Es urgente que se agilicen los trámites jurídicos y se garanticen la protección y los derechos de comunidades pacíficas, abandonadas por el Estado.
La semana pasada, cuando nos encontramos, traían una mezcla de desesperanza y coraje. Venían una vez más a buscar amigos. Campesinos y campesinas de Las Pavas, El Garzal y Puerto Wilches, ribereños del Magdalena, que enrostran a enemigos de sus comunidades desplazadas de múltiples violencias, pobladores de predios abandonados y baldíos desde hace 30 años. Saben que el trabajo y el tiempo los hace poseedores legítimos. Pero la aplanadora paramilitar de 20 años acá trajo el terror y aparecieron individuos y empresas con títulos de propiedad sobre las tierras que les dan de comer.
Son comunidades no violentas, con tradiciones religiosas pacifistas profundas, que no quieren la lucha armada que tanto daño hace a la causa de la justicia. Las Pavas ganaron el Premio Nacional de Paz en el 2013. Quienes los apoyan caen en el escarnio público y en graves riesgos. La tierra es el centro de la guerra aquí.
La nueva política de tierras les permitió soñar. Las Pavas y El Garzal fueron seleccionados como emblemáticos en el plan de choque de restitución del ministro Juan Camilo Restrepo y fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas desde hace tres años. Cientos de comunidades fueron igualmente seleccionadas en el mismo plan y viven situaciones análogas. Empresarios grandes y políticos locales, incapaces de ver el drama campesino, los expulsan señalándolos como estorbo del desarrollo, usurpadores y guerrilleros.
Hace un tiempo me visitó uno de los empresarios y me presentó las razones de su reclamo sobre esas tierras. Le contesté que el asunto ya estaba en manos de los jueces y no tenía sentido discutirlo. Le aseguré que los campesinos y quienes los apoyábamos aceptaríamos la decisión de la justicia, y que nunca las comunidades obrarían con violencia. Me dijo que él era un empresario de familia católica y que no entendía por qué yo no me ponía de su parte. Le expliqué que él tenía todo el derecho a defender sus intereses privados, pero que no se sorprendiera de que en esta disputa jurídica, siendo yo un seguidor de Jesucristo, me pusiera de parte de los pobres. ¿Acaso él no había leído el Evangelio? Poco después, los pobres consiguieron las definiciones administrativas que los favorecen.
Los campesinos, confiados en los logros institucionales, renovaron sembrados y pequeñas construcciones. Pero los empresarios y políticos consiguieron que las decisiones entraran a revisión por autoridades judiciales y administrativas; y la indefinición y postergación dejaron en la incertidumbre a las familias y en peligro sus vidas. Se actúa abusivamente para que las comunidades víctimas se vayan. Hombres armados obstaculizan el paso a sus parcelas, amenazan, humillan y golpean. En Las Pavas se extendió la palma sobre los terrenos en disputa. En El Guayabo, Wilches, el supuesto dueño, unido al alcalde que hoy está preso, exige que salgan los campesinos; ellos relatan que les han lanzado el Esmad y que francotiradores y helicópteros nocturnos los intimidan. Mientras tanto, la policía local se declara neutral e incapaz de intervenir: “No podemos hacer nada porque acá hay poderes muy grandes”, responde un oficial a la abogada de los campesinos.
En esta situación, es urgente que se agilicen los trámites jurídicos y se garanticen la protección y los derechos de comunidades pacíficas, abandonadas por el Estado.
Esta es la realidad de campesinos que luchan, con la fuerza moral de la dignidad, por el derecho a ocupar productivamente baldíos y cuidar la naturaleza, abiertos a compartir las regiones con todos los que estén libres de codicia y de la ideología equivocada de quienes piensan que solo los grandes empresarios tienen derecho y capacidad para desarrollar el campo.
Francisco de Roux
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/campesinos-victimas/15791695
