Cerca de 400.000 hectáreas de tierra con vocación agrícola están congeladas en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en liquidación, porque, luego de haber sido incautadas a narcotraficantes o a sus testaferros, no han surtido el trámite de extinción de dominio.
El problema con estos terrenos radica en que, de acuerdo con la ley de víctimas y restitución de tierras, podrían ser utilizados para resarcir a los afectados por el conflicto armado, pero, hasta que no cumplan el trámite de saneamiento judicial, no pueden ser destinados a ninguna actividad.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le dijo a EL TIEMPO que su despacho está buscando acercamientos con los liquidadores de la DNE para poderles dar celeridad a los procesos, ya que, en su concepto, es mucha la tierra que prácticamente se está «desperdiciando».
«El problema consiste en que entran allá al ser incautadas, pero la salida es supremamente lenta y engorrosa porque solo se puede dar cuando tienen la declaratoria de la extinción de dominio», precisó Restrepo, quien comparó la situación con «el triángulo de las Bermudas, donde entran los aviones y nadie vuelve a saber de ellos».
Las tierras a las que se refiere el Gobierno, embolatadas en Estupefacientes, están, entre otros departamentos, en el Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Magdalena, donde los narcotraficantes se apropiaron por vía legal e ilegal de varios miles de hectáreas fértiles y con vocación agrícola.
«Entiendo que esa entidad (Estupefacientes) maneja cerca de 71.000 bienes, de los cuales hay una porción con vocación agrícola, que se estima pueden ser 400.000 hectáreas», dijo Restrepo.
Los acercamientos del Gobierno con Estupefacientes han estado a cargo de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura.
La intención es encontrar un mecanismo que dé celeridad a la extinción de dominio, tema en el cual también está inmersa la Fiscalía, para poder usar esas 400.000 hectáreas en la reparación de las víctimas.
Precisamente, en septiembre, este diario reveló que en la Fiscalía existe preocupación por los trámites de extinción de dominio, en la medida en que la ley de seguridad ciudadana, impulsada por el Gobierno en el Congreso, se estaría convirtiendo en un freno.
Dicha norma estableció que la declaratoria de extinción recae «únicamente» en los jueces que en Bogotá se encargan de este tipo de causas, lo que, en plata blanca, genera más retrasos en procesos que ya hoy duran, en promedio, más de tres años.
‘Bienes para reparar’
Unidad de tierras consolida los datos
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, aseguró que, aunque aún no hay un consolidado definitivo, varias reclamaciones de víctimas de la violencia hacen referencia a tierras que están bajo la administración de la DNE, por lo cual, y a pesar de que no tengan sentencia de extinción de dominio, deben pasar al programa de resarcimiento del Gobierno.
«Hemos revisado con Estupefacientes los bienes que están en esa entidad, pero están siendo reclamados por el proceso de restitución, porque la Unidad puede trasladar el bien para esta jurisdicción», precisó Sabogal.
La intención es que esos terrenos pasen al Fondo de Compensación.
