Ni la pena máxima que impone la justicia colombiana es suficiente para que Álvaro Torres (51 años) encuentre tranquilidad. Este martes, luego de que una jueza dictó condena de 60 años contra el subteniente Raúl Muñoz Linares, al encontrarlo responsable de asesinar y violar a tres de sus hijos, Álvaro dice que la ley queda corta para lo que, según él, merece el hombre que le cambió la vida, que se la dañó. A él, a su familia y a la comunidad de Caño Temblador en Tame (Arauca).
En diálogo con ELTIEMPO.COM, Álvaro contó que desde octubre del 2010, cuando se enteró de que los tres niños que fueron encontrados muertos en una fosa común eran sus hijos, entendió que la vida ponía pruebas, “que jamás se aceptarán, que jamás se superarán”.
Ahora, que después de cerca de 22 meses (según sus cuentas), los titulares de los medios dicen ‘Subteniente (r.) Muñoz, condenado a 60 años por crimen de Arauca’, asegura que debe continuar con su vida, al lado de los tres hijos que le quedan, pero en un nuevo lugar y tratando de pensar en que existe la justicia divina.
Desde que ocurrió la tragedia, Álvaro tuvo que abandonar Caño Temblador. La situación, según cuenta, era cada vez más tensa. Las intimidaciones lo sacaron corriendo junto a su familia y un par de maletas a Saravena, también en Arauca. Fue allí en donde se enteró de la muerte de la juez Constanza Gaona, quien llevaba el caso de sus hijos y que en marzo del 2011 fue asesinada en pleno centro del pueblo. “Después de eso entendí que la cosa no era tan sencilla. La situación era muy peligrosa”, dice Álvaro.
Así fue como tuvo que descubrir Bogotá “a las malas”, como él mismo dice, porque no le quedó otra opción que refugiarse en la capital del país para buscar protección. De jornalero pasó a ser un desempleado más, que se internó durante casi dos años en Paloquemao (en donde se llevaron a cabo las audiencias) y en las oficinas de los abogados, que en cabeza de Olga Silva, se apoderaron del caso y lograron demostrar la responsabilidad de Muñoz en el crimen que aún conmueve al país.
“No es fácil para alguien del campo ir a la ciudad después de perder a sus hijos de esa forma, pero está claro que no puedo volver a Arauca. Aún sé que hay mucho peligro”, dice.
Álvaro adelanta una demanda contra el Estado por los daños que Muñoz, miembro del Ejército para la época de los hechos, le hizo a su familia, a su vida. “Los mismos abogados me están ayudando (…) en este momento estamos (mis tres hijos y yo) viviendo gracias a la ayuda de unos sacerdotes, pero la situación no es fácil y el Estado tiene responsabilidad”, señala el hombre.
Él recuerda cómo el crimen no solo afectó a su familia, sino también a la escuela donde estudiaban sus hijos, a los otros papás y a la comunidad en la que llevaban una vida normal hasta ese día.
“Es una zona militarizada, en donde siempre confiamos en los uniformados. Ellos eran los que nos daban protección. Después de que pasó eso, el miedo se apoderó de todos, todo el mundo desconfiaba”, señala. Y recuerda el caso de la otra menor que, días antes al asesinato de sus hijos, también fue violada por Muñoz.
“Si le hubieran puesto cuidado a la denuncia de la mamá de esa niña, seguro se hubieran tomado medidas y nada del resto hubiera pasado”, advierte Álvaro.
El caso al que se refiere es el de una menor de 14 años que fue abusada el 2 de octubre del 2010. Su mamá denunció el hecho, pero la noticia no trascendió. Días después, el 14 de octubre, dos niños (de 6 y 9 años) y una niña (de 14 años) fueron encontrados muertos en una fosa. Eran los hijos de Álvaro y el responsable, después de tantos meses de audiencias, se supo que era el mismo hombre que había violado a la primera niña: el subteniente Raúl Muñoz Linares.
Una historia de no creer, pero sobre todo “de no repetir”, dice con insistencia Álvaro. Ahora, que la justicia ya se pronunció y que la valentía de los abogados representante de las víctimas demostró que valía la pena luchar por este tipo de causas, el papá de los menores sigue de la mano de los tres hijos que le quedan, entre los que hay un bebé de un año y tres meses.
“Por ese bebé hay que seguir adelante”, dice Álvaro, que prefiere no hablar de perdón sino de justicia en el caso de sus hijos y del subteniente Muñoz Linares.
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