Esta semana comenzará en el Congreso la discusión de la reforma de la ley de orden público.
Temas como la verificación de las listas de guerrilleros que estarían en las zonas de ubicación o la autorización legal para que una instancia internacional destruya las armas que dejen las Farc tras el fin del conflicto serán objeto de debate en el Congreso desde esta semana, cuando comenzará la discusión del proyecto de ley que modificará la ley de orden público.
Esa iniciativa, radicada por el Gobierno Nacional en la secretaría de Senado, busca permitir la declaratoria de estas zonas de ubicación para la guerrilla, una vez se firme la terminación del conflicto, y abrir el camino para la suspensión de las órdenes de captura de los integrantes de la insurgencia que estarían en ellas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien a nombre del Ejecutivo acompañará el trámite del proyecto, ha aclarado que el número y la ubicación de estos territorios es tema de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, y que de allí provendrá la decisión de si se acoge este modelo para la desmovilización y el desarme, o no.
Hay dos temas incluidos en el proyecto de ley que llamaron la atención: la verificación que realizará el Gobierno de los listados de los guerrilleros que estarían en estas zonas para evitar colados y la posibilidad de que una instancia internacional “administre” o “destruya” el armamento de las Farc.
En cuanto a la confrontación de las listas que envíe la subversión, se trata de un cerrojo que el Gobierno quiere poner para evitar lo ocurrido en procesos de paz anteriores, específicamente en el de los paramilitares, en el cual varios narcos terminaron disfrutando de los beneficios que se contemplaron en la Ley de Justicia y Paz.
Como se recuerda, el Decreto 3360 de 2003, promulgado cuando comenzaba el proceso de paz con los ‘paras’, determinó la entrega de “una lista de desmovilizados” de grupos armados al margen de la ley que debía ser “recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz”. Esto significa que no había posibilidad de verificar que quienes conformaban esos listados efectivamente pertenecían a ese grupo armado ilegal.
Ante esto, el Gobierno Nacional quiere evitar que se repita esa historia, por lo que introdujo este blindaje. De hecho, el ministro Cristo fue claro en decir, tras la radicación del proyecto, que en la desmovilización de los paramilitares “aparecieron” varios “narcos puros que se aprovecharon de la franquicia de los ‘paras’”.
Desarme
En cuanto al desarme de las Farc, el Gobierno Nacional quiere tener lista una autorización legal para que una instancia internacional se ocupe de “la administración, registro, control, destrucción o disposición del armamento” de esa guerrilla, en caso de que este modelo sea el que se acoja en La Habana. Por eso quiere aprovechar la reforma de la ley de orden público para incluirla.
En este sentido, el ministro Cristo le explicó a EL TIEMPO que si los negociadores del Gobierno y las Farc acuerdan “que el desarme se haga ante una instancia internacional, como Naciones Unidas, por ejemplo”, debe existir la posibilidad legal para que así sea.
“Estamos aprobando unos instrumentos legales, pero el modelo de desarme se determinará en la mesa de negociación”, dijo Cristo, quien aclaró que la disposición cobijaría exclusivamente a las Farc “porque no hay en camino ningún otro proceso de desarme”.
Esta autorización sería un paso más en la labor de la Misión Política Especial aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual –como se sabe– acompañará la verificación del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas por la guerrilla.
Para que esa instancia internacional pueda actuar en lo que sería el futuro de las armas de la guerrilla, según el ministro Cristo, se requiere esta disposición legal.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara están citadas mañana a fin de anunciar la discusión y votación de este proyecto de ley, para el cual el Gobierno envió mensaje de urgencia al Capitolio.
Esto quiere decir que el miércoles, seguramente, comenzarán el debate y la votación de estos temas, que se espera ayuden a que el proceso de paz con la guerrilla siga avanzando por el buen camino que ha tenido hasta el momento.
Debate
Una discusión que no será sencilla es la de las zonas de ubicación. Si bien el apoyo a su creación es amplio, los voceros regionales se oponen en principio a que las haya en sus departamentos. Ya lo hizo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Pero el mandatario de Casanare, el uribista Alirio Barrera, dijo que él sí las permitiría.
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/proceso-de-paz-ley-de-orden-publico/16516708
