Hechos de guerra y campañas de paz se mezclan en las circunstancias que vivimos.
Los episodios desastrosos de la confrontación armada política, envilecida, se siguen sucediendo. Siguen cayendo policías, soldados, guerrilleros, sigue habiendo daño en la infraestructura de vías claves y de producción petrolera, deterioro irreparable del ambiente y, sobre todo, numerosas víctimas civiles, mujeres, niños y niñas, que nunca debieron estar ni caer en el fuego cruzado de la guerra. Esta guerra no legitima nada, ni libera a nadie, es autodestructiva.
Ante ello, con sobrada razón, se levanta la bandera de cese bilateral de fuegos y hostilidades que busca, además de evitar mayores males, superar el método agotado y nefasto de negociar en medio del conflicto.
Águilas Negras, Urabeños y Rastrojos se han encargado (¿quién los encarga?) de asediar con amenazas, sufragios, misas por el descanso eterno, a defensores/as de derechos humanos, líderes y liderezas de paz, voceros/as de víctimas, impulsores/as de restitución de tierras, sindicalistas, campesinos, indígenas, maestros, académicos, periodistas, mujeres y hombres religiosos, inclusive concejales, alcaldes, parlamentarios.
Aparecen listas de amenazados de 10, 20 y hasta 90 nombres. Esta inédita ola de intimidación apunta directamente al movimiento ciudadano, social y popular de paz y dado que inclusive se hackea a los negociadores gubernamentales de paz en La Habana, no hay duda que se trata de toda una ofensiva encaminada a sabotear el proceso de salida política del conflicto interno armado.
Crecen los riesgos y, contra toda lógica, el gobierno reduce los presupuestos y, por ende, las medidas y garantías de protección. La Unidad Nacional de Protección está en una verdadera crisis de recursos, orden interno y sentido de prioridad para aplicar oportunamente los esquemas de seguridad. La privatización y tercerización de la protección no da resultado. Equivocado que el gobierno crea que ya llegó el posconflicto y que puede aflojar la guardia, al contrario, debe redoblar las medidas protectoras para que sea verdad que el Estado es garante efectivo de la vida y derechos de todos y todas sin importar su modo de pensar.
En Santa Marta, la semana pasada, con ocasión del Congreso de la CUT, me correspondió experimentar en directo los estragos de la violencia urbana: dos jóvenes universitarios tiroteados por sicarios o asaltantes, truncando su amor y su futuro, y la consiguiente enérgica y masiva reacción estudiantil y ciudadana de rechazo al crimen y la violencia. La intimidación no puede frenar las expresiones de civilismo radical democrático en el cual quizá radique el futuro de la paz.
Hechos de guerra y violencia se mezclan con campañas de paz y convivencia. Con amplia gama de actividades se realizó la Semana por la Paz, Gobierno y FARC deciden hacer públicos los textos completos de los preacuerdos, Gobierno comunica decisión de convocar el Consejo Nacional de Paz para el 9 de octubre, en la Asamblea General de la ONU el Presidente Santos ratifica la voluntad de ir hasta el final con los diálogos de paz, aún parciales y en medio de hostilidades de todo tipo.
En las paredes de La torre Colpaltria en Bogotá, la más alta de Colombia, con brillantes luces y ágil movimiento, se lee por las noches Soy Capaz… de dar pasos de paz. Falta decir y hacer: soy capaz de convivir, ser equitativo, dar empleo a un reincorporado, respetar la asociación sindical…
Colombia vive un pulso entre guerra y paz, violencia y convivencia, polarización y reconciliación. Un inmenso y decidido frente común por democracia y vida digna requiere hoy el país para llegar a la paz y ser capaz de construirla.
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