Y aunque las autoridades, por medio del comandante de la Policía de Antioquia, coronel Gustavo Chavarro, han insistido en que el homicida –quien, por fortuna, ya está a buen recaudo– obró por su cuenta, es necesario que la investigación avance y no deje dudas sobre los móviles del criminal.
Más allá de las circunstancias que rodearon el hecho, este no deja de ser una muy lamentable advertencia sobre la necesidad de proteger a quienes efectúan una discreta y a veces titánica tarea, cuya magnitud, dureza y trascendencia el país todavía no dimensiona.
Topógrafos como Álvarez y otros funcionarios de la Unidad de Restitución, con mucha frecuencia, incursionan en regiones donde los tentáculos de emporios criminales que arrebataron tierras a sus legítimos propietarios no han emprendido del todo la retirada. Ellos tienen a cuestas la crucial misión de subsanar las falencias históricas del Estado en materia de registro catastral, vacíos de los que han sabido sacar provecho los criminales. Porque si algo ha impedido que la Ley de Restitución avance con más celeridad es justamente ese obstáculo.
Que no quede duda: si el propósito es construir una paz estable y duradera, hay que brindar todas las garantías a quienes desempeñan un rol tan silencioso como determinante en este propósito. Ello compromete al Estado, por supuesto, pero también a la sociedad, que tiene el deber de rodear estas iniciativas y a quienes las hacen posibles.
Hay que blindar la restitución –lo que incluye proteger también a los reclamantes– frente a sus muy diversos enemigos. Se trata de salvaguardar y atraer la confianza de los colombianos hacia este esfuerzo institucional que lleva a cabo el Estado –independientemente de lo que ocurra en Cuba– para saldar viejas deudas sociales y así, por fin, construir la paz. Y para esto se requiere empeño, no mártires.
