La demanda argumenta que se han violado varios derechos como el de la protección judicial.
La acción fue interpuesta por los padres de Diego Felipe Becerra conocido como el grafitero por las supuestas dilaciones que ha presentado el proceso contra varios policías involucrados en el crimen ocurrido en agosto del 2011.
Según Gustavo Trejos, padre del grafitero, han existido varios retrasos en el juicio al patrullero Wilmer Alarcón, señalado de haberle disparado al grafitero.
«Hemos enviado el proceso que se documento el 26 de marzo (…) para empezar nos demoramos 20 meses para iniciar la audiencia preparatoria del caso del homicidio», dijo Trejos.
Además explicó que la audiencia se había estancado por la sanción que recibió el abogado de uno de los uniformados, «la audiencia se dio inicio pero porque los jueces empezaron a sancionar a los abogados. Uno fue sancionado con 48 horas de arresto a otro se le compulsaron copias para que fuera investigado y además también se ordenó investigar a funcionarios del Inpec por supuestas dilaciones».
Según la demanda en el caso se han violado por lo menos cinco delitos, los derechos a la integridad personal y a la honra y dignidad y a la protección judicial, entre otros.
