Supernotariado también habló de que hay ‘negociantes de la tierra’.
Así lo afirmó la subgerente de Tierras Rurales del Incoder, Jhenifer Mojica Flórez, tras el panel ‘Los baldíos de la Nación en conflictividad’, organizado por EL TIEMPO Casa Editorial y ese organismo gubernamental.
De acuerdo con la funcionaria, la dificultad más grande para avanzar en la ubicación y titulación de este tipo de predios es que «no hay una formación catastral actualizada»
«No sabemos cuáles son los baldíos en Colombia, ni cuánto valen, ni donde están», afirmó Mojica, quien advirtió que para llegar a esa cifra es necesario crear un sistema único de información que permita determinar cuál es la magnitud de la propiedad privada.
Los baldíos son terrenos del Estado que tienen carácter imprescriptible e inembargable.
En el encuentro, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, llamó la atención sobre lo que denominó un «carrusel de abogados» que ha estado tras la apropiación de estos territorios en el país.
Vélez afirmó que en Colombia «había una gran capacidad para proceder a robarse los baldíos» y que dentro de los despojadores más grandes están, entre otros, las Farc, los grupos paramilitares y los bandidos «de cuello blanco». Sobre estos últimos subrayó: «Ahí sí que tenemos despojo de tierras, los que llamamos los negociantes de la tierra».
Dentro de las formas más comunes de apropiación de baldíos se encuentran las llamadas aclaraciones de linderos y el fraccionamiento de registros del antiguo Incora y el Incoder, entre otras.
La Superintendencia calcula que el Estado tiene entre 600.000 y 700.000 hectáreas de terrenos baldíos por recuperar. Para la recuperación de los baldíos, según Vélez, es fundamental la aprobación del nuevo Estatuto Registral, en el que se definió que estos predios tienen que tener títulos, los cuales deben quedar a nombre de dos instituciones: Parques Nacionales e Incoder.
Jorge Iván González, economista y experto en tierras, afirmó que «el primer objetivo de las regalías» debería ser crear la información rural que se requiere para avanzar en la titulación de estos predios, la cual requieren organismos con la Superintendencia de Notariado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Incoder.
Absalón Machado, investigador del Pnud, dijo que en el país «nunca se hizo un sistema de administración de la propiedad» de la tierra y que es necesario emprender una «redistribución institucional» para que las entidades que tienen que ver con el tema se modernicen e innoven en sus políticas. «La normatividad que existe hoy da para recuperar los baldíos», el problema es la «capacidad administrativa», afirmó.
REDACCIÓN JUSTICIA
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