Mientras en el puerto avanzan macroproyectos, crece intimidación y desalojo por bandas criminales.
Buenaventura mueve más de 15 millones de toneladas de carga al año. El negocio portuario no para de crecer, como lo demuestra el hecho de que hay cuatro terminales en operación y una más será inaugurada el próximo año. En el 2015 se invirtieron 450 millones de dólares solo en infraestructura y mantenimiento y se calcula que en los 10 últimos años el sector creció 540 por ciento; sin embargo, la ciudad difícilmente podría estar peor.
Según cifras del informe ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, la pobreza rural alcanza el 90 por ciento y en la urbano es del 60 por ciento. El empleo informal es del 94,6 por ciento, afectando principalmente a la población joven. En 2010, mientras el desempleo a nivel nacional fue del 11 por ciento, en Buenaventura fue del 63 por ciento.
Esto sin mencionar los continuos cortes de agua, que apenas llega por algunas horas y no todos los días, a una población que roza los 400.000 habitantes.
La llamada capital del Pacífico no cuenta con un hospital público de segundo nivel, la tasa de analfabetismo es del 25 por ciento, y del 70 por ciento el bajo rendimiento escolar. Solo la mitad de su población está afiliada al sistema de salud, aunque tampoco cuenta con profesionales médicos, una de las razones por las que hace unas semanas, cuando se instaló un barco hospital estadounidense en el puerto, las familias hacían colas desde las 3 de la madrugada para recibir atención.
¿Cómo se explican estos indicadores sociales frente a las inversiones de grupos como el marítimo de Barcelona TCB, que tiene muelles en España, Brasil, Turquía y en Cuba, y que ahora es el principal accionista de TCBUEN, especializado en contenedores?, ¿por qué conviven la tasa de pobreza más alta del país, de analfabetismo y de desempleo con la inversión de multimillonarios como el filipino Enrique Razon, uno de los hombres más ricos del planeta y propietario de la portuaria ICTSI?
Luego de años de violencia descarnada y necesidades básicas insatisfechas, la comunidad culpabiliza en gran medida al Estado y a unos intereses privados que ponen por encima el desarrollo de una actividad comercial sobre los derechos de los ciudadanos.
Tras 3 días en la ciudad escuchando a diferentes líderes, la sensación es que mientras la ciudad se desarrolla como un puerto próspero para unos pocos, para la mayoría solo quedan pobreza, miedo y violencia.
Herencia paramilitar
La llegada de los paramilitares de la mano de carteles de la droga, especialmente la entrada del bloque Calima en los años noventa, ligada a la posición geoestratégica de la ciudad, hacen del territorio un espacio codiciado por la criminalidad.
En paralelo a la violencia que genera la disputa del territorio por parte de grupos armados surge la Ley 70, que reconoce el derecho ancestral de los afrodescendientes sobre el territorio. Entre 1996 y 1998, al tiempo que 21 consejos comunitarios se conforman y están en proceso de pedir las titulaciones sobre la tierra, los paramilitares ejecutan 18 masacres, aniquilando a 120 pobladores.
En el año 2000, los paramilitares controlan la zona, con un fuerte vínculo en la política, cuyo principal exponente es Juan Carlos el ‘Negro’ Martínez, pero que se extiende a fiscales, jueces, Fuerza Pública, según recoge en reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica.
La creciente alianza entre el poder político y económico del departamento con el paramilitarismo se evidencia en la declaración de alias HH a la fiscal 17 de Justicia y Paz: “Para el año 2000, en límites entre Córdoba y Urabá, Carlos Castaño se reunió con el señor Édgar Lenis (fallecido en 2006, expresidente de Avianca y en ese entonces gerente de pastas La Muñeca) y con personas de apellido Mejía Escarpeta y Guzmán, que dicen ser familiares de los secuestrados de La María y el Km 18 (ocurridos en 1999 y 2000). Estas personas hablaron con Castaño sobre la relación del bloque Calima con el narcotráfico y sus acciones”.
Para el caso específico del ingreso a Buenaventura, ‘HH’ planteó en su momento ante la misma Fiscalía haber recibido apoyo de grandes y medianos empresarios locales que justificaron y respaldaron económicamente el proyecto paramilitar. Confesó que los aportes voluntarios les permitieron arraigarse en el municipio.
Con el paso de los años y luego de la desmovilización del bloque Calima, en el 2004, se conforman grupos armados ilegales, integrados en gran medida por exparamilitares, quienes operan como “proveedores de servicios” dentro de la ciudad.
Es el caso de la vía Alterna, una variante que evita el paso de vehículos pesados por parte de la zona urbana, donde, como dice un líder de PCN (Procesos de Comunidades Negras): “Los comerciantes pagaron a exparamilitares para desalojar a familias de las residencias que les interesaban, con el fin de establecer sus negocios cerca de la carretera.
Al final, todo queda reportado como bandas criminales o asociado a las dinámicas del narcotráfico, por lo cual no se visibiliza que en Buenaventura estamos viviendo bajo un Estado paramilitar”.
Lo cierto es que la ciudad está sobrepoblada, mientras avanzan macroproyectos ligados a la operación logística portuaria y se presentan propuestas de desarrollo de un sector turístico de primer nivel, que cubren un mapa hipotético en donde habitan pobladores desde hace un siglo.
En la misma línea, hay denuncias de que el proyecto de renovación urbana y construcción de un malecón ha generado intimidación de las bandas criminales, que ya están desalojando violentamente a la población pobre residente en casas de estacas al borde del agua, con el fin de quedarse con la tierra que ocuparía el macroproyecto.
Para los líderes entrevistados, los criminales actúan orquestados por élites del poder económico, empresarial y político. A este respecto, el padre John Reina, director de la Pastoral Social y uno de los líderes más representativos en la ciudad, lanza una temeraria afirmación: “Yo no les tengo miedo a la guerrilla ni a los paramilitares, sí les temo a los políticos y al narcotráfico. Esos 2 no tienen alma. Son esos dos los que les dan las órdenes a los grupos armados para que maten, desplacen, extorsionen. Los criminales no actúan por voluntad propia”.
Como en una capital de la ilegalidad, en Buenaventura hay barrios donde se concentra la distribución de droga. Hay otros con el poderío de los cultivos, en medio de un territorio donde todavía hay quienes viven de la pesca artesanal, en un esfuerzo por perpetuar sus tradiciones a pesar del poderío de la ilegalidad. Barrios como El Caguancito están vedados a las autoridades; esta ‘zona de despeje’ pertenece a grupos armados ilegales.
Si bien el índice de homicidios se ha reducido notablemente en lo que va del año, luego de que Buenaventura se dio a conocer por las ‘casas de pique’ y el presidente Santos intervino con un incremento en la seguridad, los problemas de fondo siguen siendo los mismos, y no es claro que vayan a cambiar en el mediano ni en el largo plazos.
En el tema de tierras, a las múltiples denuncias por desalojos violentos se suman las que advierten de la aparición de falsos certificados de propiedad, especialmente en el barrio Alberto Lleras. La mayoría de casos coinciden con los sectores donde hay megaproyectos industriales, turísticos y portuarios en curso.
Los líderes de PCN han recurrido a organismos internacionales, como Naciones Unidas, para pedir un amparo, que sienten no haber encontrado en el Estado colombiano.
Alianzas con ilegales
Acciones violentas como la masacre perpetrada contra 19 jóvenes de la comuna 5 son asociadas por la comunidad con intereses industriales. El 19 de abril de 2005, excombatientes del bloque Calima citaron a un partido de fútbol en una cancha de la comuna 12 a 19 muchachos. Nadie volvió a verlos después de aquella cita.
No faltan quienes ven estos crímenes como un mensaje para la comunidad, cada vez que esta intenta levantarse. Benildo Estupiñán, hoy protegido por la Unidad Nacional de Protección, por las amenazas de muerte que ha recibido, considera que las alianzas entre empresarios, comerciantes, puertos y paramilitares van mucho más allá de lo que el país conoce.
Entre los puertos quizás el que más denuncias tiene es el de TCBUEN. En visita al barrio La Inmaculada, de la comuna 5, en inmediaciones de la terminal que opera desde el 2011, pude ver las paredes descomunales del complejo a unos pocos metros de los muros de las casas.
Hay quienes reportan pérdida total a causa de las vibraciones y temblores producidos por la actividad. En respuesta, el gerente de TCBUEN, Gabriel Corrales, afirma que se han hecho estudios según los cuales la operación del puerto no puede causar dichos impactos y responsabiliza a la vía Simón Bolívar, por donde transita buena parte de la carga pesada del país, como causante de los daños.
A estas denuncias, la comunidad de La Inmaculada suma la de las cámaras, pues dicen sentirse intimidados por la vigilancia portuaria. La mayoría de las viviendas están sobre palafitos, en un barrio sobre tierra donde otras de las secuelas del puerto han sido el impacto en el estero de Aguacate y el ecosistema, la restricción impuesta por pobladores a las zonas de pesca, la pérdida de privacidad, la contaminación auditiva y, quizá la más grave, el hostigamiento a la comunidad para entrar a ocupar el territorio.
Denuncias como estas abundan en una ciudad donde hasta los mototaxistas, vendedores de papa, de jugo y de minutos pagan extorsiones a las bandas criminales, y donde la noción de Estado, más que seguridad, infunde desconfianza y temor.
En esta ciudad, los niños son constantemente reclutados para acciones criminales y la juventud más empoderada tiende hacia la izquierda radical, en un deseo desesperado por ver un cambio definitivo. Por todo esto, simplificar el problema del puerto de Buenaventura al negocio del narcotráfico es negarse a entenderlo en su complejidad.
Corrales insiste en que no tienen planes de expansión a largo plazo, más allá de las tierras que ya ocupan en un lote que era de la empresa desde un principio. Aseguran generar 600 empleos para la comunidad bonaverense, contribuir en programas de capacitación y trabajar de la mano con las juntas de acción comunal.
Lo cierto es que Buenaventura es una ciudad del tercer mundo con una industria del primero, donde ejemplos como que el agua llega a las instalaciones portuarias las 24 horas, mientras la mayoría de barrios la recibe unas horas, y no todos los días, hacen sentir a los ciudadanos que reciben un trato de tercera, en contraste con los megaproyectos industriales.
Para completar, tan pronto llega el viernes, los dirigentes de estas empresas salen por avión o por tierra, para alejarse de una comunidad que reporta sus millonarias fortunas, pero donde la mayoría de dirigentes y autoridades parecen haber optado por dejarla a la deriva.
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/situacion-en-buenaventura/16174278
