Oficina de DD. HH. de la ONU dice que no todas las familias firmaron acuerdo de erradicación.
La posibilidad de que regresen las fumigaciones con glifosato al Catatumbo, revelada ayer viernes por este diario, causó diferentes reacciones y llevó a los campesinos de esa zona de Norte de Santander a rechazar el eventual retorno de las aspersiones aéreas.
El primero en reaccionar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien señaló que no se trata de una decisión tomada, pero confirmó que el tema está sobre la mesa.
“El Gobierno aún no ha tomado la decisión de asperjar cultivos ilícitos en el Catatumbo. Se discute el tema porque nos preocupa su crecimiento”, dijo el Mininterior en Twitter.
Entre tanto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que los campesinos que suscribieron en el 2013 un acuerdo para no volver a cultivar coca en el Catatumbo sí están cumpliendo con ese pacto.
“El acuerdo del Catatumbo, aunque solo participa de este una parte de los campesinos que viven allí, es un ejemplo importante de inclusión social, que es fundamental para que Colombia logre una paz duradera”, señaló en un comunicado la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que es garante de la Mesa de Interlocución y Acuerdo de Catatumbo.
Pese al pacto, y con 6.944 hectáreas sembradas de coca, el Catatumbo es hoy la tercera región del país con más narcocultivos.
El incremento se ha notado año a año desde el 2012, cuando había 4.516 hectáreas. Sin embargo, en el 2013 se contaron 6.345 y el año pasado, 6.944 hectáreas de coca.
Consultada por este diario, la oficina de Derechos Humanos de la ONU explicó que el acuerdo no se estableció con todos los campesinos de la región, sino con 400 familias conformadas por unas 1.000 personas ubicadas en estos municipios.
También dijo que los campesinos que viven en zonas de influencia del Eln y del Epl no entraron en el acuerdo.
Según la oficina de Derechos Humanos de la ONU, 272 campesinos que cumplieron con la estrategia posterradicación (con unas 7.290 hectáreas) están en Tibú y Sardinata.
Otras 504 familias (con por lo menos 1.512 hectáreas) “están comenzando a cumplir” y tienen proyectos de cultivos legales con el Incoder. Estos se encuentran ubicados en El Tarra, Tibú, El Carmen, Playa, Abrego, Teorama, Convención, Hacarí y San Calixto.
Las fumigaciones en el Catatumbo, región limítrofe con Venezuela, estaban suspendidas desde el 2013, tras un largo paro que terminó con un acuerdo entre el Gobierno y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), para iniciar un plan de erradicación de los cultivos ilícitos.
De hecho, voceros de esa asociación campesina advirtieron que si vuelven las fumigaciones con glifosato, regresarán al paro.
Por otra parte, el procurador Alejandro Ordóñez calificó la posibilidad de fumigar de nuevo con glifosato en la región del Catatumbo como un “inexplicable acto de incoherencia” del Gobierno.
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fumigacion-en-el-catatumbo/16145336
