En Pelaya, La Mata, La Gloria o Caño Alonso, nororiente del Cesar, región de fértiles tierras desde donde divisan la imponente serranía del Perijá, respiran una tranquilidad desconocida en décadas, que llegó de la mano de la desmovilización de las Autodefensas y la arremetida militar contra las Farc y el Eln.
«Más que un Ejército Anti-rrestitución, habrá pleitos entre los tenedores de buena fe y los reclamantes de tierras. Cuando empiecen a moverse los casos, se pueden disparar las amenazas», señala un concejal de Pelaya, municipio al que pertenece una parte de Bellacruz y donde distintos habitantes expresan su molestia porque consideran que «difundir la falsedad de que se conformaron nuevos grupos criminales, como ese desconocido ejército» puede ahuyentar a inversores y vecinos que retornan. «Ahora que las tierras y las casas del pueblo se revalorizaron, que no vengan con esos cuentos», dice un comerciante.
El nacimiento de la citada hacienda, epicentro de eternas reivindicaciones campesinas nunca satisfechas, se remonta a las primeras décadas del siglo pasado, cuando arribó a la región Alberto Marulanda, un emprendedor sin escrúpulos que fue adquiriendo predios hasta hacerse con 22.000 hectáreas. Su poder era inmenso, pero se topó con labriegos aguerridos, que también querían sus propias tierras.
«Siempre hubo comentarios de que en Bellacruz había 1.500 hectáreas de baldíos, y por eso las reclamamos», recuerda Héctor Raúl Bernal, colono que reside en La Mata.
La pelea se agitó en 1986, cuando los labriegos, hastiados de no lograr sus propósitos, se metieron seis meses en las oficinas del Incora. La presión surtió efecto y los herederos del viejo Marulanda, entre ellos el exministro Carlos Arturo Marulanda, vendieron a ese instituto 2.060 hectáreas para que las repartieran. La mayoría se apiñó en un área que llamaron Caño Alonso, pero las extensiones adjudicadas eran demasiado pequeñas y, con el pasar del tiempo, unos vendieron a los vecinos para que ampliaran sus cultivos de yuca, plátano y arroz.
Eran años de influencia guerrillera, y los Marulanda se convirtieron en su objetivo. Se fueron y Bellacruz fue invadida por unas seiscientas familias, hasta que los echaron los paramilitares que entraron en la zona en 1996 y se instalaron en la hacienda. Ejercieron un control brutal en la región, a punta de asesinato, extorsión y amenazas, que provocó un nuevo éxodo.
Los Marulanda, sin embargo, regresaron a su finca y años más tarde, ya sin Auc, en el 2008, el empresario Germán Efromovich, propietario de Avianca, convenció a inversores norteamericanos de adquirir con él la hacienda y sembrar palma africana. Así, les compraron a los Marulanda la totalidad de MRI, sociedad tenedora de Bellacruz.
Fredy Rodríguez, cabeza de Asocol, asociación que agrupa a 80 familias víctimas de los ‘paras’, fue uno de los que se vieron obligados a huir de la región, sobre todo tras el asesinato de dos primos. Alega que tanto él como su mamá y hermanos malvendieron por esa razón sus tierras en Caño Alonso, una denuncia que es objeto de fuerte controversia, porque el presidente de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, Jesús Antonio Pérez, replica que ellos vendieron de forma voluntaria y no tienen derecho a reclamar.
No es la única demanda de Rodríguez. Apoyado por el congresista Iván Cepeda, señala que los nuevos propietarios de Bellacruz recurren al Ejército Antirrestitución para mantenerlos alejados, y él es una de sus principales dianas. Porque no solo pretenden que les reconozcan sus derechos sobre parcelas de Caño Alonso, sino que les entreguen cuatro predios de Bellacruz que, aseguran, son baldíos y ahora están sembrados de palma.
«Los paramilitares están defendiendo sus intereses. Francisco Alberto Marulanda ha sido un delincuente toda la vida, todo lo ha hecho con violencia, y Efromovich está de acuerdo»,afirma Rodríguez en la casa de su mamá, en Aguachica, donde se refugió parte de la familia cuando tuvieron que desplazarse. «Marulanda vio que del lado de los campesinos no pudo hacer nada y le dijo a Efromovich: ‘Yo tengo la manera de arreglarlo'». Y la fórmula, según afirma, fue conformar el mencionado ejército.
En los días en que este diario recorrió la región, no halló vestigio alguno de la existencia de ese grupo armado. Ni pobladores ni investigadores entrevistados han sabido u oído algo al respecto.
«Todas las autoridades -CTI, inteligencia de Ejército y Policía- estudiaron sobre ese ejército y no se ha logrado determinar su existencia. Las bandas criminales están en otros negocios ilegales, como contrabando de gasolina o extorsión», indica el coronel Pablo Guerrero, responsable de la Policía en el Cesar. En el departamento, donde hay ya tres mil reclamos de tierras en sus veinticinco municipios, no han lamentado, por fortuna, el primer muerto por dicha causa hasta la fecha.
En este panorama tan enredado, en el que se entremezclan distintas demandas, ni Fredy ni los reclamantes agrupados en Asocol pretenden expulsar a los labriegos de Caño Alonso, porque reconocen su trabajo de muchos años y consideran que también tienen derecho a poseer sus fincas. Su intención es que el Incoder les compense lo perdido, adjudicándoles los baldíos una vez se los quiten a Efromovich y sus socios.
A principios de septiembre, una comisión del Instituto Agustín Codazzi realizó un estudio para delimitar los presuntos baldíos, tarea casi arqueológica porque las descripciones que otros técnicos hicieron en su día son vagas y los puntos de referencia, como un palo de mango o una cerca, desaparecieron.
Rebautizada hoy como Hacienda La Gloria, la empresa defiende la tesis de que nunca hubo baldíos, que los predios bajo sospecha tienen sus títulos en regla desde 1937, pero que por vericuetos legales el Incoder pretende arrebatárselos.
Y rechazan tajantemente que tengan que ver con un ejército antirrestitución. «Es falso de toda falsedad. No cabe la menor posibilidad de que estemos auspiciando o financiando un grupo armado. Este es un proyecto de empresa corporativa, moderna. Me indignan esas posiciones», dice Ramiro de Francisco, gerente general y representante legal.
En paralelo a la demanda de los baldíos, Fredy Rodríguez, con Asocol, interpuso denuncias penales contra el Ministerio de Defensa, por omisión en el desplazamiento masivo de la hacienda Bellacruz en 1996, y contra los Marulanda por promover la llegada de las AUC al área.
Por tanto, serán los distintos tribunales quienes resuelvan los pleitos.
