Reconociendo que no está siendo eficiente en la atención a las denuncias de los ciudadanos, la Fiscalía General de la Nación sufrirá una reestructuración. Así lo dio a conocer ‘W Radio’ en una especie de borrador que revela las nuevas unidades y funciones que asumiría el organismo.
Lo primero es que la Fiscalía tendrá una unidad para hacerle frente al crimen organizado enfocada en la lucha contra las bandas criminales, el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos. «Para el Fiscal Montealegre, hay miles de procesos que deben adelantarse coordinadamente en una sola dependencia y no por fiscales dispersos en diferentes subdivisiones. Su jefe tendría rango de Fiscal Delegado ante la Corte Suprema. Esa gran unidad dispondría de una división especial de Policía Judicial solo para esos delitos», según el informe presentao por ‘W Radio’.
De otro lado, una oficina de Alta Gerencia para el Sistema Penal Acusatorio se encargaría de la logística interna de la Fiscalía, la unificación de bases de datos, un óptimo cruce de información entre dependencias y regiones, el uso de tecnología de punta y un sistema de alertas tempranas para detectar el crimen.
La nueva Unidad Nacional de Análisis y Contexto, que provee información sobre delitos a las demás unidades, se elevará al nivel de Fiscalía delegada, y contará con los cerca de 50 investigadores que hoy tienen como contratistas. Esta división cuenta con el ofrecimientos de Estados Unidos para recibir capacitación y plataformas tecnológicas.
Con miras al eventual proceso de paz con las Farc, sería creada una Unidad de Justicia Transicional para conducir los procesos hoy conocidos como de Justicia y Paz y los de Derechos Humanos. «Los creadores del borrador de reforma de la Fiscalía creen que esa institución tiene que estar a la altura del Marco Jurídico para la Paz que rige tanto para guerrilla como para los paramilitares. Esta dependencia también tendría su propio grupo de policía judicial», añade el texto publicado por ‘W Radio’.
También se prevé la unificación de actividades de diferentes cuerpos de policía judicial hoy existentes, como una forma de solucionar la descoordinación entre la Dian, Dijín y el CTI.
La Fiscalía asumirá el liderazgo de las policías judiciales para coordinar y unificar protocolos de investigación. El borrador también contempla aprovechar la ley que hoy en día permite otorgar funciones de policía judicial a entidades administrativas para investigar la corrupción y delitos económicos.
Respecto a la Dirección Nacional de Fiscalías, su rango se elevará al de Fiscalía delegada y podrá priorizar los delitos de más alto impacto dependiendo de la coyuntura o de las regiones del país. Temas como el robo de celulares y los delitos con ácido tendrían que ser priorizados. Su cuerpo será reforzado con expertos en delitos financieros, ambientales, informáticos. El grueso de los fiscales de esta dirección deben estar capacitados para sustentar los casos ante los jueces para que no se caigan en el juicio.
La reestructuración de la Fiscalía también incluye la creación de un grupo especial para la formulación de políticas públicas contra los delitos y dejar atrás las normas obsoletas que hoy existen..
«Otra dependencia tendría a su cargo la sustentación constitucional de los casos y apoyar a los fiscales en la interpretación de la ley. Diferencias internas, peligros de prescripción de los casos, conveniencia de hacer acuerdos con testigos a cambios de beneficios, serán tramitadas por esta dependencia para que la Fiscalía tenga unidad de criterios», agrega el borrador.
Finalmente, sería creada una dependencia especial de víctimas y justicia restaurativa, que logre ubicar a los responsables y compense a las víctimas.
Según ‘W Radio’, cada año se presentan un millón cuatrocientas mil denuncias antes la Fiscalía, de las cuales, ni la mitad termina en juicio.
Antes de junio el presidente Juan Manuel Santos debe haber recibido del Congreso la autorización para reformar la estructura del organismo. Y luego contará con seis meses para implementar los decretos.
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