123. El Relator agradece al Gobierno las respuestas transmitidas con relación a las denuncias sobre violaciones del derecho a la vida, y lamenta, que debido a una falta de recursos humanos y materiales a su disposición, no haya podido dar un seguimiento adecuado a las mismas. El Relator sigue profundamente preocupado por el masivo número de denuncias que continúa recibiendo y considera que tal circunstancia pone de manifiesto que, a pesar de la intención del Gobierno de mejorar la situación del derecho a la vida en Colombia, ésta continua siendo alarmante. Está particularmente preocupado por las amenazas contra y muerte de defensores de derechos humanos.
124. Debido al alto número de denuncias y la escasez de recursos puestos a disposición del Relator, éste considera que la situación no puede seguir siendo analizada dentro de un mandato temático sino que amerita la nominación un Relator Especial sobre el país. Este trabajaría directamente con la Oficina del Alto Comisionado en el terreno e informaría a la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
61. b) En un documento titulado “Políticas generales del Gobierno de Colombia en materia de lucha contra los grupos de “justicia privada” y atención a desplazados por la violencia”, el Gobierno afirmaba su empeño en terminar con la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la impunidad de que gozaban los grupos de “justicia privada”, conocidos también como fuerzas paramilitares, así como sus intenciones de ayudar a sus poblaciones desplazadas. El documento afirma que aunque los grupos paramilitares han traído cierto orden a Colombia, su existencia y métodos no son aprobados por el Gobierno. Algunas de las iniciativas adoptadas en las que se refleja esta postura son: la creación en 1994 de una Junta Nacional de Derechos Humanos, en parte con el objetivo de actuar como instrumento judicial contra el “paramilitarismo”; la oferta de una recompensa por la captura de Carlos Castaño, jefe del grupo paramilitar conocido como “Grupo de Autodefensa Campesinos de Córdoba y Urabá” y el nombramiento por el Presidente de dos expertos para establecer contacto con estos grupos y consultarles acerca de un posible proceso de paz. El Gobierno asegura que ha adoptado medidas para poner coto a las violaciones de los derechos humanos en Colombia mediante su reconocimiento del problema del desplazamiento interno de grandes números de su propia población, debido al conflicto entre la guerrilla, los paramilitares y los militares. La mayoría de las personas desplazadas son mujeres y menores de 25 años de edad. El Gobierno cita diversos programas en curso para ayudar a estas personas a que regresen voluntariamente a sus hogares y reconoce que estos grupos son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos (4 de noviembre de 1997);
(…)
d) Respondiendo a las sugerencias formuladas por los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y torturas durante su visita en 1994, el Gobierno presentó un documento en el que se pormenorizan las medidas que adopta para garantizar la independencia de la judicatura; privar a los tribunales militares de competencia en los delitos de desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones; poner fin a la impunidad, desalentar la existencia de grupos paramilitares; y proteger los derechos de los grupos particularmente vulnerables. Los grupos que el Gobierno pone de relieve en su informe son los defensores de los derechos humanos, las mujeres, los menores, las poblaciones afrocolombianas e indígenas y las personas desplazadas. El documento se refiere además a los problemas de la protección de antiguos guerrilleros que han dejado sus armas y los testigos, especialmente en los procesos iniciados contra traficantes de drogas y militares. También se aborda la cuestión de “limpieza social”, en el contexto de cómo esta práctica afecta a los niños de la calle (3 de junio de 1998).
62. La Relatora Especial agradece al Gobierno de Colombia las numerosas respuestas a sus comunicaciones y lamenta que la falta de recursos haga imposible el seguimiento de todas las comunicaciones. Resulta desalentador para la Relatora Especial observar el grado de impunidad de que gozan los militares y los grupos paramilitares en el país. Los grupos de traficantes de drogas contribuyen también apreciablemente a esta cultura de la violencia y la impunidad. El sistema de tribunales militares, así como la práctica observada de utilizar testigos anónimos, no hacen más que exacerbar estos problemas. Es alarmante la especial vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el país, como lo son las situaciones de las poblaciones internamente desplazadas y de los grupos indígenas.
63. No obstante, queda claro que el Gobierno de Colombia demuestra su voluntad de cooperar con el mandato de la Relatora Especial, a pesar de las dificultades internas con que se enfrenta. Esta cooperación se manifiesta por la presencia de las Naciones Unidas en el país, las respuestas de Colombia a las denuncias y la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 1998. En este espíritu de cooperación, la Relatora Especial insta al Gobierno de Colombia a formular una política coherente en materia de derechos humanos y de apoyo al sistema, con miras a poner fin a la impunidad de que actualmente gozan los militares y los grupos paramilitares. Alienta asimismo las conversaciones de paz entre todas las facciones en el actual conflicto del país e insta a que estas partes intervengan en la elaboración de la política sobre derechos humanos.
162. La Relatora Especial está agradecida al Gobierno de Colombia por las numerosas y rápidas respuestas a sus comunicaciones. Tras examinar con detenimiento las respuestas del Gobierno, la Relatora Especial admite la buena voluntad de las autoridades para abordar los problemas. Es consciente de la complejidad del asunto debido al gran número de actores que interviene. La Relatora Especial da la bienvenida a las acciones tomadas por el Gobierno con el fin de proteger a los ciudadanos sujetos a continuas amenazas de muerte, aunque sigue observando con desasosiego el grado de impunidad del que gozan los militares y grupos paramilitares en el país. Insta al Gobierno a que renueve sus esfuerzos para que se ponga a disposición de la justicia a los miembros de las fuerzas armadas responsables de los abusos de derechos humanos.
