Economic and Social Council
Distr. GENERAL
E/CN.4/2002/74/Add.2
8 May 2002
ENGLISH/FRENCH/SPANISH ONLY
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Fifty-eighth session
Agenda item 11 (b)
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, INCLUDING QUESTIONS OF: DISAPPEARANCES
AND SUMMARY EXECUTIONS
Report of the Special Rapporteur, Ms. Asma Jahangir, submitted pursuant to Commission resolution 2001/45
Addendum*
Annex
Summary of cases transmitted to Governments and replies received
CONTENTS
Párrafos
Introduction 1-2
Summary of cases transmitted and replies received 3-641
A. COUNTRIES 3-641
Afghanistan 3
Albania 4
Algeria 5-6
Argentina 7-10
Azerbaijan 11-12
Bahrain 13-14
Bangladesh 15-17
Bolivia 18-23
Brazil 24-28
Burundi 29
Canada 30-32
China (Democratic People’s Republic of) 33-45
Chile 46
Colombia 47-232
Côte d’Ivoire 233-237
Croatia 238
Democratic Republic of the Congo 239-241
Ecuador 242-247
El Salvador 248
Egypt 249-252
Georgia 253-256
Guatemala 257-269
Republique de Guinée 270-273
Haiti 274
Honduras 275-286
India 287-315
Indonesia 316-334
Iran (Islamic Republic of ) 335-343
Israel 344-364
Jamaica 365-371
Jordan 372-374
Kenya 375-379
Kyrgyz Republic 380-382
Kosovo 383-384
México 385-408
Myanmar 409-444
Nepal 445-450
Nicaragua 451-455
Nigeria 456-457
Oman 458
Pakistan 459-471
Panamá 472
Papua New Guinea 473
Paraguay 474-481
Perú 482-486
Philippines 487-488
Portugal 489-492
República Dominicana 493-494
Russian Federation 495-530
Rwanda 531-535
Saudi Arabia 536-537
Senegal 538-540
Singapore 541-544
Slovak Republic 545
Somalia 546
Sri Lanka 547-555
Sudan 556-559
Tajikistan 560
Thailand 561
Tunisie 562-564
Turkey 565-580
Ukraine 581-582
United Arab Emirates 583
United States of America 584-614
Uzbekistan 615-629
Viet Nam 630-631
Yemen 632-633
Zimbabwe 634-635
B. OTHER 636-641
Palestinian Authority (Observer to the U.N.)
Introduction
1. This addendum to the report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions describes 68 country situations and gives an account of actions undertaken by the Special Rapporteur between 11 December 2000 to 1 December 2001. It also contains in summary form the replies received from Governments to her communications, as well as observations of the Special Rapporteur where considered appropriate.
2. Owing to restrictions on the length of documents, the Special Rapporteur has been obliged to reduce considerably details of communications sent and received. As a result, requests from Governments to publish their replies in their totality could not be acceded to. For the same reason, responses from sources to requests of the Special Rapporteur, although of great importance to her work, are reflected only very briefly in the report.
SUMMARY OF CASES TRANSMITTED AND REPLIES RECEIVED
A. COUNTRIES
(…)
Colombia
Llamamientos Urgentes
a). Acciones de grupos paramilitares
Activistas en pro de los derechos humanos
47. El 19 de enero de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario-General sobre los defensores de los derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras conocer que Iván Madero Vergel y José Guillermo Larios, miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), con sede en Barrancabermeja, región del Magdalena Medio, habrían recibido diversas amenazas de muerte en enero de 2001, provenientes, según afirma la fuente, de miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Desde entonces, los dos hombres afirman haber recibido, en su casa, una serie de llamadas telefónicas amenazantes en las que le recuerdan que es considerado como un "objetivo militar" y lo acusan de ser simpatizante o colaborador de la guerrilla.
48. El 13 de febrero de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secreatrio-General sobre los defensores de los derechos humanos y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres trasmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia referente a las amenazas por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra el centro "Casa de la Mujer" dirigido por la Organización Femenina Popular (OFP) en el distrito Prado Campestre de Barrancabermeja, departamento de Santander y más especialmente contra uno de sus miembros, la defensora de los derechos humanos, Jackeline Rojas. Además, la Relatora Especial llamó la atención al Gobierno respecto a las recientes amenazas por miembros de las AUC contra un observador internacional de la organización no gubernamental "Peace Brigades International" (PBI), que colabora con otros grupos de defensores de los derechos humanos en Colombia, en particular, la Organización Femenina Popular. Tras tomar los documentos y el celular del observador internacional, los dos hombres habrían abandonado el centro amenazando con declarar a la Organización PBI objetivo militar. Por este motivo la Relatora Especial expreso su preocupación respecto a la posible suspensión por la fuerza del trabajo de los defensores de los derechos humanos en Barrancabermeja como resultado de la intimidación a la cual serían sometidos.
49. El 22 de febrero de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras conocer que, el 16 de febrero, el Sr. Omar Vera Luna, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Villarelis de la ciudad de Barrancabermeja, Departamento de Santander, y estrecho colaborador del Programa de Paz y Desarrollo de Magdalena Medio, habría sido amenazado de muerte en sucesivas ocaciones por parte del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Además la Relatora Especial informó respecto a la situación del Sr. Andrés Aldana, Presidente de la Junta de Acción comunal del Barrio 9 de Abril, Comuna 7 de la ciudad de Barrancabermeja, quien habría sido amenazado por miembros de las Autodefensas quienes le habrían ordenado firmar y sellar un documento en el que se exigía la presencia del ejército en la Comuna 7 y la expulsión de la OFP. Igualmente la Relatora Especial llamó la atención al Gobierno respecto a la situación del Sr. Angel Miguel Solano, que de acuerdo con la información recibida, el 7 de febrero de 2001, habría recibido en su casa del barrio María Eugenia, Comuna 7, la visita de tres individuos que idintificándose como miembros de las AUC le habrían advertido que debía irse de la ciudad de Barrancabermeja.
50. El 9 de marzo de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos transmitió un llamamiento urgente en relación a los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2001, cuando un grupo de hombres que se habrían identificado como miembros de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían agredido y amenazado de muerte a defensoras de derechos humanos de la Organización Femenina Popular (OFP) mientras organizaban la celebración del Día Internacional de la Mujer. Según la fuente los paramilitares habrían exigido el abandono de la región por parte de los miembros de la OFP. Además, la Relatora Especial expresó su preocupación por la seguridad de Yolanda Becerra, Presidenta de la OFP quien habría recibido amenazas por teléfono ese mismo día.
51. El 14 de marzo de 2001, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia según el cual, el 5 de marzo de 2001, al menos 10 hombres armados habrían atacado la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia. Según la fuente, los supuestos paramilitares habrían prendido fuego a 13 casas, ordenado el desalojo del municipio y amenazado de muerte a los habitantes del lugar, a dos de los miembros de la organización no gubernamental brigadas de paz internacionales y a varios misioneros que con ellos se encontraban. Se informa que, horas más tarde, miembros del ejército habrían llegado al municipio pero no habrían hecho intento alguno de arrestar o perseguir a los supuestos paramilitares.
52. El 11 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias y la Representante Especial sobre los defensores de los derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente relativo a las amenazas de muerte contra la Sra. Dany Rada y otros activistas de la Organización Femenina Popular (OFP). De acuerdo con las informaciones recibidas, el 18 de mayo de 2001, paramilitares habrían informado a Dany Rada que era objetivo militar y desde entonces, habría recibido reiteradas amenazas de muerte. Estos hechos habrían sido denunciados a la policía. Sin embargo, un parmilitar habría afirmado a un familiar de Dany Rada que un policía de Puerto Wilches le habría entregado una copia de la denuncia. La Relatora Especial informó que los paramilitares habrían amenazado igualmente a varios miembros de la organización de Puerto Wilches, departamento de Santander, con matar a activistas de la OFP.
53. El 11 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con el Representante Especial sobre los defensores de los derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente expresando su preocupación por la desaparición del líder indígena Kimi Domico Pernia, quien habría desaparecido el 2 de junio de 2001 en el Alto Sinú, Tierralta, Córdoba. El mencionado líder habría liderado el proceso pacífico de acuerdos suscritos entre los indígenas, el Gobierno y la empresa Urrá, en Alto Sinú, firmados en abril de 2000. Uno de los acuerdos contemplaría la protección de líderes y autoridades indígenas entre los que se habría incluido Kimi Domico Pernia. Según la información recibida, tres hombres armados, presumiblemente pertenecientes al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabú (ACCU), lo habrían secuestrado y se lo habrían llevado en una moto. La Relatora Especial informó al Gobierno de sus inquietudes por la seguridad de Kimi Domico Pernia ya que nadie había vuelto a ver a Kimi Domico Pernia.
54. El 12 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente respecto a las recientes amenazas de muerte recibidas por Berenice Celeyta Alayón, Presidenta de la organización no gubernamental pro derechos humanos NOMADESC. Estas amenazas estarían relacionadas con las denuncias que en los útimos meses NOMADESC y otras ONGs habrían realizado en relación con las violaciones de derechos humanos por parte de los paramilitares, quienes habrían amenazado de muerte a numerosos sindicalistas en el departamento del Valle del Cauca y quienes habrían cometido masacres civiles en las zonas del río Naya, en el Valle del Cauca y en el vecino departamento de Cauca. NOMADESC también habría pedido a las autoridades colombianas que tomen las medidas necesarias para la protección de sindicalistas y civiles de la región contra los ataques de grupos paramilitares. Igualmente la Relatora Especial informó respecto a la situación del Sr. Martín Agudelo, Presidente del Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria de Alimentos, Sección Bugalagrande (SINALTRAINAL) quien habría huido de la región después de que unos hombres armados habrían tratado de asesinarle. Además, la Relatora Especial informó respecto a la situación del Sr. Carlos Arbey González, uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) quien, en el transcurso de un encuentro de paramilitares en el Valle del Cauca, habría sido declarado objetivo militar. Desde entonces, el Sr. Arbey González y su familia habrían estado bajo constante vigilancia de personas no identificadas. La relatora informó al Gobierno de sus inquietudes por la seguridad del Sr. Arbey González y de su familia en razón de la lentitud del programa de Protección del Ministerio del Interior para tomar medidas de protección en su favor.
55. El 15 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos, trasmitió un llamamiento urgente respecto a la situación de la Sra. Isleña Rey quien era en estos momentos el único miembro con vida de la desaparecida organización no-gubernamental pro derechos humanos Comité Civico de Derechos Humanos del Meta, organización que tuvo un importante papel en la denuncia de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en el departamento de Meta. Desde 1981 los miembros de la organización habrían sido víctimas de intimidaciones diversas y amenazas de muerte las cuales se habrían hecho efectivas en el caso de cuatro de sus dirigentes que habrían sido asesinados y de otros tres más que habrían "desaparecido". El 13 de octubre de 1996, el Sr. Josué Giraldo, presidente de dicha ONG, habría sido asesinado en la ciudad de Villavicencio. El pasado 5 de junio de 2001, Gonzalo Zarate, miembro de esta organización, y su hermano habrían sido asesinados por hombres armados no identificados en su domicilio sito en el distrito El Manantial de Villavicencio, departamento del Meta.
56. El 15 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos mandó un llamamiento urgente sobre la situación de la Sra. Astrid Manrique Carvajal y de su familia quienes, en las últimas semanas, habrían sido víctimas de hostigamientos y amenazas. Estas amenazas estarían relacionadas con las actividades de la Sra. Manrique Carvajal como miembro de la asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES) en Popayán, organización no gubernamental dedicada a la denuncia ante la justicia de presuntos responsables de "desapariciones" en Colombia. Además, la Relatora Especial informó al Gobierno referente a numerosas amenazas recibidas por la ONG ASFADDES.
57. El 20 de agosto de 2001, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente según el cual los miembros del Movimiento Popular Multiétnico de la Vertiente del Pacífico Nariñense, organización no gubernamental para la protección de las minorías étnicas en la región de Nariño, habrían sido amenazados y agredido por grupos paramilitares. Se informa que el 6 de agosto de 2001, dos miembros de dicha organización, Pepe Zabala y Angela Andrade, habrían sido matados en el barrio de Aguaclara dentro de la municipalidad de Tumaco presuntamente por grupos paramilitares. De acuerdo con las informaciones recibidas, los grupos paramilitares, supuestamente apoyados de manera clandestina por las fuerzas de seguridad, habrían empezado sus operaciones contra las poblaciones civiles en Tumaco desde el mes de septiembre del año 2000, matando y amenanzando a civiles y comunidades indígenas, acusandoles de colaborar con los grupos guerrilleros. Por consiguiente, miembros del Movimiento Popular Multiétnico habrían pedido protección al Ministerio del Interior. Este Ministerio habría suministrado a los miembros del Movimiento Popular Multiétnico con teléfonos mobiles para que puedan informar al gobierno en caso de ataque por los paramilitares. Sin embargo, el gobierno no habría tomado medidas concretas para capturar, detener y desmantelar a dichos grupos paramilitares. A pesar de la fuerte presencia militar del ejército colombiano en la región de Tumaco, los grupos paramilitares seguirían manteniendo su presencia en esta región. La Relatora Especial expresó su preocupación por el peligro que corren tales poblaciones amenazadas, y especialmente miembros del Movimiento Popular Multietnico de la Vertiente del Pacifico Nariñense.
58. El 14 de Septiembre de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente sobre la situación de José Guillermo Larios, y Yaneth Rubio Rodríguez, ambos miembros de la organización regional de derechos humanos corporación regional de defensa de los derechos humanos (CREDHOS), quienes habrían sido víctimas de amenazas de muerte. Se informa que el 3 de septiembre, estas personas habrían recibido a través de otra organización de derechos humanos (REINICIAR) con la que cooperan, cartas de condolencias por parte del grupo de limpieza urbana supuestamente apoyado por los grupos paramilitares autodefensas unidas de colombia (AUC) que estarían al lado del ejército colombiano. Esta amenaza se habría producido tres días después de la publicación de una carta en el internet en la cual el AUC habría anunciado una "campaña de limpieza para aniquilar aquellos que colaboran con los grupos insurgentes". Asimismo, la Relatora Especial informó al Gobierno de que varios miembros de esta organización ya han sido asesinados en la ciudad de Barracabermeja progresivamente controlada por los grupos paramilitares apoyados por el ejército.
59. El 30 de octubre de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente tras haber sido informada sobre las presuntas amenazas de muerte en contra de Gladys Avila, Secretaria general, y Gloria Herney, Coordinadora general de la Asociación de Familias de Personas Detenidas y Desaparecidas (ASFADDES) asi como otros activistas de la organización. Se informa que las oficinas de ASFADDES habrían recibido numerosas llamadas anónimas y que las líneas telefónicas estarían intervenidas. De acuerdo con las informaciones recibidas, las amenazas se habrían intensificado desde la circulación de un mensaje internet al final de agosto, según el cual el grupo Limpieza Urbana de las Autodefensas Unidas de Colombia iban a empezar una campaña de limpieza contra las personas que dicen pertenecer a la guerrilla urbana.
60. El 8 de noviembre de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos transmitió un llamamiento urgente tras haber sido informada sobre las presuntas amenazas de muerte en contra de Diana Marcela Gallego, abogada y Diana García, portavoz de la asociación de defensa de derechos humanos REINICIAR Por último, la Relatora Especial informó que Yaneth Rubio Rodríguez, ex miembro de REINICIAR y actualmente trabajando para CREDHOS habría sido obligada a huir de Colombia a causa de numerosas amenazas de muerte del grupo paramilitar "Grupo Limpieza".
Abogados y Magistrados
61. El 6 de febrero de 2001, la Relatora Especial junto con el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados y la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente relativo al caso del Sr. Oscar Rodas Villegas, abogado y defensor de los derechos humanos y miembro de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR), quien habría sido amenazado de muerte si no abandonaba sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Se informa que el pasado 24 de enero de 2001, Olga Iliana Velez, mujer del abogado anteriormente citado, habría sido secuestrada y golpeada, por tres hombres y una mujer, pertenecientes, según afirma la fuente, a un grupo paramilitar. Los secuestradores antes de liberar a Olga Iliana Velez le habrían dicho que su marido tenía hasta el 17 de febrero para desaparecer.
62. El 2 de abril de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia sobre la situación de Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y vice-presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Las informaciones indican que en marzo de 2001, un grupo de sicarios profesionales habría recibido instrucciones de asesinar a Alirio Uribe.
63. El 12 de julio de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados transmitió un llamamiento urgente en relación a las amenazas de muerte contra el Colectivo de Abogados « José Alvear Restrepo » proferidas por el grupo paramilitar Autodefensas de Cundinamarca. El Colectivo habría tenido conocimiento de la intención de dicho grupo paramilitar de atentar contra la vida de los Sres. Alirio Uribe Nuñez, Luis Guillermo Pérez Casas, Maret Cecilia García y Alvaro Iván Prieto, todos ellos miembros del mismo.
Campesinos
64. El 19 de enero de 2001, la Relatora Especial junto con el Representante del Secretario General sobre los desplazados internos trasmitió un llamamiento urgente al Gobierno tras ser informada que alrededor de 50 individuos pertenecientes a un grupo paramilitar, según informa la fuente, habrían llegado el 18 de enero de 2000 al corregimiento de Chenge, Ovejas en el departamento de Sucre y habrían matado o raptado a campesinos e incendiado a numerosas casas. A las pocas horas del ataque armado, unas 900 personas habrían resultado desplazadas hacia los cascos urbanos de los municipios de Chalán y Ovejas. Además, la Relatora Especial informó que en Ciénaga, Magdalena, en una finca bananera, cinco campesinos (entre los cuales Pedro Manuel Carrrillo, Victor Acosta y José Castaño) habrían resultado muertos como consecuencia de otra incursión durante la cual los paramilitares habrían disparado indiscriminadamente. Una tercera masacre habría sido llevada a cabo en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa María, en el lugar "Los Corazones". Allí otros tres campesinos habrían resultado muertos y se desconocería el paradero de un cuarto. Según informa la fuente, las incursiones habrían sido llevadas a cabo por miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo segundo subcomandante de las AUC Santander Lozano, habría declarado que iba a limpiar la Costa de guerrilla.
65. El 22 de febrero de 2001, la Relatora Especial junto con el Representante del Secretario general sobre los desplazados internos transmitió un llamamiento urgente expresando su preocupación por las denuncias que señalan que el alcalde del municipio de Villavicencio habría ordenado el desalojo del campamento de Caños Negros antes del 22 de febrero de 2001. En dicho campamento se encontrarían refugiadas más de 2000 familias desplazadas. Esto habría ocurrido sólo unas semanas despues de que más de 1000 soldados hubieran tratado de desalojar a otro grupo de familias desplazadas del cercano campamento de La Nohora. La Relatora Especial llamó la atención al Gobierno respecto a la situación de algunos miembros de la Junta de la Asociación de Viviendas quien habrían recibido amenazas de muerte, como por ejemplo su presidente Willian Camelo y Laura Johana Esquivel, presidenta de la Asociación de Desplazados de la Reliquia.
66. El 14 de marzo de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente expresando su preocupación por los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2001 cuando al menos 10 hombres armados habrían atacado la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia. Se informa que, horas más tarde, miembros del ejército habrían llegado al municipio pero no habrían hecho intento alguno de arrestar o perseguir a los supuestos paramilitares. Sin embargo, la Relatora Especial observó que la XVII Brigada del Ejército Colombiano había avisado miembros de la organización Brigadas de Paz Internacionales de no viajar al municipio de Apartadó.
67. El 12 de junio de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente expresando su preocupación por las informaciones recibidas según las cuales un gran número de paramilitares se estaban concentrando en la zona de la Cuenca del río Cacarica, en el departamento de Chocó. De acuerdo con la fuente, este grupo de paramilitares estaba planeando un ataque contra las poblaciones de la zona. Los habitantes de este área habrían vuelto al lugar, en concreto a los campamentos de reasentamiento de "Esperanza de Dios" y "Nueva Vida", tras haber sido forzados a huir de sus hogares en 1997. La fuente informaba que el posible ataque podría producirse entre finales de mayo y junio.
68. El 4 de julio de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente expresando su preocupación por los hechos ocurridos el 7 de junio de 2001, cuando un grupo de paramilitares miembros de Autodefensas Unidas de Colombia, habrían amenazado de muerte a 13 familias en caso de negarse a abandonar sus hogares en la Comunidad El Salado ubicada en el resguardo indígena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Se informa que estas personas habrían huido a Ríosucio. Además, se informó que presuntos paramilitares tambien habrían ordenado el abandono de sus lugares de residencia a los habitantes de las comunidades indígenas de Pueblo Viejo, La Robada Tres Cruces, Cambia y Los Charcos. Dichos grupos paramilitares habrían establecido controles ilegales con el fin de vigilar los movimientos de la población civil de la zona. Se informa que habrían amenazado de muerte a aquellos que se niegen a mostrar sus documentos de identidad. Las comunidades indígenas ya habrían informado a las autoridades competentes de las acciones y amenazas de estos grupos paramilitares. Sin embargo, aunque las tropas de los batallons Ayacucho y Quimbaya de la VIII brigada del Ejército Colombiano estaban acantonadas en los municipios de Ríosucio y Supía desde hacía un mes, las autoridades no habrían tomado las medidas necesarias para hacer efectiva la protección de los habitantes de estas comunidades
69. El 19 de julio de 2001, la Relatora especial mandó al Gobierno de Colombia un llamamiento urgente según el cual, a principios del mes de julio de 2001, alrededor de 200 paramilitares habrían rodeado y amenazado a las comunidades Embera Chamí. Estas comunidades indígenas habrían sido acusadas por parte de los paramilitares de colaborar con los grupos guerrilleros; sin embargo se temía que esta acción se estara produciendo en represalia por su participación en las tareas de búsqueda del Sr. Kimy Pernía Domicó, líder indígena embera, secuestrado el 2 de junio de 2001 por presuntos miembros de las autodefensas unidas de Colombia y Urabú (ACCU) en el departamento de Córdoba.
70. El 19 de julio de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente según el cual, el 21 de junio de 2001 un grupo de paramilitares proveniendo del casco urbano del municipio de Yondó y de la ciudad de Barrancabermeja habría llevado a cabo un ataque contra la Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. A pesar de las repetidas denuncias, los grupos paramilitares seguirían controlando los accesos por carretera y las vías fluviales del Valle del Río Cimitarra. Además, se informa que las tropas del Ejército Colombiano acantonadas en la zona no habrían tomado medida alguna encaminada a capturar a aquellos paramilitares presentes en la región. La presencia de paramilitares en el Valle del Río Cimitarra estaría poniendo en peligro la vida de los 25.000 campesinos que conforman dichas comunidades.
71. El 23 de agosto de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente en relación con las informaciones recibidas, según las cuales los habitantes de le región de Chocó, y especialmente los miembros de la Comunidad de Paz de Natividad de María, los mismos que fueron desplazados y que volveiron a su comunidad, estarían amenazados por grupos de paramilitares. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 2 de agosto de 2001, unos 200 paramilitares habrían entrado en el pueblo de Bocas de Curbaradó, ubicado en la comunidad de Paz de la Natividad de María, habrían reunido la población acusándoles de colaborar con los grupos guerrilleros y les habrían pedido que se fueran de la región. Se informó también que el primero de agosto, el Sr. Orfides Flores no habría vuelto a su casa en Bocas de Curbaradó; la policía habría encontrado a un cuerpo mutilado en el río Atrato que podría ser el suyo. A pesar de la fuerte presencia militar de las fuerzas armadas colombianas en la región de Chocó, los grupos paramilitares seguirían manteniendo su presencia en esta región.
72. El 17 de septiembre de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente en relación a las informaciones recibidas, según las cuales desde el 18 hasta el 20 de agosto de 2001, un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos con prendas militares quienes se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Unidas del Casanare, habrían reunido a la población del municipio del Tame, en el departamento de Arauca, y les habrían amenazado de muerte si no colaboraban con ellos sin que la fuerza pública haya hecho ningún tipo de control.
73. El 22 de octubre de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente en relación a las denuncias graves con respecto a posibles casos de masacres en los municipios de Jurado en el departamento del Chocó por lo cual varias familias habrían sido obligadas a desplazarse hacia la zona urbana del municipio. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 6 de octubre de 2001 habría llegado a Jurado un grupo de paramilitares quien habría llevado hacia la playa a 14 indígenas de las comunidades de Santa Teresita y Buenavista, supuestamente para asesinarles. Sin embargo las religiosas misioneras se habrían opuesto a que se fueran. Los informes señalan que al mismo tiempo los paramilitares habrían llevado a la playa al comerciante del lugar el Sr. José del Transito pino, a quien habrían asesinado de tres disparos, para luego salir en dos embarcaciones. Además, los paramilitares, quienes tendrían listas de campesinos a quienes acusan de pertenecer a grupos insurgentes, habrían proferido amenazas contra los habitantes de Garrapatal, exigiéndoles de abandonar sus parcelas de tierra y sus casas. Según las informaciones recibidas, las autoridades civiles y militares del municipio no harían nada para prevenir estos hechos.
74. El 13 de noviembre de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente tras haber sido informada en cuanto a las amenazas de muerte contra las poblaciones de las zonas rurales del sur del departamento de Bolívar. Según las informaciones recibidas, desde el 20 de octobre de 2001 habrían llegado a esta región un grupo de mas de 300 hombres armados quienes se habrían establecido en las localidades de la Unión, la Fría, Alto Cañabraval, Monte Carmelo y Villanueva, presuntamente sin ninguna oposición de parte de las autoridades. Se informa que este grupo paramilitar habría asesinado a siete campesinos entre el 22 y 30 de octubre; asimismo habrían secuestrado un bebe de seis meses de edad. Consecuentemente, el terror ocasionado por estos asesinatos habría producido el desplazamiento forzado de 270 familias de estas localidades. La Relatora Especial ha sido informada que los paramilitares habrían iniciado un bloqueo a las rutas de acceso de los alimentos desde Barrancabermeja hacia la región bolivarense con el fin de aislar a los campesinos.
75. El 27 de noviembre de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente tras haber sido informada de las amenazas de muerte contra las poblaciones civiles de las comunidades rurales de las regiones de Alto y Bajo Naya, y de los departamentos del Valle del Cauca y de Cauca. De acuerdo con las informaciones recibidas, los grupos paramilitares habrían aumentado su presencia con más de 300 paramilitares en la zona norte del Cauca asi como en la zona sur del Valle del Cauca. La Relatora Especial expresó su preocupación por la seguridad de los 25,000 habitantes de las regiones de Alto y Bajo Naya en las municipalidades de Timba, Suárez, Buenos Aires y Buenaventura donde 32 civiles habrían sido asesinados por grupos paramilitares en abril de 2001.
76. El 27 de noviembre de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente tras haber sido informada de que el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia planificaba el ataque contra las poblaciones civiles de las municipalidades de Frías, Falán, Casabianca, Villa Hermosa y Palo Cabildo en el norte del departamento de Tolima. Según los informes, ya habrían perpetrado dos masacres en el departamento de Tolima en septiembre de 2001. Los paramilitares estarían presentes permanentemente en dichas municipalidades a pesar de la presencia del Batallón Patriotas del ejército colombiano, quienes acusan a las poblaciones civiles de colaborar con los paramilitares y quienes no habrían tomado las medidas necesarias para defender a la población local durante los ataques de los paramilitares.
Dirigentes políticos y sindicalistas
77. El 2 de abril de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente en relación a las informaciones que señalan que el 24 de marzo de 2001, el Sr. Jaime Alberto Duque Castro, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cementos El Cairo (SUTIMAC), habría sido secuestrado por miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la ciudad de Santa Bárbara, departamento de Antioquia.
78. El 10 de abril de 2001, la Relatora Especial transmitió un llamamiento urgente en relacion a las denuncias que informan que los miembros de la Asocición Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clinicas (ANTHOC) estarían siendo objeto de amenazas de muerte. Estas amenazas ya se han hecho realidad en el caso del Sr. Ricardo Luis Orozco Serrano, Vicepresidente Nacional de ANTHOC en el municipio de Soledad, quien habría sido asesinado por dos hombres armados el 2 de abril de 2001 en el Barrio de Los Almendros, municipio de Soledad, Departamento del Atlántico. Se informa que los Sres. Angel Salas y Robert Alvarino, ambos líderes de ANTHOC Distrital, habrían abandonado el país en los últimos meses como consecuencia de las constantes amenazas.
79. El 10 de mayo de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente en cuanto a las denuncias que indican que el 3 de mayo de 2001, Floro Tunubalá, Gobernador del Cauca, y su asesor el profesor Diego Jaramillo habrían recibido una llamada, en la que presuntos paramilitares habrían asegurado que el Gobernador y miembros de su oficina serían asesinados durante la semana. En un comunicado de prensa del 4 de mayo de 2001, unos grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Cauca, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Autodefensas Unidas de Colombia y Autodefensas Unidas de Colombia, Frente Calima) habrían señalado a los Alcaldes y habitantes de los municipios de Cartago, Tuluá, Villarica, Timbio, El Patía y Rosas y a las comunidades de Páramo de Miraflores, El Dobio, Santander de Quilichao, Comunidad Zona Plana, El Valle del Patía, Balboa y Mercaderes como "objetivos militares", concediéndoles 48 horas para evacuar el área. Asímismo, habrían declarado "objetivos militares" a la organización comunitaria CIMA y a los líderes de la central sindical ASOINCA. También habrían advertido al Gobernador del Cauca de no concertar con movimientos de izquierda o de lo contrario sería declarado"objetivo militar".
80. El 29 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos transmitió un llamamiento urgente en relación al intento frustado de homicidio en contra de la Sra. Emma Gómez de Perdomo y su hija Diana Perdomo, miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales y Clínicas (ANTHOC) de la ciudad de Honda, departamento de Tolima. La información indica que el 13 de junio de 2001 dos presuntos paramilitares armados habrían disparado contra la Sra.Emma Gómez de Perdomo y su hija quienes sufrirían heridas. En las últimas semanas un grupo de paramilitares a las órdenes del comandante Ramón Isaza habría amenazado de muerte a los miembros del sindicato ANTHOC del hospital de la ciudad de Honda, si estos se negaban a participar en las reuniones de dicho grupo paramilitar. Según la fuente, los grupos paramilitares estarían con frecuencia convirtiendo a sindicalistas en objetivos militares a través de acusaciones de colaboración con los grupos gerrilleros.
81. El 24 de julio de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General para los defensores de derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente en relación al intento de asesinato frustado del señor Hernando Hernández Pardo, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO). Según la información recibida, el Sr.Hernández se encontraba participando en un acto del sindicato USO en Barrancabermeja, Departamento de Santander, cuando se le advirtió de que un grupo de paramilitares armados se disponía a asesinarle. El acto fue inmediatamente suspendido y el Sr. Hernández trasladado a un lugar seguro.
82. El 23 de agosto de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente en relación al atentado perpetrado contra tres miembros del Comité ejecutico del Sindicato de la electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), quienes el 16 de agosto de 2001, habrían sido víctimas de un atentado al salir de su lugar de trabajo en Fusagasuga, Departamento de Cundinamarca. El atentado habría causado la muerte de la Sra. Doris Lozano Nuñez mientras el Sr. Omar García Angulo habría resultado gravemente herido. La tercera colaboradora habría salido ilesa. Se informa también que el mismo día, el señor Manuel Pajaro Peinado, tesorero del Sindicato de Servidores Públicos de Barranquilla habría sido asesinado en su domicilio. Al parecer, el Sr. Pajaro Peinado habría solicitado sin éxito ser incluido en el Programa de Protección del Ministerio del Interior. De otra parte, de acuerdo con las informaciones recibidas, se informa que el 16 de agosto de 2001, Edgar Pua y José Meriño, respectivamente tesorero y fiscal de la Asociación nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clinicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la salud de la Comunidad (ANTHOC), habrían recibido sufragios amenazándoles de muerte y dándoles 12 horas para abandonar la ciudad y su lucha sindical. De acuerdo con las informaciones recibidas, también se habría encontrado bajo la puerta de la sede de ANTHOC un comunicado con amenazas de muerte contra el Sr. Gustavo Villanueva, directivo de la seccional Polonuevo y de la Junta departamental de ANTHOC.
83. El 13 de septiembre de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del secretario general sobre los derechos humanos trasmitió un llamamiento urgente en relación a las amenazas de muerte recibidas contra los líderes sindicalistas de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la salud de la Comunidad (ANTHOC) en Barranquilla (región Atlántico) en particular Edgar Pua, Judith Castillo, Argemio Rigaldo, Carlos Bustamante, Ubaldo Galindo, José Meriño y Arminto Sarmiento, quienes según las informaciones recibidas habrían sido amenazados de muerte por grupos paramilitares (supuestamente apoyados por el ejército) quienes les acusan de colaborar con la guerrilla. Se informa que por consiguiente, habrían sido obligados a huir de la región. Estas amenazas harían parte de una amplia campaña de terror contra los sindicalistas del ANTHOC. Hemos sido informados que Carmen Pungo, también miembro del ANTHOC, y su primo R. Yanten Pungo habrían sido asesinados por grupos paramilitares el 2 de septiembre de 2001 en Tambo, en la región de Cueca.
84. El 14 de septiembre de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente con relación a las amenazas de muerte y actos de intimidación en contra de Edgar Mojica Venegas, líder de la Unión Sindical Obrera de Bogotá, y del secretario de prensa de dicha organización, Daniel Rico Serpa. Desde el mes de mayo de 2001, se informa que Edgar Mojica y Daniel Rico habrían recibido llamadas telefónicas por parte del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) amenazándoles de muerte si continuaban con sus actividades sindicales. Asimismo, se informó que ambos sindicalistas habrían tenido que dejar Barrancabermeja, su ciudad de origen en la región de Santander en 1992 a causa de semejantes amenazas de muerte.
85.El 26 de septiembre, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario-General para los defensores de los derechos humanos, mandó al Gobierno de Colombia un llamamiento urgente sobre la situación del Sr. Hernando Montoya, líder sindical de SINTRAMUNICIPIO en la sección de Cartago, departamento del Valle, quien habría recibido serias amenazas de muerte informándole que « entre el mes de septiembre y octubre, se llevariá a cabo su asesinato». Los informes señalan que el Sr. Montoya habría sido amenazado anteriormente por una cooperativa de seguridad que se autodenominaría COPROSEG, la cual se habría atribuido los asesinatos de varios directivos sindicales. La Relatora especial observó que el Sr. Montoya se encontraba vinculado a un programa de seguridad que le habría asignado el ministerio del interior, como consecuencia de su difícil situación de seguridad. Sin embargo, se ha denunciado que el alcalde de Cartago, en varias oportunidades, habría proferido amenazas verbales contra el Sr. Montoya, y habría hecho señalamientos en su contra, los cuales hanbrían contribuido a agravar su situación de inseguridad.
86. El 24 de octubre de 2001, la Relatora Especial junto con la Relatora Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión mandó un llamamiento urgente denunciando las amenazas de muerte contra unos sindicalistas en el departamento de Nariño por parte de grupos de paramilitares. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 8 de octubre de 2001, la oficina del sindicato de maestros de Nariño (SIMANA) habría recibido una carta firmada por « Pablo, comandante bloque libertadores del sur autodefensas unidas de colombia ». que amenazaba de muerte a Aquiles Portilla, Jairo Rosero, Jaime Goyes, Rosalba Oviedo, Ricardo Chavez, miembros del SIMANA, Pedro Leytón, Diego Escandón, y Luis Ortega, miembro del sindicato de Empopasto. Por consiguiente, varios sindicalistas habrían tenido que dejar la región de Nariño. Por fin, la Relatora Especial informó al Gobierno de que, el 20 de octubre de 2001, dos profesores habrían sido asesinados, entre los cuales Jesús Agreda, sindicalista miembro de SIMANA.
87. El 25 de octubre de 2001, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión transmitió un llamamiento urgente tras haber sido informada de los asesinatos en octubre de 2001 de Luis Manuel Anaya Aguas, tesorero del Sindicato de Conductores y Trabajadores del Transporte de Santander (SINCONTRAINDER) Luis Lopez, Presidente de dicho sindicato en Barrancabermeja y Julián Rodríguez, miembro de la Corporación CREDHOS. Se informó tambien que Jairo Calderón, Alonso Martínez, Ramón Rangel, Edgar Mojica y Fernando Acuña, todos dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO), habrían sido detenidos por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 19 de octubre de 2001 en varias ciudades del país y acusados de "rebelión". Estos hechos estarían relacionados con la jornada de protesta de la empresa estatal petrolera ECOPETROL, convocada por la USO, contra las contínuas amenazas de muerte, asesinatos, desapariciones y hostigamientos contra los dirigentes y activistas de la USO. Asimismo, varios miembros de la Junta Directiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (COMPERDH) y uno de los abogados quien trabaja por la organización, habrían recibido amenazas; entre otras Ernesto Amezquita Camacho, Luis Jairo Ramirez, el Dr. Carlos Lozano y la Dra. Jahel Quiroga quien habría recibido amenazas por su labor en la Corporación Reiniciar. Según los informes, Rigoberto Jiménez, Presidente de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) en Cartagena y un directivo de la Junta nacional habrían sido intimidados. Por fin, Manuel de la Rosa, tesorero de la Junta directiva de ANDAS habría sido detenido por tres hombres armados y liberado tras la intervención de otros miembros de la organización.
Periodistas
88. El 23 de mayo de 2001, la Relatora Especial trasmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras conocer que el 21 de mayo de 2001 se habría desactivado un coche-bomba frente a las instalacines del Semanario La Voz y la sede del partido político Unión Patriotica-Partido Comunista de Colombia (UP-PPC) en la ciudad de Bogotá. Se informa que hacía tres meses que se había retirado la protección policial de las instalaciones del Semanario La Voz y de la sede del UP-PCC a pesar de las amenazas y hostigamiento de los que habría sido objeto presuntamente por parte de grupos de ultra–derecha y grupos armados paramilitares, como consecuencia de las denuncias que, sobre todo en el caso del Semanario La Voz, habrían hecho.
89. El 12 de junio de 2001, la Relatora Especial junto con el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión transmitió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia tras ser informada de que, en un comunicado atribuido a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habría declarado objetivo militar a cinco periodistas quienes cubren información del conflicto armado en el Valle del Cauca para diferentes cadenas de televisión locales y nacionales. Un panfleto que habría circulado por la ciudad de Cali señalaría a los periodistas Eduardo Manzano, Jaime Gallego, Eduardo Esquivel, Hugo Mario Palomar y Gildardo Arango como "enemigos de la paz" mencionando como prueba su presunta "comunicación directa" con varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Nacional de Liberación (ELN). A estas amenazas la Relatora Especial añadió las recibidas por teléfono porlos periodistas Sergio Ocampo, Marta Soto, Carlos Pulgarín y Orlando Gamboa, todos ellos trabajadores del diario "El Tiempo" de Bogotá.
90. El 5 de diciembre de 2001, la Relatora Especial junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión trasmitió un llamamiento urgente en relación a las amenazas de muerte que habrían recibido los periodistas Luis Alfonso Pardo Martinez, Gladys Cristina Castro Cabrera, Oscar Torres y German Arcos, respectivamente Comisionado de Paz del Departamento de Nariño, corresponsal de RCN Televisión, Sub-Director del Diario del sur y Camarógrafo del Noticiero CM & en Pasto. De acuerdo con las informaciones recibidas, estas personas habrían estado amenazadas de muerte desde el 9 de noviembre de 2001 por el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En efecto, el grupo habría hecho circular un comunicado en el que acusaba los cuatro periodistas de transmitir información tanto a las autoridades colombianas, como a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Al Sr. Pardo Martinez y a la Sra. Castro Cabrera, se les habría dado un plazo de 48 horas para abandonar el departamento del Nariño, mientras que a los Sres Torres y Arcos les habrían exigido " arrepentirse públicamente de sus acciones deshonestas en el periodismo".
Comunicaciones enviadas
91. La Relatora Especial transmitió comunicaciones relativas a la violación del derecho a la vida en nombre de las personas que se indican a continuación.
92. El 25 de diciembre de 2000 Armando Achito, líder indígena y concejal reelegido, habría sido asesinado por varios hombres armados, presuntos paramilitares, que habrían llegado a su domicilio en el municipio de Juradó y allí le habrían disparado cuatro veces en presencia de miembros de su familia.
93. El 3 de enero de 2001, grupos armados de paramilitares habrían realizado una incursión en el municipio de Yolombó, Antioquía. Los paramilitares habrían recorrido las veredas de Cachumbal y la Verduguita donde habrían obligado a 11 campesinos a abandonar sus domicilios para más tarde ejecutarlos can armas de calibre 9MM
94. El 5 de enero de 2001 unos 15 hombres armados pertenecientes a un grupo paramilitar habrían realizado una incursión en las veredas de Mesetas, Chicó y Chiquinquirá en el municipio del Peñol, Antioquía. Los paramilitares habrían seleccionado, sobre la base de una lista, 13 campesinos a quienes posteriormente habrían ejecutado.
95. Según los informes, el 5 de enero de 2001, Francisco José Ayazo Gómez, estudiante y funcionario del departamento de bienestar universitario, habría muerto como consecuencia de los disparos realizados por dos hombres que se trasladaban en motocicleta en la ciudad de Montería, Córdoba. Se presume que los autores del asesinato fueran paramilitares
96. El 9 de enero de 2001 en la vereda los Garzones en el Municipio del Carmen del Viboral, presuntos paramilitares armados habrían obligado a cinco personas a abandonar sus domicilios y posteriormente los habrían ejecutados ante sus familiares y vecinos. Los paramilitares los habrían acusados de ser colaboradores de la guerrilla.
97. El 12 de enero de 2001, un grupo de paramilitares que llevaaban uniformes militares habrían ejecutado a siete comerciantes de productos agrícolas en el caserío Corral de Piedra en la zona rural de San Juan del César, Guajira.
98. Se informó que el 14 de enero de 2001 diez hombres armados, presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, habrían realizado una incursión en el corregimiento de Sardinata, norte de Santander; habrían escogido a cinco personas a las que mas tarde habrían asesinado.
99. Según informes, el 14 de enero de 2001, 40 Paramilitares que se trasladaban en camionetas y motos habrían llegado al Barrio Bello Horizonte en Valledupar y allí habrían obligado a ocho personas a abandonar sus domicilios para luego ejecutarlos.
100. Se informa que el 15 de enero de 2001, un grupo paramilitar procedente de Bajirá, en el Urabá, habría realizado una incursión en el río Jiguamiando, en el municipio de Murindó, en el bajo Atrato Antioqueño. El grupo paramilitar habría llegado a la comunidad Buena Vista donde habrían asesinados a Dagoberto Gavira Lanz de 50 años, y a Miguel Martínez, de 60 años. En el transcurso de los hechos, Helida Torres a Italia Cueva Florez, habrían sido heridas.
101.El 24 de enero de 2001, José Luis Guete, presidente del Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria y el Agro (Sintrainagro), seccional Magdalena, resultó muerto tras recibir cuatro impactos de bala cuando se dirigía por la noche a su casa en Ciénaga, Magdalena. El asesinato habría sido perpetrado por presuntos paramilitares. La muerte de José Luis Guete, se suma a la de los 20 sindicalistas de la seccional Magdalena de Sintrainagro asesinados desde 1991.
102. El 29 de enero de 2001 seis personas habrían sido asesinadas por presuntos paramilitares en el barrio el Provenir, Municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
103. El 1 de febrero de 2001 cuatro personas habrían sido obligadas a abandonar sus domicilios y posteriormente asesinadas en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao. Los hechos habrían sido atribuidos a presuntos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
104. Se informa que el 3 de febrero de 2001 un grupo armado integrado por presuntos miembros de las Atodefensas Unidas de Colombia habría realizado una incursión en la Vereda el Guayabo del Municipio de Barbosa, en donde habrían dado muerte a un conductor y a tres campesinos. Además, un agricultor se encontraría desaparecido desde entonces.
105. Según informes, el 3 de febrero de 2001 habrían sido asesinados Julián Herrera, Dilson Miranda, Senen Miranda, Manuel Valdez Fruto y Luis Felipe Tejedor en San Basilio de Palenque, Corregimiento del Municipio de Mahates, departamento de Bolívar. Se informa que el asesinato colectivo habría sido perpetrado por paramilitares .
106. Se informa que el 5 de febrero de 2001, un grupo de paramilitares que se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habrían ejecutado a cinco campesinos acusándolos de colaborar con la guerrilla en la vereda el Guamal, del corregimiento de Pueblito.
107. El 12 de febrero de 2001, Iván Villamizar, rector de la Universidad Libre de Cúcuta y ex Defensor del Pueblo (regional) del Norte de Santander, habría sido asesinado en la ciudad de Cúcuta. Iván Villamizar denunció violaciones de derechos humanos en Catatumbo y las masacres de octubre de 1999 en el Departamento del Norte de Santander atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia. Como consecuencia de su trabajo en la área de derechos humanos habría recibido constates amenazas de muerte, las cuales le habrían obligado a salir del país en 1999.
108. Según las informaciones recibidas, el 18 de febrero de 2001, cuatro personas, entre ellos un concejal, habrían sido detenidas y ejecutadas por un grupo de hombres armados, presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando se trasladaban en un vehículo por el Municipio de Miranda. Se informa que también el 18 de febrero otras tres personas habrían sido acribilladas por presuntos miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia en el barrio El Jardín del Municipio de Miranda.
109. El 19 de febrero, un grupo paramilitar habría realizado una incursión en las veredas El Martillo y Playa Cotiza del corregimiento Filo Gringo, en el municipio el Tarra, provocando el desplazamiento de sus pobladores. En el transcurso de los hechos, los paramilitares habrían secuestrado, torturado y ejecutado a 4 personas en la Vereda El Martillo. Según la fuente, el 14 de febrero el comando de la V brigada del ejército nacional habría sido informado de dicha incursión. Sin embargo no se habría obtenido protección alguna por parte del ejército.
110. Se informa que el 22 de febrero de 2001 dos presuntos paramilitares armados que se trasladaban en motocicleta habrían disparado contra cinco personas que se encontraban frente a un establecimiento comercial del mercado de la Sexta. Una de las víctimas de la acción de los presuntos paramilitares habría fallecido a consecuencia de los disparos y las otras cuatro habrían resultado heridas.
11. Se alega que el 22 de febrero de 2001 un grupo de presuntos paramilitares armados habrían hecho presencia en el parque Antonio Santos de la ciudad de Cúcuta y habrían exigido la documentación a seis personas que allí se encontraban. Posteriormente habrían dado muerte a las seis personas en ese mismo lugar. Una séptima persona habría sido también asesinada cuando intentaba escapar.
112. Según las informaciones recibidas, el 23 de enero de 2001 en un lugar conocido como el Crucero del Palo, en la Vía a Toribió, Jurisdicción de Caloto, Cauca, un grupo de presuntos paramilitares armados asesinaron a Lucrecio Salamanca Frenández y Edgar Danilo Salamanca Frendández cuando se encontraban en el asadero Rico Pollo del cual eran propietarios. Posteriormente los presuntos paramilitares habrían asesinado también a Ricardo Castro Chávez Liller Loboa Vásquez, Luis Mina Valencia y David Balanta Mera. Además, ocho personas habrían desaparecidos tras estos hechos. Se informa que cuatro presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habrían sido detenidos por tropas del batallón Codazzi en la jurisdicción de Miranda en relación con estos crímenes.
113. El 23 de febrero de 2001 cuatro presuntos paramilitares que se trasladaban en un vehículo habrían dado muerte a Orlando Uribe Arciniegas y Julio Mario Suárez Contreras. Los hechos habrían tenido lugar en el corregimiento La Parada, cercano de la ciudad de Cúcuta.
114. El 25 de febrero de 2001, un grupo de presuntos paramilitares habría entrado en una taberna de la zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, y tras verificar la identidad de cuatro de las personas que allí se encontraban se las habrían llevado por la fuerza. Posteriormente los cuerpos sin vida de estas cuatro personas habrían sido encontrados en un paraje de Caldono, Cauca.
115. El 16 de marzo de 2001, un grupo de hombres armados que se habrían identificado como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habrían obligado a salir de sus casas a Carlos Armando Plata Jaimes e Israel Guerrero Gómez, quienes se encontraban en compañía de varios familiares. Los cuerpos de estas dos personas habrían sido encontrados horas más tarde en las afueras de la población de Barrancabermeja.
116. El 16 de marzo de 2001 dos hombres armados, que se identificaron como paramilitares, habrían asesinado a Ángel Gaviria Dávila y Carlos Andrés Manjarrés, en la finca "Cotopris" en el municipio de San Diego.
117. El 17 de marzo de 2001, unos 100 paramilitares habrían asesinado en el casco urbano del municipio de San Carlos a Roger Abad Gil Naranjo, Lino de Jesús Quintana Guzmán, Jesús María Quiceno López, Javier de Jesús López Giraldo, Sandra Patricia Giraldo Cardona, Nancy Margarita Giraldo Tobón, Alberto Ramírez, Alduber de Jesús Arias Montoya, Orlando de Jesús Quintero Quintero, Jaime Alberto Gaurín, Liuis Alberto Agudelo, Berto Alberto Agudelo Usuga, José Ermilson Agudelo Usuga. Según informa la fuente, los paramilitares provenían de la base situada en la cercana comunidad de Jordán.
118. El 18 de marzo de 2001 Rafael Atencia Miranda, trabajador de Ecopetrol y afiliado a la subdirectiva de "Casabe", habría sido asesinado por presuntos paramilitares. Se informa que después de haberle obligado a abandonar su domicilio le habrían dado muerte abandonando el cadáver en el corregimiento de Cuatro Bocas.
119. Según informes, el 21 de marzo de 2001, Juan Rodrigo Suárez Mira habría sido asesinado. Su ejecución habría coincidido con su nombramiento días antes como delegado sindical ante el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores. Se informa que desde el 1 de enero de 2000 habrían sido asesinados 32 docentes, algunos de ellos vinculados a la actividad sindical, social o de derechos humanos.
120. El 23 de marzo de 2001, tropas del ejército nacional habrían derramado productos tóxicos en la finca de Jaime Pachano, produciendo la muerte de su ganado. El Sr. Pachano habría denunciado el hecho a la brigada del ejército en Barancabermeja donde se le habría pedido su dirección y se le habría informado que se le indemnizaría por los daños sufridos. Poco después hombres armados se habrían presentado en la finca donde le habrían ejecutado.
121. El día 24 de marzo de 2001 Atilano Ramírez habría sido detenido en Puerto Casabe por efectivo del ejército. Se informa que su cadáver habría aparecido poco después en el río Magdalena.
122. El día 24 marzo de 2001, Ciro Arias, presidente del sindicato nacional de trabajadores de la Industria "Colombia de Tabacos" (Sintraintabaco), seccional Capitanejo, habría sido asesinado por un grupo paramilitar que en días anteriores habría tomado las instalaciones del sindicato amenazando "acabar" con el mismo.
123. Se informa que a las 5.00 a.m. del 26 de marzo de 2001, María Elisa Valdés Morales, presidenta del sindicato nacional de la salud y de la seguridad social (SINDESS), seccional Dagua Valle del Cauca, habría sido asesinada por una persona no identificada cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Según las informaciones recibidas, la víctima habría solicitado ayuda del programa de Protección del Ministerio de Interior a causa de las amenazas recibidas.
124. Según informes, desde el 10 de abril 2001 se habría señalado a distintas autoridades regionales y nacionales de que aproximadamente 300 paramilitares asentados desde la primera semana de abril en el corregimiento de la Paila, Municipio de Buenos Aires, Cauca, se estaban dirigiendo hacia el Alto Naya. Como consecuencia de la intrusión por parte de los paramilitares se habría confirmado la muerte de 32 personas, incluso tres menores de edad.
125. El 18 de abril de 2001, tres campesinos del corregimiento de Guacamayal, Magdalena, habrían sido obligados a abandonar sus domicilios por presuntos miembros de las Autedefensas Unidas de Colombia. Según informa la fuente el 20 de abril, fueron encontrados por las autoridades los cadáveres de los tres campesinos en la finca de Palo Alto en el corregimiento de Sevilla, Magdalena. Los cadáveres presentaban mutilaciones y heridas de motosierra y machete.
126. El 21 de abril de 2001, las Autodefensas Unidas de Colombia habrían realizado una incursión en la vereda El Vergel entre Grenada y El Santuario, en Antioquía. Como resultado de la acción de los paramilitares ocho personas habrían sido asesinadas y Martha Elena Mazo habría sido secuestrada.
127. El 24 de abril de 2001 Humberto Contreras Serrano habría sido asesinado por un hombre armado en el municipio de Soledad-Atlántico. Humberto Contreras Serrano habría estado recibiendo amenazas de muerte que le habría obligado a desplazarse a Bogotá.
128. El 26 de abril de 2001, cuatros personas, entre ellas dos adolescentes, habrían sido halladas muertas en el Peñol, Departamento de Antioquía. De acuerdo con los testigos estas tres personas habrían sido secuestradas horas antes por presuntos paramilitares.
129. El 26 de abril de 2001, Francisco Isaías Cifuentes habría sido asesinado junto con su esposa, Leider María Fernández, en su casa en el Municipio de Popayán. En los hechos habría resultado herido el hijo del matrimonio. Según la fuente, Francisco Isaías Cifuentes se encontraba amenazado por las Autodefensas Unidas de Colombia.
130. El 27 de abril de 2001, Flavio Bedoya, corresponsal en el municipio de Tumaco del periódico "Voz", órgano de información del partido comunista, habría sido asesinado por cuatro hombres armados cuando descendía de un vehículo de transporte público en el centro de Tumaco. Según la fuente la muerte estaría relacionada con un reportaje que el periodista publicó el 4 de abril de 2001 sobre la incursión a finales de marzo de 2001 de las Atodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento de Llorente.
131. El 29 de abril de 2001, un grupo de paramilitares armados habría asaltado la comunidad El Firme asesinando a 6 pescadores afrocolombianos: Plácido Quintero, William Valencia, Mercedino Canga, Luis Torres Valencia, Ramón Severo Mosquera y Juan Trimistico Cicedo. Victor Caicedo habría resultado herido en el transcurso de los hechos.
132. El 30 de abril 2001 la Relatora Especial envió una comunicación en relación con la muerte del Sr. Diego Turbay, su madre y tres de sus escoltas en un ataque llevado a cabo el 30 de diciembre de 2000 en el municipio de Puerto Rico (Caquetá). El Sr. Diego Turbay había presidido, entre otros, el Comité Legislativo de Paz.
133. El 21 de mayo de 2001, Carlos Eliécer Prado, miembro del sindicato de las empresas municipales de Cali (SINTRAEMCALI), habría muerto como consecuencia de los disparos efectuados desde un coche por hombres no identificados en el distrito de "La Base" de la localidad de Cali, en el Departamento del Valle de Cauca.
134. El 25 de mayo de 2001, Henry Jiménez Rodríguez, miembro del sindicato de las empresas municipales de Cali (SINTRAEMCALI), habría muerto como consecuencia de los disparos efectuados por un hombre armado que conducía una motocicleta.
135. El 27 de mayo de 2001, el campesino Laureano Sierra habría sido asesinado por un grupo de paramilitares armados en el parque nacional de Katíos, al norte de la cuenca del río Cacarica.
136. El 31 de mayo de 2001 unos 20 hombres armados con distintivo de las Autedefensas Unidas de Colombia, habrían retenido a todas las personas presentes en la escuela de la Vereda de Salto Arriba en el municipio de Marinilla, oriente del Departamento de Antioquía acusándoles de ser colaboradores de los grupos guerrilleros. Posteriormente se habrían llevado a cinco personas, entre ellas, Carlos Enrique Castaño y Raúl Murillo cuyos cadáveres habrían sido encontrados más tarde. Otras personas habrían sido ejecutadas detrás de la escuela. Por último los paramilitares habrían torturado a algunas personas que allí se encontraban con plástico hirviendo.
137. El 6 de junio de 2001, los hermanos Gonzalo y Humberto Zárate habrían sido asesinados por dos hombres armados no identificados en su domicilio del distrito el Manantial en Villavicencio, Departamento de Meta. Gonzalo Zárate fue secretario de la organización no gubernamental "Comité Cívico de Derechos Humanos de Meta" que tuvo un importante papel en la denuncia de presuntas violaciones por las fuerzas de seguridad y paramilitares. Como consecuencia de sus actividades, los miembros de esta organización habrían sido víctimas de intimidaciones, amenazas de muerte y asesinato.
138. El 11 de junio de 2001, Manuel Enrique Cahrris Ariza habría sido asesinado por presuntos paramilitares en el municipio de Soledad, Departamento del Atlántico. Manuel Enrique Cahrris Ariza era trabajador de la empresa Drummond LTDA. Seccional Ciénaga, sita en el departamento de Magdalena y estaba afiliado al sindicato nacional de trabajadores de la industria minera y energética SINTRAMINERGETICA.
139. El 14 de junio de 2001, cuatro personas no identificadas habrían sido ejecutadas en un retén establecido por las Autodefensas Unidas de Colombia en el lugar conocido como "La Playita" en el Municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
140. El 9 de julio de 2001, la Relatora Especial transmitió una comunicación relativa a las desapariciones y asesinatos de líderes indígenas en Colombia. Ocho líderes indígenas habrían sido asesinados por presuntos paramilitares desde principios de año entre los cuales Alirio Pedro Domicó, en junio de 2001; Alberto Sabugara Velásquez, portavoz de la comunidad de Tascicigucho del Alto Baudó en el Resguardo de Gengadó, Departamento de Chocó, asesinado el 27 de junio de 2001 en la ciudad de Quibdó; Kimi Domico Pernia, líder indígena embera, secuestrado el 2 de junio de 2001en el departamento de Córdoba. Al respecto se recuerda la comunicación urgente enviada a la atención del Gobierno el 11de junio de 2001.
141. El 10 de septiembre de 2001, la Relatora Especial trasmitió una alegación en relación a la fiscal Yolanda Paternina, quien fue asesinada el miércoles 29 de agosto del presente año. Según las informaciones recibidas la doctora Paternina habría sido objeto de amenazas de muerte desde que empezara a investigar la masacre de 27 personas, perpetrada el 17 de enero de 2001 en Chenge (Sucre), atribuida a un grupo paramilitar. Tambien se ha señalado que se acusa a oficiales de la Armada Nacional de haberse implicado en esta masacre.
Comunicaciones Conjuntas
142. En una comunicación conjunta con el Relator Especial sobre la tortura enviada el 30 de Agosto 2001, los siguientes casos fueron brindados a la atención del gobierno de Colombia.
143. Se alega que decenas de civiles habrían sido torturados y matados en julio de 1997 por fuerzas paramilitares y centenares obligados a huir de Mapiripán, en el Meta, para ponerse a salvo. Durante cinco días los paramilitares, con el apoyo del ejército, habrían secuestrado los habitantes y a las personas que llegaban en bote y los habrían llevado luego al matadero local, donde los habrían atado, torturado y degollado. Investigaciones habrían mostrado que las tropas dirigidas por el general Uscátegui ayudaron a las fuerzas paramilitares durante su llegada a la pista de aterrizaje y se aseguraron que las tropas que estaban capacitadas para combatir a los paramilitares se encontraban ocupadas en otra parte. Como consecuencia de una investigación interna, el ejército habría trasladado al general a un destino administrativo. Posteriormente, el general Uscátegui habría pasado a situación de retiro. El relator especial no tiene constancia de que haya sido procesado ante un tribunal civil.
144. Daniel Pino habría sido secuestrado y asesinado por un grupo paramilitar en abril de 1999, en la comunidad de La Balsa. En San José de Apartado, los paramilitares supuestamente vinculados a las fuerzas armadas habrían reunido a varios residentes junto con Daniel Pino en la plaza mayor, declarado que San José era "una comunidad de guerrilleros" y abierto fuego, matando a Gabriel Graciano, de 16 años e hiriendo a otras personas. Después de la masacre, habrían abierto el vientre a machetazos a Daniel Pino, que murió tras varias horas de agonía.
145. Miguel Ángel Guzman Usuga, Alvaro Guzmán Pérez, Jaime Guzmán Silva y Juan Carlos Quiroz Higuita habrían sido secuestrados por un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia en El Llano, Antioquía, el 10 de marzo de 2000. Sus cuerpos con señales de tortura habrían sido encontrados el día siguiente en la carretera de Olaya.
146. Diego Arnulfo Camayo, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y concejal electo por el movimiento campesino, su hermano Eric Camayo así como Germán Valenzuela y Dagoberto Velasco, dos campesinos, habrían sido secuestrados por un grupo de paramilitares supuestamente vinculados a las fuerzas armadas en la vereda Santa Catalina, corregimiento de la Pedregosa, en el Cauca, el 24 de noviembre de 2000. Los cuerpos de las cuatro personas mencionadas habrían sido encontrados con señales de tortura unas horas más tarde frente a una iglesia.
147. El 27 de abril de 1999, detenidos del paramilitarismo de los patios 3 y 5 de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, atacaron a los internos del patio 4, utilizando explosivos y armas largas durante más de 12 horas. La fuerza pública no habría ingresado aduciendo no tener la capacidad para tomar el control del penal. Como resultado de estos hechos, 33 presos habrían fallecido y 19 habrían resultados heridos. Ante los graves riesgos que padecerían las personas supuestamente detenidas por razones políticas de la Cárcel Nacional Modelo, medidas cautelares habrían sido solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales habrían sido concedidas.
148. El 1 de diciembre de 1999, diez personas detenidas por razones políticas de la Penitenciaria Nacional de Palmira (Valle) habrían sido informados por el director del centro del traslado a la nueva cárcel de Valledupar. Sin embargo, con anterioridad el director y los presos implicados habrían acordado que no serían traslados a otra cárcel. Durante el translado los detenido habrían sido atacados en una acción conjunta de la guardia acompañados de los presos por paramilitarismo, resultando muertos los presos Alberto Bueno Bonet y Jairo Ramírez. A continuación habrían ingresado al patio n. 2 donde se encontraban otros presos detenidos supuestamente por razones políticas. Habrían saqueado sus celas y los habrían obligado a salir. El resto de la guardia habría disparado desde arriba lanzando gases lacrimógenos. Varios presos habrían resultados heridos, entre ellos, Jorge Eliecer Romero Zalgado. Posteriormente los presos habrían sido golpeados, desnudados y sometidos a toda clase de humillación. Se habría negado el paso al delegado de la Cruz Roja Internacional que habría intentado entrar para auxiliar a los heridos.
149. En una comunicación conjunta con la Representante Especial sobre los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre la independencia de jueces y magistrados enviada el 19 de octubre de 2001, la Relatora Especial informó al gobierno de Colombia que, según informes, Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de los derechos humanos, fue asesinado el 4 de abril de 1998 por dos hombres y una mujer que se habrían presentado como periodistas en su apartamento en Bogotá. Antes de su muerte, el Dr. Umaña habría sido amenazado en numerosas ocasiones y habría presentado las denuncias correspondientes sin que hubiera habido ningún avance en la investigación de estas amenazas. Según la información recibida, se habrían llevado a cabo varias detenciones en relación con el homicidio del Dr. Umaña, pero solamente una persona habría sido formalmente acusada. A pesar de algunos indicios en favor de la participación de militares en el crimen, no habrían sido incluidos en la investigación.
150. En una comunicación conjunta con el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados enviada el 8 de noviembre de 2001 , la Relatora Especial informó que, al parecer, el 1 de noviembre de 2001 el fiscal Carlos Arturo Pinto fue asesinado en Cúcuta. La víctima estaba investigando casos relacionados con masacres paramilitares que se produjeron en la región desde hace 1999. Su predecesor, la fiscal María del Rosario Silva Ríos, fue también asesinada el 28 de julio del 2001.
151. En una comunicación conjunta enviada el 19 de octubre de 2001con la Representante Especial sobre los defensores de derechos humanos los siguientes casos fueron brindados a la atención del gobierno de Colombia:
152. Los miembros de la Organización Femenina Popular (O.F.P.) estarían siendo víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de presuntos grupos paramilitares. Se informa que la Sra. Yolanda Becerra Vega, coordinadora de la Organización Femenina Popular (O.F.P.), continuaría siendo objeto de amenazas de muerte y de grave hostigamiento, al igual que el resto de los miembros de la mencionada organización sita en Barrancabermeja, Departamento de Santander. Según la fuente, existiría un informe de la Inteligencia Militar fechado en mayo de 2001 en el que se habría detallado un plan para asesinar a la Sra. Becerra Vega. Se habría pedido a las autoridades del Gobierno Civil una aclaración sobre dicho asunto, sin embargo no se ha recibido respuesta alguna.
153. También se informa que en numerosas ocasiones hombres armados habrían rondado la sede principal de la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja. Además, el 9 de mayo de 2001, la Sra. Becerra Vega habría sido abordada por un grupo de presuntos paramilitares mientras se encontraba pegando propaganda relativa a una actividad que la O.F.P. iba a llevar a cabo. El grupo de presuntos paramilitares le habrían prohibido de manera violenta colocar más propaganda. Tras el llamamiento urgente enviado el 9 de marzo de 2001 por la Representante Especial junto con la Relatora Especial, en la respuesta del Gobierno se informaba que la Sra. Becerra Vega no aceptó el ofrecimiento del servicio de protección. No obstante, las autoridades del Departamento de Santander acordaron incrementar las patrullas de la Policía Nacional en los barrios donde se encuentran las sedes de las O.F.P, e incrementar las labores de inteligencia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a fin de contrarrestar las acciones contra esta organización y sus miembros.
154. Por otro lado, otras informaciones recibidas denuncian que presuntos paramilitares presuntamente respaldados por el ejército habrían amenazado con matar a los miembros de la O.F.P. que ayudaron a organizar la Movilización Internacional de Mujeres del 14 al 17 de agosto de 2001 en Barrancabermeja. Se comunicó que los presuntos paramilitares habrían declarado "objetivo militar" a 11 familias del barrio Nueva Esperanza de Barrancabermeja que participaron en dicha Movilización. Se informó que otro grupo de paramilitares armados se habría presentado en los domicilios de algunas mujeres y les habrían ordenado que no acudieran a la marcha.
155. Según la información recibida, las miembros de la O.F.P, la Sra. Jackeline Rojas y la Presidenta de la O.F.P., la Sra. Yolanda Becerra, se encontraban en el podio preparando los discursos programados para el acto cuando un hombre se habría acercado a ellas y las habría amenazado. El 24 de agosto de 2001, se habría informado a la O.F.P. que los paramilitares habrían decidido asesinar a sus miembros, empezando por una de sus dirigentes, la Sra. Patricia Ramírez. Se informa que el 26 de agosto de 2001, presuntos paramilitares habrían intentado atentar contra la Sra. Patricia Ramírez.
156. Amenazas habrían sido recibidas por parte de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) de Cauca, Medellín, Bucaramanga, Cundinamarca y Barrancabermeja. Asimismo, se ha informado que los días 8 y 9 de octubre de 2000, cuatro familias parte de la sección de ASFADDES de Medellín habrían recibido varias llamadas de teléfono amenazándoles, situación que se habría repetido el 31 de octubre de 2000. Como consecuencia de las amenazas se habrían visto obligados a abandonar la región. Por otro lado, la Sra. Martha Elizabeth Soto Gallo habría sido amenazada el 13 de abril de 2000 a través de un mensaje en el contestador automático de su oficina. En fecha 11 de noviembre de 2000, en la misma seccional de Medellín, Pancho Castro habría recibido una carta amenazandole de muerte.
157. El 20 de noviembre de 2000, la responsable de la Sección de ASFADDES en Cundinamarca habría sido perseguida en la ciudad de Bogotá por dos personas no identificadas quienes, al ser descubiertos, le habrían mostrado un teléfono celular que le habría sido sustraído el día anterior.
158. En mayo de 2000, la Sra. Rocío Campos, miembro del Consejo de Dirección de la ASFADDES y de su sección de Barrancabermeja, habría recibido varias llamadas telefónicas amenazantes de personas desconocidas en las que también le habrían preguntado por su hermano, el Sr. Daniel Campos, víctima de desaparición forzada desde mayo de 1998. Se ha informado también que la Sra. Elisabeth Cañas Cano, miembro de la ASFADDES de Barrancabermeja, fue asesinada a tiros cuando salía de su casa el 11 de junio de 2000 por dos hombres no identificados supuestamente paramilitares.
159. Durante la celebración del foro "Por la Vida y los Derechos Humanos", los días del 29 y 30 de septiembre de 2000 en Barrancabermeja, presuntos paramilitares de las Autedefensas Unidas de Colombia habrían hecho circular en el edificio donde tenía lugar el evento panfletos que contenían amenazas dirigidas contra los miembros de la Corporación a quienes señalaban como auxiliares de la guerrilla y en consecuencia, objetivo militar. Ante las amenazas contra los miembros de la Asociación, sus directivas habrían tomado la decisión de cerrar temporalmente, a partir del 28 de febrero de 2001, su sede en Barrancabermeja
160. Durante sus 13 años de existencia, 8 asociados de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han sido asesinados y dos más habrían sufrido atentados contra su vida. Se ha comunicado que la entonces presidente de CREDHOS, la Sra. Osiris Bayther, se habría visto obligada a abandonar el país en el año de 1998 a causa de las amenazas de muerte que recibía. Situación similar se habría dado en el caso del Sr. Marco Tulio Torres, promotor de la corporación en el municipio de San Pablo, Bolívar, quien tuvo que dimitir de su cargo. Además, según la información recibida, entre los días 16 y 18 de octubre de 1999, la oficina de CREDHOS en la ciudad de Barrancabermeja habría sido saqueada. Poco después, Pablo Javier Arenales, promotor de la Corporación en esa ciudad, Mónica Madera Vergel, secretaria de dicha corporación, habrían recibido llamadas amenazantes.
161. Carlos Mario Calderón y Elsa Constanza Alvarado, trabajadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 en su apartamento en Bogotá por un grupo de hombres enmascarados. Los responsables de los hechos se habrían identificado como miembros de la policía judicial. Se informa que a hasta el de julio de 2001, eran cuatro las personas a las que se habría acusado formalmente de participar en el homicidio y que habrían recibido penas de entre cuatro y sesenta años de prisión. Se informó también de que se habría dictado orden de detención contra los dirigentes paramilitares Carlos y Fidel Castaño, a quienes se acusa de haber planeado el crimen. Sin embargo, se comunicó que aun conociendo su paradero, las autoridades no habrían tomado las acciones oportunas para detenerlos. Según los informes, cuatro agentes de la policía judicial y un testigo clave habrían sido asesinados en el curso de la investigación.
162. Jesús María Valle Jaramillo, abogado defensor de los derechos humanos, ex-presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (C.P.D.H.) de Antioquía "Héctor Abad Gómez", fue abatido asesinado en febrero de 1998 en su oficina de Medellín por hombres armados no identificados tras denunciar las conexiones entre miembros del Ejército Colombiano y organizaciones paramilitares. Según la información recibida, la Fiscalía General de la Nación habría formulado oficialmente cargos contra el jefe paramilitar Carlos Castaño y otros ocho paramilitares por su participación en el homicidio. Seis paramilitares habrían sido detenidos. Se informó también que a pesar de haber claros indicios de la participación de miembros del ejército en el crimen, no se habría abierto ninguna investigación oficial contra personal militar. Varios investigadores judiciales que trabajaban en la investigación habrían tenido que abandonar el país debido a las amenazas de muerte.
163. Jairo Bedoya Hoyos, asesor en la Organización Indígena de Antioquía (OIA), activista de los derechos de los indígenas, , fue visto por última vez el 2 de marzo de 2000 a las 14:30. Se informó que los responsables del presunto secuestro habrían sido miembros de grupos paramilitares. Como miembro de la O.I.A., el Sr. Bedoya participaba en la campaña "Para que Embera Viva", en favor del respecto de los derechos culturales y la seguridad de los indígenas emberas.
164. Las Sras. Marleny Rincón, Marta Cecilia Hernández y Ana Julia Arias de Rodríguez, miembros de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, (ANMUCIC) fueron asesinadas por presuntos paramilitares. Según la información recibida, Marleny Rincón, presidenta departamental de la Asociación fue asesinada el 21 de julio de 2000 en San Juan de Arama, Departamento de Meta, por un grupo de presuntos paramilitares que la habrían acusado a ella y a su marido de colaborar con la guerrilla. Se informó también que la Sra. Marta Cecilia Hernández, líder de ANMUCIC-Zulia, departamento Norte de Santander, fue asesinada en su domicilio el 19 de agosto de 2000, por ocho presuntos paramilitares, vestidos de civiles. La Sra. Hernández era candidata a la alcaldía del municipio ese año para el partido de la Unión Patriótica. Los paramilitares la habrían amenazado sino retiraba su candidatura a lo que ella se habría negado. Se informó también de que la Sra. Ana Julia Arias de Rodriguez, tesorera de ANMUCIC y miembro del partido político de Unión Patriótica (U.P.), fue asesinada el 26 de enero de 2001 en Quipile, departamento de Cundinamarca. Los responsables le habrían acusado de tener contactos con la guerrilla.
165. Orlando Moncada, miembro de la Ejecutiva y portavoz de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, en el departamento de Santander, fue asesinado el 1 de septiembre de 2000 al ser detenido en un retén dispuesto por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El retén estaba situado a 5 minutos de la base militar "Casave" del 45 Batallón del Majahual.
166. Fernando Cruz Peda, abogado defensor de los derechos humanos y miembro de la Asociación de Juristas Demócratas de Colombia, habría sido víctima de desaparición forzada en Cali. Según la información recibida, el 10 de diciembre de 2000, el Sr. Cruz Peda viajaba en compañía de su hijo en un taxi cuando fueron detenidos por dos hombres en moto con distintivos de la Policía Nacional. Luego de haber descendido el abogado y su hijo del taxi, habría aparecido un automóvil con tres personas vestidas de civil que con el pretexto de conducirlo hasta las dependencias de la Fiscalía para verificar la autenticidad de su tarjeta profesional, lo habrían robado sin que hasta hoy se sepa su paradero. Se informó de que pese a realizarse la denuncia respectiva ante las autoridades judiciales, de policía, órganos de control y otras instancias gubernamentales, ninguna investigación de carácter penal se habría abierto hasta la fecha.
167. El Sr. Pepe Zabala y la Sra. Angela Andrade, miembros del Movimiento Popular Multiétnico de la Vertiente del Pacífico Nariñense, fueron asesinados el 6 de agosto de 2001 en el distrito de Aguaclara, municipio de Tumaco, por presuntos grupos paramilitares y presuntamente respaldados por las fuerzas de seguridad. A pesar de la fuerte presencia militar en la zona, los grupos paramilitares seguirían operando libremente. Se ha comunicado también que el Movimiento Popular ha solicitado protección al Ministerio del Interior. Este habría facilitado a los miembros de la Organización teléfonos celulares para que informaran a las autoridades en caso de ser atacados.
168. La Sra. Yolanda Cerón, religiosa perteneciente a la Congregación de la Compañía de María y directora del equipo de derechos humanos de la Oficina de la Pastoral Social de Tumaco, departamento de Nariño, fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 por personas no identificadas que le habrían disparado repetidamente cuando salía de su oficina. Según la información recibida, el asesinato de la religiosa Yolanda Cerón estaría relacionado con su labor de denuncia permanente sobre la situación de los derechos humanos en la región. Se ha alegado que la religiosa habría informado sobre actos de hostigamiento en su contra por parte de hombres sin identificar.
169. Cesar Molina, director de la Corporación para la Educación y Autosugestión Ciudadana (CEAC) en Barranquilla y Luis Felipe Flores, director de la Fundación para el Estudio de las Ciencias Sociales (FUNPECIS) fueron amenazados de muerte el 3 de Septiembre de 2000 por dos hombres armados, que según la información recibida serían apoyados por los paramilitares. Como resultado de estas amenazas, se ha alegado que tanto el Sr. Molina como el Sr. Felipe Flores habrían abandonado su trabajo como defensores de los derechos humanos en Barranquilla y se habrían trasladado a otra ciudad colombiana.
170. Armando Achito, líder indígena embera del municipio de Juradó, departamento del Chocó, fue asesinado el 25 de diciembre de 2000 por varios hombres armados presuntamente paramilitares en su vivienda en Juradó. Según la información recibida, la situación de riesgo por la que atravesaba el Señor Achito habría sido señalada de manera reiterada. Aparentemente, las autoridades locales habrían sugerido al dirigente indígena trasladarse hacia Bahía Solano, para que en dicho lugar pudiera recibir la protección requerida. No obstante ese traslado, el 4 de enero de 2000, el líder desplazado habría sido víctima de un intentado de homicidio.
171. Pedro Varón, educador y fiscal de la directiva seccional de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), departamento del Tolima, habría sido objeto de numerosos actos de persecución y amenazas contra su vida, supuestamente por grupos paramilitares. Según la información recibida, estos hechos lo habrían obligado en abril de 2001 a abandonar la región y a someterse al desplazamiento forzado abandonando su trabajo sindical y separándose de su familia.
172. Evert Encizo, profesor y director de la escuela "La Reliquia" y líder de los desplazados del asentamiento del mismo nombre en la ciudad de Villavicencio, fue asesinado el 19 de agosto de 2001 por dos hombres fuertemente armados. Según la información recibida, durante los mismos hechos, habrían resultado heridos la Señora Marleny Coronado Gómez, Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de este asentamiento y un niño.
173. Marino Cordoba, Presidente de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (ASFRODES), habría sido víctima en marzo de 2001 de amenazas a través de llamadas telefónicas proferidas por presuntos paramilitares a la sede de la organización. Según la información recibida, algunos de estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Se ha alegado también que previamente el Señor Cordoba habría sido víctima de atentados en el año 2000 y habría recibido amenazas de muerte desde que se desplazó en enero de 1997 desde el departamento del Chocó hacia la ciudad de Bogotá.
174. Según la información recibida, el 5 de mayo de 2000, se publicó un panfleto informando de una próxima ofensiva paramilitar en Bogotá y se anunciaba la ejecución de varias personas, entre las cuales figuraba presuntamente el nombre del Sr. Geraldo González, Secretario de asuntos agrarios e indígenas de la Central Unitaria de Trabajadores (C.U.T.), Presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca (SINPEAGRICUN) y miembro del Consejo Consultivo dependiente de la Organización Internacional de Trabajo (O.I.T.). Se informa que el hostigamiento y las amenazas contra el Sr. González se habrían hecho extensivas a su familia. Su hija Aurora González habría sido víctima de amenazas y seguimientos por parte de miembros del servicio de Inteligencia Militar, situación que ha sido comprobada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ya que el Gobierno anterior le brindó por algún tiempo algunas medidas de seguridad.
175. Ricardo Herrera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI) fue víctima el 19 de septiembre de 2000 de un homicidio frustrado cuando llegaba a su domicilio sito el barrio de Junín, en Cali, Valle de Cauca. Según la información recibida, varios hombres armados le habrían disparado, sin llegar a alcanzarle, pero hiriendo de gravedad al Sr. Omar de Jesús Noguera, empleado del mismo sindicato, quien murió el 23 de septiembre de 2000 como consecuencia de las heridas de bala. El Sr. Noguera se había destacado por sus denuncias contra la corrupción y por su participación en las actividades de movilización programadas por el sindicato en protesta por el proceso de privatización de EMCALI. Se informa también que el Sr. Alexander López Maya, Presidente del SINTRAEMCALI, se habría visto forzado a abandonar el país en el mes de septiembre, al descubrir documentos que habrían revelado un plan para asesinarle.
176. Wilson Borja, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE) y miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000. Según la información recibida, el Sr. Borja recibió tres impactos de bala y fue hospitalizado de urgencia y operado. Se informa que los presuntos autores de los hechos nunca habrían sido capturados ni procesados. Se informó que el Sr. Wilson Borja habría presentado una denuncia ante la Fiscalía Regional de Bogotá, debido a las continuas amenazas de muerte de las que venía sido objeto.
177. Miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos (SINTRAEMSDES) en Pereira habrían recibido el 12 de febrero de 2001 una carta de pésame. Según la información recibida, la carta habría sido dirigida a la ejecutiva de SINTREMSDES, al Vicepresidente Sr. Orlando Ospina Loaiza, al Secretario General Sr. Carlos Alberto Florez y a la Junta Directiva en Pereira. Se informa que la carta habría sido firmada por las Autodefensas Unidas de Colombia. Se cree que estas personas habrían sido amenazadas en razón de su actividad sindical y por oponerse a la privatización de las empresas municipales de Pereira.
178. Jaime Alberto Duque Castro, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cementos El Cairo (SUTIMAC), habría sido secuestrado el 24 de marzo de 2001 por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se informó que el Sr. Duque Castro habría sido liberado sin lesiones por sus captores el 5 de abril de 2001.
179. Gustavo Soler Mora, representante de los trabajadores de la multinacional Drummond y Presidente de la Unión Nacional de los Trabajadores de la Industria Minera y Energética (SINTRAMINENERGETICA), fue encontrado muerto el 7 de octubre de 2001 en el poblado de Rincón Hondo, municipalidad de Chiriguana. Según la información recibida, el día anterior, el Sr. Soler Mora habría sido forzado a salir del autobús en el que él viajaba de Valledupar a Chiriguana por hombres armados que le habrían hecho subir a un minibús blanco.
180. En una comunicación conjunta con el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión del 28 de noviembre de 2001, se informa que el estudiante Carlos Giovanny Blanco Leguízamo, de aproximadamente 20 años de edad, natural de Sogamoso (Boyacá), murió el 7 de noviembre de 2001 como consecuencia de un disparo de arma de fuego recibido durante los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Nacional y policías ani-motines en Bogotá. La policía habría descartado cualquiera responsabilidad. Además se informa que durante la manifestación la policía anti-motines habría arremetido violentamente con gases lacrimógenos dirigidos hacia el cuerpo de los estudiantes dejando como resultado al menos 20 estudiantes heridos, entre ellos dos con lesiones serias.
Comunicaciones recibidas
181. En esta sección figuran las respuestas recibidas del Gobierno a los llamamientos urgentes y las denuncias de violaciones del derecho a la vida que la Relatora Especial transmitió durante el período que se informa.
182. En relación con el caso del líder indígena Lucindo Domicó Cabrera, asesinado el 24 de abril de 1999, el 18 de enero de 2001 el gobierno informó la Relatora Especial que la investigación por dichos hechos fue iniciada por una Fiscalía Regional de Montería. El 12 de octubre la investigación se reasignó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Se informó que se había ordenado la recepción de testimonios de varios miembros de la comunidad Embera Katio del Alto Sinú pero había sido imposible evacuar estas diligencias debido a que se requería la autorización del jefe de la comunidad. La Fiscalía General de la Nación había recurrido a las oficinas de Asuntos Indígenas de la Defensoría del Pueblo y de la Procuradoría General de la Nación a fin de solicitar su intermediación para hacer posible la comparencia de los testigos a efecto de recepcionar sus testimonios.
183. Con relación al presunto homicidio de Jesus Ramiro Zapata el 3 de mayo de 2000, el 6 de febrero de 2001 el gobierno de Colombia informó que en una diligencia de necrosis se dictaminó que la muerte del Sr. Zapata fue causada por proyectiles de arma de fuego. El sobrino de la víctima presentó denuncia de homicidio ante la Fiscalía 22 delegada ante los jueces Penales del Circuito de Segovia. Otra denuncia fue presentada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, donde continuaba la investigación. El gobierno informó también que el termino de investigación, cuando no existe imputado conocido, se prolonga hasta su identificación y vinculación, o hasta que prescriba la acción penal. Algunos testigos realizaron retratos hablados de dos personas que señalaron como autores del secuestro y miembros de las Autodefensas Campesinas o "paramilitares". El proceso penal no se había abierto porque no existía una prueba idónea que estableciera una identificación positiva de los presuntos responsables.
184. En relación con la muerte de Elsa Alvarado Chacón y Mario Calderón Viliegas, el 6 de febrero el gobierno de Colombia informó que los hechos habían ocurrido el 19 de mayo de 1998. Una autopsia registró como causa de la muerte heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. El gobierno informó también que no se presentó denuncia y que la Fiscalía General de la Nación era el órgano encargado de la investigación. Se profirió sentencia de primera instancia condenando respectivamente a 60 años, 45 años, 55 meses y 20 meses de prisión al autor material y a los cómplices del delito. Se continuaba la etapa del juicio en lo que respecta a otros tres procesados acusados como presunto autor determinador y autores materiales.
185. El 12 de febrero de 2001, el Gobierno de Colombia informó de que la investigación relacionada con la muerte de Carmen Elisa Rivas, presidente de la Asociación Nacional de trabajadores y Clínicas seccional Cartago, se había iniciado en forma oficiosa por parte de la Fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata de la Municipalidad de Cartago (Valle). El gobierno informó que las constancias procesales, el Acta de Levantamiento de Cadáver y la autopsia indicaron que la víctima fue atacada con arma de fuego por agresores que se trasladaban en motocicleta. La hipótesis que se había venido investigando se orientaba en relación con la calidad de líder sindical que la víctima ostentaba y el conflicto laboral que se había suscitado al interior del centro hospitaliero. El gobierno informó también que la investigación continuaba en su fase preliminar en tanto que no se había establecido la autoría del crimen.
186. El 12 de febrero de 2001, el Gobierno de Colombia transmitió información respecto al caso del señor Euclides Cuesta. El Gobierno informó de que se inició la investigación por orden de la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, y que no se puede determinar la causa de su muerte porque no obraba diligencia de levantamiento del cadáver. Según el Estado se adelantó una investigación penal, la que se suspendió después de 180 días por no dar con los autores de los hechos y por no contar con la colaboraciôn de la ciudadanía.
187. Respecto al caso de la desaparición de Emilio Ramón Zapata Alvarez, el Gobierno de Colombia mandó una comunicación a la Relatora Especial el 12 de febrero de 2001 en la que señaló que la muerte se produjo por choque traumático resultado del impactos de bala, que los posibles autores responden a los alias de "Wicho" y "Enrique", al parecer miembros de grupos paramilitares, y que la policía tiene el fin de individualizar e identificar a los mencionados con el fin de procesarlos penalmente. El Estado informó que ninguna compensación se había entregado a la familia del fallecido. Se adjuntó un informe médico a la comunicación.
188. El 12 de febrero de 2001, el Gobierno de Colombia mandó una comunicación a la Relatora Especial respecto al presunto secuestro de Ramón Anguilu Gaitan, Nelson Anguilu Gaitan, Ramón Encinosa Díaz, Yineth Alvarado y Ferney Ríos en el municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta. El Estado rechazó las afirmaciones que las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares consideraran a las comunidades desplazadas como simpatizantes de la guerrilla. El Gobierno informó que, según las investigaciones por el Departamento Administrativo de Seguridad y El Ministerio de Defensa Nacional, ni la Fiscalía local, ni el Comando de Policía de Meta, ni la Séptima Brigada del Ejército había recibido denuncia alguna respecto al caso. El Gobierno comunicó que el informe de la Policía Nacional estableció que las personas mencionadas asi como su procedencia se desconocían en la región.
189. El 12 de febrero, el Gobierno de Colombia mandó una comunicación a la Relatora Especial respecto a la muerte de Francisco Javier Tabarquino, Emilio Ramón Zapata Alvarez, Martin Luter Becerra Mena y Rafael Muñoz Echavarría. En cuanto al Sr. Zapata Alvarez, el Gobierno informó que la Fiscalía Seccional Apartadó está en carga de la investigación. Añadió que el choque se produjo por choque traumático multiples por arma de fuego. Los posibles autores del hecho responden a los alias de Wicho y Enrique al parecer miembros de grupos paramilitares denominados comunmente Autodefensas de Córdoba y Uraba. Sin embargo, no se ha impuesto sanción penal o disciplinaria contra nadie por este hecho ya que no se ha logrado la identificación plena de los autores. En cuanto a los Sres Martin Becerra el Gobierno informó que no se presentó denuncia penal y que la autopsía concluyó que su muerte fue debido a un choque traumático. En cuanto al Sr. Muñoz Echavarría, la autopsía reveló que su deceso se debió a una causa indeterminada ; se presentó una denuncia ante la fiscalía Seccional por parte de Carlos Enrique Muñoz, familiar de Rafael Muñoz. De acuerdo con la autopsía, la muerte de Martin Luter Becerra Mena fue causada por proyectiles de arma de fuego ; su caso está investigado por la fiscal seccional 128.
190. El 15 de febrero y el 13 de marzo de 2001, el Gobierno informó con relación a los secuestros de los señores Jorge Betancur Echeverry, Dora Muñoz Perez y Jairo Carvajal, señalando que los antes mencionados fueron liberados el 4 de diciembre de 2000. Desde el momento en que se realizó el secuestro, se abrió la investigación penal N° 518 ante los jueces penales del Circuito Especializado de Medellin. El Gobierno se comprometió a mantener informado a la Sra Representante Especial ante cualquier novedad que pueda aportarse al caso de referencia.
191. El 21 de febrero de 2001, el Gobierno de Colombia informó de que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía estaba adelantando la investigación en relación con el caso de Jesus Arias. Señalando que no existían certificados de Defunción, por cuanto las Actas de Levantamiento judiciales no se había podido realizar y no existía autopsia por cuanto los cadáveres no fueron remitidos ante ningún médico legista. La investigación se encontraba en etapa de instrucción y se tenía identificado a un presunto paramilitar que al parecer participó en el desarrollo de los hechos. No se había impuesto ningún tipo de sanción por cuanto que el presunto sindicado no había sido vinculado a la investigación y no se había culminado porque por razones de orden público, ninguna autoridad u organismo del estado había podido ingresar a la zona con el fin de verificar los hechos.
192. El 21 de Febrero de 2001, el Gobierno de Colombia respondió a las preguntas formuladas por la Relatora Especial respecto a los casos de Jesús Arias, Edilberto Ariza y otra persona. El Gobierno informó que no pudo confirmar la veracidad de los hechos resumidos en la denuncia porque no había visto la denuncia y no se pudo establecer la causa de la muerte ya que no había certificados de defunción y no se había realizado una autopsia. Asimismo señalo que una investigación en etapa de instrucción se estaba cursando en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, que un presunto autor se había identificado, pero que razones de orden público estaban dificultando la realización de la investigación. El Gobierno quiso aclarar que estaba saliendo información de más víctimas que sufrieron diferentes violaciones de sus derechos humanos en la zona de Río Sucio-Choco, y que las tres víctimas inicialmente identificadas se encontraban en una fosa común.
193. El 8 de marzo de 2001, el Gobierno de Colombia informó de que, la investigación relacionada con los hechos ocurridos el 27 de enero de 2001 en el centro "casa de la Mujer" dirigido por la Organización Femenina Popular (OFP) en el distrito de Barrancabermeja, presuntamente por un grupo de Autodefensas, estaban siendo ventilados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Se declaró también que se decidió de mantener vigentes las medidas cautelares y, por las reiteradas amenazas de que presuntamente habían sido objeto coordinadores e integrantes de la OFP, la Policía de Magdalena Medio brindaba los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar el derecho a la vida e integridad de los miembros de la OFP. El Departamento Administrativo de Seguridad decidió, el 9 de febrero de 2001, de incrementar las patrullas de la Policía Nacional en los barrios donde funcionan oficinas de la OFP y de ampliar las labores de inteligencia para contrarrestar las actividades que pongan en peligro la vida e integridad de los miembros de las organizaciones que laboran en el Puerto Petrolero. Respecto al delito de amenazas en contra de la Sra. Flora María Cañas y otros miembros de la OFP, el gobierno informaba que la investigación se encontraba en una etapa de práctica de pruebas.
194. El 13 de marzo de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a las presuntas amenazas de que fuesen víctimas los señores Ricardo Herrera Muñoz y Alexander López Maya, líderes sindicales de la Empresa Municipal de Cali (SINTRAEMCALI). El Gobierno informó respecto al Sr. Ricardo Herrera Muñoz, que se adelanta investigación previa y dentro de la misma se decretaron algunas pruebas tendientes a la identificación e individualización de los responsables, igualmente se solicitó medidas de protección policial en favor del Comandante de la Estación de Policía de Fraydamián. Asimismo, se informo que los miembros de SINTRAEMCALI se encuentran amparados bajo el Programa de Protección y cuentan con esquemas de seguridad.
195. El 13 de marzo de 2001, el Gobierno de Colombia informó que, en relación con los secuestros de Jorge Bentacur Echeverry, Dora Muñoz Perez y Jairo Carvajal, las víctimas habían sido liberadas el 4 de diciembre de 2000. La respectiva investigación estaba a cargo del Fiscal Delegado ante los jueces penales del Circuido Especializados de Medellín.
196. El 16 de marzo de 2001, con referencia a los casos de Nelson Restrepo, Ignacio Arango, Juan Carlos Muñoz, Fredy Velez Wilfer Bonilla, y otros miembros del Instituto Popular de Capacitación de Colombia (ICP), el Gobierno de Colombia informó al Relator Especial que había adelantado las gestiones de los organismos de investigación del estado y que se habían tomado medidas para proteger la organización ICP y sus miembros. El Gobierno declaró que no había sido posible realizar el Estudio de Seguridad por presuntas amenazas y nivel de riesgo porque los citados se habían acogido al Plan de Amnistía Internacional por haber sido declarados objetivo militar por parte de las Autodefensas.
197. El 20 de marzo el Gobierno de Colombia informó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había dispuesto lo pertinente para que a través de la Seccional DAS Santander, se adelantaran actividades tendientes a implementar medidas operativas y de inteligencia que permitieran neutralizar y prevenir acciones por parte de los grupos al margen de la ley contra la población civil.
198. El 20 de marzo de 2001, el Gobierno de Colombia informó que la investigación relacionada con la presunta masacre de 25 campesinos y el presunto desplazamiento de 99 personas en el corregimiento de Chengue, Ovejas, Departamento de Sucre estaba siendo adelantada por la Dirección Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos.
199. El 28 de marzo de 2001, el Gobierno de Colombia mandó una comunicación referente al homicidio de Antonio Hinestroza ocurrido en el Barrio de Invasión Hoover Quintero el 22 de marzo de 2000. El Gobierno informó que no se había efectuado ninguna denuncia pero que los hechos del caso fueron que cuando la víctima lavaba ropa en un caño, apareció un individuo vestido de civil quien le preguntó su nombre y tras recibir la respuesta le disparó. Según el Gobierno, el órgano encargado de la investigación es el CTI adscristo a la Fiscalia de Turbo, Antioquia, y que en una investigación preliminar unos vecinos señalaron a Otoniel Bautista Mantilla y Ricardo Antonio Goey Restrepo, de grupos de Autodefensa, como los presuntos.
200. En relación con las amenazas de muerte recibidas por la Sra Yolanda Becerra y otros miembros de la Orgaización Femenina Popular, el 10 de abril el Gobierno de Colombia declaró que la Sra Yolanda Becerra no aceptó el ofrecimiento de servicio de protección aduciendo ya que en la opinión de la Sra Becerra van en contra de los principios éticos que rigen su organización, estando totalmente prohibido el ingreso a sus instalaciones de personal armado. No obstante las autoridades del departamento de Santander acordaron medidas preventivas para la seguridad de la Sra. Becerra y demás organizaciones, entre ellas: incrementar los patrullas de la Policía Nacional en los barrios donde funcionan oficinas de la OFP y de ampliar las labores de inteligencia para contrarrestar las actividades que pongan en peligro la vida e integridad de los miembros de las organizaciones que laboran en el Puerto Petrolero.
201. El 19 de abril de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a los casos de Omar Vera Luna, Andres Aldana y Angel Miguel Solano, que no había encontrado registro de los hechos pero que se iniciaría los trámites correspondientes y que se comunicarían cualquier novedad en cuanto surgiera.
202. El 19 de abril de 2001 y el 3 de mayo de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a las amenazas contra William Enrique Camelo Vega, Laura Johana Esquivel asi como sobre la presunta orden de desalojo de más de 2000 familias desplazadas asentadas en el Campamento Caños Negros expedida por el alcalde de Villavicencio. En el caso del primero el incidente, ocurrido en el Barrio Playa Rica de Villavicencio, el 13 de febrero de 2001, el Gobierno informó que se adelantó la investigación. Con referencia a la segunda, el Gobierno informó que, según la Dirección de Fiscalías Villavicencio, "no aparece investigación como víctima de este hecho punible" por la cual los documentos relacionados serían sometidos a reparto con el fin de adelantar la investigación. Referente al asunto « Campamento Caños Negros », el Gobierno informó que, según el Departamento Administrativo de Seguridad, Campamento Caños Negros corresponde al sitio de invasión La Reliquia donde a unos doce mil invasores, desplazados y personas de escasos recursos se les había entregado la orden de desalojo. El gobierno afirmó que tres veces se había intentado realizar la orden pero no se había concretado por razones de imprevistos de última hora.
203.El 3 de mayo de 2001, el Gobierno de Colombia remitió las explicaciones en relación con la comunicación del 13 de octubre de 2000 relacionada con la decisión de admisibilidad tomada por el Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en nombre del señor Gustavo Coronel Navarro y otros. El Gobierno señaló que la Fiscalia Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado Unidad de Terrorismo 51-3 viene adelantando la investigación por las eventuales violaciones de derechos humanos en contra del señor Gustavo Coronel y otros. El Gobierno informará oportunamente el resultado de las investigaciones.
204. El 14 de mayo de 2001, en el Noticiero 90 Minutos de la ciudad de Cali, el frente Farallones del Bloque Occidental de las Audefensas Unidas de Colombia, hicieron llegar un panfleto en el cual desmentían las amenazas y afirmaban que en su organización no existe el Comandante Camaleon, condenando al mismo tiempo las amenazas recibidas. El Gobierno informará oportunamente los resultados de las investigaciones.
205. El 22 de mayo de 2001, el Gobierno informó en relación al homicidio del señor Ricardo Orozco Serrano, Vicepresidente Nacional de la Asociación de Trabajadores y Empleados de Hospitales y Clínicas (ANTHOC). Señaló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizó un estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza, según el cual el evaluado en esa oportunidad no presentaba situación de riesgo contra su integridad personal, razón por la cual se le prestó asesoría de orden preventivo en autoprotección y autoseguridad mediante la participación en un seminario. En cuanto a los señores Angel Salas y Robert Alvarino, líderes de ANTHOC, se informa que no han sido objeto de medidas de protección por parte de la DAS, ya que se encuentran fuera del país. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones.
206. El 28 de mayo de 2001, el Gobierno informó en relación al secuestro del señor Alberto Duque Castro, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Cementos del Cairo (SUMITAC), señalando que fue liberado por un presunto grupo de Autodefensas del municipio de Barbosa el 7 de abril de 2001, sin previo pago de dinero alguno. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones.
207. El 28 de mayo y 10 de abril de 2001, el Gobierno informó con respecto a las presuntas amenazas de muerte de que fueran víctimas el señor Oscar Rodas Villegas, su esposa Liliana Vélez y familia. Según el Gobierno, la Fiscalía General de la Nación adelantó la correspondiente investigación y una ampliación de la denuncia presentada por la señora Vélez quien afirma ignorar quiénes pueden ser los autores de los hechos y no ha mencionado que estos sean miembros de un grupo de Autodefensas. Igualmente el señor German Alonso Rodas Villegas hermano de la víctima, tampoco ha suministrado información al respecto y atribuye la muerte de Juan Fernando Villegas en la ciudad de Bogotá como consecuencia de un atentado contra su patrimonio económico. El Gobierno informará los resultados de las investigaciones pertinentes.
208. El 14 de junio de 2001, el Gobierno informó en relación con las presuntas amenazas de muerte contra el señor Alirio Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos señalando que la Direccción Seccional de Fiscalías de Cali, en la actualidad viene realizando las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los autores del delito. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones correspondientes.
209. El 18 de junio de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a la desaparición de Kimi Domicó Pernia. El Gobierno señaló que se había abierto una investigación el 5 de junio de 2001 y que, según un informe por el Comandante del Batallón de Infantería No 33 Junín de Montería, el 2 de junio de 2001, la víctima fue secuestrada por tres indivíduos que iban en dos motocicletas en la cabecera urbana del Municipio de Tierralta, Córdoba. Asimismo, el Gobierno informó que el 4 de junio de 2001 el periódico El Meridiano de Córdoba denominó un sitio a pocos metros de la sede de los Cabildos indígenas de los Ríos Sinú y Verde como la escena del secuestro, y que, según otro informe, la víctima se mantenía secuestrado en la finca "el Cairo" ubicada en la vía Palmira, jurisdicción del municipio de Tierralta.
210. El 18 de junio de 2001, el Gobierno informó con relación a las presuntas amenazas de muerte que vienen recibiendo el Sr. Floro Tunubalá, Gobernador del Departamento del Cauca, su asesor el Sr. Diego Jaramillo y los alcaldes de varios municipios. El Gobierno señaló que el Departamento de Policía Cauca comunicó que el 3 de mayo de 2001 se hicieron llegar a los medios de comunicación de Popayán tres panfletos de presunta autoría de las Autodefensas Unidas de Colombia, en los cuales se amenazaba a varios alcaldes y Comunidades del Cauca, dirigentes del CIMA (Comité de Integración del Macizo Colombiano) y ASOINCA (Asociación de Institutores del Cauca ), los cuales fueron firmados por el Camaleon; una vez analizados, se llegó a la conclusión que eran falsos ya que los logotipos y firmas utilizadas no son los característicos de estos grupos armados. Sin embargo se procedió a reforzar las medidas de seguridad del Gobernador y de los alcaldes del Cauca que aparecen en dichos panfletos.
211. El 27 de junio de 2001, el Gobierno de Colombia informaba que en relación con las amenazas proferidas presuntamente contra Angel Salas Fajardo y Robert Alvarino, Líderes de la Asociación de trabajadores y Empleados de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), el Cuerpo Técnico de Investigaciones había sido informado que el Sr. Angel Alberto Salas Fajardo se había traslado a otra ciudad debido al temor generado por las amenazas. Se informó también que se solicitó la instalación de sistemas malicius a los abonados telefónicos de la sede sindical, destacándose que desde la instalación no se han recibido llamadas amenazantes. El Cuerpo Investigativo concluyó que no se logró identificar a los autores de las amenazas debido a que "son muchas las fuentes que pueden estar originando las mismas, no contándose siquiera con un indicio serio que permite establecer con certeza su origen".
212. El 25, 19 de abril y el 27, 18 de junio de 2001 el Gobierno informó con respecto a las presuntas amenazas proferidas en contra Omar Vera Luna, Andres Aldana y Angel Miguel Solano. El Gobierno señaló que la Policía Nacional de Santander comunicó que el padre Francisco de Roux en companía de otros obispos y una dama se presentaron en sus instalaciones para manifestar que sujetos del Grupo Autodefensas se presentaron en el domicilio del Sr. Omar Vera Luna a quien obligaron bajo amenazas a firmar un compromiso y acompañarlos con su familia de manera inmediata a las manifestaciones de no al despeje en el lugar denominado "Y" en Barrancabermeja; en razón de lo cual se dispuso retirar al Sr.Vera Luna de la turba de manifestantes y conducirlo a su domicilio. Sin embargo las amenazas por parte del grupo Autodefensas continuaron, lo que motivó una vigilancia permanente por parte de la Armada Nacional. De otra parte el Sr.Angel Miguel Solano informó a las autoridades que fue obligado por la comunidad a asistir a las manifestaciones sin ser amenazado. El Gobierno informará los resultados de las investigaciones pertinentes.
213. El 28 de junio de 2001, el Gobierno de Colombia informó que, en relación con el secuestro de Taborda Tuberquía y el homicidio de William de Jesús García, Rodrigo Antonio Echeverría y Gabriel Angel Muñoz, ocurridos el 4 de septiembre de 2000. Según el Gobierno, la investigación se encontraba en sus inicios y se había ordenado la práctica de pruebas tendientes a la identificación de los autores, presuntos integrantes de grupos de Autodefensa, y la exhumación de los occisos. Se informó también que se había iniciado el levantamiento del censo de las personas desplazadas durante los mismos hechos para poner a su disposición los servicios de salud local, en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC). Se declaró también que las condiciones de seguridad en la Región San Pablo Río Sucio no permitían prever un retorno a corto plazo de los desplazados y que se habían adelantados gestiones con el CIRC y la Defensoría del Pueblo para proyectar el restablecimiento y la estabilización socio-económica de las familias afectadas. Se venía coordinando también con el Director regional de INCORA para considerar una posible demanda de tierras.
214. El 28 de junio de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a las amenazas de muerte contra Astrid Eugenia Manrique Carvajal, miembro de la Asociación de familiares de detenidos y desaparecidos ASFADDES y su familia. Según el Gobierno, se adelantó la investigación preliminar por la Fiscalía 001-Grupo 06- Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán sobre las presuntas amenazas de muerte recibida por la nombrada. A raíz de la denuncia presentada por la afectada y hasta aquel momento, el Gobierno señaló que no aparecían nuevas amenazas proferidas en su contra.
215. El 2 de julio de 2001, el Gobierno informó con relación a la presunta amenaza de muerte contra la señora Islena Ruiz, miembro del Comité Cívico del Meta para los Derechos Humanos, y del homicidio de los hermanos Humberto y Gonzalo Zárate Triana y el Dr. Josué Giraldo Cardona, también miembros de esta organización. Según el Gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad comunicó que la Sra. Islena Ruiz cuenta con un esquema de seguridad tanto en su lugar de trabajo, su domicilio y en sus desplazamientos. En relación al homicidio del Dr. Josué Giraldo Cardona, abogado e integrante de la Unión Patriótica, la Fiscalía General de la Nación informó que este homicidio fue relacionado con sus creencias políticas. Se pudo establecer que los autores del homicidio fueron Nerman Bejarano Rodriguez alias " el llanero" y " Oscar" un cabo retirado del Ejército, actualmente fallecidos. En relación a los homicidios de los señores Gonzalo y Humberto Zarate Triana se informa que se viene investigando el delito bajo expediente N° 49228. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones.
216. El 2 de julio de 2001, el Gobierno informó en relación a las amenazas contra las sedes del Semanario Voz y del Partido Unión Patriotica-Partido Comunista de Colombia (UP-PCC). Según el Gobierno, la Fiscalía General de la Nación está investigando sobre los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2001 a las 9.30 de la mañana, cuando se desactivó un coche-bomba con una carga de 250 Kilógramos de TNT. En cuanto a la seguridad del Doctor Lozano Guillen, el Gobierno informó que cuenta con un esquema protectivo conformado por tres hombres de seguridad de su confianza, tres pistolas, un subametralladora dos radios y un vehículo blindado.
217. El 2 de julio y 20 de junio de 2001 el Gobierno informó en relación a las presuntas amenazas de muerte contra los señores Angel Salas Fajardo y Robert Alvarino, líderes de la Asociación de Trabajadores y Empleados de Hospitales y Clínicas (ANTHOC). El Gobierno señaló que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre tales amenazas. El Gobierno añadió que el Sr. Angel Salas Fajardo, debido al temor generado por las amenazas, se había trasladado a otra ciudad, desconociéndose el lugar preciso. El Gobierno concluyó que no se logró identificar e individualizar a los autores de las amenazas. El Gobierno informará oportunamente los resultados de las investigaciones.
218. El 5 de julio de 2001, el Gobierno informó con respecto a la presunta amenaza de muerte y agresiones contra las instalaciones y miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) en Barrancabermeja, en particular contra los señores Iván Madero Vergel y José Guillermo Larios. El Gobierno señaló que las personas antes referidas no se encontraban en la ciudad debido a medidas de protección. Además, el Gobierno añadió que la Dirección General de Derechos Humanos solicitó a CREDHOS información con el fin de crear una sede seccional en Bogotá. Por fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó, mediante comunicación de 16 de octubre de 2000, medidas cautelares para proteger la vida de los miembros de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio, con sede en la ciudad de Barrancabermeja. El Gobierno informará los resultados de las investigaciones pertinentes.
219. El 5 de julio de 2001, el Gobierno informó con respecto al presunto ataque a las poblaciones de la Cuenca del Río Cacarica, Departamento del Chocó por el presunto grupo Autodefensas, quienes se encuentran concentrados en esa zona. Se informó de que el grupo de hombres armados no ejerció violencia contra la comunidad y que se había retirado de los asentamientos. Se estableció que las personas que se habían rigido a Quebrada El Medio ya habían regresado a los asentamientos en horas de la tarde del 9 de junio. Por otra parte, el Gobierno informó que la Subcomisión de Protección y Seguridad de la Comisión Mixta de Verificación al cumplimiento de los Acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las Comunidades desplazadas de la Cuenca del Río Cacatica, tiene previsto un esquema provisional de alertas para verificar la información en casos similares asi como medidas a adoptar para protejer las poblaciones del Cacarica. Por fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicación del 8 de junio de 2001, solicitó medidas cautelares en favor de las comunidades del Cacarica.
220. El 10 de julio de 2001, el Gobierno informó con relación a las presuntas amenazas de muerte que fuese víctima el señor Carlos Arbey González, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), y de la presunta desaparición del señor Gilberto Agudelo. Según el Gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) informó que el Sr. Carlos Arbey González se encontraba dentro de un programa de seguridad y tienía asignada una escolta. En relación al Sr. Gilberto Agudelo no se encontró registro alguno sobre su presunta desaparición en la DAS. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones.
221. El 17 de julio de 2001, el Gobierno informó en relación con las presuntas amenazas de muerte de que fuesen víctimas los señores Andrés Manuel Aldana Berrío y Miguel Angel Solano, miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de abril. El Gobierno señaló que según la Policía Nacional Inspección General Grupos Derechos Humanos, el Sr.Andrés Manuel Aldana Berrío declaró que no requiere seguridad personal, ya que sus actividades son imparciales y la presencia de la Fuerza Pública como seguridad, representaría peligro tanto para los funcionarios como para el mismo. Por consiguiente, se negó a recibir de parte del Ministerio del Interior medidas de protección y seguridad. En relación al Sr. Angel Miguel Solano, manifestó que no ha recibido ninguna amenaza, ni atentado contra su integridad. El Gobierno informará oportunamente los resultados de las investigaciones.
222. El 25 de julio de 2001, el Gobierno de Colombia informó la Relatora Especial referente al asesinato del abogado Ivan Villamizar, ex defensor del pueblo del norte Santander, occurido el 12 de febrero de 2001, en Cucúta, asi como por las presuntas desapariciones forzosas, desplazamientos y amenazas en contra de un gran número de activistas. De acuerdo con el Gobierno, la Fiscalía Especializada unidad nacional de derechos humanos viene adelantando investigación por el homicidio del doctor Ivan Villamizar. Con relción a la dificl situación de los defensores de los derechos humanos de la región del Magdalena Medio, la Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones a las diferenets autoridades del orden nacional, con el fin de que protejan la vida e integridad de las personas que laboran en las ONG’s y derechos humanos.
223. El 24 de agosto de 2001, el Gobierno informó con respecto al intento frustado de homicidio del señor Hernando Hernández Pardo, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) occurido el 6 de julio de 2001 en Barrancabermeja, departamento de Santander. De acuerdo con el Gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad adelantó un esquema de protección y seguridad que se podrá fortalecer en el futuro. El Gobierno informará los resultados de las investigaciones pertinentes.
224. El 24 de agosto de 2001, el Gobierno informó con relación a las presuntas amenazas de que fuesen víctimas los miembros de la Comunidad Embera-Chami asentados en el Cañon del Río San Juan, occuridas a comienzos del mes de julio de 2001 por un presunto grupo de autodefensas. De acuerdo con el Gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad estableció medidas protectivas, entre las cuales entrevistas con la Coordinadora de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Risarida, con el Gobernador indígena Tomas Restrepo y el Concejal Alberto Guizara asi como con integrantes de la Comunidad Embera-Chami quienes manifestaron que sólo conocen rumores y comentarios acerca de tales amenazas. Por fin, el Gobierno informó que el Batallón San Mateo del ejército viene realizando presencia constante en la región de la comunidad Embera-Chami con fines de protección. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones.
225. El 24 de agosto de 2001, el Gobierno de Colombia remitío información relativo a la desaparición del joven Camilo Hernández el 22 de marzo de 2001 en Barrancabermeja, Santander. Según el Gobierno, el joven antes mencionado, no está desaparecido y se encuentra con su familia; para su ubicación se pueden comunicar con la Parroquía La Sagrada Familia, en el barrio Boston de Barrancabermeja, Santander.
226. El 7 de septiembre de 2001, el Gobierno de Colombia remitió información relativa a la muerte de Diego Turbay Cote, su madre y tres escoltas en un ataque ocurrido el 30 de diciembre de 2000 en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. La autopsía determinó que las heridas mortales fueron producidas con armas de fuego. La investigación se encuentra en etapa de instrucción con ocho personas vinculadas y una actualmente detenida.
227. El 10 de septiembre de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a la presunta desaparición de los señores Ramón Aguilú Gaitán, Nelson Aguilú Gaitán, Pedro Pablo, Ramón Encinosa, Yineth Alvarado y Ferney N. Ríos, en el departamento del Meta. Se informa que los antes mencionados a excepción de Yineth Alvarado, fueron conducidos a la fuerza por un presunto grupo de Autodefensas por ser señalados como colaboradores de la guerrilla siendo posteriormente liberados ante la intervención de las autoridades administrativas , eclesiásticas y líderes indígenas.
228. El 4 de octubre de 2001, el Gobierno de Colombia contestó a la Relatora Especial relativo a las presuntas amenazas de muerte proferidas contra los señores Daniel Rico y Edgar Mojica Vanegas, líder y secretario de prensa de la Unión Sindical Obrera (USO) en Bogotá respectivamente. El Gobierno informó que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del ministerio del interior aprobó un esquema colect ivo de protección para los miembros de la USO Bogotá.
229. El 5 de octubre, 22 de mayo y 10 de abril de 2001, el Gobierno de Colombia informó respecto a las presuntas amenazas de muerte de las que fuesen víctimas varios miembros de la Organización Femenina Popular –OFP, especialmente su Presidenta, la señora Yolanda Becerra y Flor de María Cañas, representante legal por un presunto grupo de autodefensas. La Procuraduría General de la Nación informó que estableció las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la Mobilización Internacional de la mujer a Barrancabermeja entre el 14 y el 17 de agosto de 2001. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares en favor de las siguientes integrantes de la OFP con sede en Barrancabermeja: Flor María Cañas, Luz Marina Jimenez, Derly Avilés, Flor María Guerra, Marcela del Carmen Ferrer Nemocón, Rosalba Emriño, Matilde Vargas Cadena, Yolanda Becerra Vega, Jacqueline Rojas Castañeda, Dora Guzmán González, Gloria Amparo Suarez, Ana Teresa Rueda Lozada, Sandra Gutiérrez Torres, María Nela Méndez, Sandra Liney Alhucema, María Elvina Calderón. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, adelantó investigación penal contra desconocidos, presumiblemente miembros de las autodefensas, por el delito de presuntas amenazas de muerte contra la Organización Femenina Popular de Puerto Wilches. El Gobierno también detalló las medidas tomadas por las Policía Nacional, el Ministerio del Interior asi como por la Red de Solidaridad Social.
230. El 9 de octubre de 2000, el Gobierno informó en relación a las presuntas amenazas de muerte contra el Sr. Hernando Montoya, líder sindical de Sintramunicipio de Cartago, Valle. Según el Gobierno, la Fiscalía General de la Nación viene investigando los hechos antes mencionados. El Gobierno informará oportunamente los resultados de las investigaciones.
231. El 7 de noviembre, 28 de septiembre y 24 de agosto de 2001, el Gobierno informó en relación al intento de asesinato frustado de la señora María Emma Gómez de Perdomo, miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales y Clínicas-ANTHOC y de su hija Diana Perdomo, hecho ocurrido el 13 de junio de 2001 por un presunto grupo de Autodefensas. La Fiscalía General de la Nación informó que el proceso se encuentra en etapa preliminar de instrucción, tendiente a individualizar e identificar a los presuntos autores. Igualmente señala la Fiscalía que en la investigación por amenazas contra algunos funcionarios del Hospital San Juan de Dios, la Sra. Gomez Perdomo no figura entre las personas mencionadas como afectadas. El Gobierno informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones.
232. En cuanto a la masacre prepetrada por grupos de autodefensa entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en los límites de los departamentos de Guaviare y Meta que ocasionó en el municipio de Mapiripán la tortura y la muerte de varios de sus habitantes, el Viceprocurador general de la nación emitió fallo disciplinario sancionatorio contra varios miembros del ejército nacional por omisión en la presentación del apoyo debido a la población de Mapiripán. Además una comisión disciplinaria especial llamó a algunos funcionarios de la fuerza pública a responder por presunta violación a los derechos humanos y faltas contra el honor militar. En cuanto a los asesinatos de Daniel Graciano Pino, Anibal Jimenez y Daniel Pino la investigación concluyó los responsables de la masacre eran las autodenominadas Autodefensas de Córdoba sin establecer participación de servidores públicos en ella. En relación con la muerte violenta de los internos Alberto Bueno Bonet y Jairo Ramirez occurida el 2 de diciembre de 2000 en la penitenciaria nacional de Palmira, la procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos y el director general del instituto nacional penitenciario están adelantando su investigación preliminar.
