Distr. GENERAL
E/CN.4/2002/106
27 de febrero de 2002
ESPAÑOL Original: INGLÉS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
58º período de sesiones
Tema 17 b) del programa provisional
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, de conformidad con la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos
ÍNDICE
| Párrafos | ||
| RESUMEN | ||
| INTRODUCCIÓN | 1 | |
| I. MANDATO Y MÉTODOS DE TRABAJO | 2 | |
| II. ACTIVIDADES | 3 – 38 | |
| A. Visitas a los países | 5 – 6 | |
| B. Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales | 7 – 16 | |
| C. Cooperación con las organizaciones no gubernamentales | 17 – 25 | |
| D. Participación en seminarios y diversas reuniones | 26 – 32 | |
| E. Otras actividades | 33 – 38 | |
| III. CUESTIONES | 39 – 107 | |
| A. Tendencias | 40 – 79 | |
| B. Los defensores de los derechos humanos | 80 – 94 | |
| C. Las repercusiones de los ataques del 11 de septiembre para las defensoras de los derechos humanos | 95 – 107 | |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 108 – 138 | |
| Annex* : Country situations | ||
| Algeria | ||
| Argentina | ||
| Bangladesh | ||
| Belarus | ||
| Bhutan | ||
| Bolivia | ||
| Brazil | ||
| Cameroon | ||
| Central African Republic | ||
| Chad | ||
| China | ||
| Colombia | ||
| Croatia | ||
| Cuba | ||
| Democratic Republic of the Congo | ||
| Dominican Republic | ||
| Ecuador | ||
| Egypt | ||
| Equatorial Guinea | ||
| Ethiopia | ||
| Georgia | ||
| Guatemala | ||
| Haiti | ||
| Honduras | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Iran | ||
| Israel | ||
| Jamaica | ||
| Kenya | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Malaysia | ||
| Mauritania | ||
| Mexico | ||
| Morocco | ||
| Nepal | ||
| Nicaragua | ||
| Palestine | ||
| Peru | ||
| Republic of Korea | ||
| Russian Federation | ||
| Rwanda | ||
| Singapore | ||
| Sri Lanka | ||
| Sudan | ||
| Syrian Arab Republic | ||
| Tanzania | ||
| Togo | ||
| Tunisia | ||
| Turkey | ||
| Uganda | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||
| Uzbekistan | ||
| Venezuela | ||
| Viet Nam | ||
| Zimbabwe | ||
| Appendix | ||
RESUMEN
Es éste el segundo informe que presenta la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, a la Comisión de Derechos Humanos. Se presenta de conformidad con la resolución 2000/61 de la Comisión. Contiene una descripción de las actividades realizadas por la Representante Especial en el último año, un examen de las cuestiones más apremiantes, un breve resumen de las comunicaciones intercambiadas con los gobiernos y las conclusiones y recomendaciones de la Representante Especial. Con respecto a las situaciones de los países, la Representante Especial ha enviado 134 llamamientos urgentes y 27 cartas de denuncia durante el año. Un gran número de comunicaciones se enviaron conjuntamente con otros mecanismos temáticos, en particular el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. La Representante Especial colaboró también con los mecanismos de países, en particular los Relatores Especiales que se ocupan de las situaciones en el Sudán, la República Democrática del Congo, el Irán y la ex Yugoslavia.
Durante el año que se examina la Representante Especial ha cooperado con organismos especializados dentro del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales regionales. Se tomaron disposiciones concretas de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. La Representante Especial mantuvo una comunicación regular con las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales y participó en tres importantes reuniones de consulta regionales de las organizaciones no gubernamentales, en África occidental, América Latina y Asia.
Las visitas a los países son un aspecto esencial del mandato. La Representante Especial realizó su primera visita al Kirguistán del 30 de julio al 4 de agosto de 2001 y la segunda a Colombia del 23 al 31 de octubre de 2001. Durante el año que se examina, la Representante Especial procuró que se la invite a visitar los siguientes países: Bhután, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, Malasia, Uzbekistán, Singapur, Túnez y Venezuela. Recibió invitaciones oficiales de los Gobiernos de Guatemala, México y Venezuela.
Sobre la base de las comunicaciones enviadas por la Representante Especial, en el informe se exponen las tendencias que podrían alentar a los gobiernos a revisar las prácticas y adoptar las medidas de corrección que sean necesarias. La Representante Especial también señala a la atención de los gobiernos dos motivos de preocupación: la situación de las defensoras de los derechos humanos y las repercusiones de los ataques del 11 de septiembre para los defensores de los derechos humanos.
La Representante Especial concluye su informe afirmando que los defensores de los derechos humanos siguen expuestos a peligros y sus derechos son gravemente conculcados en el mundo entero. A este respecto, las situaciones de conflicto armado y la militarización de los Estados agravan aun más la situación de riesgo de los defensores. La Representante Especial manifiesta su inquietud ante ciertos fenómenos que se han registrado desde el ataque terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos. También llega a la conclusión de que la policía, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad, así como los servicios de inteligencia del Estado, son los agentes que más cometen abusos contra los defensores de los derechos humanos. La impunidad por la violación de los derechos humanos ha pasado a ser uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos, que afecta directamente a la seguridad de los defensores de los derechos humanos.
Las principales recomendaciones de la Representante Especial se centran en lo siguiente:
La necesidad de que los gobiernos presten una atención especial a las tendencias señaladas en el informe y se ocupen de las cuestiones pertinentes a la situación en sus países con respecto a las leyes, políticas y prácticas que obstaculizan la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos o que ponen en situación de peligro a los defensores de los derechos humanos;
La necesidad de que los gobiernos sean más tolerantes de la crítica y estén más dispuestos a corregir las fallas de su administración que se consideren obstáculos a la labor de los defensores de los derechos humanos;
Los gobiernos toman conciencia de la necesidad de acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos;
La necesidad urgente de hacer que las entidades no estatales que participan en conflictos armados se atengan a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario como medida para mantener a la población civil y a los defensores de los derechos humanos a resguardo de violaciones;
No debe permitirse que la legislación en nombre de la seguridad nacional, el orden público o los estados de emergencia sofoque las voces disidentes o suprima la protesta y la reacción pacífica contra la violación de los derechos humanos;
Es importante que se divulgue la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos para crear mayor conciencia de la legitimidad de una actividad destinada a la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos;
La necesidad de una coordinación mejor y más plena entre los sistemas políticos y de derechos humanos de las Naciones Unidas en iniciativas colectivas con objeto de prevenir y eliminar las amenazas a la paz y la seguridad. La acción internacional, o el apoyo a cualquier esfuerzo de la comunidad internacional a este respecto, debe guiarse por la normativa de los derechos humanos.
INTRODUCCIÓN
1. Es éste el segundo informe presentado por la Sra. Hina Jilani (Pakistán), Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos. Su mandato fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2000/61 de 27 de abril de 2000. El informe se presenta de conformidad con la resolución 2001/64. En la sección I figuran el mandato y los métodos de trabajo. En la sección II se pasa revista a las actividades realizadas como parte del mandato en el último año. La sección III contiene un breve examen de una serie de cuestiones que la Representante Especial considera importantes. La sección IV contiene las conclusiones y recomendaciones de la Representante Especial. En el anexo figuran los resúmenes de los llamamientos urgentes y las comunicaciones intercambiadas con los gobiernos, junto con las observaciones de la Representante Especial.
I. MANDATO Y MÉTODOS DE TRABAJO
2. La Representante Especial se remite a su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2001/94) por lo que respecta a su mandato y métodos de trabajo.
II. ACTIVIDADES
3. Durante el período que se examina, la Representante Especial envió 161 comunicaciones a los gobiernos, 134 llamamientos urgentes y 27 cartas de denuncia. A fin de evitar una duplicación innecesaria de las actividades de otros relatores temáticos y relatores por países, en el último año la Relatora Especial ha colaborado con los siguientes procedimientos temáticos especiales: la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (54 llamamientos urgentes y 4 cartas de denuncias), el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura (31 llamamientos urgentes y 14 denuncias), el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión (17 llamamientos urgentes y 4 denuncias), el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (14 llamamientos urgentes), el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (13 llamamientos urgentes y 1 denuncia), la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (5 llamamientos urgentes), el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (un llamamiento urgente) y el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (un llamamiento urgente). Además, la Representante Especial se unió a los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo (cuatro llamamientos urgentes) y el Sudán (dos llamamientos urgentes). Por último, envió dos llamamientos urgentes en conjunto con el Representante Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Irán y uno con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia.
4. A la Representante Especial le preocupa el número considerable de comunicaciones y peticiones recibidas en 2001 en las que se denuncian graves violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Los casos descritos en estas comunicaciones ponen de manifiesto la necesidad permanente de una promoción y protección efectivas de los derechos de los defensores de los derechos humanos. En vista de la gran cantidad y la complejidad de la información pertinente a su mandato, así como del hecho de que las violaciones se cometen en muchos países del mundo, para poder cumplir sus tareas de modo objetivo y equitativo necesita disponer de suficientes recursos financieros y humanos.
A. Visitas a los países
5. La Representante Especial considera que las visitas a los países son un elemento esencial de su mandato. Realizó su primera visita al Kirguistán del 30 de julio al 4 de agosto de 2001 y la segunda a Colombia del 23 al 31 de octubre de 2001. Respecto de ambas visitas la Representante Especial ha presentado sendos informes a la Comisión en su actual período de sesiones (E/CN.4/2002/106/Add.1 y E/CN.4/2002/106/Add.2).
(…)
C. Cooperación con las organizaciones no gubernamentales
17. Como mencionó en su primer informe a la Comisión, la Representante Especial desea recalcar la importancia de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Insiste en que el papel de las organizaciones no gubernamentales en la promoción y la protección de los defensores de los derechos humanos es decisivo. En efecto, esas organizaciones son las primeras en ocuparse de estos problemas y abogan enérgicamente, vigilan y presionan en favor de los derechos humanos. La información proporcionada por las organizaciones no gubernamentales sobre las denuncias de abusos cometidos contra los defensores de los derechos humanos en todo el mundo es fundamental para el buen desempeño de este mandato. En este contexto, la Representante Especial ha elaborado directrices para la presentación de las denuncias (véase el apéndice).
18. Además, la Representante Especial considera que estas organizaciones no gubernamentales tienen la función decisiva de seguir divulgando la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos mediante su traducción a los idiomas locales y campañas de formación y educación. Además, la organizaciones no gubernamentales son particularmente importantes para la promoción y difusión de la labor de la Representante Especial. Este era den hecho uno de los objetivos de las reuniones de consulta de organizaciones no gubernamentales a las que asistió este año la Representante Especial. Gracias a la ayuda de ciertas organizaciones no gubernamentales, la Representante Especial tuvo la oportunidad de asistir a tres reuniones de consulta de organizaciones no gubernamentales en África occidental, América Latina y Asia. Allí la Relatora Especial tuvo la oportunidad de ser mejor informada de las cuestiones regionales relacionadas con los defensores de los derechos humanos y tener un contacto directo con las principales organizaciones no gubernamentales locales.
(…)
20. La reunión de consulta de América Latina tuvo lugar en Ciudad de México del 13 al 15 de junio de 2001 y fue organizada conjuntamente por la Oficina de los Defensores de los Derechos Humanos del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Comité ad hoc para Defensores de Colombia y el Comité de Defensa de los Defensores de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos de México. Esta reunión congregó a más de 44 defensores de 18 países de América Latina y el Caribe, expertos independientes y observadores para examinar con la Representante Especial la mejor forma de luchar por la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente americano y proponer y concertar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos. Hicieron una exposición de las principales cuestiones que afectan a los defensores los representantes del Brasil, el Paraguay, la Argentina, Chile, el Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Jamaica, Cuba y México. Al término de la reunión se aprobó una declaración final en que se exhortaba a la Representante Especial a institucionalizar un proceso de consultas periódicas con la sociedad civil en la región, a preparar un informe especial sobre los efectos de la impunidad y otro sobre las repercusiones para la labor de los defensores de las actuales restricciones a la libertad de asociación y a coordinarse con organizaciones regionales e internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT. Los participantes también exhortaron a los gobiernos a que, entre otras cosas, pusieran en práctica la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, apoyaran la labor de la Representante Especial y cumplieran las resoluciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
21. En México la Representante Especial tuvo una reunión oficiosa de un día con varios funcionarios de gobierno: la Subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Marie-Claire Acosta), el Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Sr. Gómez Camacho), el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado (Sr. Miguel Sadot Sánchez Carreño), el Presidente de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (diputado José Elías Romero Apis), el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Dr. Luis de la Barreda), el Director General de Protección a los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (Dr. Mario Álvarez Ledesma) y representantes de la división de derechos humanos de la Secretaría del Interior. La Representante Especial desea agradecer al Gobierno de México su franqueza y cooperación en esta materia.
(…)
III. CUESTIONES
39. En la presente sección se hace un análisis de las comunicaciones enviadas por la Representante Especial (con el fin de hacer resaltar las tendencias), las cuestiones relativas a la situación de las defensoras de los derechos humanos y los problemas relacionados con las repercusiones de los ataques del 11 de septiembre para los defensores de los derechos humanos.
A. Tendencias
40. A diferencia del informe del año pasado, el presente informe de la Representante Especial abarca un período de un año. La Representante Especial recibió un número importante de comunicaciones de diversas fuentes, entre las que figuran organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales, nacionales y locales; asociaciones profesionales; organizaciones sindicales; partidos políticos, incluidos miembros de la oposición; abogados; maestros; periodistas; intelectuales; miembros del poder judicial; organizaciones de derechos indígenas y particulares. Por consiguiente, la Representante Especial considera que en el presente informe puede hacer resaltar varias de las tendencias generales que ha podido discernir a partir de las comunicaciones enviadas a los gobiernos respecto de las cuales se adoptaron medidas.
41. Las tendencias registradas por la Representante Especial se basan en las comunicaciones respecto de las cuales adoptó medidas como parte del cumplimiento de su mandato. La Representante Especial se basó asimismo en los casos de defensores de derechos humanos que se plantearon en diversos informes temáticos presentados a la Comisión de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones de 2001.
42. Las constataciones de la Representante Especial revelan determinadas pautas y características, a saber: los diferentes tipos de violaciones a que se ven sometidos, o corren el riesgo de padecer, los defensores de los derechos humanos; la identidad de los defensores de los derechos humanos; la identidad de los presuntos autores de tales violaciones y los motivos que les induce a cometerlas, en su caso, y, por último, el contexto en el que los defensores de los derechos humanos desarrollan su labor y se convierten en víctimas de abusos contra los derechos humanos.
43. A su vez, la determinación de las tendencias permite a la Representante Especial recomendar a los gobiernos determinadas medidas correctivas para que se respeten los derechos de los defensores de los derechos humanos y para que las políticas y prácticas oficiales estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (la Declaración).
44. En lo que respecta a su mandato, durante el período que se examina la Representante Especial envió 161 comunicaciones a los gobiernos. A este respecto, la Representante Especial desea señalar que una comunicación puede referirse a más de un caso.
45. Además, conviene advertir que las tendencias identificadas por la Representante Especial no reflejan necesariamente en su totalidad la situación de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, no cabe considerar que esa parcialidad inevitable constituya una razón legítima o válida para ignorar la importancia de las tendencias identificadas por la Representante Especial.
46. La Representante Especial desea señalar que los informes de violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos que le fueron transmitidos se refieren a países pertenecientes a todas las regiones del mundo y no se limitan exclusivamente a los países en que los sistemas políticos e institucionales son, implícita o explícitamente, antidemocráticos.
47. En realidad, las denuncias recibidas se refieren a abusos cometidos contra los derechos de los defensores de los derechos humanos en todos los países, incluidas las democracias emergentes y los países con instituciones, prácticas y tradiciones democráticas de larga data. La mayoría de las denuncias se refieren a los países en que: a) las protecciones y garantías jurídicas e institucionales de los derechos humanos son, en mayor o menor grado, limitadas; b) existen conflictos armados o graves perturbaciones civiles, o c) aunque existen protecciones y garantías jurídicas e institucionales, éstas no se aplican debidamente.
48. Habida cuenta de lo que antecede, la Representante Especial recomienda que los gobiernos presten especial atención a las tendencias identificadas en el presente informe por lo que respecta a la situación de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Además, la Representante Especial insta a los gobiernos a que adopten todas las medidas necesarias, que sean compatibles con las normas enunciadas en la Declaración, en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en los instrumentos conexos, para eliminar no sólo las violaciones propiamente dichas sino también las causas y las consecuencias adversas de tales violaciones.
1. Individuos, grupos y organizaciones que trabajan en aras de la promoción y protección de los derechos humanos
49. De las 161 comunicaciones enviadas, la mayoría de los casos (118) se refieren a violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos en cuanto miembros de organizaciones no gubernamentales. Esta tendencia también se ve confirmada por las cifras relativas a los casos de defensores de los derechos humanos planteados por diversos mecanismos temáticos en los informes que enviaron a la Comisión de Derechos Humanos el año pasado. Asimismo, de esos informes se desprende que la mayoría de los casos se refieren a defensores de los derechos humanos que eran miembros de organizaciones no gubernamentales (31).
50. Los defensores de los derechos humanos también se han convertido en un blanco a causa de su actividad profesional, como, por ejemplo, abogados de derechos humanos (32), sindicalistas (22), activistas de derechos indígenas (20) y periodistas (11). Las cifras correspondientes a algunas de esas categorías, que figuran en los diversos informes temáticos presentados el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos, confirman las conclusiones de la Representante Especial. Por ejemplo, en los informes de otros mandatos temáticos presentados el año pasado se plantearon los casos de 14 abogados y 10 sindicalistas que se convirtieron en blanco a causa de su labor en defensa de los derechos humanos.
51. Otros, como campesinos, ecologistas, miembros de minorías religiosas, étnicas y sexuales, estudiantes, maestros e intelectuales -todos los cuales trabajan en pro de la promoción y protección de los derechos humanos-, han sido objeto de abusos contra los derechos humanos. Análogamente, parlamentarios, fiscales, defensores del pueblo y miembros de la oposición, así como activistas de derechos humanos en general, han sido víctimas de abusos por proteger los derechos humanos.
52. Además de las personas que figuran en primera línea como defensores de los derechos humanos, las autoridades también han estado actuando contra las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los problemas de derechos humanos. Se han hecho advertencias a ciertas organizaciones sobres presuntas "violaciones de la reglamentación oficial" y se les ha amenazado con multas, suspensión, exclusión del registro y cierre. Hay legislación ya en vigor o en examen en varios países que autoriza la suspensión de las actividades de organizaciones no gubernamentales únicamente porque contravienen los intereses de las autoridades. Algunas medidas legislativas también prevén la imposición de penas de prisión a los miembros de esas organizaciones por el mero hecho de seguir desarrollando sus actividades tras la expiración o la revocación de la licencia.
2. Abusos cometidos contra los defensores de los derechos humanos
Campañas de hostigamiento e intimidación contra los defensores de los derechos humanos
53. La mayoría de los casos reseñados en las comunicaciones enviadas a los gobiernos por la Representante Especial (88 de un total de 161) se refieren a los defensores de los derechos humanos que han sido objeto de continuas campañas de hostigamiento e intimidación para obligarles a renunciar a sus actividades en favor de la promoción y protección de los derechos humanos. Esa tendencia también se advierte en los casos de defensores de los derechos humanos planteados por diversos mecanismos temáticos en los informes que enviaron el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones, en los que se reseñan 24 casos de hostigamiento e intimidación.
54. Los activistas de derechos humanos han sido sometidos a vigilancia constante. En particular, son seguidos constantemente por agentes de policía en traje de paisano, y sus líneas telefónicas son cortadas o intervenidas. Se les han confiscado sus documentos, incluso documentos de viaje tales como pasaportes, documentos de identidad y permisos de conducir, para impedirles que asistan a foros internacionales de derechos humanos; se ha amenazado a abogados con excluirles del ejercicio de la abogacía por presuntos hechos culposos que violan las normas de la profesión o se les ha investigado por presuntas irregularidades financieras. Pretextando razones de seguridad, se ha prohibido a ciertos defensores de los derechos humanos abandonar sus ciudades y países, e incluso han sido despedidos de los cargos que desempeñaban desde hacía mucho tiempo a raíz de sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.
55. Los defensores de los derechos humanos también han padecido campañas de denigración, habiéndose publicado en la prensa controlada por el Estado acusaciones injuriosas contra su integridad y su moral. Se han fabricado falsas acusaciones para desacreditar a las organizaciones no gubernamentales y a los periodistas independientes que revelan los abusos cometidos contra los derechos humanos. Los agentes de la policía y del servicio secreto y los miembros de las fuerzas de seguridad han citado reiteradamente a los defensores de los derechos humanos a sus oficinas para intimidarles y han ordenado la suspensión de todas las actividades en favor de los derechos humanos.
56. Las oficinas y viviendas de los defensores de los derechos humanos han sido registradas, violadas, saqueadas y allanadas. Se ha procedido al precintado de los locales desde los que operan los defensores de los derechos humanos, y se han incautado las cuentas bancarias de esos defensores, impidiéndoles así continuar su labor. Se han confiscado sus pertenencias, incluidos documentos, fotografías, disquetes, computadoras y archivos, y las autoridades se han negado a restituir esos objetos.
57. Los defensores de los derechos humanos han sido víctimas de hostigamiento administrativo, habiéndoseles obligado a pagar fuertes multas por supuestas violaciones de la legislación que regula la financiación de las organizaciones no gubernamentales, así como de tentativas de extorsión, en particular demandas de importantes cantidades de dinero a cambio de la puesta en libertad de colegas, amigos y parientes.
58. Se ha recurrido a la promulgación y aplicación de leyes que restringen el ejercicio y el disfrute legítimos del derecho a la libertad de opinión y de expresión, creencias religiosas, libertad de asociación y circulación, como las leyes relativas a la inscripción en el registro y la regulación de las actividades de las organizaciones no gubernamentales, o la legislación por la que se prohíbe u obstaculiza el recibo de fondos extranjeros para actividades de derechos humanos, a fin de hostigar, intimidar y amenazar a los defensores de los derechos humanos.
Detención, prisión, procesamiento y encarcelamiento de defensores de los derechos humanos
59. Las comunicaciones enviadas a los gobiernos permiten discernir la regularidad particularmente sorprendente con la que se violan a diario los derechos humanos y se efectúan detenciones arbitrarias de los defensores de esos derechos. Según el tipo de violaciones de que son víctimas los defensores de los derechos humanos, el número de detenciones y arrestos asciende a 81 (con o sin formulación de cargos); los procesamientos, condenas y encarcelamientos sobre la base de acusaciones completamente falsas figuran en segundo lugar tras campañas de intimidación y hostigamiento. El número de casos de detenciones de defensores de los derechos humanos reseñados en otros informes temáticos correspondientes a 2001 también fue elevado (19).
60. La participación en una reunión de activistas de derechos indígenas puede llevar aparejados cargos de perturbación del orden público. La organización de piquetes pacíficos contra las desapariciones o sencillamente el ejercicio de la profesión de abogado puede dar lugar a una acusación penal. La crítica franca de las autoridades puede llevar a acusaciones de soborno y a la imposición de largas penas de prisión. El pedir legítimamente que las autoridades restituyan el material confiscado ha bastado para justificar la detención de defensores de los derechos humanos. Se han formulado cargos de gamberrismo, susceptibles de una larga pena de prisión en caso de un fallo condenatorio, contra los defensores de los derechos humanos que trataron de presentar una denuncia oficial contra los malos tratos que recibieron a manos de la policía. Son habituales las detenciones -sin la correspondiente orden judicial- de quienes abogan en favor de una mayor libertad de opinión y de expresión. El mero hecho de desplegar una bandera para rendir homenaje a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ha hecho que los activistas sean recluidos por a fuerza en instituciones psiquiátricas. "La reeducación mediante el trabajo" ha sido la suerte de quienes denuncian las muertes provocadas por la tortura. La petición de justicia para las víctimas de los abusos cometidos contra los derechos humanos se ha traducido en el encarcelamiento de los defensores de los derechos humanos. Muchos activistas de derechos humanos han sido procesados con arreglo a disposiciones de "seguridad nacional" vagamente definidas, sometidos a arresto domiciliario, detenidos indefinidamente en centros de detención administrativos o condenados a trabajos forzados.
61. Los defensores de los derechos humanos han sido detenidos, encarcelados, acusados, procesados y sentenciados, a veces a largas penas de prisión o incluso a trabajos forzados por el mero hecho de participar en diversas actividades de promoción y protección de los derechos humanos, en particular las siguientes: campañas para poner fin a la tortura y humanizar las condiciones de encarcelamiento; demanda de apertura de investigaciones oficiales en los casos de secuestro y desaparición; participación en conferencias y foros internacionales de derechos humanos; llamamientos en favor de la puesta en libertad de los presos políticos; investigación de la corrupción oficial y la colusión en los abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares; documentación de las atrocidades y prestación de ayuda a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y a sus familias; intervención en nombre de los refugiados, solicitantes de asilo y personas internamente desplazadas; organización de campañas en pro de los derechos de los trabajadores y en aras de la promoción de normas laborales básicas; defensa de la independencia por medios pacíficos; organización de protestas contra la legislación de excepción; demanda de un mayor respeto al medio ambiente; denuncia de la corrupción judicial; protección del derecho a la objeción de conciencia; publicación de traducciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos; organización de campañas en favor de una aplicación más eficaz de la ley en los casos de violencia contra la mujer; defensa de los derechos de las minorías religiosas, étnicas y sexuales; protección de los derechos sobre la tierra y demás derechos de los pueblos indígenas, y denuncia de la malversación oficial de fondos.
62. Los defensores de los derechos humanos han sido declarados culpables de la comisión de una amplia gama de delitos, en particular los siguientes: tentativa de homicidio de agentes de policía; incendio intencionado; conspiración para cometer actos contra natura; afiliación a organizaciones extranjeras y contactos con dichas organizaciones; sedición; difamación; libelo; ejercicio ilegal de la profesión; desacato al tribunal; divulgación de falsa información que puede poner en peligro el orden público; contactos con organizaciones no autorizadas o ilegales; infracción de las leyes sobre manifestaciones públicas; apostasía; insultos a la religión, las autoridades, los militares y la seguridad del Estado; complicidad con el terrorismo; "divulgación de propaganda que puede perjudicar los intereses fundamentales del Estado y la nación"; propaganda del odio y la subversión de las instituciones del Estado democráticamente elegidas; colaboración con el enemigo, aceptación de fondos extranjeros sin autorización oficial; incitación a la violencia y filtración de secretos de Estado.
63. En muchos casos, pese a la gravedad de los cargos formulados contra los defensores de los derechos humanos y a la probabilidad de que se les impongan largas penas de prisión si son considerados culpables, se les ha denegado el acceso a asesoramiento letrado durante toda la detención preventiva y, a veces incluso, durante el juicio.
Violaciones de los derechos a la vida y la integridad mental y física de los defensores de los derechos humanos
64. Expresadas en meros términos numéricos, las cifras totales combinadas de víctimas entre los defensores de los derechos humanos han sido: asesinados (34), víctimas de tentativas de asesinato (8), desaparecidos (10) y torturados o sometidos a malos tratos (7), ocupan un inquietante tercer lugar entre las formas más probables de abuso contra los defensores de los derechos humanos, inmediatamente después de las campañas de intimidación y hostigamiento y de la detención y prisión ya descritas. Análogamente, el total general de 38 casos de defensores asesinados, víctimas de tentativas de asesinato, desaparecidos, torturados o sometidos a malos tratos, reseñados en los diversos informes de los mecanismos temáticos correspondientes a 2001, contribuye a agravar la preocupación ante la aparición de esa trágica tendencia.
65. La Representante Especial está profundamente preocupada por esas cifras. Sin duda, la altísima probabilidad señalada en sus conclusiones de que los defensores de los derechos humanos se conviertan en víctimas de amenazas físicas, o incluso de lesiones, a veces con consecuencias letales, es la más preocupante de las tendencias identificadas por la Representante Especial.
66. La tendencia regional más desconcertante se registra en América Latina, región en la que se cometió la mayoría de los asesinatos de defensores de los derechos humanos durante el período que se examina (cerca del 90% de todos los defensores asesinados en el mundo, a saber, 30 de un total de 34).
67. Agentes de policía abrieron fuego y mataron a activistas de los derechos de la mujer que participaban en una marcha contra las violaciones de mujeres. Los miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron a punto de pistola a defensores de los derechos humanos, los alinearon frente a un muro y los asesinaron. Otros defensores de los derechos humanos fueron secuestrados por la fuerza por agentes de policía en traje de paisano y desaparecieron sencillamente a causa de su afiliación a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Como resultado de las tentativas de asesinato, incluso mediante el incendio de sus viviendas durante la noche, varios defensores de los derechos humanos resultaron gravemente heridos, por lo que tuvieron que ser hospitalizados y operados. Personal militar y agentes de la policía y las fuerzas de seguridad han asestado salvajes palizas a defensores de los derechos humanos para obtener falsas confesiones o sencillamente en represalia por sus intentos de denunciar la práctica habitual de la tortura en los establecimientos de detención oficiales. Los valerosos esfuerzos por investigar a los oficiales del ejército que abrieron fuego contra una multitud de civiles desarmados y mataron a varios de ellos se han traducido en amenazas de muerte y tortura contra las personas detenidas.
68. Peticiones dirigidas a las autoridades para que realizaran una investigación independiente e imparcial de un caso de múltiples desapariciones han dado lugar a agresiones físicas consistentes en puñetazos y patadas y la ulterior denegación de atenciones médicas.
69. Defensores de los derechos humanos que han tratado de poner fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos y se han esforzado por llevar ante la justicia a los autores de atrocidades cometidas en el pasado han sido agredidos físicamente e incluso golpeados por la policía cuando participaban en una manifestación. Activistas de derechos humanos sufrieron graves lesiones, como fracturas de brazos, al ser golpeados en centros de detención de la policía únicamente por haberse manifestado contra las violaciones de los derechos humanos. Esos defensores de los derechos humanos permanecieron detenidos en régimen de incomunicación, denegándoseles todo contacto con el mundo exterior durante períodos prolongados.
70. Miembros de minorías religiosas que defendían el derecho de practicar sus creencias religiosas fueron arbitrariamentre detenidos, encarcelados y confinados en celdas de aislamiento oscuras durante largos períodos. Se aplicaron condiciones de detención equivalentes a tratos crueles, inhumanos o degradantes a activistas pro democracia en un intento de humillarlos y castigarlos por sus actividades. Se han dado casos en que los defensores de los derechos humanos se han visto privados de alimentos, de agua y de visitas de sus familiares durante su detención.
71. También los activistas han sido amenazados con malos tratos, incluso de muerte, y sus familiares han sido objeto de amenazas similares. En las campañas de intimidación contra los defensores de los derechos humanos se ha recurrido a llamadas telefónicas anónimas en las que se les amenazaba con la detención, la violación y la muerte, al tiempo que se los agredía verbalmente. Muchos de esos defensores de los derechos humanos han tenido que abandonar sus hogares y sus países o permanecer escondidos por temor a represalias de las autoridades. Algunos activistas de derechos humanos han sido sacados por fuerza de sus hogares e ingresados en hospitales psiquiátricos.
3. Los autores de las violaciones
72. Las comunicaciones enviadas a los gobiernos por la Representante Especial revelan un cuadro preocupante en lo que respecta a la identidad de los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los defensores de los derechos humanos.
73. De las 161 comunicaciones enviadas, 53 casos se referían a policías directamente responsables de violar los derechos de los defensores de los derechos humanos.
74. La policía realiza detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos sin las correspondientes órdenes de detención, irrumpe en sus oficinas y sus hogares, confisca su material y sus documentos, allana su morada, insulta verbalmente, amenaza, intimida, hostiga y agrede físicamente a los defensores de los derechos humanos propinándoles palizas, puñetazos y patadas y deteniendo a quienes participan en manifestaciones pacíficas de protesta. La policía antidisturbios dispersa a los manifestantes no violentos haciendo uso excesivo de la fuerza.
75. Las fuerzas de policía en todo el mundo también se niegan a intervenir o incluso a registrar las denuncias de agresiones contra los defensores de los derechos humanos, sin hablar ya de investigar eficazmente esas denuncias, y no adoptan medidas adecuadas para proteger a los defensores de los derechos humanos que se encuentran en peligro. Ha habido casos de policías que han tratado de extorsionar a defensores de los derechos humanos a cambio de la puesta en libertad de sus colegas o familiares.
76. Alegando falsos pretextos, la policía ha montado la guardia armada a la entrada de la oficina de una organización no gubernamental a fin de intimidar a los visitantes y los clientes, imposibilitando así la labor de los defensores de los derechos humanos.
77. Las tendencias también apuntan a un fenómeno recurrente, a saber: la aquiescencia, connivencia y colusión de los integrantes de las fuerzas de policía de varios países en la perpetración de graves abusos contra los defensores de los derechos humanos, incluso el asesinato de abogados de derechos humanos.
78. A este respecto, los abusos cometidos contra los defensores de los derechos humanos por los grupos paramilitares que están asociados con las autoridades y operan con su aprobación han surgido como una tendencia que preocupa particularmente a la Representante Especial. Miembros de grupos armados paramilitares han asesinado a defensores de los derechos humanos con la connivencia y aquiescencia de las autoridades.
79. A este respecto, la impunidad por los abusos cometidos contra los defensores de los derechos humanos representa un grave problema, sobre todo por lo que respecta a los cometidos por agentes no estatales. Las autoridades, bien han patrocinado directamente los actos de esos agentes no estatales, incluidos los grupos armados, los paramilitares, los grupos de seguridad y las milicias armadas por el Estado, o bien han consentido en que se lleven a cabo esas violaciones, por lo que no están interesadas en que se realicen investigaciones serias, imparciales e independientes para llevar a los responsables ante la justicia.
B. Los defensoras de los derechos humanos
80. Desde la presentación de su primer informe, la Representante Especial ha venido recibiendo de muchas fuentes información relativa a la situación de las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. En cuanto a los casos respecto de los cuales la Relatora Especial adoptó medidas, de las 161 comunicaciones enviadas a los gobiernos, 70 se referían a defensoras de los derechos humanos o a organizaciones de mujeres. También se plantearon 15 de defensoras de los derechos humanos en los informes de otros mecanismos temáticos a la Comisión de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones, y la Representante Especial ha prestado la debida atención a esos casos en cuanto fuente de información sobre la situación de las defensoras de los derechos humanos en el mundo entero. En los párrafos que figuran a continuación se reseñan algunas de las tendencias que pudo discernir la Relatora Especial a partir de esa información.
81. Las defensoras de los derechos humanos están trabajando incansablemente en todo el mundo, contra viento y marea, en aras de la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas. Importa señalar a este respecto la enorme variedad, diversidad y amplitud de la labor realizada por ellas en favor de los derechos humanos. No obstante, dadas la naturaleza y el alcance sumamente variados de las actividades desarrolladas por esas mujeres, no es posible enumerarlas todas. Las observaciones que figuran a continuación aportan ejemplos de tales actividades y no deben considerarse en modo alguno exhaustivas sino meramente ilustrativas.
82. Durante el período que se examina, las defensoras de los derechos humanos, en cuanto profesionales, madres, hermanas, hijas, esposas, asociadas y colegas, han estado a la vanguardia de las demandas de que se ponga fin a las "desapariciones". Esas defensoras de los derechos humanos han organizado incansablemente campañas en favor de la creación de condiciones humanas de encarcelamiento y han documentado y revelado los abusos cometidos contra los derechos humanos. Las defensoras de los derechos humanos han afirmado en particular los derechos humanos de las minorías étnicas y religiosas y han protestado contra la impunidad reinante por la violencia contra las mujeres; han prestado apoyo a las innumerables víctimas de abusos contra los derechos humanos y a sus familiares exigiendo que se haga justicia; han dirigido proyectos destinados a ayudar a otras mujeres víctimas de abusos sexuales a obtener reparación por vía legal. En cuanto víctimas de los abusos cometidos contra los derechos humanos, han prestado testimonio en los juicios celebrados contra los presuntos autores. En cuanto activistas sindicales, han defendido los derechos de los trabajadores; en cuanto abogadas, han desarrollado una labor activa para lograr que obtengan reparación las víctimas de los abusos contra los derechos humanos y combatir la impunidad; y también han organizado campañas en favor de los derechos de los defensores de los derechos humanos. Es gracias a su valor y a sus logros que esta lista podría prolongarse indefinidamente.
83. Sin embargo, también es importante subrayar el hecho de que en todo el mundo las defensoras de los derechos humanos están pagando muy cara su labor de protección y promoción de los derechos humanos de los demás. Desgraciadamente, también se podría establecer una lista imposiblemente larga de los abusos a que tienen que hacer frente las defensoras de los derechos humanos o que tiene que soportar efectivamente por el mero hecho de defender los derechos humanos. Para las defensoras de los derechos humanos, la defensa de esos derechos y de las víctimas de violaciones de los derechos humanos -sean emigrantes, refugiados, solicitantes de asilo o activistas políticos, o sencillamente personas relegadas contra su voluntad a la vida marginal de la sociedad, como los ex delincuentes y los miembros de las minorías sexuales- puede traducirse en intimidación, hostigamiento, despido injusto, amenazas de muerte, tortura y malos tratos, e incluso la muerte.
84. En el mejor de los casos, el hostigamiento que han tenido que soportar las defensoras de los derechos humanos les ha permitido demostrar su inocencia en juicios prolongados, extenuantes y costosos que han celebrado contra ellas autoridades corruptas y un poder judicial servil para dar al traste con la labor que desarrollan en la esfera de los derechos humanos. Pero, en el peor de los casos se han violado algunos de los derechos más fundamentales de las defensoras de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad mental y física, a la libertad y la seguridad de la persona, a la libertad de expresión y de asociación, a la vida privada y la vida familiar.
85. Durante el período que abarca el informe, algunas defensoras de los derechos humanos han sido deliberadamente asesinadas, otras han sido secuestradas sin dejar rastro, otras han sido violadas o sometidas a otros abusos sexuales. Esas defensoras han sido víctimas de detención y prisión arbitrarias, sin que se formulasen cargos contra ellas, o han sido falsamente acusadas y procesadas con cargos como espionaje, subversión, realización de actividades antinacionales, amenaza a la seguridad nacional o entrega de secretos a organizaciones extranjeras, cada uno de los cuales entraña largas penas de prisión. Algunas defensoras de los derechos humanos se han visto obligadas a huir de sus casas y países para salvar su vida. Otras han sobrevivido a las tentativas de asesinato. Algunas han sido agredidas verbal y físicamente o han sido amenazadas con el empleo de la violencia y con la muerte sencillamente por haber protestado contra las pésimas condiciones reinantes en los establecimientos penitenciarios. Algunas han sido sometidas a tratamiento forzoso por falso diagnóstico de enfermedad mental. Sus familiares también se han visto amenazados y han padecido hostigamiento, intimidación, palizas, agresión verbal y detención y prisión arbitrarias.
86. Las oficinas y viviendas de las defensoras de los derechos humanos han sido allanadas y sus pertenencias confiscadas, destruidas o inutilizadas. También se ha puesto en entredicho su situación en el seno de sus comunidades mediante insinuaciones calumniosas cuyo objeto es desacreditarlas y humillarlas.
87. En ocasiones las autoridades han recurrido a procedimientos insidiosos para obligar a las defensoras de los derechos humanos a renunciar a su labor de defensa de los derechos humanos. Se han formulado contra ellas acusaciones de irregularidades financieras o incluso de fraude, o bien la policía las ha mantenido bajo vigilancia constante en un intento de intimidarlas.
88. Con frecuencia, y pese a solicitudes reiteradas, se ha denegado protección a las defensoras de los derechos humanos o se les han ofrecido medidas de protección insuficientes, dejando que se valiesen por sí mismas. Esas denegaciones o insuficiencias por parte de las autoridades contribuyen a agravar aún más el riesgo de que las defensoras de los derechos humanos se conviertan ellas mismas en víctimas de violaciones de los derechos humanos, especialmente a manos de agentes no estatales, para quienes semejante situación constituye una luz verde para seguir cometiendo abusos.
89. Gracias a la información recibida, la Representante Especial ha podido observar que, aun cuando las defensoras de los derechos humanos trabajan con el mismo tesón que sus homólogos masculinos en la protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, existen determinadas características que les son propias en cuanto mujeres que participan en la defensa de los derechos humanos. En las observaciones que figuran a continuación se destacan algunas características propias de la situación de las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo.
90. Las defensoras de los derechos humanos figuran, al igual que sus colegas masculinos, en la vanguardia de la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, en cuanto mujeres, corren los riesgos propios de su género, amén de los riesgos a los que se enfrentan los hombres.
91. En primer lugar, en cuanto mujeres, su presencia es más perceptible. Es decir, las defensoras de los derechos humanos pueden suscitar mayor hostilidad que sus colegas masculinos porque, en cuanto defensoras de los derechos humanos, pueden desafiar las normas culturales, religiosas o sociales acerca de la feminidad y el papel que desempeña la mujer en un determinado país o una determinada sociedad. A este respecto, no sólo están expuestas a violaciones de los derechos humanos por la labor que realizan como defensoras de tales derechos sino que lo están en mayor medida debido a su género y al hecho de que su labor puede hacer tambalear a los estereotipos sociales de la sumisión de la mujer o cuestionar las ideas que la sociedad tiene sobre la condición de la mujer. En segundo lugar, no es improbable que la hostilidad, el hostigamiento y la represión que tienen que afrontar las propias defensoras de los derechos humanos asuman una modalidad específicamente relacionada con el género, que va ya, por ejemplo, de la agresión verbal dirigidas exclusivamente contra la mujer a causa de su género hasta el acoso sexual y la violación.
92. A este respecto, la integridad profesional y la posición de la mujer en la sociedad pueden verse amenazadas y desacreditadas de maneras muy particulares como el trillado cuestionamiento pretextual de su probidad cuando, por ejemplo, las mujeres reivindican su derecho a la salud sexual y reproductiva, o a la igualdad con el hombre, incluido el derecho a una vida libre de discriminación y violencia. En este contexto, por ejemplo, se ha juzgado a defensoras de los derechos humanos usando leyes por las que se penalizan conductas que corresponden al goce y ejercicio legítimos de derechos amparados por el derecho internacional mediante acusaciones infundadas debido sencillamente a sus opiniones y a su labor de promoción en defensa de los derechos de la mujer.
93. En tercer lugar, los abusos perpetrados contra los derechos humanos de las defensoras de los derechos humanos pueden a su vez tener repercusiones de por sí relacionadas con su condición de mujeres. Por ejemplo, el abuso sexual y la violación de una defensora de los derechos humanos encarcelada pueden provocar el embarazo y enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA .
94. Ciertos derechos propios de la mujer son casi exclusivamente promovidos y protegidos por defensoras de los derechos humanos. La promoción y defensa de los derechos de la mujer puede ser un factor de riesgo adicional, puesto que la afirmación de algunos de esos derechos puede interpretarse como una amenaza al patriarcado y una alteración de los usos y costumbres culturales, religiosos y sociales. En algunos países la defensa del derecho de la mujer a la vida y a la libertad ha tenido por respuesta violaciones de la vida y la libertad de las propias defensoras. Asimismo, la protesta contra prácticas intimidatorias ha sido motivo de persecución de destacadas defensoras de los derechos humanos, acusadas de apostasía.
C. Las repercusiones de los ataques del 11 de septiembre para
las defensoras de los derechos humanos
95. A guisa de premisa a sus siguientes observaciones, la Representante Especial desea recalcar que, a la luz de los ataques terroristas perpetrados en los Estados Unidos el 11 de septiembre 2001, es profundamente consciente y reconoce la necesidad y la obligación de la comunidad internacional y de los gobiernos de todo el mundo de adoptar medidas y restablecer y mantener la confianza pública en la seguridad nacional e internacional. Dicho esto, la Representante Especial desearía también hacer hincapié en lo que a su juicio es una necesidad igualmente primordial, a saber, la observancia por los Estados de los principios de derechos humanos y las normas establecidas por los instrumentos jurídicos y normativos en la esfera de los derechos humanos. Los culpables de actos de terrorismo deben ser capturados y enjuiciados únicamente de conformidad con normas judiciales equitativas internacionalmente reconocidas para impulsar los ideales de paz y seguridad en forma complementaria a la obligación de hacer justicia y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.
96. Aunque el presente informe se basa principalmente en las comunicaciones recibidas antes de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre 2001, desde entonces la Representante Especial ha recibido información que la ha llevado a la conclusión de que existe un peligro real de que, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001, algunos gobiernos puedan acogerse a la guerra mundial contra el terrorismo como pretexto para violar los derechos humanos y reprimir a los defensores de los derechos humanos. En especial, distintas organizaciones no gubernamentales de diversas regiones del mundo han expresado su preocupación a la Representante Especial por el mayor riesgo a que están expuestos los defensores de los derechos humanos en un clima cada vez más amenazador, a su modo de ver, desde el 11 de septiembre 2001.
97. Existe el peligro a nivel mundial de que, so pretexto de lucha contra el terrorismo, algunos gobiernos aumenten sus esfuerzos para acallar el disentimiento pacífico y suprimir a la oposición. En el clima actual, quienes cuestionan la legitimidad de algunas de las supuestas medidas antiterroristas posteriores al 11 de septiembre, o toda persona que no encaje socialmente, trátese de refugiados, de solicitantes de asilo, de miembros de minorías religiosas o de otra índole, o sencillamente personas que viven al margen de la sociedad, pueden ser acusados de terroristas o acabar atrapados en una red de represión y violencia.
98. A la luz de estas circunstancias, la Representante Especial ha advertido que el contexto y el clima en que cumple su mandato de protección y promoción de los derechos de los defensores de los derechos humanos han cambiado considerablemente desde los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre 2001 en los Estados Unidos.
99. Ya mucho antes de los ataques del 11 de septiembre 2001 las medidas destinadas a suprimir el disentimiento pacífico y a silenciar a la oposición legítima no eran lamentablemente una realidad infrecuente a la que tuvieran que hacer frente los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, al parecer la sensación generalizada de inseguridad y temor que los ataques han suscitado a nivel internacional y nacional ha creado un clima en el que las asambleas legislativas y judiciales y el público en general son cada vez menos escrupulosos en su escrutinio de las medidas u omisiones de sus respectivos ejecutivos.
100. De hecho, algunos gobiernos se están dando carta blanca respecto de la magnitud y el alcance de su pretendida respuesta a los ataques del 11 de septiembre 2001. Por ejemplo, en los Estados Unidos, como ya ha lamentado el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados el 16 de noviembre de 2001, el ejecutivo puede disponer actualmente el juicio de no ciudadanos ante comisiones militares establecidas de tal manera que se compromete gravemente los derechos humanos y el imperio de la ley. En el Reino Unido puede detenerse actualmente a los extranjeros por tiempo indefinido y sin juicio. Últimamente también se han promulgado o se están contemplando nuevas disposiciones legislativas de lucha contra el terrorismo en varios otros países, incluidos Australia, el Canadá, la India, Nepal, el Pakistán, Rusia, Sudáfrica y Tailandia. Se ha expresado la preocupación de que muchas de esas disposiciones violarían directamente los derechos humanos o crearían un clima propicio a tales violaciones.
101. Pese a que hasta ahora la comunidad internacional no ha podido ponerse de acuerdo en una definición común de terrorismo, algunos gobiernos están oportunamente condescendiendo en aceptar sin críticas la calificación de terrorismo incluso para actos de disidencia pacífica. En este contexto, en su declaración a la Tercera Comisión de la Asamblea General el 6 de noviembre de 2001, la Alta Comisionada advirtió de que a raíz de los ataques del 11 de septiembre se estaban equiparando actividades pacíficas con terrorismo; se estaban socavando, limitando o suprimiendo sin más el goce y el ejercicio legítimos del derecho a la vida privada y a la vida familiar, el derecho a un juicio con las debidas garantías, el derecho de asilo, el derecho a la participación política, y las libertades de expresión y de asociación pacífica. Sin embargo, según la normativa de los derechos humanos, algunos derechos básicos son tan fundamentales que no pueden suspenderse ni siquiera en circunstancias de emergencia pública. En el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se señalan los derechos que no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia, que incluyen el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, y la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, así como el principio de no retroactividad del derecho penal salvo cuando una ley posterior imponga una pena más leve.
102. El medio ambiente político mundial después del 11 de septiembre se ha tornado especialmente peligroso para quienes defienden uno de los derechos más fundamentales de todos: el derecho de libre determinación de los pueblos. El derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación es una piedra angular de la normativa de los derechos humanos, amén de fundamento de uno de los propósitos principales de las Naciones Unidas, a saber, "fomentar entre las naciones relaciones de amistad" (párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas). La libre determinación figura no sólo en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, sino también en el artículo primero de ambos Pactos Internacionales. De conformidad con la Observación general Nº 12 formulada en 1984 por el Comité de Derechos Humanos, el ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación "es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos". En el clima posterior al 11 de septiembre 2001, en que los defensores de los derechos humanos que se manifiestan y abogan pacíficamente por la realización del derecho de todos los pueblos a la libre determinación son blanco de ataques renovados y sostenidos en todo el mundo, resulta especialmente pertinente recordar otra observación general del Comité de Derechos Humanos, la Observación general Nº 11 sobre el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el que se prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso. En esa Observación general, adoptada en 1983, el Comité de Derechos Humanos afirmó que "las disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 no prohíben la apología… del derecho de los pueblos a la libre determinación… conforme a la Carta de las Naciones Unidas".
103. En el clima actual, la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales se presenta en algunos países como una amenaza para la seguridad nacional e internacional. Frente a esta dura realidad, los defensores de los derechos humanos se encuentran asediados. Se acusa a militantes independentistas pacíficos de difundir propaganda nociva para el Estado, de ser un peligro para la seguridad nacional, de intentar derrocar al gobierno y de ayudar e instigar al terrorismo. Aunque la malhadada equiparación de la defensa legítima y pacífica del derecho a la libre determinación con el terrorismo -comoquiera que se defina éste- no es un fenómeno nuevo, es ciertamente un fenómeno de resonancia cada vez mayor y los defensores de los derechos humanos que están consagrados a la realización del anhelo de la libre determinación de los pueblos están viviendo algunos de sus momentos más amargos.
104. Es fácil para los gobiernos fomentar la sospecha, crear ansiedad pública y tener una actitud francamente hostil contra los defensores de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos procuran servir a los grupos ya vulnerables y marginados, como las minorías étnicas, los ex delincuentes, las minorías sexuales, los solicitantes de asilo, los refugiados y los trabajadores migrantes. En el clima posterior al 11 de septiembre, a los gobiernos y otras partes les es más fácil tachar a toda persona que discrepe con ellos o que exprese alguna forma de crítica de disidente y subversiva, e incluso de ayudar e instigar a "terroristas extranjeros".
105. Cuando los defensores de los derechos humanos intentan afirmar la legitimidad de la disidencia pacífica y del ejercicio legal del derecho a la libertad de asociación y de reunión, se convierten en blanco de la represión del gobierno y son calificados de subversivos, antinacionales y enemigos del Estado.
106. En muchos casos los defensores de los derechos humanos son el primer refugio de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Desde los ataques del 11 de septiembre, los defensores de los derechos humanos hacen frente a mayores desafíos en su trabajo de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. Por ello, mientras algunos gobiernos dictan medidas cada vez más draconianas y excesivas en sus pretendidos esfuerzos de lucha contra el terrorismo, los defensores de los derechos humanos se han mantenido atentos y vigilantes de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
107. Sin embargo, como señalaron unos 17 expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos en su declaración de 10 de diciembre de 2001 para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, se ha puesto la mira en los defensores de los derechos humanos y en otros grupos, que se han convertido en víctimas de violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la adopción o de la intención de adoptar leyes antiterroristas y de seguridad nacional y otras medidas que podrían violar los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este contexto, es más necesario que nunca que los Estados respondan a los ataques del 11 de septiembre 2001 en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación y que busquen un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional e internacional y la defensa de los derechos humanos.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
108. Los defensores de los derechos humanos siguen haciendo frente a violaciones de sus derechos en todo el mundo. Las comunicaciones recibidas por la Representante Especial la llevan a la conclusión de que los derechos de los defensores de los derechos humanos son vulnerados en Estados con sistemas políticos y estructuras institucionales muy diferentes. Sin embargo, ciertas condiciones contribuyen a la inseguridad del trabajo de los defensores de los derechos humanos y aumentan las posibilidades de que se violen sus derechos.
109. Las tensiones políticas y las situaciones de conflicto armado colocan a los defensores de los derechos humanos en situaciones de mayor riesgo, en especial en lo que respecta a su seguridad física. En tales circunstancias, puede atacarse la credibilidad de los defensores de los derechos humanos y la legitimidad de su labor de promoción y protección de los derechos humanos con la intención de justificar la acción o reacción de las partes en conflicto, sean éstas Estados o entidades no estatales.
110. El grado de la democracia que practican los gobiernos incluye significativamente en el respeto de las normas de derechos humanos y el valor atribuido por el Estado a la labor de los defensores de los derechos humanos. Resultan gravemente perjudicadas la independencia de las instituciones estatales y su capacidad de ofrecer protección contra las violaciones de los derechos humanos y de contribuir a la defensa de los derechos humanos cuando el gobierno tiene poca o ninguna vocación democrática.
111. De las situaciones observadas por la Representante Especial y de la información que ha recibido parece inferirse una relación directa entre la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y la militarización de los Estados mediante el ejercicio del poder por los militares o el recurso a medios y métodos militares para resolver los problemas de seguridad. En esas situaciones resultan especialmente afectadas la libertad de circulación y de reunión y el acceso a la información. No sólo hay poca o ninguna cabida para actividades de derechos humanos, sino que a los defensores de los derechos humanos se les somete a formas de represión más severas. La Representante Especial subrayó esto como un motivo de preocupación en su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo sexto período de sesiones (A/56/341).
112. A la Representante Especial le inquieta en grado sumo la evolución de la situación a raíz de los ataques terroristas en los Estados Unidos el 11 de septiembre 2001, que han dejado a los principios y normas de derechos humanos expuestos a la erosión. Quisiera recordar el quinto párrafo preambular de la Declaración para recordar a los Estados que no existen circunstancias ni condiciones que justifiquen o permitan reducir el umbral de las normas de derechos humanos: "Reconociendo la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y seguridad internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos".
113. Allí donde los gobiernos han mostrado una tendencia a considerar a los defensores de los derechos humanos como adversarios, han surgido tensiones entre el Estado y la sociedad civil. Esas relaciones disminuyen las posibilidades de mancomunar los esfuerzos para crear un entorno propicio a la promoción y protección de los derechos humanos en el que los defensores de los derechos humanos puedan realizar sus actividades en condiciones de seguridad.
114. Las medidas represivas del Estado contra las actividades en la esfera de los derechos humanos afectan la transparencia y libertad con que pueden trabajar los defensores de los derechos humanos. Esas circunstancias incrementan los riesgos para los defensores y pueden menoscabar la credibilidad de su labor.
115. Los defensores que procuran proteger los derechos políticos, civiles, económicos, sociales o culturales de los grupos o personas marginados tropiezan con mayor resistencia a su labor, son más vulnerables y, por lo tanto, están expuestos a más peligro. Entre ellos se cuentan los dirigentes de comunidades indígenas y de otras comunidades minoritarias, los dirigentes de movimientos de los pobres, y los defensores de los derechos de la mujer, de las minorías sexuales, de las personas desplazadas, de los migrantes y de los refugiados. Quienes militan por el medio ambiente y contra la mundialización, procurando poner fin a las violaciones de los derechos sociales y económicos, siguen siendo denigrados y siguen expuestos a la violencia.
116. Los métodos empleados para la supresión de protestas y las formas de represalia contra quienes procuran ejercer o proteger los derechos humanos son un atentado directo a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales.
117. Las leyes nacionales en muchos países no ofrecen un marco jurídico adecuado para la protección de las actividades de defensa de los derechos humanos. En algunos países se siguen promulgando y aplicando leyes contrarias a las actividades de derechos humanos o que permiten la penalización de éstas para perseguir a los defensores de los derechos humanos. También se ha recurrido a leyes que limitan la libertad de asociación, o imponen restricciones indebidas a las organizaciones no gubernamentales para recibir o utilizar recursos financieros en actividades de derechos humanos, con el fin intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos. Tales leyes no tienen prácticamente ninguna utilidad y no protegen ningún interés legítimo del Estado.
118. La policía, las fuerzas militares y otras fuerzas de seguridad y los organismos de investigaciones del Estado son de lejos las entidades que más cometen abusos contra los defensores de los derechos humanos. Los grupos paramilitares que operan independientemente de los gobiernos o con la complicidad éstos han figurado como perpetradores de abusos contra los defensores de los derechos humanos en muchos casos señalados a la atención de la Representante Especial. Entre las entidades no estatales responsables de violaciones de los derechos de los defensores se cuentan la guerrilla armada y otros grupos de la oposición. Las defensoras de los derechos humanos, en particular, son blanco de diversas entidades sociales y privadas como, por ejemplo, ciertos grupos e instituciones religiosos, jefes comunitarios o tribales, o incluso miembros de sus propias familias, en especial cuando estas defensoras están consagradas a la defensa de los derechos de la mujer.
119. La impunidad por la violación de los derechos humanos es uno de los problemas más graves en relación con los derechos humanos y afecta directamente a la seguridad de los defensores de los derechos humanos. Se ha señalado que la mera existencia de leyes o procedimientos administrativos no es una respuesta adecuada al problema. Las medidas legislativas y de procedimiento deben complementarse con una voluntad política más firme de luchar contra la impunidad. La Representante Especial se remite a su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo sexto período de sesiones (A/56/341), que contiene una sección detallada a este respecto.
120. A la luz de estas conclusiones, la Representante Especial formula las siguientes recomendaciones.
121. Se recomienda que los gobiernos presten especial atención a las tendencias señaladas en el presente informe, y que aborden las cuestiones pertinentes a la situación en sus respectivos países con respecto a las leyes, políticas y prácticas que impiden la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos o que colocan a los defensores de esos derechos en situaciones de peligro. La Representante Especial propone que se emprendan estudios sobre el alcance de la libertad de asociación en el contexto de la promoción y protección de los derechos humanos; sobre la legislación represiva que limita las actividades de derechos humanos o que pone a los defensores en peligro por consagrarse a esas actividades; y sobre las represalias contra los defensores de los derechos humanos, en especial por ejercer sus derechos en virtud del artículo 6 y del párrafo 4 del artículo 9 de la Declaración.
122. Los gobiernos deben ser más tolerantes a la crítica y estar más dispuestos a corregir los errores de su gestión que afecten, según se les señale, a la labor de los defensores de los derechos humanos. A este respecto resulta esencial una mejor cooperación con los grupos de derechos humanos para la adopción de iniciativas vigorosas para eliminar los obstáculos que se oponen a la promoción y protección de los derechos humanos. Los gobiernos deben alentar activamente y propiciar consultas entre los grupos de la sociedad civil y organismos clave del Estado, en especial los responsables del mantenimiento del orden público y de la seguridad. Los gobiernos deben emprender iniciativas destinadas a inculcar en los funcionarios estatales la legitimidad y la importancia de las actividades de derechos humanos. Éstas podrían incluir la difusión de información sobre las normas de derechos humanos y la labor de los mecanismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos.
123. En los casos en que se han establecido instituciones nacionales para la protección de los derechos humanos, debe garantizarse su independencia política y financiera. Debe reforzarse la capacidad de estas instituciones para que puedan atender de modo adecuado y eficaz a las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Debería institucionalizarse el papel de los defensores de los derechos humanos como conducto de información para estas instituciones y elemento de apoyo para la reparación de las violaciones. Con ello se mejoraría el acceso a las instituciones nacionales de derechos humanos y se daría más legitimidad a los defensores de los derechos humanos. La protección de los defensores de los derechos humanos debe incluirse explícitamente en el mandato de estas instituciones.
124. Los gobiernos deben ser conscientes de la necesidad de eliminar la impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos. Es a todas luces esencial contar con mejores sistemas de determinación de responsabilidades por los abusos cometidos contra los derechos humanos. La posibilidad de dar a conocer las violaciones de los derechos humanos y la posibilidad de reclamar una reparación dependen muchísimo de la seguridad y de la libertad con la que trabajan los observadores y militantes de los derechos humanos. Por lo tanto, el tratamiento de la cuestión de la impunidad con respecto a los defensores es un elemento crítico de la protección y promoción de los derechos humanos. Cualesquiera denuncias de ataques, amenazas, acoso o intimidación de los defensores de los derechos humanos deben investigarse y castigarse. Podrían encomendarse esas investigaciones a funcionarios de alto nivel especialmente facultados para ello, y las investigaciones deben ser totalmente transparentes para inspirar confianza.
125. Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar todas la medidas necesarias para crear condiciones en las esferas social, económica, política y de otra índole que permitan garantizar el goce de las libertades y los derechos humanos en la práctica. Los distintos grupos y particulares, armados o no, están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Declaración. Este respeto puede garantizarse con las medidas jurídicas y administrativas necesarias que adopten los Estados, bajo cuya jurisdicción actúan dichos grupos. El mandato de la Representante Especial le exige cooperar y entablar un diálogo con los gobiernos y otras partes interesadas sobre la aplicación efectiva de la Declaración. La Representante Especial estima que existe la necesidad urgente de velar por que las entidades no estatales implicadas en conflictos armados respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario como una manera de proteger a la población civil y a los defensores de los derechos humanos contra cualesquiera violaciones. La elaboración de marcos jurídicos y normativos de responsabilización de las entidades no estatales es una estrategia importante para hacer frente a las violaciones que puedan cometer esas partes. En las circunstancias que así lo requieran y lo permitan, y tras consultas con los gobiernos, la Representante Especial podría comunicarse con esos grupos para entablar un diálogo sobre la promoción de los derechos humanos y la protección de los defensores de los derechos humanos de conformidad con la Declaración.
126. El papel del poder judicial en la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales le exige una vigilancia más cuidadosa de cualesquiera leyes que puedan socavar esos derechos y libertades. No debe permitirse que las leyes promulgadas en nombre de la seguridad nacional y del orden público, o adoptadas en períodos de emergencia, acallen la disidencia o supriman la protesta y la reacción pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos.
127. Los miembros del poder judicial, en particular, deben ser más vigilantes de la conducta de los funcionarios estatales y la honesta intención de las acciones judiciales entabladas contra los defensores de los derechos humanos. Los sistemas judiciales también deben mostrarse más sensibles al valor de las actividades de derechos humanos. La interacción entre los sistemas judiciales de los diferentes países en su función de proteger y promover los derechos humanos y su mayor familiarización con los problemas relacionados con la situación de los defensores de los derechos humanos podrían contribuir a que esas instituciones presten más apoyo a las actividades de defensa de los derechos humanos y las comprendan mejor.
128. Los gobiernos podrían demostrar su voluntad de crear un clima más propicio para la promoción de los derechos humanos y la protección de los defensores de los derechos humanos de conformidad con la Declaración invitando a la Representante Especial a visitar sus respectivos países para evaluar sobre el terreno la situación de los defensores de los derechos humanos. De esta manera la Representante Especial podría informar sobre cualesquiera prácticas útiles para la labor de los defensores de los derechos humanos.
129. La protección de los defensores de los derechos humanos depende muchísimo de las estructuras de apoyo creadas colectivamente por los defensores a nivel nacional, regional e internacional. El cumplimiento del mandato de la Representante Especial se facilitaría mucho con la creación o el fortalecimiento de coaliciones de defensores, de redes nacionales y regionales para la comunicación de información, grupos de vigilancia y grupos de apoyo que puedan acoger con seguridad, dentro y fuera del país, a los defensores en situaciones de peligro grave e inminente.
130. La Representante Especial consultaría a esas redes para complementar la información que recibe de los gobiernos, como fuente adicional para verificar las violaciones, y para facilitar el contacto con los defensores de los derechos humanos en situación de peligro durante las visitas a los países. La Representante Especial insta a los sindicatos, a las organizaciones de trabajadores, a los colegios de abogados y demás asociaciones profesionales a que participen plenamente en esa redes de protección. La creación o el fortalecimiento de esas redes es una estrategia importante para la protección de los defensores de los derechos humanos que es preciso apoyar y alentar en todos los niveles.
131. Las consultas regionales con los defensores de los derechos humanos han demostrado ser una estrategia eficaz para el desarrollo y la visibilidad de este mandato. Estas consultas han permitido que la Representante Especial se familiarice mejor con las tendencias y condiciones que afectan la situación de los defensores de los derechos humanos. Se propone mantener estos contactos con regularidad.
132. La Representante Especial desearía dar prioridad a la organización de dos consultas temáticas, una sobre las defensoras de los derechos humanos y la otra sobre los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, cuyo objetivo sería dar mayor visibilidad a la labor de estos defensores, dar realce a su contribución a la promoción y realización de los derechos humanos y fomentar su participación en redes de defensores a nivel nacional y regional.
133. El mecanismo de acción urgente es un elemento crítico de la metodología de trabajo de la Representante Especial. Para que la acción urgente sea un mecanismo significativo, los gobiernos deben responder cuanto antes a las comunicaciones que les dirija la Representante Especial.
134. La Representante Especial se propone convocar a reuniones más frecuentes con los gobiernos para comunicarles sus inquietudes en relación con la situación de los defensores de los derechos humanos. A este respecto, sería sumamente útil celebrar consultas periódicas con grupos regionales en la Comisión de Derechos Humanos. La Representante Especial está vivamente interesada en la cooperación de las misiones permanentes en Ginebra y de los coordinadores de los grupos regionales.
135. Con miras a proteger mejor los derechos de los defensores de los derechos humanos, la Representante Especial está especialmente deseosa de desarrollar estrechas relaciones de trabajo con los mecanismos establecidos a nivel nacional y regional. A este respecto, se ha reunido con instituciones nacionales de derechos humanos en los países que ha visitado, ya sea en misión oficial o cuando ha asistido a consultas regionales de defensores en su calidad de Representante Especial. Tiene el agrado de informar que existen buenas y constructivas relaciones de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Seguirá recabando la cooperación de los mecanismos regionales para fortalecer las perspectivas de protección de los defensores en todas las regiones.
136. La difusión de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos es importante para crear una mayor concienciación de la legitimidad de las actividades en favor de la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos. La Representante Especial insta a los diversos mecanismos de las Naciones Unidas y sistemas regionales de derechos humanos y a las instituciones nacionales de derechos humanos a que se remitan con más frecuencia a la Declaración. Para ello, deberá facilitarse la traducción de la Declaración a los distintos idiomas nacionales .
137. Las situaciones de conflicto que existen en muchas partes del mundo pueden atribuirse fundamentalmente a violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al mismo tiempo, los conflictos no sólo tienen graves consecuencias para la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos sino que también exponen a los defensores de los derechos humanos a mayor peligro. En la Carta de las Naciones Unidas se subraya la necesidad de lograr la paz y la seguridad internacionales mediante medidas conformes con los principios de la justicia y del derecho internacional. Esto indica claramente la necesidad de una cooperación mejor y más cabal entre los sistemas político y de derechos humanos de las Naciones Unidas en la adopción de medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas a la paz y la seguridad. La acción internacional, o el apoyo a cualquier acción por parte de la comunidad internacional al respecto, deberá guiarse por las normas de derechos humanos. La Representante Especial recomienda encarecidamente que se adopten medidas concretas para fortalecer esta interacción entre ambos sistemas de las Naciones Unidas y que se haga participar en mayor medida a los mecanismos de derechos humanos en las iniciativas de paz y en las intervenciones de respuesta a las situaciones de emergencia.
138. La Representante Especial no escatimará esfuerzos para cumplir la responsabilidad de desempeñar debidamente su mandato, cualquiera que sea la situación financiera de éste. Sin embargo, reitera su opinión de que es indispensable contar con suficientes recursos humanos y materiales para poder concebir medios eficaces de protección y hacer que el mandato repercuta cuanto antes en la situación de los defensores de los derechos humanos.
Anexo
Comunicaciones a los gobiernos de los países
(…)
COLOMBIA
Urgent appeals
1. On 4 January 2001, the Special Representative sent an urgent appeal concerning the Commander of the Colombian Army who issued a press release on 26 July 2000 attacking Mr. Gustavo Gallón Giraldo, Director of the NGO Colombian Commission of Jurists, and other members of the organization. According to the information received, the press release has made a reference to their involvement in the judicial proceedings aimed at solving the disappearance of a human rights defender on 4 July 1990. On 31 July 2000, Mr. Gallón asked the President of Colombia and the Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic to order a rectification of that information. It was reported that the answer given by the Commander of the Army was reportedly incomplete since it did not respond to important questions relating to the video made by the members of the National Army showing human rights defenders who had participated in the judicial proceedings.
2. On 19 January 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Iván Madero Vergel and José Guillermo Larios, members of the organization CREDHOS in Barrancabermeja, who were reportedly threatened on 3 January 2001 by army-backed paramilitaries. According to the information received, several people thought to belong to the paramilitary group AUC came to the homes of the above-named persons, threatening them and their families. Since then, Mr. Madero Vergel has received a number of threatening phone calls at his home, reminding him that he is considered to be a military target and accusing him of being a guerrilla collaborator or supporter. Both men are members of an organization which has played a vital role in drawing international attention to human rights abuses committed by guerrillas, the security forces and their paramilitary allies.
3. On 6 February 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers regarding Mr. Oscar Rodas Villegas, a lawyer and human rights defender, member of the José Alvéar Restrepo Lawyers’ Association (CAJAR), who has reportedly been threatened with death and ordered to put an end to his investigations about human rights violations. According to the information received, on 24 January 2001, his wife, Ms. Olga Iliana Velez, was abducted by three men and a woman thought to belong to a paramilitary group. She was taken to an unknown house and beaten. She was freed at the end of the day and asked to tell Mr. Rodas Villegas that he had to disappear before 17 February or his family would be set upon.
4. On 13 February 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on violence against women regarding two men who identified themselves as members of the paramilitary group AUC and who reportedly came on 27 January 2001 to a women’s community centre "Casa de la Mujer" run by the Organización Femina Popular (OFP) in the district of Barrancabermeja. According to the information received, these two men announced that they had come to take over the centre and demanded the keys from the activists. One of the men reportedly returned the same day, threatened Jackeline Rojas and stole her mobile phone. He reportedly said that the paramilitaries would take the centre by force and "blow the door and trample over whoever stands in their way". This man was arrested by the police, but it is feared that the AUC will carry out their threats. Furthermore, on 8 February 2001, two armed men, who identified themselves as members of the AUC, approached an international observer from Peace Brigades International (PBI) and ordered him to hand over his papers and mobile phones. When he refused, the men threatened him with a gun, at which point he and his colleague from the OFP gave the men their papers and mobile phones. As the men were leaving the centre, they threatened the international observer from PBI, declaring the organization a military target.
5. On 22 February 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Mr. Omar Vera Luna, President of the Junta de Acción Comunal in Barrancabermeja and collaborator of the Peace and Development Programme in Magdalena Medios, who has reportedly been threatened with death on various occasions since 16 February 2001 by members of the AUC.
6. According to the information received, Mr. Vera Luna has reportedly refused to take part in a demonstration organized by the paramilitaries protesting against the creation of a place, "El Retén", designed to host meetings between the guerrilla members of ELN and the Government. As a result of renewed threats, and despite the presence of the police, Mr. Vera Luna and his family have been forced to leave their house and find shelter in the "Casa de la Mujer" centre run by the OFP in Barrancabermeja. In addition, Mr. Andrés Aldana, President of the Junta de Acción Comunal reportedly received a visit on 15 February 2001 from two persons who identified themselves as members of the AUC. He was reportedly forced to sign a document requesting the presence of the national army in the city and the expulsion of the OFP. On 16 February 2001, he received two other visits from members of paramilitary groups who forced him to join a demonstration against the creation of "El Retén". Mr. Angel Miguel Solano, received a visit on 7 February 2001 from three men who identified themselves as members of the AUC and who warned him that he had to leave the city of Barrancabermeja. He was also asked to take part in the demonstration.
7. On 9 March 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding activists of the OFP who were reportedly attacked and threatened by paramilitaries as they organized a celebration of International Women’s Day on 8 March 2001. According to the information received, on 7 March two OFP members were handing out leaflets to promote the activities they were organizing. A group of men who said they were members of the paramilitary AUC approached them. The men snatched the leaflets and burned them. They also threatened the women and told them to leave the area. Later, the OFP President, Yolanda Becerra, received a call on her mobile phone in which a threatening voice told her she would have to take the consequences.
8. On 2 April 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding professional killers who have reportedly been ordered to murder Mr. Alirio Uribe, a human rights lawyer, President of the José Alvéar Restrepo Lawyers’ Association (CAJAR) and Vice-President of the International Federation of Human Rights Leagues (FIDH). According to the information received, the threats came as Mr. Uribe was participating in the session of the Commission on Human Rights in Geneva.
9. On 11 June 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on violence against women regarding army-backed paramilitaries who reportedly told OFP worker Ms. Dany Rada Jimenez (22 years of age) on 18 May 2001 that she was a military target. Subsequently, she received further death threats and the paramilitaries reportedly told community members in various districts of Puerto Wilches, in Santander department that they would kill more OFP members. Ms. Rada Jimenez was reportedly kept under constant surveillance by men following her in the street for the past few weeks. She reported all this to the police.
10. On 11 June 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding three armed gunmen, thought to be army-backed paramilitaries belonging to the AUC, who reportedly abducted Mr. Kimi Domico Pernia in the municipality of Tierralta, department of Cordoba, on the evening of 2 June 2001. According to the information received, he has not been seen since his abduction. Mr. Domico Pernia is a leader of the Embera indigenous people, who live along the rivers Sin and Verde in the department of Cordoba. He has played a leading role in the indigenous communities’ campaign against the construction of the Urrú dam, which will destroy much of their ancestral lands.
11. On 12 June 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Ms. Bernice Celeyta Alayón, President of the human rights organization NOMADESC, who reportedly found a message on her home answering machine on 18 May 2001 threatening her with death. The next day, a funeral wreath was left on her doorstep. Since 14 May 2001, she has reportedly been kept under constant surveillance by unknown men in cars. In the past few months, NOMADESC has denounced human rights violations by paramilitaries who have threatened and killed trade unionists in Valle del Cauca department, and massacred civilians living along the River Naya in Valle del Cauca.
12. On 15 June 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding the safety of Ms. Islena Rey, the only surviving member of a disbanded human rights organization, Meta Civic Human Rights Committee. On 5 June 2001, Mr. Gónzalo Zarate and his brother were reportedly killed by unidentified gunmen at their home in the Manantial district of Villaviciencio, capital of the department of Meta. Before it was disbanded, the organization played an important role in denouncing human rights violations committed by the security forces and their paramilitary allies in Meta. Since 1991, four leading members have been gunned down and three other members have disappeared. In its second year, the organization faced continuous threats, and three of its members disappeared.
13. On 15 June 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Astrid Manrique Carnaval, a member of the Popayan branch of the ASFADDES, and her family who had reportedly repeatedly been threatened in the previous few weeks. On 3 June 2001, it was reported that two men smashed all the windows at Ms. Manrique Carnaval’s house. On 25 May 2001, she and her 14-year-old daughter were followed by six unidentified men in the street. At the end of April 2001, unknown men came to the home of her sister, who saw them keeping it under surveillance.
14. On 29 June 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Ms. Emma Gómez de Perdono, a member of the trade union ANTHOC in Honda city, department of Tolima, and her daughter Diana de Perdono, who were reportedly victims of an attempted murder by paramilitaries on 13 June 2001. According to the information received, in the previous few weeks, a paramilitary group had threatened with death members of ANTHOC at a hospital in Honda if they refused to take part in the meetings of the paramilitary group. It was reported that paramilitary groups often accuse trade unionists of being members of guerrilla groups and considered them as military targets.
15. On 9 July 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding the disappearance and murder by paramilitaries of Mr. Alirio Pedro Domicó Domicó, Governor of the Embera indigenous group, which occurred in Cabildo del Rio Esmeralda, department of Cordoba, on 25 June 2001, and of Mr. Alberto Sabugara Velásquez, a leader of the Embera indigenous group, in Quibdó, department of Choco, on 27 June 2001. Concern was also expressed at the enforced disappearance on 2 June 2001 in Cabildo del Rio Verde, department of Cordoba, of Mr. Kimi Domico Pernia, also a leader of the Embera indigenous group. On 10 July 2001, the Special Representative and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions issued a press release expressing their deep concern over the murder and disappearance of indigenous leaders in Colombia.
16. On 12 July 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers regarding Dr. Alirio Uribe Muñoz, a lawyer and human rights defender, and two other members of the José Alvéar Restrepo Lawyers’ Association (CAJAR) in Bogotá, Luis Guillermo Perez Casas and Maret Cecilia García, who are still facing harassment and intimidation by paramilitary groups in Cundinamarca. Since Mr. Luis Guillermo Perez Casas started working on the case of massacre committed by members of the army in Mapiripan, he has reportedly been the victim of harassment and regular surveillance.
17. On 24 July 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Mr. Hernando Hernandez Pardo, Vice-President of CUT and President of the Oil Workers’ Trade Union (USO), who escaped an assassination attempt on 6 July 2001. According to the information received, he was speaking at a union meeting in Barrancabermeja in Santander department when he was warned that a group of heavily armed paramilitary gunmen had come to the meeting to kill him. The meeting was immediately suspended and Mr. Hernandez Pardo was taken to safety.
18. On 6 August 2001, the Special Representative transmitted an urgent appeal regarding members of the Bogotá-based human rights organization, Corporación Sembrar, who have reportedly been kept under surveillance and threatened. It was alleged that members of the organization, as well as other people who work with Sembrar, have been watched on entering and leaving its office in Bogotá. The threats appear to be related to the organization’s activities in and around the city of Barrancabermeja, an area for the control of which army-backed paramilitaries are waging a military campaign.
19. On 23 August 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding the situation of threats, murders and harassment faced by trade unionists. According to the information received, on 16 August 2001, three board members of SINTRAELECOL were victims of an attempted murder when they were leaving its offices in Fusagasugá, department of Cundinamarca. As a result, Ms. Doris Lozano Nuñez died and Mr. Omar García Angulo was seriously injured. On the same day, Mr. Manuel Pajaro Peinado, treasurer of the Trade Union of Public Services of Barranquilla district was murdered in his home. It was reported that
Mr. Edgar Pua and Mr. José Meriño, treasurer and attorney respectively of ANTHOC received death threats and were asked to leave the city and to put an end to their activities. It was also alleged that Mr. Gustavo Villanueva, Director of ANTHOC in Polonuevo, received death threats.
20. On 28 August 2001, the Special Representative transmitted an urgent appeal regarding Commandant Enrique Cotes Prado’s declarations during a meeting on 27 July 2001 between local civil and military authorities and a national commission in Fusagasugá. This commission comprised the Vice-Presidency, the Ministry of the Interior, the Ombudsman and the Prosecutor’s Office, as well as human rights organizations and the Office of the High Commissioner for Human Rights as observer, and aimed at establishing dialogue with local authorities about the human rights situation in the region. One of the key issues in this dialogue was the relationship between members of the Military Base Camps of Las Águilas and the inhabitants. According to the information received, Commandant Cotes Prado publicly declared that the State institutions and their civil servants, which did not take position regarding the occupation of the area by the guerrilla 20 years ago, were "serving guerrilla members". It has been reported that these declarations violated Presidential Directive 07, which aims to protect human rights defenders, including civil servants who perform human rights work. In that sense, Commandant Cotes’s public declarations reportedly did not contribute to promoting dialogue between the different actors in the region and, on the contrary, might create a polarization of the situation.
21. On 13 September 2001, the Special Representative transmitted an urgent appeal regarding Edgar Pua, Judith Castillo, Argemio Rivaldo, Carlos Bustamente, Ubaldo Galindo, José Meriño and Arminto Sarmiento, members of ANTHOC in Baranquilla, Atlantico region, who were reportedly threatened with death by paramiliatries who accused them of being guerrilla members. As a result of these threats, they were forced to leave the region. Carmen Pungo and Ricaurte Yanten Pungo, members of ANTHOC, were murdered on 2 September 2001 by paramilitary groups in Tambo, Cauca region.
22. On 26 September 2001, the Special Representative transmitted an urgent appeal jointly with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Mr. Hernando Montoya, a trade union leader of SINTRAMUNICIPIO, Cartago section, department of Valle, who reportedly received anonymous death threats on 7 September 2001. Previously, the Cooperativa de Seguridad (COPROSEG) had reportedly threatened Mr. Montoya. Although a beneficiary of the Minister of the Interior programme of protection, he is allegedly still facing harassment and threats by paramilitary groups. In addition, it has been reported that the mayor of Cartago has proffered verbal threats against Mr. Montoya on various occasions which have contributed to increasing the risk for his safety.
23. On 25 October 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression regarding Mr. Luis Manuel Anaya Aguas, treasurer of the Sindicato de Conductores y Trabajadores del Transporte de Santander (SINCONTRAINDER) in Barrancabermeja, and its president, Mr. Luis Lopez, who were reportedly killed on 16 and 19 October 2001. On 17 October 2001, Mr. Julián Rodríguez, a member of the Corporación CREDHOS, was murdered in Barrancabermeja, allegedly in retaliation for his human rights activities. According to the information received, six trade unionist leaders of the Unión Sindical Obrera (USO) were reportedly held in detention on 19 October 2001 in various cities around the country and accused of rebellion. Among the detainees were Mr. Jairo Calderón, former president of the USO, held in detention in Bucaramanga, Mr. Alonso Martínez, a USO activist, held in Bogotá, Mr. Ramon Rangel, a member of the USO Human Rights Commission, held in Barrancabermeja and Mr. Fernando Acuña, former president of FEDEPETROL, held in Barrancabermeja. Agents of the Technical Body of Investigation of the Public Prosecutor’s Office and of the Administrative Department of Security (DAS) were reportedly responsible for the arrests. These acts were connected with a one-day demonstration against ECOPETROL, a petrol company under State control, organized by the USO to protest against continuing harassment, death threats, murders and disappearances reportedly suffered by USO leaders and activists. Various board members of the Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (COMPERDH) as well as one of its lawyers, have been reportedly threatened with death. This is the case for Mr. Ernesto Amezquita Camacho, Mr. Luis Jairo Ramirez, Dr. Jahel Quiroga in relation with her activities in the Corporación Reiniciar and Dr. Carlos Lozano. On 11 October 2001, Mr. Rigoberto Jimenez, president of the Asociación de Ayuda Solidaria (ANDAS) in Cartagena, and an ANDAS board member were intimidated by two unidentified men on a motorbike. On 16 October 2001, Mr. Manuel de la Rosa, treasurer of ANDAS, was reportedly detained by three armed men in plain clothes and taken away by force in a van. He was released at the request of other members of the organization.
24. On 30 October 2001, the Special Representative transmitted a joint urgent appeal with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions regarding Ms. Gladys Avila, Secretary-General of ASFADDES, Ms. Gloria Herney, ASFADDES General Coordinator, and other human rights defenders with that association, who were reportedly receiving death threats and being followed on a continuous basis. In recent weeks, it was reported, anonymous telephone calls had been made to ASFADDES. In addition, interference was heard on the office telephones.
25. On 13 November 2001, the Special Representative transmitted an urgent appeal regarding the destruction of the Organización Femenina Popular (OFP) community centre in the Barrio La Virgen, Barrancabermeja, department of Santander. According to the information received, on 10 November 2001, a group of armed men forcibly entered the OFP centre and began to demolish it.
26. On 30 November 2001, the Special Representative sent an urgent appeal regarding continuous threats against members of the Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) despite the recommendation made by the Inter-American Commission of Human Rights on 1 November 2001 to the Government of Colombia to implement the protective measures granted in 1999 in order to protect members of ACVC allegedly declared military targets by paramilitary groups. According to the information received, on 7 November 2001, members of the Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) of the Attorney-General’s Office (Fiscalía) and of the Fifth Brigade of the Army broke into the home of Mr. César Jerez, a member of the board of the Association, in Bucaramanga, and intimidated his family. These threats are allegedly linked to the activities carried out by ACVC in the defence of the human rights of the inhabitants of Valle del Río Cimitarra in Magdalena Medio Colombiano. The Special Representative was also informed of the existence of a military intelligence report as well as a judicial investigation by the Attorney-General’s Office against ACVC and its board.
Allegation letters
27. On 15 February 2001, the Special Representative expressed her concern at the killing of Mr. Iván Villamizar, regional ombudsman (defensor del pueblo) in Cúcuta City in North Santander, on 12 February 2001. Mr. Villamizar, who had been the Dean of the University of Cúcuta, had consistently denounced human rights violations in Catatumbo as well as the massacres, reportedly committed in 1999 by paramilitaries, in La Gabarra and Tibu, all in the department of Northern Santander. It is reported that, because of his work, he had been the object of constant death threats. A press release was issued on the same case by the Special Representative on 16 February 2001.
28. On 17 April 2001, the Special Representative submitted a communication to Mr. Gustavo Bell Lemus, Vice-President of the Republic of Colombia, reminding him of a list of cases she has already sent to the Government. The Special Representative expressed concern over the particularly precarious situation of human rights defenders in the country, especially in the city of Barrancabermeja. Reports indicated that serious human rights abuses are perpetrated by the paramilitary "Self Defence Group" (AUC). The Special Representative acknowledged that the Government of Colombia had taken measures to address the problem, such as the Special Protection Programme for Witnesses and Threatened Persons under the Ministry of the Interior. However, she remained concerned about the slow pace of judicial investigations into crimes against human rights defenders and about the limited administrative, security and financial resources to protect those human rights defenders who found themselves at risk.
29. On 19 October 2001, the Special Representative, jointly with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, sent an allegation letter to the Government regarding the case of Mr. Eduardo Umaña Mendoza, a lawyer and human rights defender. According to the information received, Dr. Mendoza was killed on 18 April 1998 by two men and a woman who identified themselves as journalists. Prior to his death, Dr. Mendoza had been threatened on numerous occasions. Complaints had been filed with the competent authorities, but no progress had been made on the investigations into these threats. A number of arrests have been made in connection with the murder, but so far only one person has been formally charged. There is a grave concern that, despite indications of military involvement in the crime, it appears that this line of investigation has not been followed.
30. On 19 October 2001, the Special Representative, jointly with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, sent an allegation letter regarding the following cases.
Human rights organizations
31. According to the information received, army-backed paramilitaries threatened to kill OFP members after they helped to organize three days of events and marches in Barrancabermeja calling on both sides in Colombia’s armed conflict to respect the human rights of civilians. The paramilitaries declared 11 families who took part in the 14 to 17 August 2001 event to be military targets. First, paramilitary gunmen went to women’s homes and told them not to go on the march, and set up roadblocks to stop the event taking place, despite the fact that the army had a strong presence in the city. At the end of the march, the women gathered in the city football stadium to hear speeches. OFP members Jackeline Rojas and Yolanda Becerra were on the podium preparing to begin the event when a man approached and threatened them. On 24 August 2001, OFP was told that paramilitaries had decided to assassinate their members, beginning with one of their leaders, Patricia Ramírez.
32. According to the information received, on 8 and 9 October 2000, four families belonging to the Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) branch at Medellín reportedly received several threatening telephone calls, which were repeated on 31 October 2000, following which they had to leave the region. Ms. Martha Elizabeth Soto Gallo received a threatening message on her answerphone on 13 April 2000. On 11 and 23 November 2000, in Medellín, two letters carrying a death threat was sent to Mr. Sancho Castro, a collaborator of the association. On 20 November 2000, the person in charge of the Cundinamarca branch of ASFADDES is reported to have been followed in Bogotá by two unknown people. It was also reported that, in May 2000, Ms. Rocío Campos, a member of the Managing Council of ASFADDES and its Barrancabermeja branch received several telephone calls from unknown persons who threatened her, fired gunshots and asked her about her brother, Daniel Campos, who disappeared in May 1998. The Special Representative has also been informed of the murder of Ms. Elisabeth Cañas Cano, a member of ASFADDES, on 11 July 2000 in Barrancabermeja. She had been actively involved in combating unpunished criminals, especially in connection with the disappearance of a group of 25 people, including her son, Giovanny Cañas Cano, and her brother, José Milton Cañas Cano, who both disappeared at Barrancabermeja on 16 May 1998. Furthermore, on 29 and 30 September 2000, during a forum entitled "For life and human rights" held in Barrancabermeja, threats were made by paramilitary groups in the form of slogans against members of ASFADDES accused of being members of guerrilla groups and military targets. As a result of the threats targeting it, ASFADDES decided to close temporarily its office in Barrancabermeja on 28 February 2001.
33. According to the information received, since the Regional Corporation for the Defence of Human Rights (CREDHOS) was created 13 years ago, eight of its members have been killed and two others were the victims of murder attempts. The former president of CREDHOS, Osiris Bayther, and the coordinator of the organization in Bolívar, Marco Tulios Campos, were forced to leave Colombia in 1998 and to give up their activities in the region after receiving death threats. The offices of CREDHOS in Barrancabermeja were raided on 16 and 18 October 1999. On 19 October 1999, the coordinator of CREDHOS in Barrancabermeja, Pablo Javier Arenales, received numerous threatening phone calls. In August 2000, the secretary of the organization, Monica Madera Vergel, received a threatening call on the phone assigned to
her by the Ministry of the Interior programme. These acts are connected with the pamphlet distributed by CREDHOS in Bucaramanga during an event, "For life and human rights", in September 2000 denouncing the threats against its members and holding the AUC responsible for them.
Members of human rights organizations
34. According to the information received, on 19 May 1997, a group of masked gunmen, identifying themselves as members of the Attorney General’s Office, killed Carlos Marío Calderón and Elsa Constanza Alvarado, both activists of the Centre for Research and Popular Education, in their Bogotá apartment. According to the information received, in July 2001 four persons were reportedly accused of having participated in the murder and sentenced to between 4 and 60 years’ imprisonment. It has been reported that detention orders have been issued against paramilitary leaders Carlos and Fidel Castaño, who were allegedly charged with having planned the murders. It has been further reported that although the authorities knew about their whereabouts, they did not take the appropriate measures to arrest them. According to the information received, four judicial police officers and one key witness have been murdered in the course of the investigation. The Special Representative requested information regarding the follow-up to the measures taken by the competent authorities to investigate, prosecute and sentence those found responsible for these acts.
35. Dr. Jesús Valle Jaramillo, a renowned human rights lawyer, was shot dead in February 1998 by unidentified gunmen in his office in Medellín after denouncing links between members of the Colombian military and paramilitary organizations. He was the president of the Antioquia Permanent Committee for the Defence of Human Rights, and the fourth president of that organization to be killed. He was also a university professor and a Conservative Party local councillor.
36. Jairo Bedoya Hoyos, treasurer of the Indigenous Organization of Antioquia (OIA) and former members of the Patriotic Union (UP) political party and of Parliament in 1992-1993, disappeared on 2 March 2000 in the department of Antioquia. Those responsible are reportedly members of paramilitary groups allied with security forces. The victim had participated in a campaign calling for the respect of the cultural rights and for the safety of Embera indigenous people.
37. Marleny Rincon and Ana Julia Arias de Rodriguez, members of the National Association of Peasants and Indigenous Women of Colombia (ANMUCIC), and Marta Cecilia Hernandez, leader of ANMUCIC Zulia, department of North Santander, were killed, allegedly by paramilitary forces, on 21 July 2000, 19 August 2000 and 26 January 2001, respectively. Marleny Rincon, president of the association in the department of Meta, as well as Julia Arias de Rodriguez, treasurer of ANMUCIC and a member of the UP political party, have been accused of being guerrilla members. Marta Cecilia Hernandez’s murder is allegedly due to her refusal to withdraw her candidature for the municipal elections.
38. Orlando Moncada, spokesman and member of the board of the Peasants Association of Valle del Río Cimitarra, department of Santander, was killed on 1 September 2000 while standing near a road block set up by the AUC on the road between Puerto de Barrancabermeja and El Tigre.
38. Fernando Cruz Peda, a human rights lawyer and member of the Association of Democratic Jurists of Colombia, continues disappeared in Cali. On 10 December 2000, three unidentified persons in plain clothes took him away to the Attorney-General’s Office on the pretext of checking his professional card. Although numerous complaints have been lodged with various national authorities, the case has reportedly not been investigated so far.
40. Pepe Zabala and Angela Andrade, members of the Multi-Ethnic People’s Movement of the Nariño Pacific Coast campaigning for the rights of the various ethnic minority groups in the department of Nariño, were killed on 6 August 2001 in the Aguaclara district of the municipality of Tumaco. According to the information received, paramilitaries began threatening to kill members of this NGO in September 2000. The Movement had appealed to the Ministry of the Interior for protection because of the death threats. The Ministry had provided mobile telephones for members to inform the authorities if they were attacked.
41. Yolanda Cerõn, a nun and director of the human rights team of the Catholic church organization Pastoral Social in Tumaco, Narizo department, was reportedly shot several times on 19 September 2001 by unidentified gunmen as she walked across a park in Tumaco. She was taken to the local hospital, where she died moments later. Ms. Cerõn had worked for many years with Pastoral Social to denounce human rights violations in Narizo department and in support of the victims and their families. She had recently reported that unidentified men had followed her and that the offices of Pastoral Social were under permanent surveillance. Some time before, she had also been called to the Attorney-General’s Office in Tumaco to ratify the denunciations she had made some months before of several cases of human rights violations.
Internally displaced persons
42. On 3 September 2000, Cesar Molina, director of the Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana (CEAC), a human rights NGO in Barranquilla, department of Atlántico was reportedly intercepted by two armed men who threatened to kill him if he did not discontinue his work with internally displaced persons and students in the University of Atlántica. The two men also mentioned Luis Felipe Flores, director of another human rights NGO, Fundación para el Estudio de las Ciencias Sociales (FUNPECIS). The facts of the case suggest that the perpetrators are members of an organized group of contract killers who may have paramilitary links. As a result of the threat, both individuals have been forced to abandon their human rights work in Barranquilla and have been displaced in other cities in Colombia.
43. Armando Achito, an Embera indigenous leader from the municipality of Juradó, department of Choco, was killed on 25 December 2000 by armed men, allegedly members of paramilitary groups, in his own house in Juradó. Mr. Armando Achito had taken part in several procedures claiming land, food and health for those communities. After the massacre of three indigenous persons by alleged paramilitaries, he had been displaced to Juradó on 8 August 1999.
Apparently the local authorities had suggested that he move to Bahia Solano, so that he could be provided with the necessary protection. However, this removal did not, reportedly, prevent him being killed.
44. Pedro Varón, teacher and Fiscal of the executive board of the Central Unitaria de Trabajadores workers (CUT), department of Tolima, has reportedly been subjected to acts of pursuit and threats against his life, allegedly committed by paramilitaries, which, according to the information received, forced him in April 2001 to flee the region, to give up his union work and to leave his family.
45. Evert Encizo, a teacher and director of the "La Reliquia" school and leader of the displaced people in the settlement of the same name in the town of Villavicencio, was killed on 19 August 2001 by two strongly armed men who entered his house and shot him. In this incident, two other people, Mrs. Marleny Coronado Gomez, deputy president of the "Junta de Acción Comunal" of this settlement, and a child, were reportedly injured.
46. According to the information received, Marino Cordoba, President of the Association of Displaced Afro-Colombians, (ASFRODES), received threatening phone calls, allegedly from paramilitaries, at the headquarters of the organization in March 2001. ASFRODES deals mainly with the defence of the rights of Afro-Colombians and displaced people. Previously, Mr. Cordoba had reportedly been the victim of attempts on his life in 2000 and had received several death threats since he moved in January 1997 from the department of Choco to Bogotá.
Trade unionists
47. In the period January-October 2001, 112 trade unionists were assassinated, and 65 disappeared/were abducted, a significant increase in repressive action against trade unionists considered as military targets. Moreover, 23 trade unionists were the victims of aggression during the same period. Members of paramilitary groups have been accused of being responsible for most of these violent deaths.
48. Geraldo Gonzalez, Secretary for Agrarian and Indigenous Affairs of the Central Unitaria de Trabajadores (CUT), also president of the small farmers’ trade union in Cundinamarca, was reportedly constantly subjected to threats against his life during 1999 and 2000. For instance, his name was included in a document given to the CUT, which announced a plan of extermination of trade union leaders. His family has also been seriously affected.
49. On 19 September 2000, two unknown armed strangers reportedly fired several shots at Ricardo Herrera, Secretary-General of the trade union SINTRAEMCALI and Omar de Jesús Noguera, a trade union employee, on their arrival at Mr. Herrera’s home in the Junín neighbourhood of Cali, Valle de Cauca. Mr. Noguera, who was wounded during the attack, died on 23 September 2000. He had spoken out against corruption and participated as a trade union member in mobilization activities against the privatization of EMCALI. The chairman of SINTRAEMCALI, Mr. Alexander López Amaya, was forced to leave the country in September 2000 after receiving repeated death threats and after being chased by hired assassins.
50. Wilson Borja, president of the National Federation of State Workers (FENALTRASE) and a peace activist, was reportedly the victim of an armed attack on 15 December 2000. It was reported that he had previously lodged a complaint with the Regional Attorney of Bogotá concerning the death threats he had been receiving by telephone and in letters. Mr. Borja is also member of the Civil Society Negotiation Commission, whose aim is to help create a free zone in the Bolivar and Antioquia regions in order to begin peace talks with the National Liberation Army (ELN).
51. Orlando Ospina Loaiza and Carlos Alberto Florez, vice-president and secretary-general of the Trade Union of Public Service Workers and Employees (SINTRAEMSDES) in Pereira reportedly received a condolence card, on 12 February 2001 sent by the AUC.
52. Jaime Alberto Duque Castro, president of the trade union of workers of Cementos El Cairo (SUTIMAC), was allegedly detained on 24 March 2001 by AUC paramilitaries. He was released without injuries on 5 April 2001.
53. Gustavo Soler Mora, president of the workers of the multinational Drummond company and president of the national Mining and Energy Trade Union (SINTRAMINERGETICA), was found dead on 7 October 2001 in Rincon Hondo, in the municipality of Chiriguana. The day before, he was reportedly forced by armed men to get off the bus in which he was travelling from Valledupar to Chiriguana to get into a minibus.
Communications received
54. In a letter dated 16 March 2001 the Government of Colombia replied to the communication of 13 February 2001 relating to alleged acts committed by a self-defence group against the Women’s Popular Organization (OFP) in Barrancabermeja. The Government asserted that a preliminary inquiry was made on the day of the events, but an official order for an investigation had still not been given. The Social Solidarity Network set up by the Office of the President of the Republic had organized a system of care for displaced persons, in which the specific case of that organization was included. The Government added that investigations had also begun into the threats against Mrs. Flor Maria Cañas and other members of the organization, but they were still at the stage of gathering evidence.
55. In a letter dated 20 March 2001, the Government provided information on official communication No. 1247/DAS.D of 6 March 2001, by which the Director of the Administrative Department for National Security reported that the necessary steps had been taken to neutralize and prevent any action by outlawed groups against the civilian population.
56. In letters dated 10 April and 28 May 2001, the Government of Colombia replied to the Special Representative’s communication of 6 February 2001. The Government stated that a preliminary inquiry into Mrs. Olga Liliana Velez’s complaint alleging death threats against herself, her husband, Oscar Rodas Villegas, and her family had begun. As a result, several pieces of evidence had been examined and an investigation had been initiated to determine who had committed the offences in question. However, it had not yet been possible to reach any conclusion. The Government reported on 28 May 2001 that the Public Prosecutor’s Office,
Criminal Courts Division 99 had ordered an investigation into the alleged death threats against Oscar Rodas Villegas and Olga Liliana Velez and that they were still examining the evidence and establishing the identity of the culprits.
57. In letters dated 10 April, 22 May and 5 October 2001 the Government of Colombia replied to the Special Representative’s communication of 9 March 2001 regarding the Women’s Popular Organization (OFP). Yolanda Becerra’s statement about the threats against Flor Maria Cañas indicated that she had not received any more such threats. In its letter dated 22 May 2001, the Government stated that Mrs. Yolanda Becerra, chairperson of the OFP, had rejected the protection offered to her as being against the principles of her organization. In its letter of 5 October 2001, the Government reported that the Attorney-General’s Office had taken several steps, such as devising a protection and prevention strategy, and appointing two human rights consultants, as soon as it learnt of the violence against OFP members and of the pressures on them, and was beginning a preliminary investigation of members of the Public Prosecutor’s Office headquartered in Barrancabermeja for having released the person who had allegedly threatened a legal representative of OFP in the name of the AUC. The Inter-American Commission on Human Rights, for its part, was investigating the same events and on 26 May 2000 had ordered precautionary measures for several OFP members at their head office in Barrancabermeja. The Government said that several investigations were being conducted by the Public Prosecutor’s Office. On 2 August 2001, the Sub-Commission on Protection and Security held a meeting to decide what had to be done to ensure that the meeting on the International Mobilization of Women, from 14 to 17 August 2001, could proceed normally. Yolanda Becerra, the legal representative of OFP, said that, according to an intelligence report apparently received by the Fifth National Army Brigade, paramilitary groups once again intended to assassinate her, because they considered it an affront that, far from leaving the Magdalena Medio area, she had opened a new OFP office in Bogotá. The Attorney-General’s Office was supporting OFP in connection with the International Mobilization of Women meeting by maintaining constant communication with members of the security forces during the event in order to counter attempts by suspected AUC members to hinder the proceedings.
58. In a letter dated 14 June 2001, the Government of Colombia replied to the Special Representative’s communication of 2 April 2001, providing information about alleged death threats against Mr. Alirio Uribe Muñoz, president of the José Alvear Restrepo Lawyers’ Association and vice-president of the International Human Rights Federation, and said that investigations were being carried out to clarify the facts and to identify the guilty parties.
59. In a letter dated 27 June 2001, the Government replied to the communication of 22 February 2001 and provided information on the alleged death threats against Omar Vera Luna, Andres Aldana and Angel Miguel Solano. It transmitted a report by the Santander National Police in which it was mentioned that Father Francisco de Roux together with other bishops and a lady had appeared at the police station stating that members of the Self-Defence Group had gone to the home of Mr. Omar Vera Luna to force him under threat to sign a commitment. He and his family were then forced to accompany them forthwith to the demonstrations against the pull-back zone at the place known as Y in Barrancabermeja. It was for that reason, that it had been decided to remove Mr. Vera Luna from the crowd of protesters and take him back home. However, the threats from the Self-Defence Group had continued and
onstant vigilance was required on the part of the Navy. Moreover, Mr. Angel Miguel Solano reported to the authorities that he had been forced by the community to attend the demonstrations, though not under threat. The Government would communicate the results of the relevant investigations.
60. In a letter dated 27 June 2001, the Government replied to the communication of 11 June 2001, providing information about the alleged disappearance of the leader and spokesman of the Embera Katío community, Mr. Kimi Dominico. The Government asserted that on 5 June the Second Specialized Prosecutor’s Office in Montería had opened an investigation into the alleged aggravated kidnapping for ransom and other crimes against the above-mentioned person, who had reportedly been kidnapped by three individuals on two motorcycles. In addition, an order had been given to raid and search the "el Cairo" estate. It was executed on 5 June 2001, but without result. The Government would report on the results of the investigations.
61. In a letter dated 28 June 2001, the Government replied to the communication of 15 June 2001 and reported that the Public Prosecutor’s Office had initiated preliminary investigations into the alleged death threats against Mrs. Astrid Manrique Carvajal and her family. It also pointed out that the alleged victim had submitted a complaint to the Rapid Reaction Unit (URI) about "acts that she felt were attacks on her personal integrity". The same complaint had been submitted to the Military Court of Criminal Investigation. An investigation was also being carried out concerning damage to the property of others.
62. In a letter dated 2 July 2001, the Government of Colombia replied to the communication of 15 June 2001. In regard to the alleged death threats against Mrs. Islena Ruiz, a member of the Meta Civic Committee for Human Rights, and the murder of the brothers Humberto and Gonzalo Zárate Triana and of Dr. Josué Giraldo Cardona, it asserted that the General Directorate of Human Rights in the Ministry of the Interior and the Administrative Department for National Security had adopted a large number of security measures to protect Mrs. Islena Ruiz. With regard to the murder of Dr. Josué Giraldo on 13 October 1993, the circumstances in which it was committed had been established and it had been concluded that the motive was his political opinions and beliefs. As for the murders of Mr. Gonzalo and Mr. Humberto Zárate Triana, the Prosecutor’s Office concerned reported that an investigation was under way. The Government would report in due course on the results of the investigations.
63. In a reply dated 5 July 2001, the Government reported on the alleged threats and attacks against the premises of the Regional Corporation for the Defence of Human Rights (CREDHOS) and its members, particularly Mr. Iván Madero and Mr. José Guillermo Larios. It stated that they were not in the city mentioned, as they were in a "soft" protection programme run by the Ministry of the Interior that involved removing them from that place. In addition, the other members of the Corporation were all covered by different protection programmes.
64. In a letter dated 10 July 2001, the Government replied to the communication of 12 June 2001 and provided information about the alleged death threats against Mr. Carlos Arbey González, leader of the University Workers’ and Employees’ Union of Colombia (SINTRAUNICOL), and the alleged disappearance of Mr. Gilberto Agudelo, stating that
Mr. Carlos Arbey was covered by a protection programme and had an escort and a vehicle, and enjoyed increased security measures. It added that no record could be found of Mr. Gilberto Agudelo’s disappearance.
65. In a letter dated 24 August 2001, the Government of Colombia replied to the communication of 24 July 2001 and reported on the foiled attempt to kill Mr. Hernando Hernández Pardo, vice-president of the Trade Union Confederation (CUT) and president of the Workers’ Trade Union (USO), which occurred on 6 July 2001. It stated that the Administrative Department of National Security had begun operating a protection and security system, which could be strengthened without prejudice to the relevant precautionary measures.
66. In letters dated 24 August and 28 September 2001, the Government replied to the communication of 29 June 2001 and provided information about the foiled attempt to kill Mrs. María Emma Gómez de Perdomo, a member of the National Trade Union of Health Sector Workers (ANTHOC), and her daughter Diana Perdomo, stating that the Public Prosecutor’s Office was conducting a preliminary investigation to identify those responsible. It was also investigating threats against some of the staff of the Juan de Dios hospital in Honda, members of the ANTHOC trade union, it being clear that Mrs. Gómez Perdomo was not among those mentioned as being concerned. The Government would report in due course on the results of the investigations.
67. In a letter dated 4 September 2001, the Government of Colombia replied to the Special Representative’s communication of 12 July 2001 and reported on the alleged death threats against several members of the José Alvear Restrepo Lawyers’ Association, stating that a meeting had been held with all the competent authorities to determine institutional responsibilities. It was decided at the meeting that the Ministry of the Interior would take preventive measures in respect of individuals and that the Vice-President’s Office would be responsible for political measures. As a result, several meetings had been held to speed up procedures for dealing with the requests of petitioners in the case, particular importance being attached to the consultation of intelligence archives. Since the matter was before the Inter-American Commission on Human Rights, the Government wished to close the case.
68. Por carta fechada 6 de diciembre de 2001, el Gobierno de Colombia informó a la Representante Especial sobre la destrucción del dispensario "Casa de la Mujer", caso enviado el 13 de noviembre de 2001. El Gobierno señaló que el caso se encuentra sometido a examen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, motivo por el cual se informó acerca de las medidas cautelares ordenadas por el Gobierno a favor de la OFP. Al respecto, el Gobierno señaló que el 11 de octubre de 2001 se llevó a cabo una reunión con el Grupo de Trabajo ad hoc, con el fin de acordar medidas de protección destinadas a la OFP. Las entidades responsables de estas medidas son el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la nación, la Policía Nacional, la Procuradoría General de la nación y la Vicepresidencia de la República. En el marco de la política gubernamental de derechos humanos y derecho humanitario, se tiene previsto la conformación de comisiones intersectoriales a nivel regional que tienen como propósito acordar medidas y acciones que contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos en las regiones. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ha participado en las reuniones, eventos, foros y otros que tengan relación con el trabajo de la OFP en la región, acompañándolos y coordinando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional las gestiones necesarias para evitar que se presenten hostigamientos por parte de los grupos armados al margen de la ley, que rechazan las actividades de la organización. Se tomó contacto directo con la Sra. Yolanda Becerra, representante de la OFP, con el objeto de verificar cualquier tipo de información o acción de cualquier agente que represente un riesgo o amenazas contra las personas o instalaciones de esta organización no gubernamental.
Observations
The Special Representative is grateful to the Government of Colombia for its prompt replies to her communications. Following the request to visit Colombia sent by the Special Representative on 20 February 2001, an official invitation was extended to her by the Government of Colombia on 31 August 2001. In this regard, the Special Representative would like to refer to the report on her visit to Colombia (from 23 to 31 October 2001) submitted separately to the Commission at the present session (E/CN.4/2002/106/Add.2)
