El consenso en torno a un beneficio jurídico constituye una condición de legitimidad. No le otorga, por sí solo, legalidad internacional, pero actúa como muro de contención.
Las barreras a los beneficios jurídicos para miembros de las Farc resultarán más políticas que legales.
El preámbulo del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), parece contundente al declarar la voluntad de los Estados de “poner fin a la impunidad y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”. Pero creerlo es pensar con el deseo. Lo cierto es que las cosas continúan menos claras de lo que se profesa. Diga lo que se diga, la dicotomía entre paz y justicia, presente en todo proceso de postconflicto, dista de estar resuelta.
La prohibición de las amnistías no quedó incluida en el Estatuto de Roma. No fue por olvido. Las memorias de las transiciones en Sudáfrica, El Salvador y Guatemala permanecían frescas en las mentes de los delegados gubernamentales.
El gobierno francés, por ejemplo, argumentó la necesidad de dejar abiertas las puertas a la paz negociada, y el sudafricano se vio derrotado en su solicitud de reconocimiento de las comisiones de la verdad como una alternativa a los juicios.
El lenguaje terminó reflejando una creativa ambigüedad; algún margen de discrecionalidad quisieron dejar los Estados. Los magistrados de la CPI pueden rechazar un caso si un Estado investiga pero no procede con los juicios, o prefiere proceder y luego perdonar, siempre y cuando esa decisión no emane de la falta de voluntad o de capacidad.
Es más, el fiscal de la CPI está facultado para optar por no investigar si “existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia”.
¿No es una amnistía una clara falta de voluntad estatal? Pero, ¿de quiénes? ¿De unos pocos o de muchos? Las respuestas importan, y mucho. Al fin y al cabo, ninguna corte internacional opera en medio de un vacío político.
El exsecretario general de la ONU Kofi Annan reflexionaba sobre Sudáfrica así: “Es inconcebible pensar que una corte buscaría sustituir con su fallo la decisión de toda una nación”.
Todo representante del Estado, aquí y en Carfanaún, sabe que algo de justicia entregará en una negociación de paz. También entiende que los límites de esa concesión están dictados no solo por las normas internacionales, sino también por la aceptación de la ciudadanía.
La sostenibilidad jurídica de cualquier perdón otorgado en una transición depende de su sostenibilidad política. Por algo será que las cortes europeas están inundadas de procesos contra militares chilenos, argentinos y uruguayos, pero no se conocen demandas contra las principales figuras del apartheid.
El consenso en torno a un beneficio jurídico constituye una condición de legitimidad. No le otorga, por sí solo, legalidad internacional, pero actúa como muro de contención.
Las Farc continúan ignorando esta realidad política innegable: su futuro jurídico no está en manos de los negociadores en La Habana, sino aquí, en las de los colombianos. El país no le cree a esta insurgencia desafiante, anacrónica y temeraria. ¿Por qué habría de hacerlo? Nada ha hecho para ganar la más mínima generosidad de la población. Es verdad que la regla de juego consiste en negociar en medio de la guerra. Pero, con cada muerte adicional, la paciencia nacional se pone a prueba.
Si las Farc aspiran a beneficios jurídicos, es hora de cambiar de actitud. Sus víctimas se cuentan por montones y exigen reconocimiento, verdad y reparación. Pero la guerrilla continúa insistiendo en que el “punto último de imputación está en el Estado”.
Las fórmulas legales se pueden encontrar, pero requieren respaldo político. Ningún tribunal internacional respetará un beneficio jurídico rechazado por una mayoría.
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