En alerta se encuentran los integrantes de la Mesa de Víctimas del Quindío tras la muerte de uno de sus representantes, Ancízar Ruiz Ceballos, quien fue hallado en la tarde del domingo por hombres del CTI de la Fiscalía en un paraje rural del municipio de Calarcá (Quindío).
Ruiz Ceballos, quien se desempeñaba como líder de víctimas de la tercera edad y hacía parte del subcomité de restitución de tierras en el Quindío, desapareció el pasado viernes luego de participar en la Marcha por la Paz que se organizó en Armenia.
Su familia reportó a las autoridades que Ruiz salió de su vivienda ubicada en el barrio Manantiales, al sur de la ciudad, y afirmó que tenía una reunión con algunas personas en un sitio cercano a su casa.
Los investigadores del CTI lo encontraron en el kilómetro 20 en la vía a La Línea y se pudo establecer que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni heridas de bala.
No obstante, la defensora del Pueblo en el Quindío, Piedad Correal, solicitó al Instituto de Medicina Legal que le practicara en Pereira una necropsia con los protocolos de Minnesota «para profundizar en la investigación por tratarse de un defensor de los derechos humanos”.
Según la Defensora, seis miembros de la Mesa de Víctimas recibieron amenazas hace dos semanas a través de mensajes de texto de un grupo que se identificó como ‘Los urabeños’.
“Pedimos que les reforzaran el esquema de seguridad pero hasta ahora no han respondido”, dijo Correal.
La Mesa departamental de Víctimas está integrada por 20 personas, tres de ellas tienen esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y seis más solicitaron escoltas.
Nora Vélez, integrante de la Mesa Departamental y delegada en la Mesa Nacional de Víctimas aseguró que conocía de las amenazas que recibió Ancízar Ruiz y además confirmó que es una de las seis representantes que recibió mensajes intimidatorios.
“Se vienen a mover (Unidad de Protección) ahora que murió uno de nosotros, si no, estarían quietos”, afirmó Vélez, delegada para participar en los Diálogos de Paz, en la Habana (Cuba).
Otro de los integrantes de la Mesa, Ausberto García dijo que recibió mensajes a su celular y correos electrónicos. “Los Urabeños nos declararon objetivo militar y por eso pedimos protección del Estado”.
Según el directivo de la Unidad de Restitución de Tierras en el Eje Cafetero, Eisenhower Zapata, y delegado de víctimas en Risaralda para la mesa de Diálogos en Cuba, «el caso de Ancízar es el primero de un solicitante de tierras que asesinan así, pero no sabemos si es por restitución de tierras”.
Y agregó que aunque el cuerpo de la víctima no tiene disparos, “arrojarlo por un voladero era suficiente para matarlo, porque era anciano (69 años) y con problemas de columna”, contó Zapata.
Ancízar Ruiz tenía una denuncia en la Fiscalía desde el 26 de mayo de 2012 y una solicitud de restitución de tierras desde el 25 de enero de 2013 sobre la finca La Palma, ubicada en la vereda Travesía de Córdoba (Quindío).
Según Zapata, en el último mes, Ruiz había recibido varias amenazas, incluso una de ellas le habría llegado el pasado viernes luego de la Marcha por la Paz.
El coordinador de la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en el Quindío, Jhon Jairo Salinas lamentó el suceso.
«Desapareció después de la Marcha por la Paz, y nosotros como organización que trabaja por los derechos humanos rechazamos esta muerte y denunciamos la gran cantidad de amenazas que se vienen presentando en el Quindío a líderes de víctimas», dijo Salinas
A través de un comunicado, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora le pidió ayer al Gobierno Nacional y a las autoridades ajustar las medidas ante lo que llamó “una nueva racha de ataques contra víctimas y líderes sociales”.
Otálora expresó su rechazo y preocupación por el asesinato de dos representantes de las comunidades indígenas en Chocó y la muerte de Ancízar Ruiz Ceballos. Y reveló que actualmente 336 representantes de las víctimas en el país son objeto de amenazas.
En el caso de Ruiz Ceballos, señaló que fue víctima de desplazamiento forzado y que su muerte no ha sido aclarada por las autoridades, “existen antecedentes sobre mensajes intimidatorios de presuntos integrantes de Los Urabeños contra algunos de sus compañeros en la mesa departamental de participación efectiva en el Eje Cafetero”, dijo Otálora.
Un estudio realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo estableció que las situaciones más graves sobre amenazas están localizadas en 17 departamentos, por lo que ya habían emitido informes de riesgo y notas de seguimiento de 52 municipios ubicados en Quindío, Antioquia, Arauca, Bolívar, Córdoba, Sucre, Caquetá, Guajira, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Chocó.
Preocupación por esquemas de seguridad para víctimas
Aunque ayer se conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiraría al menos 60 esquemas de seguridad de personas amenazadas en el Eje Cafetero, un comunicado de la entidad señaló que «hasta el momento, ningún funcionario de la UNP ni ninguna empresa contratista ha recibido la instrucción de levantar esquemas de protección».
No obstante, el líder de restitución de tierras en el Eje Cafetero, Eisenhower Zapata aseguró que “sí están levantando varios esquemas en la región, y además a Ancízar Ruiz nunca le pusieron esquema”.
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