Hacen parte de 15.000 que se beneficiarían de ley que resuelve limbo jurídico.
En las próximas semanas, en departamentos como Antioquia y Córdoba, el Centro de Memoria Histórica comenzará a impulsar los acuerdos por la verdad para recibir testimonios de 15.000 ‘exparas’ acogidos a la ley 1424, diseñada para sacar del limbo jurídico a cerca de 30.000 desmovilizados de las autodefensas que no tenían delitos atroces como para ir a Justicia y Paz, pero que no podían quedar libres, según fallos de las cortes Suprema y Constitucional.
Álvaro Villarraga, del Centro de Memoria Histórica. Foto: El Tiempo
La condición principal para no ser llevados a la cárcel es que contribuyan a la reparación de las víctimas con verdad. A 200, hoy presos, esta verdad les significaría la libertad. El resultado final serán informes para esclarecer los hechos ocurridos en medio del conflicto que, incluso, podrán ser utilizados como pruebas judiciales en procesos contra terceros.
Álvaro Villarraga, quien lidera la iniciativa, le explicó a EL TIEMPO sus alcances.
¿En qué consisten los acuerdos por la verdad?
El Centro de Memoria Histórica ha sido encargado para entrevistar a un número alto de desmovilizados de los paramilitares que, para tener unos beneficios penales, de acuerdo con la ley 1424 del 2010, deben dar testimonios que permitirán consolidar unos informes de esclarecimiento histórico. Serán contribuciones a la verdad sobre hechos sucedidos en el contexto del conflicto y la violencia de estas estructuras.
¿Solo se hará con ‘exparas’?
Sí, porque el dispositivo jurídico que ellos tenían fue declarado inconstitucional y en virtud de una ley que rescata las posibilidades de resolver su situación jurídica, se condicionan las posibilidades de quedar en libertad a la contribución con la verdad.
¿Cuántos serán los entrevistados?
A final del año pasado se inscribieron más de 24.000, pero hay unos requisitos. No pueden participar quienes estén comprometidos en delitos graves, quienes reincidieron en delitos después de la reinserción y quienes estén al margen de un proceso satisfactorio de reintegración. Fiscalía, Policía, organismos de seguridad y el programa de Reintegración han hecho una revisión que indica que hay 15.000 desmovilizados habilitados. Otro tanto han sido descartados y hay unos más que están en revisión.
¿Cómo es el beneficio penal?
El beneficio penal es suprimir órdenes de captura, medidas de aseguramiento u otorgar una libertad condicional de la pena. La Corte Constitucional, cuando revisó la 1424, dejó en claro que tienen la posibilidad de ejercer su libertad siempre y cuando contribuyan de manera efectiva con la verdad y hagan servicio social para reparar a las víctimas.
La gran mayoría de los 15.000 desmovilizados están en libertad. La Corte declaró inconstitucional el decreto 128 que les dio indulto y no tenemos un reporte definitivo de los que aún están presos y se beneficiarán de este proceso. Estimamos que son 200.
REDACCIÓN JUSTICIA
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