Agencia de Reintegración atiende a ex-paras que, como 'Julián Bolívar', cumplieron pena alternativa.
Desde el año pasado, la Agencia Colombiana para la Reintegración ha venido recibiendo a los postulados de la ley de Justicia y Paz que, tras cumplir los 8 años de pena alternativa, han quedado libres.
Joshua Mitrotti, director de esa entidad, explica que hasta ahora los desmovilizados –como el exjefe paramilitar ‘Julián Bolívar’, quien quedó libre hace más de un mes– se han mostrado comprometidos con su resocialización.
¿Cuántos desmovilizados que cumplieron la pena alternativa ha recibido la Agencia?
En la ruta de reintegración tenemos activos a 46 postulados desmovilizados de las Autodefensas, que ya recuperaron su libertad por pena cumplida y que están en proceso de reintegración. Aún faltan por ingresar cuatro que están libres pero que tienen hasta un mes para presentarse. Además, están próximos a salir en los tres o cuatro meses siguientes otras 37 personas que ya tienen el beneficio jurídico de libertad, pero a quienes les falta que se les acumulen los procesos para que se haga efectiva.
El primer gran jefe ‘para’ en quedar libre fue Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar’. ¿Cómo va su proceso?
Con él, como con todos, el proceso ha funcionado muy bien. Es consciente de que esto está diseñado para apoyarlos en ese tránsito de la salida de la cárcel a la legalidad. Él tiene una fundación en Medellín que se llama Aulas de Paz. Ya ha tenido varias reuniones con el Centro Casa de la Memoria en esa ciudad y con la Unidad de Víctimas. Los desmovilizados, en el primer año, tienen un apoyo económico de 480.000 pesos mensuales, y él ha sido el único que ha renunciado a ese dinero.
¿Cómo son esos apoyos?
En el primer año los desmovilizados reciben máximo 480.000 mensuales, pero en los años siguientes esa ayuda económica se va condicionando a su participación en las actividades. No pueden recibir dinero para proyectos productivos, porque así lo estimó la ley.
¿Qué ha pasado con el segundo exjefe que recobro su libertad, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán?
‘El Alemán’ se demoró unos cuatro meses en quedar libre desde que le dieron la libertad a prueba hasta que se hizo efectiva. Entre las cuatro personas que ya salieron de la cárcel pero que aún no se han presentado ante la ACR está ‘el Alemán’, que recobró su libertad hace unas dos semanas. Tiene un plazo de un mes para presentarse ante la Agencia. Antes de salir, en la cárcel, se le indicó cómo iba a ser el procedimiento.
¿Qué sucede si un postulado no se presenta ante la ACR?
Si eso sucediera, estarían empezando a incumplir los acuerdos con la justicia, pero hasta ahora no ha pasado. Generalmente se toman entre 15 o 20 días para estar con sus familias antes de iniciar la etapa con nosotros. Si llegara a pasar nos comunicaríamos con las autoridades. La sanción puede ser hasta la pérdida de la pena alternativa.
¿Cuál es la estrategia para atenderlos?
En el 2012 el Gobierno tuvo una discusión sobre cómo atender a los postulados a justicia y paz que ya iban a cumplir su pena de 8 años de prisión. Se revisó la ruta de reintegración que venimos implementando desde el 2005 con todos los desmovilizados y, en esa reflexión, se pensó que este modelo se podía acoplar a las necesidades y requerimientos de estos postulados.
¿Pero cómo es el trabajo?
El trabajo empieza desde antes. Tres meses antes de que salgan de prisión vamos a las cárceles, les contamos qué viene para ellos y les explicamos el marco normativo vigente, así como las implicaciones del cumplimiento o incumplimiento de esas reglas. Esa es la primera etapa, que es la de transición. Una vez salgan, tienen hasta un mes para presentarse ante la ACR e iniciar la ruta. Ya adentro, durante el primer año, tienen una etapa de estabilización en la que evaluamos con ellos en qué condiciones psicológicas, económicas, sociales, familiares y educativas llegan. En este punto se ha planteado que un profesional reintegrador realice con ellos, de manera individual, sesiones de atención psicosocial para ir estableciendo un plan de reintegración que les permita recomponer su camino. Tenemos un reintegrador por cada 10 postulados. Con cada uno construye un plan único.
¿Y qué pasa cuando termina esa estabilización?
Después del primer año viene un periodo que dura seis años más en el que se les inicia la formación educativa, así como formación para el trabajo, ya sea para el emprendimiento o la empleabilidad. Esta es una población que llega con unos niveles de analfabetismo importantes, así que con ellos queremos llegar a unos mínimos. No pretendemos que todos salgan bachilleres, pero sí por lo menos llegar a una formación elemental para que tengan capacidades técnicas y tecnológicas.
¿Se ha planteado que la Unidad de Protección les brinde seguridad?
Hay 17 casos de personas que han dicho tener problemas de seguridad, pero solo en dos casos se comprobó que su riesgo era inminente y se les brindó el apoyo para que se trasladaran de ciudad. Si el riesgo es extraordinario podrían tener una protección especial y la Unidad de Protección es la que tiene competencia para ello.
¿Qué dificultades han encontrado para la reintegración de postulados?
Una de las dificultades es que este proceso no hacía parte del acuerdo inicial, pues fue algo que surgió en el 2012. Entonces, inicialmente, decirles que tras salir de prisión debían iniciar una ruta con nosotros generó una frustración, un inconformismo con la oferta estatal. Pero, a partir de nuestra atención en cárceles, se dieron cuenta de que estamos cumpliendo un mandato y que lo estamos haciendo con toda la dignidad y humanidad del caso. Otro reto es que la resocialización que tuvieron al inerior de las cárceles no tiene ni la intensidad ni la capacidad de atender las necesidades de las personas, como lo hacemos nosotros.
Un reto es que económicamente sean estables para que no vuelva a ser atractiva la ilegalidad…
El factor económico va a ser un reto cuando tengamos un emprendedor, una persona que quiera estudiar en la universidad o comprar vivienda pues ya no hay capital semilla para esos proyectos. De otro lado, todas las personas al interior de reintegración tienen una estigmatización fuerte cuando se descubre que cometieron delitos de lesa humandiad. Además, todos quedan con inhabilidades para ser contratados en cargos públicos. Y en eso el Estado debería dar ejemplo en la contratación. Hoy tenemos 57 desmovilizados que no entraron a justicia y paz y que trabajan con nosotros. En el momento en que sean condenados van a perder el empleo.
¿Cuántos de los postulados libres ya tienen trabajo?
Según nuestros registros, 21 de los postulados están ocupados con trabajos que ellos mismos se han gestionado, porque la Agencia no es una bolsa de empleo y eso es importante entenderlo. Hoy en día 14 tienen empleo informal en trabajos como en talleres de motos y carros, talleres de confección, o agricultura y hay otros 7 con empleo formal en sectores como en la construcción o en el sector hotelero. En sus oportunidades de trabajo tuvo mucho pesos sus redes de apoyo, su familia. Aún no hemos hecho acuerdos con empresas para darles empleo porque esa etapa la gestionamos cuando ya vamos por los 4 o 5 años de reintegración.
¿Qué lecciones de este proceso se podrían aplicar si se firma la paz con las Farc?
Una de las formas de romper la violencia es que a quienes dejan las armas se les cumplan las expectativas. Por supuesto tiene que haber compromiso de los desmovilizados. La estabilidad jurídica, y certeza de cómo va a ser su desenlace, también es clave para la reintegración. Hay que hacerle entender a la sociedad que más que pensar en cómo condenar a las personas, debemos ver cómo los acogemos.
