Por: Daniel Pacheco
No es trivial la discusión sobre cómo nombrar la ejecución sistemática de civiles por parte de militares para hacerlos pasar como bajas en combate, o positivos. Va más allá de si entrecomillar los “falsos positivos” o ‘falsos positivos’. Más allá de si añadir la muleta aclaratoria de los “mal llamados” falsos positivos.
El nombre de esta mancha roja en las manos de las FF.MM. de Colombia estuvo en el centro de la larga disputa sobre el proyecto de reforma al fuero militar, que al final perdieron los militares.
Durante casi cuatro años, organizaciones de derechos humanos y el Gobierno colombiano debatieron si los falsos positivos eran ejecuciones extrajudiciales, homicidio en persona protegida u homicidio agravado. Dependiendo de cómo se nombraran, temían las organizaciones de la sociedad civil, miles de casos de falsos positivos podrían escapar de la jurisdicción de la Fiscalía y quedar en la impunidad histórica que ha caracterizado a la justicia penal militar.
Los falsos positivos fueron (¿son?) tal vez todo lo anterior, pero también algo más, algo nuevo, algo vergonzosamente propio del conflicto colombiano, que debe ser nombrado como tal.
Por ejemplo, a diferencia de los alrededor de tres mil asesinatos del exterminio de la Unión Patriótica, las víctimas de falsos positivos no estaban afiliadas a ningún movimiento político.
Los incentivos que hicieron de los falsos positivos un fenómeno sistemático, como vuelve a recordar el reporte de Human Rights Watch (HRW), no fueron políticos o el resultado de una campaña antisubversiva. De ahí su extraordinaria crueldad. El engaño elaborado de los militares a miles de civiles –campesinos, habitantes de calle, jóvenes de barrios marginales, delincuentes comunes– para luego ejecutarlos y vestirlos de combatientes era guiado por una mezcla de incentivos económicos, indicadores oficiales de éxito, y presión de los altos mandos para saciar la sed de sangre de todo un país.
La extensión de los falsos positivos, en todas las divisiones del Ejército, y casi todas las brigadas, deja pocas dudas de que los altos mandos no estuvieron al tanto, o participaron, de los falsos positivos. A nadie le cabe en la cabeza que haya hoy más de 800 soldados condenados, apenas cinco coroneles y ningún general.
Organizaciones como HRW insisten que los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad y no deben entrar dentro de un eventual proceso de justicia transicional. Es difícil dar argumentos para que algún crimen de lesa humanidad sea investigado y juzgado de manera más benévola, más aún cuando los falsos positivos fueron cometidos por un actor estatal, a cambio de magros beneficios. Este, dicen, es un sapo tan aberrante que ninguna sociedad lo puede tragar.
Tiendo a pensar, sin embargo, que los falsos positivos sí ocurrieron en el contexto de un país en medio de un conflicto, que puso exigencias enormes en sus fuerzas armadas. Por otro lado, no tragarse el sapo de los falsos positivos hará aún más difícil hacerlo para el caso de los crímenes de las Farc.
Pero esta decisión está aún muy lejos, en tanto no haya un reconocimiento de parte de los militares, especialmente los altos mandos, de su responsabilidad en estos hechos. Por eso hay que insistir en llamar a este holocausto por su nombre, el de los falsos positivos.
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