Al menos 6 de cada 10 desplazados viven en condiciones de pobreza, y tres de cada 10 están en la pobreza extrema.
Este preocupante panorama hace parte de una encuesta del Dane realizada para la Unidad de Víctimas, en la que el Gobierno indagó sobre las condiciones actuales de la población despojada.
La iniciativa de la Unidad, que ya ha inscrito a más de 6 millones de desplazados en el Registro Único de Víctimas (1,3 millones de hogares), es establecer si los despojados tienen vivienda, educación, seguridad económica y alimentaria, para desarrollar estrategias que permitan su atención integral.
La encuesta, aplicada a 27.272 hogares y 112.406 víctimas de desplazamiento en el territorio nacional, revela que el 33 por ciento de encuestados viven en condiciones de pobreza extrema.
Si bien el Gobierno señala que esta cifra bajó, con relación a años anteriores, pues en un censo del 2010 se encontró que el 74 por ciento de hogares desplazados estaba en esa condición, la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, reconoce que el reto sigue siendo enorme.
Aunque tres de cada cinco miembros de un hogar desplazado hoy generan ingresos, el estudio refleja que el dinero que reciben no es suficiente para superar su condición de pobreza, que están muy por encima del promedio nacional (el 25 por ciento de ciudadanos son pobres y el 7 por ciento, pobres extremos).
La encuesta refleja que, según los estándares de la Escala Latinoamericana Caribeña de Seguridad Alimentara, seis de cada 10 personas despojadas sufren inseguridad alimentaria severa y solo el 8 por ciento tienen asegurados sus alimentos.
“No esperábamos de la encuesta unos resultados que nos miráramos al espejo y dijéramos qué bien lo estamos haciendo, sino que es más un tema de medirnos cómo estamos realmente”, dijo Gaviria.
La directora de la Unidad manifestó que el Gobierno “está comprometido con los desplazados”, y que en los últimos 10 años se han invertido 33 billones de pesos para atender a esta población, y casi la mitad de ese dinero se ejecutó en los últimos dos años.
El sondeo plantea que algunos de los puntos en los que el Gobierno debería enfocar sus políticas están relacionados en mejorar las condiciones de las viviendas. Solo el 19,5 por ciento de las familias habita hoy una vivienda en condiciones dignas y el 25 por ciento son propietarios de la residencia que ocupan.
La mayoría de víctimas que cuentan con vivienda digna están en Antioquia (33 por ciento), y en donde hay más necesidades en este frente es en la Costa Pacífica, con el 8 por ciento.
Una de las revelaciones que hace la encuesta tiene que ver con los retornos. Casi 8 de cada 10 desplazados dijo que permanece en el lugar donde se reasentó. El 14 por ciento fue reubicado y el 6,1 por ciento retornó al lugar del que fue despojado, pero el 15 por ciento de los retornados o reubicados lo hicieron en condiciones de dignidad.
“La mayoría de personas dicen haber sido desplazadas hace más de 10 años. En ese momento, cuando querían volver, no pudieron, y hoy, en el lugar en el que se encuentran, la mayoría nos manifiestan que allí están bien y en ese sitio tienen su proyecto de vida. Por eso muchos no retornan”, dijo Gaviria.
La cobertura en salud y la revictimización, por su parte, muestran resultados positivos. El 86,7 por ciento de los desplazados manifestó estar afiliado a servicios de salud, sin que se lo hayan negado. Sin embargo, al ser consultados sobre la atención recibida para recuperarse emocionalmente, solo un 8 por ciento dijo haber sido beneficiario de esta medida de reparación.
Los encuestados también manifestaron, en un 76 por ciento, que no han sido revictimizados por ningún otro delito, mientras que el 91 por ciento manifestó no haber sufrido un nuevo desplazamiento.
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