126. Para contrarrestar este peligro, el Gobierno de Colombia debería enfrentarse con los problemas y adoptar medidas inmediatas en varios frentes aplicando los recursos de que dispone. El paso más evidente es iniciar un amplio “proyecto de tolerancia” que empiece con la reanudación de los diálogos de paz con las guerrillas. Muchas personas en Colombia, incluso funcionarios del Gobierno, opinan que las guerrillas tienen una función política que desempeñar y que deben considerarse en este sentido y no simplemente como delincuentes y traficantes de drogas. Se dice que en otros momentos el Gobierno admitió algunas reivindicaciones de los guerrilleros y que debería tenerlas en cuenta. Si se llegara a un acuerdo de paz, el paso siguiente consistiría en disolver los grupos paramilitares, cuyo papel sería menos valioso, y depurar las filas del ejército. Sin embargo, también es necesario “despolitizar” la función de las autoridades civiles del país: como dijo un funcionario, las autoridades civiles están entre la espada y la pared, pues cuando alguien defiende los derechos humanos se le califica de guerrillero, y si defiende al ejército se le llama paramilitar. Este “proyecto de tolerancia” debe llegar a todos los ciudadanos, incluidos los miembros del ejército, las personas desplazadas y los activistas de las organizaciones no gubernamentales.
127. Otra medida sería abrir espacios para las actividades sociales legales, fundamentalmente en los planos populares y locales. Los proyectos de ámbito popular y la organización local de los ciudadanos parece que han tenido efectos beneficiosos en la población local y deberían promoverse y apoyarse. Por ejemplo, debería prestarse apoyo a las iniciativas de reconciliación a nivel local, puesto que ofrecen una base firme para acuerdos de paz en el plano nacional. El Gobierno acepta la necesidad de adoptar medidas serias de reforma agraria, fortalecimiento del poder judicial, descentralización y mejor control interno del ejército, pero estas cuestiones no pueden tratarse con amplitud en el contexto del presente informe.
128. No hay duda de que en Colombia, como en cualquier otro país, las soluciones a los problemas expuestos en el presente informe sólo pueden encontrarse dentro del país. Sin embargo, en el “proyecto de tolerancia” antes citado el apoyo y la participación de la comunidad internacional podrían ser beneficiosos, o incluso indispensables si los recursos internos se agotaran. Por ejemplo, las negociaciones con las guerrillas se han mantenido durante los últimos 10 años, con algunos resultados todavía incompletos. La comunidad internacional ha observado estas iniciativas de paz, pero podría ser invitada a desempeñar una función más activa, por ejemplo en forma de un mediador, para ayudar al Gobierno a cumplir sus compromisos de paz.
129. El Representante y muchos funcionarios del Gobierno con quienes se entrevistó consideran que la función de la comunidad internacional en la promoción de los derechos humanos en Colombia ha sido hasta el momento muy importante como factor para aumentar la seguridad (lo que a su vez es una condición indispensable para los proyectos de retorno y la paz). El Representante también considera que el apoyo de la comunidad internacional a la labor de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos y de la asistencia humanitaria en el país ha dado resultados beneficiosos y debería alentarse.
128. Los Relatores Especiales reconocen que, de poder lograrse la paz, esto crearía las circunstancias más favorables para mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. Por lo tanto, exhortan a todas las partes en el conflicto armado a que busquen y negocien seriamente una solución pacífica al conflicto y que, en la medida en que las partes lo estimen conveniente, sugieren que las Naciones Unidas estarían dispuestas a colaborar en este proceso. Ningún acuerdo de paz deberá crear obstáculos para hacer justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que incumban a los mandatos de los Relatores Especiales. Deberán preverse medidas adecuadas para la protección de todos aquellos que hayan depuesto sus armas y que estén dispuestos a reincorporarse en la vida civil, en especial los ex combatientes que se organicen en movimientos políticos para participar en el proceso democrático sin temor a represalias.
293. El Comité insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para poner en marcha un proceso de reconciliación nacional con el fin de lograr una paz duradera en el país.
209. La Alta Comisionada alienta al Gobierno, a los otros actores en el conflicto y a la sociedad colombiana a seguir explorando los caminos que permitan la reconciliación nacional y el establecimiento de una paz justa y estable, fundada en el respeto por los derechos humanos y en la observancia de los instrumentos internacionales que los reconocen y garantizan, atendiendo, de esa manera, los requerimientos del conjunto de la sociedad colombiana.
7. La Comisión insta a todas las partes a que realicen serios esfuerzos para negociar una conclusión pacífica al conflicto armado interno. En este contexto, reconoce las acciones del Gobierno de Colombia, de muchas instituciones estatales y de numerosas organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el proceso de paz. Merece lugar destacado en este campo particularmente la creación del Consejo Nacional de Paz, los diez millones de sufragios por la paz depositados por los ciudadanos colombianos atendiendo la convocatoria del movimiento no gubernamental “Mandato por la Paz”, la autorización del Gobierno a los gobernadores regionales para promover acuerdos humanitarios con los grupos guerrilleros y la creciente apertura de Colombia a la participación internacional en la búsqueda de soluciones negociadas a la confrontación armada.
167. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, a los otros actores en el conflicto y a la sociedad colombiana a persistir en los esfuerzos iniciados en favor de diálogos de paz, construida sobre la base del respeto por los derechos humanos.Anima al Gobierno a seguir explorando las vías más adecuadas para convocar la atención y respaldo de la comunidad internacional a este proceso.
7. La Comisión expresa la esperanza de que las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y todos los grupos implicados en el conflicto interno sean permanentes y proporcionen un impulso decisivo hasta que se alcance una paz sostenible en el país. La Comisión permanece profundamente preocupada porque no se ha concertado un cese del fuego y por los abusos cada vez más graves del derecho internacional humanitario, principalmente por parte de los “paramilitares” (también conocidos como “grupos de autodefensa” o “autodefensas”) y las guerrillas. Al mismo tiempo, la Comisión deplora las violaciones de los derechos humanos cometidas por ciertos agentes estatales e insta al Gobierno de Colombia a que adopte medidas enérgicas y decisivas contra todos los agentes estatales declarados culpables de violaciones de los derechos humanos.
90. Dado que el desplazamiento forzado es una estrategia de guerra, es esencial que se ponga fin al conflicto para detener la tendencia ascendente del número de personas desplazadas en Colombia y encontrar una solución duradera para los cientos de miles ya desarraigadas. A este respecto, el proceso de paz iniciado por el Presidente Pastrana y su opinión coincidente con la del Representante de que los desplazamientos deberían considerarse como un elemento fundamental de los componentes de derechos humanos y humanitarios del proceso de paz, constituye una medida audaz que es motivo de satisfacción y que merece el apoyo internacional. Al mismo tiempo, hay que tomar medidas para abordar las urgentes necesidades actuales de las personas internamente desplazadas. Los elementos de una estrategia global para ese fin deberían incluir: respuestas eficaces por parte de las autoridades para prevenir los desplazamientos arbitrarios y proteger a las personas contra ello, en particular cuando se los pueda prever; el respeto por parte de los combatientes del derecho humanitario internacional y la protección que ofrece a las poblaciones civiles; la protección de la seguridad física de las personas desplazadas y de los que las apoyan; una asistencia oportuna y adecuada para abordar las necesidades de las personas desplazadas, incluidas las de alimentación, agua, alojamiento, atención médica, documentación, educación, capacitación y generación de ingresos, prestando especial atención a las necesidades particulares de las mujeres y los niños que componen la mayor parte de las personas desplazadas; proporcionar garantías de seguridad física para la repatriación o el reasentamiento de las personas desplazadas; y el resarcimiento o la compensación por la posesión de tierras y los bienes perdidos a consecuencia del desplazamiento.
186. La Alta Comisionada alienta al Gobierno de Colombia, a los otros actores en el conflicto y a la sociedad colombiana a continuar los esfuerzos para la obtención de una solución negociada del conflicto armado.
3. La Comisión saluda asimismo la voluntad del Gobierno de Colombia de sostener conversaciones de paz con los principales grupos guerrilleros, en el marco de un plan de paz que tiene como objetivo el logro de una paz sostenible en Colombia. La Comisión espera que los esfuerzos de paz incorporen pronto a otros actores armados en conflicto, así como a la sociedad civil. La Comisión, no obstante, continua profundamente preocupada por la ausencia de un cese al fuego permanente, así como por las graves y persistentes infracciones al derecho internacional humanitario, a pesar del proceso de paz en marcha. Hace un llamado a las partes para que alcancen como prioridad un acuerdo global sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario y para que inicien las discusiones de un acuerdo sobre reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto.
270. La Alta Comisionada alienta nuevamente al Gobierno, a los otros actores armados y a la sociedad colombiana a continuar los esfuerzos conducentes a una solución negociada del conflicto armado. Asimismo, les exhorta a considerar con carácter de urgencia la adopción de un Acuerdo Global de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
4. La Comisión expresa su firme apoyo al proceso de paz en Colombia y observa los adelantos alcanzados en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Comisión también expresa su apoyo a los esfuerzos realizados para el proceso de paz se convierta en una política de Estado. La Comisión celebra la decisión de las partes de hacer que la comunidad internacional tenga una participación más directa en las negociaciones y alienta al máximo a que se siga tratando de asegurar la activa participación de la sociedad civil en el proceso de paz. La Comisión reitera su honda preocupación por que la cesación del fuego no tenga carácter permanente y por las violaciones graves y persistentes del derecho internacional humanitario, cometidas principalmente por "paramilitares" (también conocidos como "grupos de autodefensa" o autodefensas) y guerrilleros, que impiden el avance del proceso de paz. Hace un llamamiento a todas las partes a que se respete el derecho internacional humanitario y, en particular, se proteja a la población civil.
380. La Alta Comisionada alienta nuevamente al Gobierno, a los actores armados y a la sociedad colombiana a continuar los esfuerzos conducentes a una solución negociada del conflicto armado, asegurando la participación representativa de la población civil, sin excluir a las mujeres. También exhorta a las autoridades a incluir este fundamental objetivo como política de Estado que trascienda los cambios gubernamentales. Asimismo, reitera su recomendación a las partes de considerar con carácter de urgencia la adopción de un Acuerdo Global de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
293. En primer lugar, la Representante Especial hace énfasis en que la paz constituye la circunstancia más favorable para mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. Por lo tanto, la Representante Especial urge a todas las partes del conflicto armado a que busquen y negocien la paz con seriedad.
294. En este sentido, la Representante Especial considera que la comunidad internacional debería apoyar los esfuerzos del Gobierno por promover y proteger los derechos humanos en el país y por traducir la voluntad política que ha expresado en hechos concretos.
(…)
309. La Representante Especial hace un llamado al Gobierno para que éste asegure que el proceso electoral sea llevado a cabo en un ambiente de paz con respeto pleno por las diferentes opiniones. El Gobierno debería garantizar dentro de este proceso una protección especial a los defensores de los derechos humanos.
294. En este sentido, la Representante Especial considera que la comunidad internacional debería apoyar los esfuerzos del Gobierno por promover y proteger los derechos humanos en el país y por traducir la voluntad política que ha expresado en hechos concretos.
(…)
309. La Representante Especial hace un llamado al Gobierno para que éste asegure que el proceso electoral sea llevado a cabo en un ambiente de paz con respeto pleno por las diferentes opiniones. El Gobierno debería garantizar dentro de este proceso una protección especial a los defensores de los derechos humanos.
127. La Relatora Especial insta a todas las partes en el conflicto a que apoyen la participación de la mujer en el proceso de paz, de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, de 31 de octubre de 2000. Las mujeres y los grupos de mujeres deben participar plenamente en el proceso de paz, por lo que se deben realizar esfuerzos especiales para velar por que las necesidades e intereses de la mujer se tengan en cuenta en las negociaciones políticas. La representación de la mujer en la mesa de negociación es fundamental como condición para la igualdad y la inclusión basadas en el género. La mujer debe participar de pleno derecho para promover tanto las respuestas al conflicto que tengan en cuenta e incluyan las cuestiones de género como el proceso de paz y la solución de las violaciones sin amenazas de nueva violencia y ataques mayúsculos.
5. La Comisión comprende y respeta la decisión que tomó el Presidente de Colombia el 20 de febrero de 2002 de poner fin al proceso iniciado en 1998 de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos condenables actos de violencia demostraron su falta de voluntad de hacer verdaderos progresos en el proceso de paz cumpliendo los compromisos que había contraído solemnemente con el Gobierno, el más reciente de los cuales fue el Acuerdo del 20 de enero de 2002. La Comisión reitera su apoyo a los decididos esfuerzos desplegados por el Presidente de la República, Sr. Pastrana, para poner fin al conflicto interno de Colombia mediante el diálogo y la negociación, y pone de relieve la firme decisión de Colombia de alcanzar la paz en el marco del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. La Comisión está persuadida de que es necesario encontrar una solución política negociada para poner fin al conflicto. Asimismo, la Comisión subraya el papel desempeñado por la comunidad internacional, en particular las Naciones Unidas por conducto del Representante Especial del Secretario General, y la Comisión Facilitadora en el proceso de paz con las FARC y el Grupo de Países Amigos en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Comisión acoge con satisfacción el proceso de diálogo y negociación que han entablado el Gobierno y el ELN, alienta a la pronta concertación y cumplimiento de compromisos, y espera que ello permita hacer avances considerables en el camino hacia la paz. La Comisión espera que la disminución futura en la intensidad del conflicto y la cesación de las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra la población civil contribuyan a crear un ambiente de confianza que permita la continuación de los esfuerzos que se despliegan para entablar el diálogo en busca de la paz.
Véase además las recomendaciones
OHCHR/STM/99/3, párr. 12, citada en el capítulo 5, título 2 “Actos de terrorismo”;
E/CN.4/2000/83, párr. 51, referida en el capítulo 8, título 1 “Prevención”;
E/CN.4/2000/83/Add.1, párr. 116, contenida en el capítulo 8, título 2 “Programas de asistencia humanitaria”;
E/CN.4/1993/61/Add.3, párr. 128–b, mencionada en el capítulo 12;
E/CN.4/1990/22/Add.1, párr. 72, que aparece en el capítulo 15;
E/CN.4/1998/16, párrs. 139, 157, citadas en el capítulo 23, título 1 “Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”;
E/CN.4/2000/9/Add.1, párr. 53, referida en el capítulo 23, título 5 “Relator Especial sobre la Tortura y los Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes”.
