La paz la queremos todos, no solamente el 74% de la encuesta de un medio centralista. La paz la veníamos ganando en 2010, por eso eligieron al actual Gobierno que dilapida tres buenas bases que heredó: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.
Llevamos dos años de abandono de la seguridad y de preocupación única por la negociación, que ha contribuido, además de otras razones, a debilitar a las Fuerzas Armadas.
En 2012 se ha dado el número más elevado de atentados contra la infraestructura en los últimos 5 años, con un incremento del 175% en relación con 2010. Los retenes ilegales han aumentado 200%. Y el grupo terrorista de las Farc ha retomado 50 municipios.
En buena parte del territorio avanza en la extorsión cobrada con explosivos. He aquí la primera preocupación: quebrar la seguridad para negociar desde la debilidad del Estado y el recrudecimiento del terrorismo.
A lo anterior se suma que el Gobierno no exigió como condición para el diálogo el cese, verificable, de acciones criminales de la guerrilla. Se anuncia que habrá seguridad, pero ¿quién la dará con las Fuerzas Armadas desorientadas por la contradicción entre el diálogo en Oslo y La Habana y la extorsión a los ciudadanos?
Sin embargo, en la agenda revelada, los negociadores han incluido que discutirán el cese bilateral de hostilidades, con lo cual equiparan la tarea de protección ciudadana de los soldados y policías con el accionar delictivo de los terroristas.
Es aceptable que en la negociación entre una dictadura y un grupo insurgente se acuerden temas de país, como la adopción y respeto de normas de ampliación democrática.
En una democracia respetable, como la colombiana, sometida al asedio del narcoterrorismo, es inaceptable negociar con los criminales la agenda de país.
¿En qué queda nuestra institucionalidad democrática, si con las Farc se negocia el desarrollo rural, como ya lo hicieron, subrepticiamente, con la impunidad del Marco para la Paz? Éste ha abierto la posibilidad para la elección a cargos de función pública de personas incursas en narcotráfico, secuestro, graves violaciones al DIH, bajo la tesis perversa de la conexidad con el delito político.
¿Por qué van a negociar con las Farc, el mayor cartel de drogas ilícitas del mundo, la solución al narcotráfico? ¿Por qué acuerdan con las Farc, grupo terrorista, las investigaciones sobre los paramilitares, otro grupo terrorista? ¿En qué queda la justicia? ¡Qué tal que nuestro gobierno hubiera hecho negociaciones semejantes con los paramilitares! ¡Qué dirían quienes apoyan que en Colombia se negocie con las Farc!
Algunos equivocadamente sitúan el tema entre la acción militar radical o la negociación.
Olvidan que en nuestro gobierno operó la desarticulación del terrorismo, fundamentada en la autoridad, la reinserción generosa y sin impunidad y la política social, para que los jóvenes no sean reclutados por criminales.
La reinserción generosa sin impunidad significa reducción de penas, incluso excarcelación, a condición de verdad, reparación y desmonte de estructuras criminales. La elegibilidad estaba clara en la Constitución y así la respetamos: al alcance solamente de los responsables de delitos políticos, y no de narcotráfico u otros.
Nuestro gobierno hizo innumerables esfuerzos, prudentes pero nunca ocultos, en la búsqueda de un acuerdo humanitario y también para procesos de paz. Múltiples facilitadores fueron autorizados, con la condición de que cualquier preso que llegara a salir de la cárcel tendría que renunciar a las Farc y someterse a la vigilancia de un Estado extranjero o ingresar a la reinserción interna.
Intentamos continuar el proceso con el Eln en Cuba, y falló porque no aceptaron el cese verificable de actividades criminales. Dimos continuidad a las conversaciones con los paramilitares a través de la Iglesia, y los cabecillas terminaron extraditados por su propio incumplimiento. Nuestra apertura al diálogo jamás fue al costo de debilitar la seguridad democrática.
Y no es de extrañar la presencia de Chávez en este proceso: muchos ciudadanos venezolanos saben que el Presidente Santos pasó a legitimar a Chávez, como el factor de estabilidad de Venezuela y de la región, después de haber sido, como periodista y ministro, el más vociferante crítico.
Santos lo hizo para aprovechar el interés electoral del dictador que quiere ocultar su complicidad con el terrorismo, posando de garante de la solución en Colombia. Nada de esto nos dijo el Presidente Santos ni como Ministro ni como Candidato a la Presidencia.
