran las poblaciones circundantes a Barancabermeja y específicamente del Magdalena Medio, quienes están viviendo, según las continuas informaciones recibidas, un acoso sistemático por parte de grupos paramilitares que pone en peligro las vidas de los habitantes en la zona.
78. El 11 de julio de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno referente a las muertes de Rigoberto Guzmán, Elodino Rivera, Diafanor Correa, Humberto Sepúlveda, Pedro Zapata y Jaime Guzmán quienes habrían sido ejecutados públicamente aparentemente en una operación conjunta del ejército y paramilitares. El 8 de julio de 2000, alrededor de 20 hombres armados y encapuchados habrían entrado en La Unión, una de las 17 aldeas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia. Según la información, habrían reunido a los habitantes en el centro de la aldea, habrían separado a los hombres de las mujeres y los niños y habrían baleado a los arriba nombrados. Posteriormente, 63 familias de La Unión habrían tenido que huir a raíz de las amenazas que habrían proferido contra ellos. La Relatora Especial había sido informada de que un helicóptero, aparentemente de la XVII Brigada, habría sobrevolado la zona durante el ataque. Testigos habrían informado de que cinco días antes, un convoy de al menos 100 soldados, supuestamente del XVII Batallón, habría marchado por las montañas en dirección de San José de Apartadó. Según la fuente, entre los soldados habría por lo menos dos hombres con ropas militares sin insignias. Los soldados serían del Batallón Bejaranos y del Batallón contraguerrillas Díaz López. El ejército habría negado su presencia en la zona. Según se informa, durante el ataque a La Unión, soldados, algunos de ellos con ropas de civiles, habrían parado y amenazado a algunos campesinos en la ruta a San José de Apartadó. Dos días antes del ataque, soldados se habrían referido a las aldeas de la Comunidad de Paz como "comunidad de guerrilleros".
79. El día 12 de julio de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno expresando su preocupación por la información recibida respecto a dos asentamientos de desplazados internos en Medellín. Según la información, el 2 de julio un grupo de hombres fuertemente armados vestidos de civil, quienes se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habrían llegado a los barrios de El Pinal y La Cruz, asentamientos de desplazados en Medellín, y habrían amenazado con asesinar a varios habitantes por considerarlos guerrilleros. Estas amenazas coincidirían con la realización de retenes por parte de los paramilitares en las cercanías de Medellín. El 3 de julio, un grupo de jóvenes que se dirigiría a Piedras Blancas habría sido retenido por paramilitares quienes habrían secuestrado a uno de ellos. De acuerdo con la información, en la misma fecha alrededor de 11 policías habrían llegado al barrio de La Cruz en la comunidad nororiental de Medellín y habrían hostigado a los habitantes realizando tiros al aire y diciendo que en ese lugar había guerrilleros. Según la fuente, estos hechos habrían sucedido después de declaraciones que habría vertido el Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín, General Eduardo Herrera Vergel, acerca de que una protesta que habría sido realizada por los desplazados a fines de junio de 2000 sería promovida por las FARC. La Relatora Especial pidió al Gobierno que tomase todas las medidas necesarias de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes para proteger las vidas de los residentes en las comunidades anteriormente citadas.
80. El 14 de julio de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras haber sido informada de que un grupo de paramilitares que operaría en la región de los Montes de María al norte del país, habría anunciado la intención de reanudar, aparentemente a partir del 19 de julio, sus ataques contra la población civil. La Relatora Especial había sido informada de que las comunidades amenazadas eran las del sector de La Cansonona, en Carmen de Bolívar, en particular las veredas de Caracol, San Isidro, Ojito de Venado, Mamón de María, Lázaro, Guamuanga y La Sierra. La Relatora Especial expresó su preocupación por las mencionadas amenazas y pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos de las citadas comunidades.
81. El 19 de septiembre de 2000 la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras haber sido informada de que, según las noticias recibidas, el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia-Bloque Calima (AUC) habría ordenado regresar a sus casas a un grupo de desplazados forzosos que buscaba refugio en Tuluá, bajo amenaza de emprender acción sobre quienes no se marcharan antes del 15 de septiembre de 2000. La fuente informa de que la municipalidad de Tuluá habría proporcionado autobuses a la comunidad de desplazados, aunque, aparentemente, no habría adoptado ninguna medida para garantizar su seguridad, a pesar de que las fuerzas armadas y los grupos paramilitares aliados suelen considerar a las comunidades de desplazados simpatizantes y colaboradores de la guerrilla.
82. El 3 de agosto de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia al ser informada de que desde el pasado día 15 de julio se habrían producido varios ataques por parte de grupos paramilitares resultando muertos los campesinos Alberto Ibarra Ibarra, Juan Alonso Montoya Ortiz, Adilio de Jesús Montoya Ruíz, Luciano Urón y Willintong de Jesús Rivera Ibarra, menor de edad, en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó. La fuente informa de que los paramilitares se habrían trasladado a la comunidad de San Pablo, en Bolívar, donde habrían ejecutado a Teófilo Torres y a su hijo, menor de edad, Darío Torres. Se informa de que desde la fecha del citado incidente los paramilitares habrían maltratado y amenazado a los habitantes de ambas poblaciones.
83. Según las últimas informaciones recibidas, los paramilitares habrían llevado a cabo una incursión el pasado 21 de julio de 2000 en la zona rural del municipio de Santa Rosa, lo que habría hecho que cerca de 150 personas se desplazasen hacia la zona urbana del mismo. Se informa de que los paramilitares habrían establecido retenes de control en diferentes puntos de la zona impidiendo el paso de ayuda humanitaria y poniendo en grave peligro las vidas de los habitantes de la región.
84. El 7 de noviembre de 2000, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia al conocer que el 4 de noviembre de 2000 el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habría llevado a cabo una incursión en la localidad de Barrancabermeja, departamento de Santander. Como consecuencia de dicho ataque, Osvaldo y Rodrigo Buitrago Pradilla habrían sido secuestrados y siete personas habrían resultado muertas. Según la fuente, el ejército, cuyo Batallón "Nueva Granada" se hallaba desplegado en la zona, no habría llegado a intervenir en el momento que se produjo la incursión, aunque duró aproximadamente dos horas. La fuente informa además de que desde 1998 la comunidad de Barrancabermeja ha sido objeto de numerosos ataques por parte de grupos paramilitares, así como por la guerrilla.
Dirigentes indígenas
85. La Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente el 21 de febrero tras haber conocido del desalojo forzoso por parte de la fuerza publica de miembros de la comunidad indígena U’wa en los sitios de Cedeño y la China, en las inmediaciones de los municipios de Cubará (Boyacá) y Toledo (norte de Santander). Como consecuencia de los hechos, los menores de edad Nury Bokotá, Mauricio Díaz y Jorge Anicuta habían perdido la vida. La Relatora Especial informó al Gobierno de Colombia de que, desde el momento del desalojo, Eleonor Herrera, Luz Helena Herrera, Gustavo Delgado, Wilson Díaz, Antonio Delgado, Nelson Díaz, Edgar Díaz, Toño Delgado, Fredy Díaz, Alfredo Díaz, Wilson Herrera y otros cuatro menores de entre 5 y 10 años de edad habían desaparecido. A la luz de las denuncias, la Relatora advirtió al Gobierno de Colombia que se temía que la vida y la integridad física de las personas anteriormente mencionadas podría estar en peligro. La Relatora Especial hizo una mención especial a los menores desaparecidos y pidió al Gobierno que tomase las medidas necesarias para evitar nuevas muertes.
(b) Alegaciones recibidas referentes a actos cometidos por miembros de los institutos armados o del cuerpo de seguridad
Menores
86. El 27 de octubre, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia De acuerdo con las informaciones recibidas, grupos paramilitares habrían llevado a cabo diversos ataques contra grupos de campesinos que se desplazaron del departamento de Meta hacia Villavicencio, Ciudad Porfía, San Carlos, El Rodeo y el Milagro. Asimismo, la fuente informa de que entre el 20 y el 23 de octubre de 2000 un grupo de veinte jóvenes, entre los que se encontraban Ramón Aguilú Gaitán, Nelson Aguilú Gaitán, Pedro Pablo, Ramón Encinosa Díaz, Yineth Alvarado y Ferney N. Ríos, habría sido secuestrado por grupos paramilitares en la municipalidad de Puerto Gaitán, en el departamento Central de Meta. Según la fuente, dichos jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 25 años, habrían sido maltratados y conducidos a una granja cercana, "El Brasil", utilizada supuestamente por dicho grupo paramilitar como base y lugar de entrenamiento, con el fin de reclutarlos para su causa.
Comunicaciones enviadas
87. La Relatora Especial también transmitió comunicaciones relativas a la violación del derecho a la vida en nombre de las personas que se indican a continuación. Algunas de ellas también fueron objeto de llamamientos urgentes (véase más arriba).
Activistas en pro de los derechos humanos
88. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 19 de mayo de 2000 Jesús Ramiro Zapata Hoyos, activista en pro de los derechos humanos, habría sido secuestrado por un grupo de hombres armados. La fuente informa de que su cuerpo sin vida fue hallado días después.
89. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 19 de mayo de 2000 Elsa Alvarado y Carlos Mario Calderón, activistas en pro de los derechos humanos, habrían resultado muertos como consecuencia de los disparos hechos por miembros de un grupo paramilitar cuando se encontraban en su piso en Bogotá.
90. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 6 de agosto de 2000 Freddy Gallego, uno de los líderes de la comunidad de paz de San Francisco de Asis, departamento del Chocó, habría sido secuestrado por fuerzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU). La fuente informa de que fue hallado tres días más tarde presentando signos de tortura
91. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 1 de septiembre de 2000 Orlando Moncada, uno de los líderes de la asociación campesina del Valle del Río Cimitarra, habría resultado muerto como consecuencia del ataque de un grupo paramilitar.
Sindicalistas
92. Según las informaciones recibidas, César Wilson Cortés, militante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Hilados (SINALTRADIHITEXCO) y de la Confederación de Trabajadores Democráticos (CGTD), habría sido secuestrado el día 4 de abril al salir de su lugar de trabajo en Enka de Colombia por un grupo de hombres pertenecientes, según afirma la fuente, a un grupo paramilitar. Se informa de que el día 8 de abril el cadáver de César Wilson Cortes fue encontrado en una vereda del municipio de Girardota, Antioquia.
93. Según las informaciones recibidas, Islem Quintero, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones, Seccional Pereira y empleado de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), fue secuestrado el 6 de abril, aparentemente por miembros de un grupo paramilitar. Se informa de que su cadáver fue encontrado el día 7 de abril en el departamento de Risaralda.
94. Según las informaciones recibidas, Rómulo Gamboa, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRALECOL), Sección Boyacá, habría resultado muerto como consecuencia de una emboscada llevada a cabo aparentemente por miembros de un grupo paramilitar.
95. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 17 de mayo de 2000 Carmen Emilia Rivas, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores y Clínicas, Seccional Cartago, Valle del Cauca, habría resultado muerta cuando iba a ingresar en el servicio de urgencias del hospital del Sagrado Corazón de Jesús. Según las informaciones recibidas, Carmen Emilia Rivas habría sufrido varios disparos que le habrían causado la muerte. Se informa de que los presuntos autores serían miembros de un grupo paramilitar.
Campesinos
96. La Relatora Especial también transmitió comunicaciones relativas a la violación del derecho a la vida en nombre de las personas que se indican a continuación. Algunas de ellas también fueron objeto de llamamientos urgente (véase más arriba).
97. Según las informaciones recibidas miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían llevado a cabo el 7 de febrero una incursión en San José de Ité, departamento de Antioquia, tras la cual Gabriel Castañeda y José Ignacio Suárez, granjeros de la población de San José de Ité, habrían sido asesinados.
98. Según las informaciones recibidas, el 19 de febrero, a las 7.30 horas, alrededor de 20 hombres armados y uniformados habrían llegado a la comunidad de paz de San José de Apartadó. Allí habrían irrumpido en varios locales asesinando a José Ubaldo Quintero, Edgar Mario Urrego Osorio, Luis Eduardo Ciro Arestizábal, Alonso Jiménez y Albeiro Montoya. La fuente informa de que varios testigos habrían identificado divisas pertenecientes a la brigada XVII en los uniformes de los paramilitares. Se informa de que miembros de la brigada XVII habrían sido vistos en una granja cercana a San José de Apartadó llamada "La Guantinaja", en la comunidad de Caracolí, momentos antes de los hechos.
99. Según las informaciones recibidas, en la madrugada del 5 de marzo, un grupo de 150 hombres armados que se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habría irrumpido violentamente en el corregimiento San Luis Beltrán del municipio de Yondó, departamento de Antioquia asesinando a Pedro Chacón, Pastor Chacón, Juan Evangelista Chacón, Dagoberto Méndez, Leonel Pedroso Villarreal, Oscar Mauricio Pedroso Villarreal y Pedro Chacón Albarracín. Los agresores habrían sacado a ocho personas de sus casas, entre ellas las siete anteriormente mencionadas, y las habrían conducido a la plaza central de la población. Allí, con una lista en la mano, habrían seleccionado a las siete personas anteriormente mencionadas y las habrían ido ejecutando en presencia de sus familiares y vecinos.
100. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 24 de marzo de 2000 Antonio Hinestroza habría resultado muerto como consecuencia del ataque presuntamente llevado a cabo por miembros de un grupo paramilitar en Uber Quintero.
101. Diecisiete personas asesinadas en El Tarra y Tibú, norte de Santander. Se informa de que el 6 de abril de 2000, los paramilitares habrían ido buscando a las personas que aparecían en una lista y las fueron ejecutando. Como consecuencia de dicha acción, Ramón María Sánchez Sánchez, César Fernando Contreras, Victor Manuel Peña Remolina, Fabio Sánchez Barrera, José Martín Niño Rodríguez, José Laguado Contreras, Ovidio Gómez García, Pablo Antonio Yepes Santiago, Jesús Martín Urbina Jaimes, Nelson Carrascal Ascanio, José Hilario Santana Sánchez, Luis Ramón Beleño, Eliodoro Suárez, Luis Omar López Parada, Fredy Sepúlveda Durán, Evangelista Flórez Durán y Héctor Julio Casadiego habrían perdido la vida.
102. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 10 de junio de 2000 Bernardo Roldán habría resultado muerto como consecuencia del ataque del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)
103. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 16 de julio de 2000 José Mosquera habría sido secuestrado por un grupo de paramilitares. La fuente informa de que dos días después su cuerpo sin vida fue hallado en el río Atrato.
104. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 26 de julio de 2000 Antonio Mosquera habría resultado muerto como consecuencia del ataque que un grupo de paramilitares habría llevado a cabo contra el barco en el que viajaba a través del río Atrato.
105. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 16 de septiembre de 2000 Aquilino Jarupia Bailarín y Antonio Domico habrían sido secuestrados por miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el resguardo de Embera Katio del Alto Sinú, departamento de Córdoba. La fuente informa de que días después de su secuestro fueron hallados sus cuerpos sin vida en el resguardo de Embera Katio del Alto Sinú, departamento de Córdoba.
106. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 16 de septiembre de 2000 Miguel Bailarín habría sido secuestrado por cuatro hombres armados en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba. La fuente informa de que el 17 de septiembre de 2000 fue encontrado su cuerpo sin vida.
Menores
107. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 15 de agosto de 2000, Paula Andrea Arboleda, Harold Giovanni Tabares, Alejandro Arboleda, Marcela Sánchez, David Ramírez y Gustavo Isaza Carmona, todos menores de edad, habrían resultado muertos cuando paseaban junto a veinticuatro compañeros y los profesores de la escuela Veredal. Como consecuencia del ataque, que habría sido llevado a cabo según la fuente por tropas de la contraguerrilla pertenecientes al batallón de infantería Nutibara y la IV Brigada que opera en la zona, los menores anteriormente citados habrían resultado muertos.
Seguimiento
108. La Relatora Especial transmitió al Gobierno de Colombia comunicaciones referentes a alegaciones anteriores de violación del derecho a la vida respecto de las cuales no había recibido respuesta o casos en que la respuesta no contenía suficiente información para cerrarlos. A este respecto, pidió que el Gobierno de Colombia le suministrara información sobre lo que hubiese ocurrido en los casos de las siguientes personas que perdieron la vida en 1997, 1998 y 1999: Marino López, Francisco Tabarquino, Euclides Cuesta, Francisco Romaña, José Henry Hinestroza, Nicomedes Rentería, Oscar Valderrama, Alfonso Valderrama, Edilberto Areiza, Ricaurte Monroy, Luis Albeiro Avendaño, Ananías Guisao, Florentino Guisao, Milton David, Ángel Montoya, Herminio Palomeque Mosquera, José Osorio Montoya, Ramiro Mena, Clímaco Serpa, John Jairo Tordecillas, Luz Stella Oquendo, Leyson Arturo Franco, Jorge Iván Franco, Rafael Antonio Múñoz, Jesús Arias, Jorge Correa, Florebirto Hurtado, Gilberto Arango y Emilio Zapata.
Comunicaciones recibidas
109. En esta sección figura la respuesta recibida del Gobierno a los llamamientos urgentes y las denuncias de violaciones del derecho a la vida que la Relatora Especial transmitió durante el período de que se informa. En sus comunicaciones, el Gobierno informó a la Relatora Especial de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaba investigando todas las alegaciones de amenazas de muerte.
110. El 18 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió una comunicación a la Relatora Especial referente al asesinato de Fabio de Jesús Gómez Gil, hecho que ocurrió en Medellín el 21 de diciembre de 1995, y la posterior desaparición de sus hijos Juan Carlos y Fabio Eduardo Gómez Arango. El Gobierno de Colombia informó de que la Fiscalía de la Nación había pedido colaboración a los únicos testigos del asesinato que eran la esposa y la hija de Fabio de Jesús Gómez Gil. La Fiscalía informó de que los anteriormente citados se habían negado a colaborar. En relación con la desaparición de Juan Carlos y Fabio Eduardo Gómez Arango, el Gobierno de Colombia informó de que fue inscrita en el registro nacional de desaparecidos y que se han realizado los diversos cotejos con los cadáveres que se han hallado en el departamento de Antioquia, sin que se hayan obtenido resultados hasta la fecha. El 11 de septiembre, el Gobierno de Colombia suministró a la Relatora Especial información adicional a la remitida con fecha 18 de enero de 2000. El Gobierno de Colombia informó de que de acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación que se adelanta por la desaparición de los hermanos Gómez Arango se profirió resolución de acusación como responsables de delito de secuestro simple contra el capitán Oscar Orlando Merchán, sargento Jorge Roa Cartagena y agente Emiliano Mahecha Fajardo, personal de la policía adscrito al Gaula de Medellín. Los acusados solicitaron ante la Jurisdicción Penal Militar que presentara colisión de competencias por lo que correspondió al Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín entablar el conflicto de competencias y remitirlo ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde actualmente se encuentra en trámite, motivo por el cual el Gobierno informa de que la investigación se encuentra suspendida hasta la resolución de la cuestión de competencias.
111. El Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial el 19 de enero de 2000 de la desaparición de Jorge Alirio Salazar, así como de la muerte de Jaime de Jesús Puerta Bohorquez, Alfonso de Jesús Zulueta Arango y Francisco Castrillón, ocurridas el 17 de junio de 1996 en el municipio de San Roque, Antioquia. El Gobierno de Colombia informó de que la investigación previa se encuentra suspendida, por resolución de 13 de junio de 1998.
112. El 19 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia informó de que respecto de los asesinatos de Alejandro Melchor Suárez y Gildardo Tapasco, ocurridos el 6 de abril de 1999 en el municipio de Riosucio, Caldas, presuntamente cometidos por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la investigación estaba a cargo de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales. El Gobierno informó de que en el momento de la comunicación no se había identificado a los autores.
113. Por carta con fecha 20 de enero 2000, el Gobierno de Colombia remitió información concerniente a los asesinatos de Gerardo Estrada Yampuezan, Marco Antonio Nasner y Alfredo Basante, ocurridos el 8 de noviembre de 1996 en el municipio de Túquerres, departamento de Nariño. La Fiscalía General de la Nación comunicó que la investigación por dichos hechos se encuentra en etapa instructiva, siendo vinculadas dos personas a quienes se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, pero que a su vez se encuentran detenidos por cuenta de otra autoridad.
114. Asimismo, el 26 de julio de 2000 el Gobierno de Colombia trasladó a la Relatora Especial información adicional sobre la presunta desaparición de Gilberto Bautista el 20 de enero de 1993. El Gobierno informa de que la investigación fue archivada el 18 de agosto de 1993, ya que no se encontró mérito probatorio para abrir la investigación disciplinaria contra miembros de los organismos de seguridad del Estado.
115. El 19 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió a la Relatora Especial información sobre la presunta desaparición de Jorge Alirio Salazar, Jaime de Jesús Puerta Bohorquez, Alfonso de Jesús Zuleta Arango y Francisco Castrillón. El Gobierno informa de que las diligencias por la desaparición del Sr. Salazar se adicionaron a la actuación por la muerte de los Sres. Puerta, Zuleta y Castrillón por tratarse de los mismos hechos, ocurridos el 17 de junio de 1996 en el municipio de San Roque, Antioquia.
116. El Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial el 20 de enero de 2000 de que se había abierto una investigación por las presuntas amenazas recibidas por los miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) en Barrancabermeja.
117. El 20 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de que se ha abierto una investigación por parte de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar del secuestro y posterior asesinato de Luis Peroza y Numael Vergel.
118. El Gobierno de Colombia, mediante carta fechada el 20 de enero de 2000, informó a la Relatora Especial del asesinato el 8 de noviembre de 1996 de Gerardo Estrada Yampuezan, Marco Antonio Nasner y Alfredo Bastante en el municipio de Túquerres, departamento de Nariño. El Gobierno colombiano informó de que la investigación por dichos hechos se encuentra en etapa instructiva, habiendo sido vinculadas dos personas a quienes se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y que a su vez se encuentran detenidas por cuenta de otra autoridad.
119. El 21 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia informó de que, respecto al asesinato del líder indígena Lucindo Dominicó Juripa, ocurrido el 24 de abril de 1999, la investigación se encuentra en la etapa previa sin que se hayan obtenido resultados positivos sobre los autores materiales o intelectuales. El Gobierno informó de que se había ordenado a una unidad investigadora que se trasladase al lugar donde se encuentran algunos miembros de la comunidad Embera-Katio para investigar los hechos.
120. Por carta de fecha 25 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial del caso del asesinato de Hernán Henao Delgado, profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (INER), ocurrido el 4 de mayo de 1999. Según el Gobierno de Colombia, la Fiscalía 171 de la Unidad de Reacción Inmediata de Medellín ordenó abrir una investigación. Hasta el momento de la comunicación sólo se ha averiguado que dos hombres y una mujer entraron en las instalaciones del INER y habrían asesinado a Hernán Henao Delgado.
121. El 8 de marzo, el Gobierno de Colombia informó del caso del asesinato de Isidro Segundo Gil, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINATRAL), Seccional Carepa, ocurrido el 4 de diciembre de 1996. El Gobierno de Colombia informó de que se ha decretado la detención de tres personas en relación con los hechos. El Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de que seguirá atento al resultado de las investigaciones.
122. El 8 de marzo de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial del asesinato de Silfredy Arboleda y su hijo Freddy Francisco Arboleda el 15 de abril de 1995 en Aguaclara, a diez kilómetros del municipio de Turnaco, Nariño. El Gobierno colombiano informó de que el 9 de julio de 1999 se profirió resolución de acusación en contra de Eduardo Aristides Álvarez, Javier Fernando Guerra Urango, José Milton Caicedo González y José Ancizar Molano Padilla por los delitos de homicidio agravado e infracción del Decreto Nº 1194/89.
123. El Gobierno de Colombia, mediante carta fechada el 8 de marzo de 2000, informó de que, con respecto al caso de los asesinatos de Jairo de Jesús Sepúlveda, Graciela Arboleda, William de Jesús Villa García y Héctor Hernán Correa García, se impuso el 14 de diciembre de 1999 medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de dos personas por el delito de homicidio agravado. El 8 de marzo de 2000, el Gobierno de Colombia informó de que se ha procedido a dictar resolución de acusación contra cuatro personas por los delitos de homicidio agravado de Silfredy Arboleda y su hijo Freddy Francisco Arboleda, ocurridos el 15 de abril de 1995 en Aguaciara, Nariño.
124. El 15 de marzo de 2000, el Gobierno de Colombia suministró a la Relatora Especial información adicional sobre la situación de riesgo en la que se encontrarían algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia. El Gobierno informa de que el 29 de octubre de 1999 se ordenó la apertura de instrucción y se dictó orden de captura contra Carlos Castaño Gil por la muerte del estudiante Marulanda y por las amenazas proferidas a estudiantes y funcionarios de la Universidad de Antioquia. Asimismo, el Ministerio del Interior viene brindando protección a las personas amenazadas, facilitando ayuda humanitaria y la salida del país de María Elena Piedrahita y sus cuatro hijos y adelantando las gestiones para la salida de Guillermo Montoya.
125. El 19 de abril de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de la incursión armada que habría tenido lugar los días 16 y 19 de febrero de 2000 en los municipios de Oveja, departamento de Sucre, y de El Salado, departamento de Bolívar. El Gobierno informa de que personas armadas que debían pertenecer a las Autodefensas de Córdoba realizaron dicha incursión. Las diligencias practicadas hasta el momento consisten en el levantamiento de cadáveres, declaraciones de testigos, reconocimiento en fila de personas, inspección judicial con experticia técnica a las armas, municiones, uniformes, documentos y demás elementos incautados. El Gobierno informa de que el 23 de febrero se dictó apertura de instrucción, habiendo sido capturadas 15 personas hasta el momento, a las que se ha tomado diligencia indagatoria y se ha impuesto medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como coautores en forma dolosa del delito de homicidio con fines terroristas.
126. El 29 de mayo de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió una comunicación a la Relatora Especial referente a la situación de riesgo en que se encontrase el abogado Alirio Uribe Múñoz, perteneciente al colectivo de abogados "José Alvear Restrepo" de Bogotá. El Gobierno de Colombia informó de que las circunstancias del caso fueron comunicadas a las autoridades competentes y se iniciaron las gestiones para proteger su vida. Hasta el momento no se ha recibido información sobre la adopción de medidas específicas.
127. El 30 de mayo de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial del presunto asesinato de José Ubaldo Quintero, Edgar Mario Urrego Osorio, Luis Eduardo Ciro Aristizábal, Alonso Jiménez y Albeiro Montoya el 19 de febrero de 2000 en la comunidad de San José de Apartadó. El Gobierno informa de que el 21 de febrero se ordenó la apertura de la investigación previa y la práctica de diversas pruebas. Asimismo, el 6 de marzo, el fiscal de conocimiento ordenó la práctica de pruebas e impartió una orden de trabajo al Cuerpo Técnico de Investigaciones del Grupo de Derechos Humanos y un encargo al Fiscal Especializado Delegado en Apartadó con el fin de que realice algunas gestiones.
128. El 31 de mayo de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió una comunicación a la Relatora Especial referente a la muerte a manos de un grupo paramilitar de Otoniel Bautista Mantilla y Ricardo Goes Restrepo, integrantes de la comunidad de desplazados de Turbo en proceso de retorno a la Cuenca del Cacarica. El Gobierno de Colombia informa de que las investigaciones por su muerte fueron iniciadas por la Unidad Seccional de las Fiscalías de Turbo, Antioquia (su radicación corresponde a los Nos. 5178 y 5188, respectivamente). Asimismo y respecto a los acuerdos de protección a la población, la Red de Solidaridad Social informó de que en el marco de la Comisión Mixta de Verificación al proceso de concertación para el retorno de las comunidades del Cacarica se han realizado acciones de coordinación y gestión institucional, en apoyo al cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional. El Gobierno de Colombia informa además de que se ha coordinado con el ministerio público el establecimiento de una Casa de Justicia para el Cacarica como estrategia complementaria de protección. Por último, la Oficina de Asesores de Derechos Humanos del Despacho del Procurador General de la Nación adelantó una investigación preliminar en la que se dispone a adelantar pruebas por los hechos ocurridos contra la comunidad desplazada de la Cuenca del Cacarica.
129. El 6 de junio de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de la situación de riesgo de Pablo Javier Arenales, miembro de la Corporación Regional de Derechos Humanos (CREDHOS) de Barrancabermeja, quien habría recibido varias amenazas de muerte. El Gobierno informa de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) señaló que Pedro Javier Arenales no solicitó servicio de escolta, pues de acuerdo con lo establecido en convenios con organizaciones no gubernamentales internacionales los activistas en pro de los derechos humanos no pueden estar acompañados de personas armadas. Asimismo, el Ministerio del Interior ha suministrado a CREDHOS diversos elementos necesarios para proteger dicha institución dentro del programa que se lleva a cabo en el país. Asimismo, el 14 de julio de 2000 el Gobierno de Colombia transmitió a la Relatora Especial información adicional sobre su situación, comunicándole que la investigación se encuentra en etapa preliminar, en práctica de pruebas, motivo por el cual no se encuentra vinculada ninguna persona.
130. El 9 de junio de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de la presunta incursión armada de un grupo paramilitar en los municipios de El Tarra y Tibú el 6 de abril de 2000. Asimismo, el 21 de julio de 2000 el Gobierno colombiano transmitió a la Relatora Especial información adicional sobre el estado de las investigaciones que se encuentran en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, habiendo viajado a la zona varias comisiones interinstitucionales y de investigación judicial con el apoyo logístico de la Vicepresidencia.
131. El 22 de junio de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió una comunicación a la Relatora Especial sobre el presunto secuestro y posterior homicidio de César Wilson Cortés.
132. El 12 de julio de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de la muerte de Pedro Chacón, Pastor Chacón, Juan Evangelista Chacón, Dagoberto Méndez, Leonel Pedroso Villareal, Oscar Mauricio Pedroso y Pedro Chacón Albarracín. El Gobierno de Colombia informa de que la investigación por dichos homicidios fue iniciada el 31 de marzo por la Unidad Seccional de Puerto Berrío, siendo remitida el 31 de marzo a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Mediante carta fechada el 7 de agosto de 2000, el Gobierno transmitió información adicional a la Relatora Especial y le comunicó que de acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría General de la Nación, consultados los archivos de esta entidad, se comprobó que no se evidencia participación alguna por parte de los servidores públicos en este caso.
133. El 12 de julio de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de la muerte de Rómulo Gamboa Carvajal y César Wilson Cortés. El Gobierno comunicó que mediante resolución de 25 de junio de 2000, se inició la investigación contra los posibles responsables del homicidio.
134. El 13 de julio de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de la situación de Pablo Javier Arenales, miembro de la Corporación Regional de Derechos Humanos (CREDHOS) de Barrancabermeja en relación con las presuntas amenazas de muerte, delito de constreñimiento ilegal, de que habría sido objeto el 19 de octubre de 1999. El Gobierno de Colombia informó de que la investigación se encuentra en etapa preliminar, en práctica de pruebas, motivo por el cual no se encuentra vinculada persona alguna ni se han librado órdenes de captura.
135. El 19 de julio de 2000, el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial de las presuntas amenazas de muerte de que fuese víctima Rocío Campos, miembro de ASFADES, así como de la muerte de Elizabeth Cañas Cano. En relación con la muerte de Elizabeth Cañas, el Gobierno informa de que dio traslado de este caso a las autoridades competentes. Mediante carta fechada el 11 de septiembre de 2000, el Gobierno transmitió a la Relatora Especial información adicional sobre el caso y le comunicó que se habían adelantado las investigaciones y ordenado la práctica de pruebas. Respecto a las amenazas de muerte recibidas por Rocío Campos, el Gobierno informa de que las circunstancias de este caso fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, sin que se haya tenido conocimiento hasta el momento de la adopción de medidas específicas. Asimismo, el 9 de agosto de 2000 el Gobierno colombiano transmitió a la Relatora Especial información adicional y le comunicó que el 29 de julio de 2000 se acordó suministrar pasajes a Rocío Campos y a su hijo para salir de la zona de riesgo, así como proporcionarles ayuda humanitaria y medios de comunicación, medidas que según el Coordinador del Programa de Protección de Testigos y Personas Amenazadas del Ministerio del Interior ya han sido ejecutadas.
136. El 21 de julio de 2000, el Gobierno colombiano transmitió una comunicación a la Relatora Especial relativa al presunto secuestro y posterior homicidio de Islem de Jesús Quintero. El Gobierno colombiano informó de que el 6 de abril de 2000 el Cuerpo Técnico de Investigaciones llevó a cabo la diligencia de levantamiento de su cadáver. Según el protocolo de necropsia, la causa de la muerte fue homicidio. El grupo de investigadores adelantó las investigaciones respectivas, encontrándose el expediente en investigación previa, con sindicado desconocido y radicado bajo el número 42.464.
137. El 9 de agosto de 2000, el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial del secuestro del dirigente sindical Roberto Cañate Montealegre el 29 de junio de 2000 en la vía que conduce del corregimiento La Playa al corregimiento Galicia, en las inmediaciones del Municipio de Zarzal, cuando transportaba un camión recolector de basura, que fue abandonado junto con su conductor. El Gobierno informa de que, de acuerdo con fuentes sindicales, los presuntos autores del secuestro podrían ser miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares e iban en dos camiones.
138. El 7 de septiembre de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió una comunicación a la Relatora Especial en relación con la muerte de Rigoberto Guzmán, Elodino Rivera, Diafanor Correa, Humberto Sepúlveda, Pedro Zapata y Jaime Guzmán. El Gobierno informa de que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos un grupo de integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones se dirigió al lugar de los hechos con el fin de realizar la inspección a los cadáveres y establecer la forma en que ocurrieron los hechos. El 9 de julio se dispuso la apertura de la investigación previa y se ordenó la práctica de pruebas. Mediante carta fechada el 2 de noviembre de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió a la Relatora Especial información adicional sobre el caso y le comunicó que mediante auto de 2 de agosto de 2000 se abrió indagación preliminar y la investigación se encuentra actualmente en etapa de acopio de pruebas.
139. El 15 de septiembre de 2000, el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial de la muerte de Alberto Ibarra, Juan Alonso Montoya, Adilio de Jesús Montoya Ruiz, Luciano Urán y el menor Willintong de Jesús Rivera. El Gobierno informa de que, de conformidad con las declaraciones de los testigos, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en las viviendas y, lista en mano, seleccionó a las víctimas. El 31 de julio se asignó la investigación de estos hechos a la Fiscalía Primera de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de Quibdó, ordenándose el 1º de agosto la apertura de la investigación preliminar y la práctica de las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
140. El 15 de septiembre de 2000, el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial de la presunta desaparición de María Estrada, Jesús Flores Estrada, Orlando Babilla y otros dos campesinos en hechos ocurridos entre el 21 y el 26 de abril de 2000 en el corregimiento Cerro Azul del municipio de San Pablo. El Gobierno informa de que tras poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes, la policía nacional informó de que adelantadas las investigaciones por el Comando Especial del Magdalena Medio se estableció que no se ha tenido conocimiento de incursiones de grupos armados en el corregimiento de Cerro Azul en el mes de abril del presente año y que los señores Estrada, Flórez y Badilla no son conocidos por los habitantes de Cerro Azul.
141. El 14 de noviembre el Gobierno colombiano transmitió a la Relatora Especial información adicional sobre la presunta desaparición de Uberney Giraldo y José Evelio Gallo. El Gobierno colombiano informa de que la investigación se encuentra en etapa de investigación preliminar e identificación de los imputados.
142. El Gobierno de Colombia mediante carta fechada el 26 de septiembre de 2000 informó a la Relatora Especial de las presuntas amenazas y hostigamiento de que habrían sido objeto Gerardo González y su familia. El Gobierno colombiano informó de que se dio traslado de la comunicación a las autoridades competentes. Hasta este momento no se ha recibido información sobre la adopción de medidas específicas.
143. El 23 de octubre de 2000, el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial de los hechos ocurridos en los barrios El Pinal y La Cruz, asentamientos de desplazados en la ciudad de Medellín, el 2 y el 3 de julio de 2000. El Gobierno colombiano informa de que la Fiscalía General de la Nación comprobó que por los hechos citados no se había adelantado ninguna investigación. Por este motivo, de forma oficiosa se inició la investigación en averiguación bajo el Nº 371.516 de la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del Circuito Especializado de Medellín y Antioquia.
144. El 26 de octubre de 2000, el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial sobre las presuntas amenazas de muerte recibidas por Nelson Restrepo, Ignacio Arango, Juan Carlos Múñoz, Fredy Vélez y Wilfer Bonilla, miembros del Instituto Popular de Capacitación de Colombia IPC. El Gobierno colombiano informa de que se dio traslado de la comunicación a las autoridades competentes. Hasta el momento no se ha tenido conocimiento de la adopción de medidas específicas.
145. El 14 de noviembre el Gobierno colombiano informó a la Relatora Especial de la presunta desaparición de Osvaldo y Rodrigo Buitrago Pradilla en la ciudad de Barrancabermeja. El Gobierno de Colombia informó de que las circunstancias del caso fueron comunicadas a las autoridades competentes.
146. El 14 de noviembre, el Gobierno colombiano transmitió envió una comunicación a la Relatora Especial relativo al el secuestro de Robinson Taborda Tuberquía, William García, Rodrigo Antonio Echevarría y Gabriel Angel Muñoz el 5 de septiembre de 2000 en las comunidades del Cañón de Riosucio. El Gobierno informa de que la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados de Medellín ha adelantado investigación sobre estos hechos y que actualmente se está a la espera del cumplimiento de una comisión encomendada a la Fiscalía Seccional de Ituango para que se interrogue a los familiares de las víctimas.
147. El 14 de noviembre, el Gobierno colombiano transmitió una comunicación a la Relatora Especial relativa a la presunta desaparición de Edgar Antonio Durango, Luis Pineda, Moisés Quiroz y Rubén Darío Sepúlveda. El Gobierno informa de que el 29 de abril de 1998 fueron realizadas las diligencias de levantamiento de cadáveres de Henra Rodríguez Rivera, Moisés Quiroz y Miguel Guerra Yañez, personas que formaban parte del grupo de seis que fueron sacadas a la fuerza del barrio El Pinal. Asimismo, el 4 de mayo de 1998 se realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver de Edgar Antonio Durango y Luís Aníbal Pineda. De acuerdo con las constancias procesales, los cadáveres de las víctimas fueron entregados a sus familiares. El Gobierno informa además de que al día de hoy continúa desaparecido Rubén Darío Sepúlveda.
148. El 17 de noviembre de 2000, el Gobierno de Colombia informó a la Relatora Especial de que, en relación con el secuestro entre el 20 y el 23 de octubre de 2000 de Ramón Aguilú Gaitán, Nelson Aguilú Gaitán, Pedro Pablo, Ramón Encinosa Díaz, Yineth Alvarado y Ferney N. Ríos, una queja ha sido presentada ante la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos.
149. Mediante carta fechada el 31 de mayo de 2000, el Gobierno de Colombia respondió al requerimiento de información adicional sobre diferentes casos de la Relatora Especial. El Gobierno colombiano le comunicó que seguirá atento a los resultados de las investigaciones que las diferentes autoridades nacionales vienen adelantando por los mismos, así como a las medidas que se adopten en cada uno de ellos, de los cuales el Gobierno de Colombia dará conocimiento a la Relatora Especial llegado el momento.
Observaciones
150.La Relatora Especial agradece al Gobierno de Colombia sus numerosas prontas respuestas a sus comunicaciones. No obstante, le preocupa enormemente lo poco que se ha avanzado para poner término al prolongado conflicto. En particular, le preocupan las noticias que siguen involucrando a las fuerzas armadas y los grupos paramilitares en graves violaciones de los derechos humanos.
(…)
