Casi 29 años después de la tragedia del Palacio de Justicia, la Fiscalía y Medicina Legal siguen trabajando en la identificación plena de 30 restos –no cuerpos, sino piezas óseas– que no necesariamente corresponden al mismo número de personas.
La única certeza, tras decenas de pruebas científicas y antropológicas, es que ninguno de ellos corresponde a los 11 desaparecidos del Palacio, cuyo caso tiene condenados o procesados a varios altos oficiales del Ejército, entre ellos al coronel Alfonso Plazas y al general Jesús Armando Arias Cabrales.
La identificación, anunciada el fin de semana por el fiscal Eduardo Montealagre, de los cuerpos de dos guerrilleras del M 19 que participaron en la toma del Palacio, el 6 y 7 de noviembre de 1985, se logró gracias al rastreo de denuncias de personas que desaparecieron para la fecha de los trágicos hechos y el cotejo con los restos no identificados.
Así, la Fiscalía encontró cuatro denuncias que podrían corresponder a personas que habrían estado en la sede de la justicia colombiana durante la toma y la retoma y los análisis determinaron que dos de ellas sí correspondían: Carmen Cristina Garzón y Mónica Molina Beltrán.
Aún se trabaja en la verificación de restos de las otras dos denuncias, una de las cuales corresponde a Juan Rafael Casas Aguilar, oficinista grado 1 de Telecom quien desapareció entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que trabajaba cerca de la Plaza de Bolívar, epicentro de los combates entre el M 19 y el Ejército.
En este momento se está determinando si esos cuerpos tuvieron la debida necropsia y aún se hacen pruebas para saber si hubo torturas.
La Fiscalía prepara órdenes para hacer inspecciones judiciales a la Universidad Nacional –al laboratorio de antropología, que tuvo en custodia varios de los cuerpos recuperados de fosas comunes de Bogotá para la fecha de los hechos– y a dos unidades militares, en la búsqueda de nuevas pistas sobre el caso.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, en el manejo de la escena del crimen y en el levantamiento de los cadáveres hubo irregularidades que impidieron una investigación imparcial.
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