En marzo del año pasado pusimos de presente en este espacio los problemas que los defensores de derechos humanos afrontaban en este país.
Si existe algún ciudadano de un país —decíamos— que no sepa defender a este tipo de población, es un colombiano. Pero los defensores persisten y las cuentas ya empiezan a aparecer en este año que comienza.
La situación no ha cambiado mucho ni para los defensores ni para los civiles que son vulnerados en su vida personal. Ya se alistan los informes de las ONG para decirnos cómo ha sido todo. Ya el Consejo de Derechos Humanos de la ONU preparara su Examen Periódico Universal (EPU), en el que someten a revisión a las naciones que la integran.
Sabemos que el gobierno de Juan Manuel Santos ha hecho avances: de tono, de trato, de reconocimiento verbal. También de leyes: la de restitución de tierras, la de víctimas. Eso es importante teniendo en cuenta que en el pasado muchos defensores de derechos humanos eran tildados, de entrada, de terroristas o de aliados del terrorismo. El avance es significativo mas no suficiente. Aún no hay razones verdaderas y sólidas para celebrar.
De acuerdo con el informe del programa Somos Defensores, el Gobierno ha invertido más de 100 millones de dólares para proteger a 4.000 personas, lo que está muy bien y es rescatable; pero, así mismo, las causas que generan los hechos adversos siguen vigentes. Revisemos, entonces, los hechos que ellos denuncian: 357 defensores fueron víctimas de agresiones; 120 organizaciones sociales fueron víctimas de algún tipo de agresión el año pasado; incremento del 49% en las agresiones individuales contra los defensores; 69 asesinados; cinco desaparecidos; cada 20 horas hubo un agredido. ¿Celebramos?
Eso sin contar las realidades que los defensores denuncian cotidianamente y que 500 de ellos presentaron ante la ONU: hay tres temas cruciales que preocupan: las ejecuciones extrajudiciales, la acción de los paramilitares que se han transformado en bandas criminales y la impunidad rampante, que no cesa. Ejemplo de lo último son las escasas sentencias de Justicia y Paz —ocho apenas— y la impunidad del 97% en el caso de la violencia contra las mujeres.
¿Cómo solucionar todo esto? Sabemos que muchas de las vulneraciones son hechas por parte de grupos armados al margen de la ley. Pero la culpa como tal reside exclusivamente en el Estado. El fortalecimiento de la presencia estatal no sólo debe hacerse en materia de Fuerza Pública (que sí, ayuda), sino de otros factores que son, a la par, muy importantes: enriquecimiento de los derechos, por ejemplo, protección efectiva para los defensores, atención a lo que ellos hacen y dicen.
En el EPU se presentarán tres informes: de las ONG, del Gobierno y de la misma ONU. El Gobierno parece tener la actitud de defender su gestión, como lo hacen aquellos que quisieran reelegirse y, lo lamentamos, esa no debe ser la idea. Si una gestión pública se hace bien, debe empezar por el reconocimiento de las fallas antes que por el enaltecimiento de los logros. Primero lo primero. Y tanto es lo que falta, que sería bueno saber dónde exactamente están los baches para empezar a taparlos. Todo lo demás podría ser fortuito, la realidad siempre termina por imponerse.
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-405841-aun-no-podemos-celebrar
